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Según los datos revelados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), la pobreza se instaló en el 52% de la población argentina, mientras que el 17,9% en la indigencia. Se trata de los valores más altos desde el 2004.

Estos números corresponden al primer semestre del año, y muestran un aumento del 41,7% y 11,9% respectivamente, con lo publicado por el Indec el año pasado. Además, el cálculo refleja un promedio entre los dos primeros trimestres del año, donde el ODSA destacó que la pobreza alcanzó al 54,9% en enero, febrero y marzo, mientras que un 49,4% fue alcanzado en los correspondientes a abril, mayo y junio.En el caso de la indigencia, el 20,3% se encontraba en ese estado durante el primer período, y al 15,9% en el segundo. Cabe destacar, que los datos salieron de la Encuesta Permanente de Hoagres (EPH).

El director del observatorio, Agustín Salvia, declaró: ”Se recuperaron principalmente las clases medias trabajadoras, el segmento técnico profesional, con cierta calificación, en ramas dinámicas. Mientras tanto, los trabajadores del mercado de consumo, la industria y la construcción no recibieron aumentos salariales en la misma proporción que la inflación debido a la caída del nivel de actividad”.

A su vez, señaló que, tanto la pérdida de puestos de trabajo en el sector informal de la economía y el bajo salario en el sector privado son dos factores cruciales a la hora de los altos niveles de pobreza e indigencia. Además, aquellos que trabajan en dicho ámbito tienen una remuneración inferior a la canasta básica.

”El sector de los trabajadores informales pobres, que cayó en la indigencia y que depende en gran medida de los programas sociales, no se recuperó. Es en este contexto que se observa una mayor desigualdad entre los distintos sectores trabajadores”, agregó.

Por último, explicó que la caída de la inflación acompañada de un aumento en los salarios de los empleados formales del sector privado, que recuperaron solo parte de lo perdido en enero, febrero y marzo. En tanto, en el caso de los trabajadores del sector público y los informales, la recomposición fue menor.

La cifra es alarmante y refleja la crítica situación económica que atraviesan los jubilados en Argentina, quienes se convirtieron en uno de los sectores más afectados por la fuerte inflación del primer semestre del año.

Según la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de un jubilado rondaría los $800.000 mensuales, mientras que la jubilación mínima en agosto de 2024 fue de $225.497,54. Aún con el bono de $70.000, que eleva el ingreso a $295.000, continúa siendo un número muy por debajo de lo que se necesita en el país para cubrir los gastos básicos.

Sin embargo, esta situación empeora ya que se suman 500.000 personas que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, y un millón de personas con pensiones no contributivas que perciben solo $220.000 mensuales.

En este sentido, Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, reveló que la situación económica de los jubilados se observa en la malnutrición que sufren muchos de ellos.

Incluso, aseguró que entre el 80% y el 90% de los adultos mayores sufren de hipertensión y problemas de colesterol, pero sus jubilaciones les impiden acceder a los alimentos necesarios para cuidar su salud. Además, este grupo enfrenta dificultades para comprar medicamentos y pagar servicios básicos como la calefacción, lo que contribuye a un deterioro general de su calidad de vida.

La Cámara alta dispuso retrotraer el incremento de las dietas. La titular, Victoria Villarruel, se distanció de la medida.

La Cámara de Senadores buscan dar marcha atrás con el aumento de las dietas dispuesto este lunes que suponía el cobro de $9 millones.

Frente a las críticas de la opinión pública y el Poder Ejecutivo, los legisladores dieron marcha atrás con la medida. Villarruel, por su parte, se desligó del incremento salarial y aseguró que solo decide “sobre las paritarias de los empleados”.

Sin embargo, aquellos contribuyentes que deseen acceder a los beneficios fiscales otorgados por la ley deberán continuar registrándolos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) eliminó la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales. Sin embargo, los contribuyentes que deseen acceder a los beneficios fiscales otorgados por la ley deberán continuar registrándolos.

Esta medida entra en vigencia con la Resolución General 5545/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, y surge a partir del Decreto 70/2023, que derogó la Ley de Alquileres 27.551.

Según la resolución, a partir de hoy, los propietarios ya no están obligados a inscribir sus contratos en el “Régimen de Registración de Contratos de Locación de Inmuebles (RELI)” para su validez.

No obstante, la nueva normativa de la AFIP establece que aquellos contribuyentes que deseen beneficiarse de los incentivos fiscales en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y en los impuestos sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, sobre los Bienes Personales y a las Ganancias —contemplados en la Ley 27.737— deberán declarar sus contratos de alquiler en el RELI antes del 30 de septiembre de 2024, o dentro de los 15 días corridos posteriores a la celebración del contrato.

Este trámite deberá realizarse a través de la página web de la AFIP. Aquellos que ya hayan registrado sus contratos no tendrán que hacerlo nuevamente, a menos que se realicen modificaciones o actualizaciones.

En consonancia con esta medida, la Resolución General 5547/2024, también publicada hoy, elimina la obligación para los empleados en relación de dependencia de adjuntar una copia del contrato de alquiler del inmueble destinado a vivienda en el servicio SIRADIG, requisito que era necesario para acceder a las deducciones del 40 % y 10 % de las sumas pagadas por dicho alquiler.

Es importante recordar que la AFIP ya ha derogado el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), un documento requerido para la venta de automotores o motovehículos usados y radicados en el país. Además, durante la gestión actual, el organismo eliminó las resoluciones generales que obligaban a los productores agropecuarios a presentar cinco declaraciones juradas anuales relacionadas con su cosecha. Asimismo, derogó el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y la evaluación de la Capacidad Económica Financiera (CEF) para autorizar importaciones, con el fin de facilitar el comercio exterior. (NA)

El financiamiento universitario exhibió una caída mayor a 120 puntos en el primer semestre del año aunque se haya completado la mayor parte de su ejecución, por lo que alertan que si no se amplía “será imposible afrontar las necesidades de las universidades en lo que queda del año”, según un informe del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de CONADU.

El análisis reveló que “en los primeros seis meses de 2024, las universidades nacionales recibieron del Estado 1.351.829 millones de pesos”, lo que implica “un 152,8% más que lo que obtuvieron en los primeros seis meses del año pasado”, pero “esa variación queda muy rezagada frente al promedio interanual de inflación, que alcanzó los 276,4 puntos”.

De esta manera, se observa que en la primera mitad del año, el financiamiento universitario quedó 123,6 puntos por debajo de la variación de precios durante dicho periodo. En cuanto al destino de los fondos, el estudio muestra que se incrementó la proporción de los fondos destinados a los Salarios con respecto al mismo período del año pasado (de 89,7% a 90,9%), y se redujo la participación del resto de las actividades, en particular los Gastos de Funcionamiento (de 6,7% a 6,4%).

La caída del presupuesto se profundizó en junio, ya que “las casas de estudio perdieron incluso más en relación a la inflación”, a raíz de que “en esos 30 días, recibieron poco más de 364.800 millones de pesos, solo un 106,3% sobre junio de 2023, frente a una inflación de junio a junio de 271,5%, lo que constituye un atraso de 165,2 puntos por detrás de ese índice”.

El informe recordó que “como ocurre en otras áreas del Estado, las universidades poseen el presupuesto prorrogado de 2023, que solo se incrementó en un 1,6% durante los primeros seis meses”, advirtiendo que “esa escasez hizo que el nivel de ejecución sea casi completo, lo que augura que será imposible afrontar las necesidades de las universidades en lo que queda del año”.

En este sentido, indicó que “el nivel de ejecución de las transferencias a UUNN de la Administración Pública Nacional al finalizar el mes de junio del presupuesto disponible fue de 93%, superior al promedio de los años 2015-2023 (51%)”.

Al respecto, señaló que “este alto nivel de uso del crédito, para esta altura del año, explica la necesidad de ampliar el presupuesto anual, dado que el saldo sin ejecutar es notoriamente insuficiente para cubrir las necesidades presupuestarias de los próximos meses”.

Al detallar los recortes dentro del financiamiento, el reporte aportó que “se redujeron a cero las transferencias de otras jurisdicciones que no sean el Ministerio del Capital Humano (es decir, por donde pasan los fondos de la Subsecretaría de Políticas Universitarias); se ajustaron en miles de millones los montos dedicados a Actividades de Ciencia y Técnica, Institutos Tecnológicos, Proyectos Especiales y Hospitales Universitarios y los fondos para becas tuvieron una caída real de nada menos que el 61%”.

Asimismo, desde el IEC estimaron que “de persistir esta tendencia, al concluir el año se habrá destinado a la educación universitaria tan solo el 0,24 por ciento del Producto Bruto Interno, el valor más bajo de las últimas décadas (a título ilustrativo: en los últimos años estuvo en torno al 0,70%)”.