El Superior Tribunal de Justicia de Misiones aprobó un sistema digital con código QR para validar autorizaciones de viaje de menores, con verificación inmediata y reconocimiento de Migraciones en pasos fronterizos.
A partir de la iniciativa impulsada por el Ministro de Enlace, Cristian Marcelo Benítez, se aprobó la implementación de una nueva modalidad digital vía código QR único para la verificación de documentos con firma digital en la plataforma SIGED, aplicable a las autorizaciones o permisos de viaje de menores emitidos por la justicia misionera.
Se permitirá verificar de forma inmediata tanto la autenticidad del permiso como la firma digital de la autoridad judicial que lo otorgó. De esta manera, se busca optimizar los controles, reducir tiempos de verificación y fortalecer la seguridad en la circulación de documentación sensible respecto a los menores de edad.
El sistema ya fue probado y validado por la Dirección Nacional de Migraciones, que reconoció oficialmente la lectura de estos códigos en los pasos fronterizos. Esto habilita su uso en controles migratorios, agilizando los trámites para familias y autoridades.
El desarrollo fue llevado adelante por la Secretaría de Tecnología Informática, en el marco de una estrategia más amplia de digitalización del servicio de justicia. Con esta implementación, Misiones avanza en la incorporación de herramientas tecnológicas que buscan mejorar la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad en los procesos judiciales.
“Es hora de volver a abrazar la moral como política de Estado”, decretó Javier Milei para este 2026. Sin embargo, en los primeros meses del año esa premisa convive con una agenda atravesada por controversias —caso $Libra, Andis, Espert, Adorni y créditos del Banco Nación— que hacen que el país converja, con una intensidad poco frecuente, en un escenario donde se combinan el deterioro económico, el desgaste político y la erosión de la confianza institucional. En ese marco, la coyuntura deja de ser una sucesión de hechos aislados para transformarse en un proceso acumulativo que condiciona al gobierno nacional.
El frente político-judicial es, en este momento, uno de los más sensibles. La decisión del juez federal Ariel Lijo de levantar el secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, introduce un factor de alta densidad institucional. El avance impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita no solo busca reconstruir eventuales inconsistencias patrimoniales, sino que instala un clima de sospecha sobre una figura central del dispositivo político del gobierno.
La gravedad del caso no se agota en su dimensión judicial. En términos de percepción pública, el impacto es inmediato y medible. Según la consultora Trends, Adorni registra 30% de imagen positiva y 64% de negativa, ubicándose por debajo de dirigentes como Javier Milei, Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Victoria Villarruel. En paralelo, CB Consultora Global Data lo ubica aún más abajo, con 27,4% de imagen positiva y 67,2% de negativa, mostrando un deterioro marcado respecto de diciembre, cuando su nivel de apoyo era sensiblemente mayor.
Pero el dato más relevante no es solo su caída individual, sino el efecto sistémico: el 57% de los encuestados considera que el “caso Adorni” empeora la imagen del Gobierno, mientras que una minoría sostiene que no la modifica o que se trata de una sobrerreacción. En otras palabras, el caso deja de ser personal para convertirse en un problema de credibilidad política general del gobierno nacional.
En este marco, la opinión pública acompaña una tendencia consistente de desaprobación hacia la gestión nacional. Según Zuban Córdoba, el Gobierno de Javier Milei registra 65% de desaprobación y 33,9% de aprobación, mientras que el 63,6% considera que el país va en la dirección incorrecta. Esta percepción negativa no es coyuntural: se consolida a medida que la economía deja de mostrar señales de alivio rápido.
El núcleo del problema sigue siendo económico. La inflación persistente, la pérdida del poder adquisitivo y la dificultad estructural para llegar a fin de mes configuran un escenario donde la política económica impacta directamente en la vida cotidiana. El consumo masivo funciona aquí como el termómetro más preciso. Según Worldpanel by Numerator, la frecuencia de compra cayó 8,2% interanual en el último trimestre de 2025 y el volumen retrocedió 4,7%, con un 41% de categorías en baja y una clara migración hacia productos más económicos y canales de cercanía.
No se trata solo de una caída, sino de una reconfiguración del consumo. Los hogares no solo compran menos: reorganizan completamente sus decisiones, priorizando precio por sobre marca, reduciendo frecuencia y ajustando cantidades. La Encuesta de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) suma un dato estructural crítico: el 83% de los ocupados presenta algún grado de vulnerabilidad alimentaria. En paralelo, aunque el INDEC registra una baja de la pobreza cercana al 30%, centros como Equilibra y CEDLAS cuestionan la consistencia metodológica de esas mediciones, abriendo un debate técnico con fuerte impacto político.
La economía, en definitiva, no solo condiciona el humor social: lo estructura.
Este deterioro se proyecta inevitablemente sobre la arena política. En escenarios de balotaje medidos por Trends, Axel Kicillof supera a Javier Milei por 45% a 42%, consolidándose como principal figura opositora en términos competitivos. Más allá de la discusión sobre márgenes, el dato central es la pérdida de centralidad electoral del oficialismo en un contexto de desgaste simultáneo entre expectativas y resultados.
El gobierno intenta contener este proceso en medio de una agenda fragmentada y cada vez más defensiva. A las tensiones judiciales se suman controversias vinculadas a créditos hipotecarios otorgados a funcionarios y las declaraciones de la escribana Adriana Nechevenko, que reactivaron el debate sobre circuitos financieros bajo análisis. Frente a esto, la estrategia oficial se volvió más cauta: menor exposición pública de funcionarios, centralización de la comunicación y concentración del mensaje en la figura presidencial.
Sin embargo, la política no se vacía: se reordena. Y en ese reordenamiento, las provincias adquieren un rol cada vez más visible.
Misiones es un caso ilustrativo. En medio de la disputa por el sector yerbatero, el contraste entre la visión del diputado provincial de La Libertad Avanza Adrián Núñez —quien niega una crisis estructural— y los productores que describen una situación de rentabilidad crítica expone la distancia entre el relato y la realidad.
En este contexto, el gobierno de Misiones ha optado por una posición de acompañamiento activo al sector productivo, respaldando incluso presentaciones judiciales para recuperar herramientas regulatorias. Esta decisión no es menor: en contextos de retracción nacional, las provincias tienden a convertirse en administradoras del conflicto económico más que en simples ejecutoras de políticas.
En paralelo, la provincia sostiene una agenda de inversión en infraestructura —como la línea de alta tensión San Isidro–Alem–Oberá— que busca amortiguar los efectos del estancamiento macroeconómico. Este tipo de obras refuerza una tendencia federal: el creciente peso de la inversión provincial como sostén de la actividad.
Otro eje de debate se vincula con la cuestión impositiva. En este punto, mientras desde sectores de La Libertad Avanza se cuestiona la carga tributaria provincial, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, aclaró que el reciente fallo de la Corte Suprema no afecta a Misiones y defendió el esquema local bajo criterios de equidad. En ese sentido, se reabre la discusión sobre la coherencia de las políticas fiscales entre Nación y provincias, en un contexto donde las promesas de baja de impuestos aún no se concretan y donde el IVA al 21% continúa siendo un pilar de la estructura tributaria.
En paralelo, distintos indicadores muestran que la gestión provincial mantiene niveles de valoración relativamente altos en comparación con otras jurisdicciones, tanto en la figura del Gobernador como en la del Intendente de Posadas, según encuestas recientes. Sin sobredimensionar estos datos, este fenómeno refleja una dinámica en la que la cercanía con la gestión y la capacidad de respuesta inciden en la percepción ciudadana.
En este marco, la Argentina —y Misiones en particular— se encuentran atravesando una encrucijada cada vez más visible: por un lado, un escenario nacional marcado por la fragilidad económica, el desgaste político y las tensiones judiciales; y por otro, una realidad provincial que busca sostener equilibrios y una agenda de desarrollo en un contexto adverso.
Elevento comercial más importante de la ciudad, que se desarrollará del 9 al 12 de abril con descuentos, propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo.
Más de mil comercios adheridos participarán de la 11° edición, ofreciendo promociones especiales y facilidades de pago, en una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, junto al Gobierno de Misiones, la Municipalidad capitalina y el Banco Macro, con el objetivo de estimular el consumo en un contexto económico desafiante.
El evento no solo apunta a dinamizar las ventas, sino que también propone una experiencia integral para vecinos y visitantes. La plaza San Martín será el punto central de las actividades, con ferias gastronómicas y cerveceras, además de una agenda de shows en vivo. Entre los destacados, se presentará el reconocido músico JAF, este viernes desde las 21:30.
Durante las jornadas, los comercios ofrecerán descuentos directos en mostrador, sin reintegros a través de programas habituales, y contarán con distintas opciones de financiamiento según el rubro.
En ese sentido, habrá 6 o 1 cuotas sin interés con un tope financiable de $816.000 para sectores como hotelería, gastronomía y comercios incluidos en #AhoraMisiones. También se dispondrán planes de 12, 6 o 1 cuotas sin interés hasta $1.632.000 para rubros vinculados a neumáticos, mientras que los programas de bienes durables y construcción ofrecerán hasta 15 y 18 cuotas sin interés, respectivamente, con el mismo límite financiable.
Con más de una década de continuidad, “El Reventón” se consolida como una herramienta clave para el comercio local, promoviendo el movimiento económico y el encuentro social a través de una propuesta que combina compras, entretenimiento y gastronomía.
La medida impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se mantiene vigente en distintas ciudades de Misiones y continuará este viernes, debido a que Nación no pagó los fondos adeudados.
El paro de colectivos que comenzó este jueves en Posadas, Garupá, Candelaria e interior de Misiones continuará este viernes 10, debido a que las empresas no cancelaron los sueldos de marzo que mantienen en vilo al sistema de transporte. La medida de fuerza, impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a causa de los fondos adeudados por Nación, se lleva adelante bajo la modalidad de retención de tareas, los choferes cumplen horario en sus lugares de trabajo pero no prestan servicio.
La deuda del sector supera los 30 mil millones de pesos
El conflicto se enmarca en una crisis más amplia del transporte en el interior del país. Desde la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) advirtieron sobre un escenario crítico, marcado por deudas en subsidios nacionales, aumento del costo del combustible, caída de la demanda y obligaciones sin financiamiento. Según estimaciones del sector, la deuda supera los 30 mil millones de pesos.
Aunque el paro confirmado alcanza directamente al AMBA, el trasfondo del conflicto es el mismo que también golpea al interior. Allí, la eliminación de compensaciones nacionales, el atraso en los subsidios y la suba del combustible continúan afectando a las prestatarias, que no pueden hacer frente a sus compromisos salariales.
Los senadores nacionales por Misiones, Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, presentaron un proyecto de declaración en el Senado para que la AFA reconsidere el acuerdo comercial con una marca brasileña de yerba mate como sponsor de la Selección Argentina.
Los senadores nacionales por Misiones, Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, presentaron un proyecto de declaración en el Senado para que la AFA reconsidere el acuerdo comercial con una marca brasileña de yerba mate como sponsor de la Selección Argentina.
En los fundamentos, sostuvieron que la decisión generó “importante malestar” y advirtieron que la producción de yerba mate es una de las principales actividades del noreste argentino, además de ser considerada un símbolo de la identidad nacional. En esa línea, remarcaron que la Ley 26.871 declara al mate como Infusión Nacional y plantea su promoción en eventos oficiales, culturales, sociales y deportivos.
Los senadores también señalaron que, si bien la AFA es una entidad de derecho privado, su rol excede lo comercial por estar ligado a una de las mayores expresiones de la pasión nacional. Según argumentaron, elegir como auspiciante a una yerba de origen brasileño contradice ese espíritu y desplaza la promoción de las economías regionales argentinas en un escenario de alta visibilidad nacional e internacional.
El planteo en el Senado se suma a las críticas formuladas por Szychowski, quien había pedido la intervención del Gobierno nacional ante la AFA. “La camiseta argentina es de todos nosotros, es nuestra identidad”, afirmó al cuestionar que una marca extranjera aparezca asociada al seleccionado campeón del mundo.
La crisis del transporte público a nivel nacional comenzó a sentirse con fuerza en Misiones, donde desde la medianoche de este jueves se interrumpió el servicio de colectivos en Posadas y el área metropolitana debido a la falta de pago de salarios a los choferes.
La medida fue impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que resolvió una retención de tareas en aquellas empresas que no abonaron la totalidad de los haberes de marzo. Según fuentes del sector, los trabajadores locales aún no cobraron sus sueldos y, en algunos casos, vienen percibiéndolos de manera fraccionada desde hace meses.
El conflicto se enmarca en una situación más amplia que afecta a todo el país. Empresas del transporte urbano confirmaron que no recibieron los fondos adeudados por parte del Estado nacional, correspondientes a subsidios y compensaciones como los atributos sociales de la SUBE. La deuda, según la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), supera los 30.000 millones de pesos en el interior.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el impacto también se hace sentir, las empresas redujeron las frecuencias en un 30% en las últimas horas. Sin embargo, desde la UTA advirtieron que los fondos informados por el Gobierno no llegaron a todas las prestatarias, lo que derivó en la medida de fuerza.
[20:59, 7/4/2026] MUNI Fernando prensa: El sector alineado a La Libertad Avanza consolidó su mayoría dentro del Instituto Nacional de la Yerba Mate y rechazó establecer un valor orientativo para la materia prima. Misiones y los representantes de los productores quedaron otra vez en minoría.
Siete contra tres: la aritmética de la desregulación
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) volvió a ser escenario de una pulseada que excede lo técnico y se instala de lleno en lo político. El bloque afín a La Libertad Avanza logró imponerse con comodidad en la votación y frenó cualquier intento de fijar un precio de referencia para la hoja verde, la materia prima sobre la que… [12:17, 8/4/2026] MUNI Fernando prensa: Dass, la única fábrica que produce Nike y Adidas en Argentina, no cierra pero la apertura importadora pone en jaque a 220 trabajadores en Eldorado
Gustavo Melgarejo, delegado de UTICRA, descartó el cierre de la planta de calzado deportivo y pidió cautela ante los rumores que circulan en redes sociales. Sin embargo, advirtió que sin regulación a las importaciones, el futuro del sector es incierto.
En medio de una ola de rumores sobre un posible cierre de la fábrica Dass en Eldorado, el delegado gremial de UTICRA, Gustavo Melgarejo, salió a poner paños fríos. En diálogo con Multimedios Génesis, el representante de los trabajadores del calzado confirmó que la empresa mantiene su intención de seguir produciendo en la localidad misionera, aunque reconoció que la incertidumbre persiste por la falta de regulación a las importaciones.
«La empresa manifiesta que no se van, lo mismo que manifestó en el Ministerio de Trabajo, que ellos pretenden la continuidad y que van a seguir apostando a Eldorado», afirmó Melgarejo. No obstante, aclaró que recién a fin de mes van a conocer cuál será la producción destinada al segundo semestre del año y si eso implicará o no una reducción del plantel.
Actualmente, la planta produce entre 4.500 y 5.000 pares diarios de calzado deportivo, un volumen que está directamente limitado por los pedidos que reciben de las marcas. Dass no es dueña de las marcas que fabrica: las firmas le contratan la producción y, según el nivel de pedidos, se sostiene el empleo.
De 1.500 a 220 trabajadores: el derrumbe del plantel
La magnitud de la crisis se refleja en un dato contundente: la fábrica, que en su mejor momento llegó a emplear 1.500 personas, hoy funciona con apenas 220 trabajadores. La caída es dramática y, según Melgarejo, se explica fundamentalmente por la apertura de las importaciones sin ningún tipo de regulación.
El delegado gremial puso cifras concretas sobre la mesa. Una de las marcas que se fabrica en Eldorado importó 12 millones de pares de calzado terminado en los primeros seis meses del año pasado. En ese mismo período, la planta de Eldorado no llegó a producir ni siquiera un millón de pares.
«Es una falta de voluntad política a nivel nacional, porque si ellos regulan las importaciones y le dicen que de acuerdo a lo importado fabriquen un 10%, van a tener que tomar gente y no despedirla», sostuvo.
Importan barato, venden al mismo precio
Melgarejo fue claro al explicar el mecanismo comercial que perjudica a la industria nacional. El calzado deportivo que ingresa desde Vietnam y otros países asiáticos llega completamente terminado, listo para la venta, sin posibilidad de agregarle valor en el país. Y en las góndolas, se vende al mismo precio que el fabricado localmente.
«Si producir acá te sale 10 dólares, ellos traen dos o tres calzados por esa plata, pero te siguen vendiendo a 20 o 30 dólares. Esa es la ganancia de ellos», graficó el dirigente gremial.
Una crisis que excede a Eldorado
La situación de Dass no es un caso aislado. Según Melgarejo, la crisis por la apertura importadora golpea a toda la industria del calzado en el país: en Tucumán, en La Rioja, donde se fabrican marcas como Topper y Puma, el panorama es similar. «Más de 10.000 afiliados se perdieron en estos últimos tres años. Son compañeros que se quedaron sin trabajo», aseguró.
Dass es la única empresa que produce Nike y Adidas en Argentina, un dato que para el gremio debería ser motivo suficiente para que el Gobierno Nacional tome medidas de protección. Melgarejo no pidió un cierre total de importaciones, algo que consideró «una medida casi imposible», pero sí reclamó que al menos un 10 o 20% de lo que se comercializa en góndola sea de producción nacional.
«El 10% nomás, imagínense, el año pasado se iba a tener que duplicar el plantel y van a estar hablando de casi mil personas trabajando de vuelta», calculó.
Pedido de cautela ante los rumores
Melgarejo también se refirió a las publicaciones que circularon en redes sociales sobre un supuesto cierre inminente de la fábrica. Si bien reconoció que desde el gremio no pueden garantizar «la continuidad eterna» de la planta, pidió responsabilidad a quienes difunden esa información.
«Hay mucha gente que está preocupada realmente por su trabajo. Se levantan un sábado, un domingo, encuentran esas publicaciones, es una desesperación, no saber después cómo vas a sostener a tu familia», expresó. Y dejó en claro que si en algún momento la situación cambia, la información va a salir del gremio o de la propia empresa, con total transparencia.
La resolución del Boletín Oficial, del Ministerio de Capital Humano, detalla los procedimientos administrativos para acceder al programa. Los Vouchers Educativos están orientados a hogares con ingresos bajos que tengan estudiantes en escuelas privadas.
El Ministerio de Capital Humano de Argentina abrió una convocatoria para la inscripción al Programa de Asistencia “Vouchers Educativos” correspondiente al ciclo 2026, destinada a familias cuyos hijos asisten a instituciones educativas privadas con subsidio estatal y cuentan con ingresos menores a siete salarios mínimos. La inscripción podrá realizarse hasta el 30 de abril de 2026, según la resolución publicada el 8 de abril de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina.
El Programa de Asistencia “Vouchers Educativos” fue creado inicialmente mediante la Resolución N° 61 del Ministerio de Capital Humano en marzo de 2024. Su objetivo es ofrecer un apoyo económico temporal a familias cuyos ingresos no superan los siete salarios mínimos vitales y móviles y que tienen hijos de hasta 18 años asistiendo a instituciones privadas con un aporte estatal igual o superior al 75%.
La inscripción al programa para el año 2026 tendrá vigencia hasta el 30 de abril, conforme establece el artículo 1° de la nueva resolución. El programa está dirigido exclusivamente a quienes cumplan los requisitos de edad, tipo de institución educativa y nivel de ingresos familiares señalados por la normativa vigente.
El proceso administrativo que respalda la apertura de la convocatoria y la modificación reglamentaria contó con la intervención de la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa, la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Educación, la Auditoría Sectorial de Educación y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Capital Humano, conforme lo dispuesto por la Ley 24.156 de Administración Financiera y sus reglamentaciones. De acuerdo con la información oficial, también participaron la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa y el servicio jurídico permanente de la Secretaría de Educación.
El sector alineado a La Libertad Avanza consolidó su mayoría dentro del Instituto Nacional de la Yerba Mate y rechazó establecer un valor orientativo para la materia prima. Misiones y los representantes de los productores quedaron otra vez en minoría.
Siete contra tres: la aritmética de la desregulación
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) volvió a ser escenario de una pulseada que excede lo técnico y se instala de lleno en lo político. El bloque afín a La Libertad Avanza logró imponerse con comodidad en la votación y frenó cualquier intento de fijar un precio de referencia para la hoja verde, la materia prima sobre la que descansa toda la cadena yerbatera. La votación dejó un resultado contundente: siete votos en contra de establecer un valor orientativo frente a apenas tres a favor. Del lado del rechazo se alinearon Rodrigo Correa —presidente del organismo y representante del Gobierno nacional—, María Gabur por Corrientes, Gustavo Barreiro por Industrias Las Marías, Gerardo López por la Cámara de Molineros, Luis Konopacki por los secaderos, Carlo Czajkowski por las cooperativas y Orlando Bien por Cooperativas Playadito. En la vereda opuesta, los únicos tres votos a favor fueron los de Ricardo Maciel, en representación de Misiones, junto a Marisol Fracalossi y Roberto Ferreyra, ambos del sector productivo.
Un mapa de poder que se consolida
Lo que se jugó en la sesión del INYM no fue apenas una discusión de precios. La votación dibujó con nitidez un mapa de alianzas donde la industria, los molineros, los secaderos y una porción del cooperativismo se encolumnan detrás de la lógica desregulatoria que impulsa el Gobierno nacional. Del otro lado, la provincia de Misiones y los referentes de los productores primarios quedaron —una vez más— en franca minoría. El dato más significativo es que el bloque mayoritario incluye a actores del cooperativismo, un sector que históricamente se posicionó más cerca de los intereses de los pequeños y medianos productores. Su alineamiento con la postura de precio libre marca un corrimiento que modifica el equilibrio tradicional del organismo.
El productor, sin red
Para los yerbateros de base, la decisión tiene un impacto directo. Sin un precio de referencia que funcione como piso o señal orientativa, el valor de la hoja verde queda enteramente librado a la negociación entre partes en un mercado donde la asimetría de poder es evidente. Los productores vienen advirtiendo desde hace meses que su capacidad de negociación se deteriora frente a los eslabones más concentrados de la cadena. La ausencia de un valor de referencia no significa que no exista un precio: significa que ese precio lo fija quien tiene mayor espalda financiera para esperar, acopiar y condicionar. En una economía regional donde miles de familias dependen de la yerba mate, el mensaje del INYM es claro: el mercado manda, y el Estado no interviene. Una señal que trasciende al organismo La nueva correlación de fuerzas en el INYM no es un fenómeno aislado. Responde al proceso de desregulación más amplio que impulsa el Gobierno de Javier Milei y que ya tocó a otros organismos y sectores de la economía regional. Lo que ocurre dentro del Instituto refleja una definición de política pública: la decisión de no poner herramientas de contención en un mercado donde el eslabón más débil reclama, al menos, una referencia para no quedar a la intemperie. La pulseada en el INYM no terminó con la votación. Dejó una marca: quiénes defienden que el precio se rija exclusivamente por la oferta y la demanda, y quiénes sostienen que sin algún tipo de señal institucional, los productores quedan cada vez más expuestos.
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Tras las presentaciones del abogado Horacio Enrique Koncke y las gestiones del concejal Fernando Zarza, la Justicia ordenó suspender cortes y habilitar el pago mínimo del agua
En el marco de los reclamos por el excesivo aumento en las boletas del servicio de agua en Posadas, la Justicia hizo lugar a una medida cautelar que establece una serie de disposiciones destinadas a proteger a los usuarios mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La resolución ordena a la empresa prestataria SAMSA la suspensión de cortes del servicio, la reconexión sin costo en caso de interrupciones ya realizadas y la suspensión de ejecuciones judiciales por deudas correspondientes a los años 2025 y 2026.
Asimismo, se dispone que los usuarios podrán optar por abonar el consumo mínimo mensual o el total de la factura, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva.
La medida se da en un contexto de crecientes reclamos de vecinos de distintos barrios de la ciudad, quienes venían manifestando preocupación por los montos facturados y solicitando respuestas.
En ese marco, el concejal Fernando Zarza, presidente de la Comisión de Ambiente y Recursos Renovables del Honorable Concejo Deliberante de Posadas, impulsó distintas acciones institucionales para visibilizar la problemática y acompañar a los usuarios afectados.
“Desde el primer momento acompañamos a los vecinos y trabajamos para que esta situación tenga respuestas. Este fallo es un paso importante para llevar alivio a muchas familias de Posadas”, expresó Zarza.
En paralelo, la jueza interviniente requirió al Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC) que informe sobre los controles realizados en relación al servicio, en el marco de los cuestionamientos planteados durante las instancias previas.
Finalmente, el edil sostuvo que continuará promoviendo acciones y una Audiencia Pública para garantizar mayor control, transparencia y equidad en el servicio, y reafirmó su compromiso de seguir acompañando a los vecinos en sus reclamos.
