El proyecto de alta tensión beneficiará a más de 100 mil familias y 30 municipios de la zona centro. Tras la apertura de ofertas en diciembre, el Gobierno nacional oficializó ahora el financiamiento con garantía y contragarantía.
La Provincia de Misiones dio un paso decisivo para concretar una de las obras energéticas más importantes de los últimos años: la construcción de la línea de alta tensión de 132 kV que unirá Leandro N. Alem y Oberá. El proyecto, que beneficiará a más de 100 mil familias y empresas en al menos 30 municipios, se financiará con un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El 15de diciembre pasado, el gobernador Hugo Passalacqua encabezó el acto de apertura de ofertas para la obra, destacando que se trata de una inversión crucial para garantizar un suministro confiable y estable en la zona centro de la provincia. En esa oportunidad, el ministro de Hacienda Adolfo Safrán subrayó que las condiciones del crédito eran favorables para Misiones, gracias al orden de las cuentas públicas y el bajo nivel de endeudamiento provincial.
Este jueves, el Gobierno nacional oficializó el financiamiento mediante el Decreto 131/2026, que aprueba el Contrato de Garantía entre la República Argentina y la CAF y el Contrato de Contragarantía entre la Nación y Misiones. El esquema prevé que la Nación se constituya en codeudor solidario e irrevocable de las obligaciones de pago, mientras que la provincia autoriza la retención de fondos de coparticipación en caso de incumplimiento.
El préstamo alcanza los USD 75 millones y permitirá ampliar y modernizar el sistema de transporte de energía eléctrica, integrando fuentes renovables y reforzando la capacidad de las estaciones transformadoras de San Isidro, Alem y Oberá. El plazo de ejecución estimado es de entre uno y dos años, según el avance de las distintas etapas.
La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, quien quedó facultado para suscribir los contratos y realizar las gestiones necesarias para su implementación.
La presidenta del EPRAC, Soledad Bálan, se refirió a los reclamos presentados por vecinos contra SAMSA por presunta sobrefacturación y detalló las herramientas que el organismo ofrece para asistir a los usuarios. Recordó que quienes no puedan pagar la boleta no deben esperar al corte del servicio —cuya reconexión ronda los 200 mil pesos— sino acercarse al ente para gestionar planes de pago y reestructuración de deuda. “Somos la policía de SAMSA”, afirmó, al remarcar que la función del EPRAC es controlar a la empresa y defender a los usuarios, en una entrevista brindada a Loop Stream.
El principal cuestionamiento apunta al esquema de cobro por un consumo mínimo de 15 metros cúbicos mensuales, volumen que —según sostienen los vecinos— muchas familias no alcanzan. Bálan explicó que ese piso está establecido por ley y que, cuando el consumo es inferior, igualmente se abona la categoría mínima. Además, aclaró que cuando se superan los 15 metros cúbicos el valor por metro cúbico aumenta, por lo que recomendó prestar atención al cuadro de consumo más que al monto total de la factura.
La titular del EPRAC señaló que el mínimo de 15 metros cúbicos fue fijado en la ley provincial de concesión sancionada en 1999, normativa que tiene una vigencia de 30 años. Si bien indicó que debe respetarse el marco legal actual, manifestó su disconformidad con dicha ley y reconoció que contempla intereses por mora que pueden perjudicar a usuarios en situación de atraso.
En relación a la tarifa, aseguró que la boleta se mantuvo congelada durante este año y que no hubo aumentos. También explicó que, según el esquema vigente, una eventual reducción del mínimo a 7 metros cúbicos podría implicar que cerca del 70% de las familias termine pagando más por el excedente, ya que el sistema —según sostuvo— busca incentivar el consumo eficiente.
Asimismo, indicó que desde el año pasado la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) retiró el subsidio destinado a familias relocalizadas por decisión de lineamientos nacionales. Finalmente, destacó que la Provincia mantiene un esquema de subsidios que actualmente alcanza a más de 3 mil usuarios, aunque admitió que la asistencia no logra cubrir a todos los hogares que la necesitan, e invitó a los vecinos a acercarse al organismo ante cualquier duda o reclamo.
El gobernador Hugo Passalacqua firmó un acuerdo con autoridades nacionales para iniciar el cobro de una deuda histórica vinculada al sostenimiento del sistema previsional misionero. Se trata de fondos acumulados durante varios años que corresponden a la Provincia por mantener su Caja Jubilatoria no transferida.
Este martes por la tarde, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, suscribió un convenio con autoridades de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para dar inicio al cobro de parte de la deuda que el Estado nacional mantiene con la Provincia en relación con la Caja Jubilatoria no transferida.
El encuentro se desarrolló en el ámbito del Ministerio de Capital Humano de la Nación y fue encabezado por la ministra Sandra Pettovello. Participó además el director ejecutivo de ANSES, Fernando Bearzi. Por la provincia acompañó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, junto a funcionarios nacionales.
Al respecto, Passalacqua agradeció “a la ministra Sandra Pettovello, por recibirnos al ministro Adolfo Safrán y a mí en una acción muy importante para la provincia y su caja previsional”, y destacó que el acuerdo permite avanzar en una solución concreta a un reclamo sostenido por Misiones en defensa de sus recursos.
El convenio constituye un avance institucional significativo en el proceso de regularización de esta deuda histórica y reafirma la posición sostenida por la Provincia respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado nacional con las jurisdicciones que mantienen sus sistemas previsionales bajo administración propia.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que no se trata de fondos discrecionales ni de transferencias extraordinarias, sino de recursos que debieron ser remitidos oportunamente en función de la normativa vigente y de los acuerdos vinculados al sostenimiento del sistema previsional misionero.
A diferencia de la mayoría de las provincias argentinas, Misiones decidió no transferir su caja previsional al sistema nacional. En consecuencia, el pago de jubilaciones y pensiones se encuentra a cargo del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS), lo que implica un esfuerzo fiscal sostenido durante años con recursos provinciales propios.
En este contexto, la deuda reconocida por Nación se origina en los compromisos asumidos con aquellas jurisdicciones que, como Misiones, sostienen sus cajas jubilatorias no transferidas. El acuerdo firmado establece el inicio del proceso de cancelación de parte de esos montos, contribuyendo al fortalecimiento y la previsibilidad financiera del sistema previsional provincial.
Finalmente, desde el Ejecutivo misionero destacaron la importancia del diálogo institucional mantenido con las autoridades nacionales, que permitió avanzar en el reconocimiento formal y comienzo del pago de la deuda, consolidando la autonomía previsional de la Provincia y garantizando mayor estabilidad al sistema jubilatorio misionero.
La implementación del nuevo instrumento llega en medio del crecimiento de la morosidad de familias y empresas por la caída del poder adquisitivo a nivel nacional.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) creó un nuevo instrumento, llamado Cobro con Transferencia (CCT). Esto «permitirá el cobro de cuotas de préstamos en forma segura y transparente para las personas», señalaron desde la página web oficial de la entidad.
Según agregaron, posteriormente, este instrumento se ampliará para canalizar otros cobros periódicos como los servicios públicos. El nuevo servicio deberá estar disponible a partir del 31 de agosto de 2026.
Así, el nuevo instrumento, permitirá que tanto bancos como Proveedores No Financieros de Crédito (PFNC), empresas del sector no bancario entre los que se cuentan grandes jugadores como Mercado Pago, puedan debitar de la cuenta de los clientes la cuota pendiente de un préstamo. Su implementación llega en medio del crecimiento de la morosidad de familias y empresas a nivel nacional.
Cabe recordar que, en el último tiempo, las empresas no bancarias que ofrecen préstamos vieron un empeoramiento de su cartera. El 22% de lo que prestan no lo pueden cobrar, ya que el endeudamiento de las familias se ha disparado acompañado por la caída del poder adquisitivo y el margen de compra con el salario, en el contexto de la crisis económica nacional.
Ahora, el organismo le otorga a los bancos y las billeteras un plazo de seis meses para actualizar sus sistemas y permitir que el cobro inmediato de los préstamos pueda funcionar de forma «interoperable».
Se prevé que el nuevo servicio deberá estar disponible para el 31 de agosto de este año. «El CCT es una nueva modalidad de transferencias inmediatas que busca ofrecer una solución moderna y superadora, con un enfoque riguroso en la prevención del fraude», destacó la comunicación oficial.
El punto quizás más importante de esta nueva herramienta, además de las cuestiones de seguridad que destacó el organismo, es que el tomador de ese préstamo deberá dar un consentimiento previo a la entidad que le presta para autorizarla a debitar el dinero de su cuenta.
Las cuotas deberán ser fijas e iguales durante la duración del préstamo y el Central impone que las mismas no deben superar el 30% de los ingresos de la persona, «para evitar el sobre endeudamiento».
Al mismo tiempo, el Central estableció que las entidades que provean del crédito deberán notificarle a sus clientes un día antes de debitar el monto de su cuenta que se realizará la operación. Los prestamistas están autorizados a hacer hasta tres movimientos para cobrar de esta manera: un intento inicial y hasta dos reintentos (a las 48 y 96 horas), evitando prácticas abusivas.
Finalmente, aclaran que los clientes pueden dar de baja el consentimiento inicial en cualquier momento y esta se hará efectiva de forma inmediata.
El Gobierno nacional puso fin a un componente clave del salario de los empleados públicos y desató un nuevo foco de conflicto con los gremios estatales. Tras el vencimiento de la última prórroga del denominado “Premio Estímulo a la Asistencia”, el Ejecutivo decidió no renovar el beneficio, lo que implica una reducción directa en los haberes correspondientes a febrero —que se cobran en marzo— para miles de trabajadores de la Administración Pública Nacional.
La medida impacta de lleno en el personal encuadrado en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), que abarca a trabajadores de Casa Rosada, ministerios nacionales, organismos descentralizados y distintas dependencias de la Administración Central. El adicional por presentismo representaba, en muchos casos, hasta un 10% del salario de bolsillo, especialmente en los escalafones más bajos.
En términos concretos, según estimaciones oficiales, la quita podría significar una merma promedio de hasta 150.000 pesos en el recibo mensual, dependiendo de la categoría y la antigüedad de cada agente. En un contexto de alta inflación y pérdida sostenida del poder adquisitivo, la eliminación del plus se traduce en un fuerte golpe al ingreso real de los estatales.
El “Premio Estímulo” había sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025, pero su continuidad no fue rediscutida en las negociaciones paritarias de este año. Al caer la prórroga sin una nueva resolución que extendiera su vigencia, el concepto quedó automáticamente fuera de la estructura salarial, generando malestar en amplios sectores de la planta estatal.
Desde los gremios, la reacción fue inmediata. Dirigentes sindicales sostienen que el presentismo ya formaba parte del salario habitual y permanente, por lo que su eliminación unilateral constituye un incumplimiento de acuerdos previos. Además, advierten que la quita neutraliza buena parte de las actualizaciones obtenidas en las últimas paritarias.
En ese marco, ATE Capital calificó la decisión como “arbitraria e ilegal” y envió una notificación formal al Gobierno para que se abstenga de suprimir el suplemento. El sindicato argumenta que el presentismo tiene carácter alimentario y está protegido por la normativa laboral vigente, por lo que no puede ser eliminado sin acuerdo entre las partes.
Mientras tanto, crece la tensión en el sector público. Desde el gremio no descartan avanzar con medidas de fuerza, incluyendo paros y movilizaciones, si no hay una rectificación oficial. El conflicto se suma a un escenario de reclamos por topes salariales y despidos en distintas áreas del Estado, configurando un clima de creciente confrontación entre el Ejecutivo y los trabajadores estatales.
Este lunes 2 de marzo inicia formalmente el ciclo lectivo 2026 en la provincia, con la mirada puesta en garantizar el regreso a clases con seguridad y en óptimas condiciones, el Gobierno misionero implementó un fuerte plan de de inversión para fortalecer la infraestructura escolar, de esta manera, alrededor de tres mil instituciones educativas se encuentran en condiciones para, junto a un plantel de 35 mil docentes, recibir a más de 400 mil alumnos de todos los niveles.
En ese marco, durante los meses previos, el Gobierno provincial destinó al sistema educativo misionero más de 1.150 millones de pesos a trabajos de mantenimiento, mejoras edilicias y equipamiento en establecimientos escolares de distintos municipios.
El plan forma parte de una estrategia que contempla infraestructura escolar (que continuará ejecutándose durante todo el año), sostenimiento del Boleto Educativo Misionero (BEM), la actualización salarial docente prevista para el primer tramo del año, entre otros.programas que garantizan el acceso al sistema educativo.
En ese contexto, el gobernador Hugo Passalacqua, dispuso una serie de medidas para garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje, con un retorno al aula seguro y que permitan garantizar el acceso a la educación y la inclusión de todos los niños, adolescentes y jóvenes misioneros.
Educación pública de gestión privada
Además, cabe destacar que Misiones cuenta con 263 establecimientos educativos públicos de gestión privada, de los de los cuales 247 son financiados a través del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), lo que representa el 96,47 por ciento del total.
Dentro de esas 263 instituciones, distribuidas en toda la provincia, se comprende a un plantel integrado por 13.400 educadores, para recibir este año a aproximadamente 135 mil alumnos.
Obras en establecimientos educativos
Respecto a la inversión del Gobierno de Misiones, de 1.150 millones de pesos, la misma es destinada a trabajos de mantenimiento, mejoras edilicias y equipamiento en establecimientos educativos de distintos municipios. El plan forma parte de una estrategia que contempla infraestructura, sostenimiento del Boleto Educativo Misionero (BEM), la actualización salarial docente prevista para el primer tramo del año, entre otros.programas que facilitan el acceso al sistema educativo.
Toda esta asignación presupuestaria se financia con recursos propios de la Provincia ante la baja recaudación, debido a la actual coyuntura que vive el país y afecta también a los misioneros, y la merma en el envío de fondos nacionales.
El Boleto Educativo Misionero, una herramienta clave
De acuerdo a las cifras oficiales, el BEM alcanza a alrededor de 400 mil usuarios que utilizan el beneficio cada año. La iniciativa permite a estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario acceder al transporte público sin costo. De ese modo, favorece la continuidad de los estudios y brinda un alivio fundamental para la economía de las familias.
De ese total, unos 250 mil alumnos utilizan diariamente el Boleto Educativo Misionero para ir a la escuela y regresar a sus hogares.
Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través de la web oficial. Por ello, el funcionario pidió realizar el trámite antes del inicio de clases para evitar demoras y contrastó que la alta demanda diaria refleja el alcance territorial de la política.
El ahorro para las familias resulta significativo. Si un pasaje cuesta 1.365 pesos con SUBE, y un estudiante de primaria requiere de dos pasajes diarios, lo que representa 40 pasajes al mes durante nueve meses, da un ahorro de $491.400 por estudiante.
En el caso de un hijo que esté cursando en una escuela técnica, donde los estudiantes pueden utilizar cuatro pasajes diarios, serían 80 viajes al mes durante nueve meses de clases, cada estudiante tendría un ahorro aproximado de $982.800, cálculo que muestra el verdadero impacto económico del BEM en las familias misioneras.
Medidas que aliviaron el bolsillo
Además de la disposición del Boleto Educativo Misionero, el gobierno de Misiones brindó una serie de medidas para que las familias puedan tener en cuenta en la previa al inicio a clases.
Una de ellas tiene que ver con los Programas Ahora, puntualmente los Ahora Escolar y Ahora Textos. El Ahora Escolar estará vigente los días jueves y viernes hasta el 13 de marzo de 2026. Ofrece financiación en 1 o 6 cuotas sin interés y un reintegro del 25% (20% en comercios no misioneros) con un tope de $37.200 por operación, sin límite de monto financiable. Están incluidos artículos de librería, uniformes, guardapolvos, indumentaria y calzado. El costo del reintegro se distribuye con un 10% a cargo del comercio y un 15% absorbido por el Banco y la Provincia (10% en comercios no misioneros), mientras que el costo financiero es asumido por ambas entidades.
Por su parte, el programa Ahora Textos, se extiende hasta el 30 de abril de 2026, también los jueves y viernes. La financiación alcanza 1, 3 o 6 cuotas sin interés, sin límite de compra. El programa está orientado exclusivamente a la compra de libros, revistas y publicaciones similares. En este caso, los comercios afrontan un 3% de costo financiero, mientras que el resto es cubierto por el Banco y la Provincia.
Otra cuestión no menor en este sentido fue la acreditación del pago de la Ayuda Escolar. El beneficio alcanzó a trabajadores con uno o más hijos en edad escolar.
El monto establecido es de $91.000 por cada hijo. En los casos de hijos con discapacidad, la suma ascendió a $227.500 por cada uno.
El pago de la Ayuda Escolar se enmarcó en un esquema de políticas educativas y de asistencia económica antes del inicio de clases
El gobierno nacional ahorca financieramente a las provincias mientras, en simultáneo, se desentiende de múltiples obligaciones sumiendo al país en un escenario recesivo y con una inflación en alza.
El país entra en un semestre que no asoma sencillo. No es una metáfora climática, sino una sequía de recursos. Caen la recaudación y la Coparticipación, la Nación profundiza el ajuste y la economía no muestra señales de crecimiento, no arranca. El consumo no despega, la inversión privada no aparece y el crédito sigue restringido. El resultado es un paisaje conocido: ahogo financiero, industrias que sustituyen producción local por importaciones más baratas y menos demanda de trabajo misionero y argentino.
En el preámbulo de la apertura de sesiones ordinarias los datos fiscales arrojados por IARAF son alarmantes, según el instituto, el mes de febrero de 2026, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5.443.000 millones en concepto de Coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $4.424.000 millones enviados durante igual período del año anterior. Es decir que se observó una variación nominal del 23%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una baja real del 7,4%. Por su parte, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habrían descendido un 8,8% real. Según la información suministrada por la DNAP, la caída de la coparticipación neta en febrero se debería principalmente a la disminución real interanual del 13% del IVA, mientras que el impuesto a las ganancias también mostró una variación negativa, del 0,8%. En conjunto la recaudación de IVA e IIGG habría registrado una baja real interanual del 8,3%. No obstante, la caída en la recaudación de impuestos internos de 16,6% generó que la coparticipación neta tuviera una variación negativa del 8,8%.
Al igual que en enero, una de las principales causas de esta baja de recaudación del IVA sería el impacto en la recaudación proveniente de Aduana (IVA DGA) de la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto. Dicho esto, es esperable que en febrero se de uno de los últimos impactos de esta medida de administración tributaria tomada inicialmente en el año 2023. Luego, en el acumulado de los primeros dos meses del año de la suma de estos tributos, la variación interanual real habría sido negativa por 8,1%.
Cuando una fábrica decide traer de afuera lo que antes hacía en casa, no es un dato técnico: es menos turnos, menos horas extra, menos empleo. Es una señal de recesión. En ese contexto, el Estado provincial también siente el impacto. Si la actividad cae, la recaudación se resiente. Y si la Nación recorta y elimina transferencias, el margen se vuelve todavía más estrecho.
Van más de dos años desde que asumió el Presidente Javier Milei con la promesa de ordenar la macroeconomía para que luego llegara el crecimiento. El Congreso le aprobó leyes, delegaciones y reformas profundas. La pregunta es ¿cuánto tiempo más hay que esperar para que la economía real despegue? Porque el empleo no crece si la economía no crece. Y cuando el consumo se retrae y la producción se achica, lo que aumenta es el endeudamiento de las familias. La tarjeta reemplaza al salario.
La reforma laboral fue la salida que presentó el gobierno nacional, pero si la economía sigue sin crecer, no tendrá ningún efecto. La imagen reciente de cientos de jóvenes compitiendo por un trabajo formal no es solo una postal urbana: es la expresión concreta de una economía que no absorbe mano de obra al ritmo que la sociedad necesita. En las últimas horas se hizo viral la extensa fila de personas buscando un empleo en un supermercado posadeño.
En cuanto a la reforma, uno de sus autores, el abogado Julián de Diego, lo señaló claramente: la reforma tiene otros propósitos, pero no el de crear empleo. Sin crecimiento económico y sin demanda no hay manera que se generen puestos de trabajo.
Repensarse
Así como la política, la sociedad también debe auto evaluarse. Muchos trabajadores —incluidos empleados públicos— acompañan el discurso del ajuste general y al mismo tiempo reclaman subas salariales por encima de la inflación. La contradicción es evidente: no se puede reducir de manera drástica el tamaño del Estado y esperar que los ingresos estatales crezcan en paralelo, exigiendo salud, educación, boleto gratuito, vivienda y servicios.
Uno de los aspectos salientes del clima de época es que el trabajador vota contra sus intereses: se piensa que el perjudicado será otro. Que el castigo es para “la casta”, “los ñoquis” o algún hombre de paja que se cree para la ocasión.
Todos los modelos económicos tienen ganadores y perdedores: el de Milei, Caputo y compañía no contempla a las mayorías. Les sobra gente.
Gestionando la escasez
Misiones, por su estructura productiva, siente con más fuerza estos ciclos. Las economías regionales dependen del transporte, del mercado interno, de la obra pública y del crédito. Cuando el engranaje nacional se frena, el golpe se amplifica en la periferia. Por eso se habla de un semestre seco. No por fatalismo, sino por realismo.
En ese escenario, el Gobierno provincial intenta sostener una estrategia distinta: administrar con prudencia y hacer lo posible con herramientas limitadas. En los últimos días se anunció la eliminación de 114 cargos jerárquicos para simplificar la estructura y cuidar recursos. No se trató de un gesto ruidoso sino de una decisión orientada a reducir gastos políticos y optimizar áreas sustantivas. La idea es clara: si los ingresos caen, hay que ordenar puertas adentro antes de pedir esfuerzos afuera.
Al mismo tiempo, se firmaron convenios con el Consejo Federal de Inversiones para canalizar financiamiento productivo y fortalecer infraestructura estratégica. Son 5.500 millones de pesos dirigidos a PyMEs, con foco explícito en sostener y generar empleo. En palabras del propio gobernador, en momentos de dificultad hay que poner los pocos recursos donde más impacto tengan sobre el trabajo.
La lógica es micro antes que declamatoria. Los programas Ahora volvieron a marcar récords de ventas en 2024 y 2025, inyectando casi 100 mil millones de pesos en el mercado local el año pasado. No resuelven la macro, pero sostienen comercio, consumo y empleo. Las inversiones en EFAs antes del inicio de clases, las recorridas por fiestas productivas como la del Té en Campo Viera, la presencia en territorio: son señales de una política que intenta no desentenderse de la crisis.
Hay una corriente que empieza a tomar forma entre referentes del gobierno, entendiendo el momento: bajar el tono, trabajar más y hablar menos. Despolitizar el gesto, cuidar cada peso, reenamorar desde la modestia. En tiempos donde sobran gritos y faltan certezas, la administración callada puede ser un activo. Gobernar como minoría aun estando en mayoría: con prudencia, sin despilfarros y con cercanía.
Nada de esto elimina las tensiones que se avecinan. Cuando faltan recursos, los conflictos aparecen. Los gremios presionan, los empresarios reclaman, la sociedad se impacienta. Pero también es cierto que Misiones parte de una cultura fiscal históricamente austera y de una estructura estatal que no está sobredimensionada en relación con su población.
Un dato que se suele soslayar es la ausencia de deuda pública en divisas por parte de la provincia. Esta semana se conoció que Entre Ríos colocó bonos por 300 millones de dólares a una tasa de casi 10% anual para financiar pasivos principalmente. Un despropósito en toda regla.
Es un ejercicio interesante pensar que dirían los actores que se celebran este tipo de colocaciones si Misiones hiciera algo similar: tomar deuda en dólares a una tasa de dos dígitos para refinanciar pasivos o para gastos corrientes en pesos.
El desafío del semestre será doble. A nivel nacional, que la promesa de crecimiento deje de ser expectativa y se convierta en realidad tangible, algo que parece casi imposible. A nivel provincial, resistir la sequía sin romper el tejido social. En un contexto adverso, la salida no parece estar en más consignas sino en más producción, más inversión y más trabajo.
Porque, al final, la economía no se ordena solo recortando. Se ordena cuando vuelve a crecer. Y crecer, en una provincia como Misiones, significa cuidar el empleo, sostener a quienes producen y no abandonar a quienes dependen del Estado para atravesar la tormenta.
La palabra “estanflación” vuelve a cobrar protagonismo al analizar la economía argentina, reflejando un fenómeno donde los precios continúan subiendo mientras la actividad económica se mantiene estancada. En enero, la inflación mensual alcanzó el 2,9 %, mientras el consumo y la producción siguen en franco retroceso, una señal de que el crecimiento no logra despegar. Economistas liberales como Domingo Cavallo y Carlos Melconian señalan que los desequilibrios en los precios relativos, combinados con la falta de recuperación económica, generan un escenario crítico donde, como advierten, “esté crujiendo todo por la estanflación”. Este cuadro plantea un desafío doble: contener la inflación sin frenar aún más la actividad productiva.
El impacto se siente en todos los niveles. Las fábricas traen productos importados en lugar de producir localmente: menos turnos, menos horas extra, menos empleo. El comercio no vende y los productores no producen. Las familias ven su capacidad de consumo reducida y los créditos se vuelven más caros o inaccesibles. Es un panorama de recesión con inflación, donde cada medida tiene efectos directos sobre el bolsillo y el empleo.
Misiones, por su estructura productiva, sufre con más fuerza estos ciclos. Economías regionales que dependen del transporte, el mercado interno, la obra pública y el crédito sienten el golpe más fuerte. Cuando el engranaje nacional se frena, la caída se amplifica: menor recaudación provincial y mayores restricciones para sostener servicios y salarios.
En ese contexto, el gobierno provincial implementa medidas concretas para resistir la crisis: eliminó 114 cargos jerárquicos para optimizar la estructura y cuidar recursos; firmó convenios con el Consejo Federal de Inversiones por 5.500 millones de pesos destinados a PyMEs; y fortaleció infraestructura estratégica, todo con foco en sostener y generar empleo. La lógica es clara: ordenar puertas adentro antes de pedir esfuerzos afuera.
La provincia también apuesta a políticas microeconómicas que sostienen el consumo y la producción local. Los programas Ahora volvieron a marcar récords en 2024 y 2025, inyectando casi 100 mil millones de pesos en el mercado local. Se hicieron inversiones en EFAs antes del inicio de clases, se recorrieron fiestas productivas como la del Té en Campo Viera y hubo constante presencia en territorio. Son medidas pequeñas pero concretas, que buscan mantener comercio, empleo y producción en medio de la crisis.
A nivel nacional, la inflación se aceleró incluso con un tipo de cambio estable, impulsada por aumentos en alimentos como carne y tomate, y en servicios regulados. La economía se mueve a dos velocidades: el sector primario crece, mientras la mayoría de los demás sectores muestran caídas o desempeños débiles. Esta combinación es la esencia de la estanflación: precios al alza en un marco de estancamiento productivo.
El empleo privado cayó durante todo el segundo semestre de 2025, y el salario real terminó por debajo del año anterior. Los créditos en mora se triplicaron. Empresarios como Camilo Alan denuncian competencia desleal de importaciones y advierten que la inversión realizada queda en riesgo si no se reactiva el consumo. La estanflación “es muy jodida”, afirma, y su experiencia refleja la presión que sufren empresas y familias.
La reforma laboral, impulsada por el gobierno nacional, no alcanza para revertir la situación si la economía sigue sin crecer. La pregunta que se repite es la misma desde hace años: ¿cuánto tiempo más hay que esperar para que la economía real despegue? Porque el empleo no crece si la economía no crece, y cuando el consumo se retrae y la producción se achica, lo que aumenta es el endeudamiento de las familias.
La salida de la estanflación requiere coordinación, prudencia fiscal y políticas concretas que protejan a familias, PyMEs y sectores estratégicos. En tiempos donde sobran gritos y faltan certezas, la administración callada y prudente puede ser un activo. Gobernar con recursos limitados implica cuidar cada peso, sostener empleo y producción, y no abandonar a quienes dependen del Estado para atravesar la tormenta.
Al final, la economía no se ordena solo recortando. Se ordena cuando vuelve a crecer. En una provincia como Misiones, eso significa cuidar el empleo, sostener a quienes producen y garantizar que la sociedad resista un semestre complejo sin romper el tejido social. La estanflación es real, y solo con acciones concretas se puede mitigar su impacto mientras se espera que la economía vuelva a arrancar.
El próximo jueves por la mañana se realizará el lanzamiento de la 4° edición del Bono Estudiantil, el programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, a través de la Subsecretaría de la Juventud, en conjunto con el Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC). La actividad tendrá lugar en el Centro del Conocimiento de Posadas, donde se hará entrega de los cupones a las instituciones educativas que participen del evento.
A partir de esa instancia, los bonos serán distribuidos de manera equitativa entre los estudiantes participantes, según la matrícula de cada institución, a través de la Subsecretaría de la Juventud y las direcciones de Juventud municipales. En aquellos municipios que no cuenten con dirección de Juventud, el intendente deberá designar a una persona responsable para garantizar la correcta distribución de los bonos.
Cada bono tendrá un valor de $3.000, y lo recaudado será destinado íntegramente a financiar los proyectos de cada curso. Quienes adquieran el bono, además de colaborar con los estudiantes, participarán de un sorteo con importantes premios a fin de año. De esta manera, estudiantes de toda la provincia podrán generar recursos para afrontar gastos clave de su egreso mediante la venta de bonos solidarios y la participación en un sorteo final.
Los fondos recaudados podrán destinarse a la compra de indumentaria escolar (buzos y chombas), la organización de la fiesta de recepción, la participación en la Estudiantina, el viaje de egresados, la adquisición de equipamiento para los cursos y otras necesidades de uso comunitario. De esta manera, además de brindar apoyo económica, la iniciativa busca promover valores como la organización, la autogestión y la administración responsable de los recursos, constituyéndose en una oportunidad significativa para los estudiantes en el actual contexto económico.
Al respecto, la subsecretaria de la Juventud, Astrid Baetke, destacó que “el bono estudiantil es una gran oportunidad para que los jóvenes se organicen, generen recursos para sus proyectos y fortalezcan el trabajo en equipo en un momento clave de sus vidas”.
Finalmente, desde la organización recordaron la importancia de conservar el bono, ya que será requerido por el IPLyC al momento de efectivizar la entrega de premios. Para más información, se puede consultar las redes sociales de la Subsecretaría de la Juventud: Instagram (@misionesjuventud) y TikTok (@misionesjuventudok).
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP, puso el foco en los movimientos de dinero que realizan los monotributistas a través de billeteras virtuales. La medida implica que estos datos se incorporen a los sistemas de control y fiscalización con el objetivo de contrastarlos con la facturación declarada por cada contribuyente.
El crecimiento de las fintech y el uso masivo de aplicaciones como Mercado Pago, Naranja X o Ualá consolidaron a las billeteras digitales como uno de los principales medios de pago en el país. En ese contexto, ARCA amplió el universo de información que analiza, incluyendo transferencias y depósitos realizados en estas plataformas.
Según el esquema vigente, el organismo puede considerar la totalidad de los movimientos registrados, ya sean transferencias propias, de terceros o pagos recibidos, y compararlos con los ingresos declarados en el monotributo. Si detecta inconsistencias relevantes entre los montos facturados y los fondos acreditados, puede iniciar procesos de revisión.
Entre las posibles consecuencias figura la recategorización de oficio, un procedimiento mediante el cual el sistema ajusta automáticamente la categoría del contribuyente si entiende que superó los parámetros establecidos. En casos más graves, también podría evaluarse la exclusión del régimen simplificado.
Además, las billeteras virtuales actúan como agentes de información ante el fisco y, en determinadas operaciones, pueden aplicar retenciones vinculadas a impuestos como Ingresos Brutos. Esto refuerza el cruce de datos entre las plataformas digitales y el organismo recaudador.
Especialistas recomiendan a los monotributistas llevar un control detallado de sus movimientos y verificar periódicamente que los montos acreditados coincidan con la facturación declarada. El sistema informático utilizado para estos cruces permite detectar desvíos y aplicar ajustes automáticos, por lo que mantener la información actualizada resulta clave para evitar sanciones.
