Categoría: Uncategorized

La forestadora correntina Tapebicuá, acumula una deuda de $11.500 millones y mantiene sus plantas paralizadas. El caso refleja el impacto de las políticas económicas nacionales sobre la industria y el empleo en las economías regionales.

La crisis que atraviesan las economías regionales sumaron un nuevo capítulo en Corrientes. Forestadora Tapebicuá, una de las principales empresas forestoindustriales del país, se presentó en concurso preventivo de acreedores. La firma debe $11.500 millones, está sin operar desde agosto y busca un inversor para sostener su continuidad, en un contexto nacional adverso para la producción.

La empresa, vinculada al grupo Celulosa Argentina, radicó la presentación ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 14 de la Ciudad de Buenos Aires. El proceso se encuadra en la Ley de Concursos y Quiebras y apunta a reordenar pasivos para evitar la quiebra.

Tapebicuá mantiene paralizadas sus operaciones desde el 10 de agosto. Hoy sostiene su estructura mínima mientras avanza el trámite judicial. La compañía emplea a 395 trabajadores y ya venía operando por debajo de su capacidad antes del freno total. Su producción se ubicaba entre el 60 y el 70 % por la falta de ventas.

Desde la empresa señalaron que la situación responde a un escenario macroeconómico que golpea a la forestoindustria y a otras actividades del interior. La caída del sector de la construcción redujo la demanda. Los altos costos en dólares y la apertura de importaciones afectaron la competitividad. La falta de financiamiento agravó el cuadro.

Ese conjunto de medidas generó una fuerte crisis de capital de trabajo. La consecuencia fue la paralización de la actividad industrial, con impacto directo en el empleo y en las economías locales que dependen del sector forestal.

El caso de Tapebicuá funciona como ejemplo de un problema estructural. La forestoindustria, estratégica para provincias como Corrientes y Misiones, enfrenta un escenario de costos crecientes, consumo deprimido y escaso margen para competir. La situación se replica en otras economías regionales del país.

En ese contexto, la empresa confirmó que busca un inversor estratégico. El objetivo es retomar la producción en un plazo estimado de 90 días. Según indicaron, ya existen conversaciones en marcha, aunque el resultado dependerá del marco económico general y de la previsibilidad futura.

Desde la firma también destacaron el acompañamiento del Gobierno de Corrientes. Sin embargo, remarcaron que la crisis excede el plano provincial y está vinculada a decisiones de política económica nacional que impactan de lleno en la industria del interior.

Forestadora Tapebicuá desarrolla actividades forestales en Corrientes y cuenta con dos aserraderos y una planta de compensados. Su esquema integra forestación, industrialización y comercialización de productos con valor agregado.

La situación se agrava por la crisis de su controlante, Celulosa Argentina, que también atraviesa un concurso preventivo. El deterioro financiero del grupo, con fuertes pérdidas y caída de ingresos, impactó en todas sus unidades productivas.

En un país donde las economías regionales reclaman condiciones para producir y competir, Tapebicuá expone los límites del actual modelo económico. El concurso abre una instancia decisiva para la empresa, pero también deja una señal de alerta sobre el futuro de la forestoindustria y el empleo en el interior argentino.

El Gobierno de Misiones prorrogó la vigencia del programa Ahora Pan, que mantendrá sin cambios su precio de referencia hasta el 15 de febrero de 2026. El valor máximo del kilo de pan francés o similar continuará fijado en $2.500 en las panaderías adheridas.

El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, quien precisó que, llegada esa fecha, los términos del programa serán revisados nuevamente junto a las cámaras del sector nucleadas en el Centro de Industriales Panaderos.

El precio del kilo de pan se mantiene congelado desde septiembre y forma parte de una política destinada a sostener el acceso a un alimento básico. Desde el Gobierno provincial destacaron que Misiones se ubica entre las provincias con el valor del pan más bajo del país.

El programa se sostiene a partir del trabajo conjunto entre el Estado provincial y el sector privado, con diálogo permanente para ajustar las condiciones necesarias y preservar el poder de compra de los hogares.

El listado completo de panaderías y comercios adheridos puede consultarse en el sitio oficial ahora.misiones.gob.ar.

La medida entrará en vigencia el 01 de enero de 2026. Los beneficios variarán según la modalidad de pago y el momento de la adhesión.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció este lunes la implementación de una nueva medida de alivio fiscal destinada a los contribuyentes de la provincia. A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó que, “entre el 1° de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2026, estará vigente el Régimen Especial de Regularización de Obligaciones Tributarias del Impuesto Provincial al Automotor”.

Esta iniciativa busca facilitar el cumplimiento de los deberes fiscales de los propietarios de vehículos. Según detalló el gobernador, el esquema propuesto “prevé la condonación de hasta el 100 % de intereses y multas”, lo que representa un beneficio significativo para quienes mantienen deudas pendientes con el fisco provincial.

Regularización del Impuesto Provincial Automotor: detalles de la adhesión y beneficios

El acceso a estos descuentos no será uniforme para todos los casos, sino que estará sujeto a criterios específicos de cumplimiento. La aplicación de la quita se determinará “en función de la fecha de adhesión, la forma de pago y la cantidad de cuotas elegidas”. De esta manera, la iniciativa incentivará una regularización temprana y preferentemente en menos tramos.

Con este anuncio, el Gobierno provincial establece una ventana de tres meses para que los ciudadanos puedan normalizar su situación tributaria. El régimen especial finalizará el último día de marzo, cerrando un ciclo de facilidades diseñado para reducir la morosidad en el sector automotor.

Estas políticas no sólo promueven la regularización tributaria, sino que también refuerzan la capacidad de la provincia para sostener programas sociales, educativos y sanitarios. La administración ordenada y la innovación en la gestión tributaria consolidan un modelo que prioriza la producción y el empleo, posicionando a Misiones como un ejemplo de gobernanza en tiempos de ajuste nacional.

Ni Misiones ni ninguna provincia está al margen de la macroeconomía (que venía a solucionar todos los problemas y hasta ahora los ha empeorado por acción o por abandono gubernamental). Desde la provincia hay una clara intención de amortiguar el impacto negativo de estas decisiones “macro” para buscarle la vuelta con menos declamación y más cercanía, menos épica, más vida cotidiana. Una gestión que no promete milagros, pero trabaja en resolver pequeñas cosas que, sumadas, mejoran el día a día de la gente.

Después de dos años de recortes y de un severo ajuste nacional, el rumbo provincial se encamina hacia atender las temas pequeños, simples, urgentes y necesarios como por ejemplo los Programas Ahora para sostener compras de clientes y ventas del comerciante, el programa “Mirar Mejor”, el sostenimiento del boleto educativo; la entrega de títulos de propiedad, la salud de primera calidad sin costo para misioneros y no misioneros, la educación de vanguardia en los tres niveles entre otros. No hay grandes obras, pero se intenta compensar con presencia territorial, respuestas a lo necesario y una lógica de gestión que entiende que, en crisis, lo pequeño también es estratégico. La cercanía dejó de ser discurso para transformarse en método.

No debe soslayarse nunca que en dos años de gobierno mileísta las provincias perdieron el fondo del incentivo docente, toda la obra pública nacional y la financiada con fondos de Nación, buena parte del subsidio al transporte y a la luz. Además, en el caso de algunas jurisdicciones, la financiación de las cajas jubilatorias.

Gobernar en tiempos de mezquindad y abandono

En este contexto se inscriben los cambios impulsados por el gobernador Hugo Passalacqua en las segundas líneas del Gobierno, movimientos pensados para inyectar energía, trabajo y frescura en organismos y subsecretarías que necesitaban renovar impulso. Un recambio necesario para volver a hacer brillar áreas clave del Estado provincial con más salida a las calles.
Los cambios —que continuarán en marzo— instalaron una nueva lógica: funcionarios jóvenes, caras limpias, mucha energía y territorio. En tiempos de billeteras flacas, la presencia intenta reemplazar al recurso, donde no hay cheques, hay gestión y donde no hay anuncios rimbombantes, hay acción diaria. La escasez económica producto del ajuste nacional se enfrenta con cercanía política.

Esa renovación generacional tiene varios exponentes:

Uno de ellos es Sebastián Macías, ex presidente de Vialidad Provincial y hoy titular de la Cámara de Representantes, encarna una generación neo misionerista de gestión. Una generación que entiende la administración pública como herramienta, no como botín.

Esa renovación generacional también avanza de la mano de un reordenamiento profundo del Estado, incluyendo las empresas públicas y las SAPEM. Que incluyen menos gastos, menos cargos y menos estructuras. Hay una revisión minuciosa y constante de todas las áreas, con una determinación clara: el que no trabaja, queda afuera. Passalacqua tomó la decisión de que el Estado se achica dónde debe, para sostener lo que realmente importa.

Municipios siguen la misma línea

La Municipalidad y el Concejo Deliberante cerraron el año con señales políticas contundentes. El Concejo aprobó un paquete de normas ordenadoras estratégicas que jerarquizan la calidad institucional: actualización del Digesto Jurídico Municipal 2024/2025 —consolidando más de 1.300 ordenanzas vigentes—, avances en accesibilidad, ambiente, modernización parlamentaria y regulación del transporte. Se destaca la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano (SITUM), una herramienta clave para ordenar, planificar y mejorar la movilidad en la ciudad. Calidad parlamentaria, reglas claras y mirada de largo plazo.

Todo eso hubiera sido imposible sin consensuar con la gestión del intendente Leonardo Stelatto, una figura que expresa la versión más alta de la política entendida como servicio al vecino, honestidad y transparencia en el manejo de los recursos. Mientras la Nación declama mucho, pero muestra poco sobre hacer las cosas bien, Posadas lo hace desde hace años: ajuste, servicios de calidad y gestión ordenada.

El dato más contundente es el cuidado de los recursos: el presupuesto 2026 reduce en un 30% los fondos asignados al Concejo Deliberante, llevándolo al 5,83% del total municipal, muy por debajo del techo que fija la Carta Orgánica. Antes de la gestión Stelatto, esa incidencia superaba el 10%. Esta reducción se logró con planificación conjunta, consenso político y firmeza para tomar decisiones que la sociedad reclama: menos gasto estatal y más eficiencia. Esa es la gran noticia del cierre del año en la capital misionera.

El orden fiscal y político, la clave para absorber el impacto nacional

En el plano provincial, en medio de una crisis severa que golpea a todas las economías subnacionales, el manejo político maduro de Misiones volvió a marcar diferencia. La provincia pudo pagar aguinaldos sin sobresaltos. El pago del aguinaldo se logró gracias a una convicción estratégica: respaldar el Presupuesto nacional para que la Nación respalde a Misiones. No hubo seguidismo, hubo negociación necesaria para intentar sostener a todos los misioneros.

Misiones tuvo un rol trascendental en ese proceso. Hubo consultas permanentes desde la Nación y una participación activa que ayudó a destrabar escenarios críticos. La tradición innegociable del equilibrio fiscal y de contar con presupuesto —bandera histórica de la provincia que la Nación imitó— no es un capricho, aunque lamentablemente esta vez tuvo un costo muy alto. La Nación entendió después de dos años que es la herramienta de seriedad más valiosa que tiene un Estado.

Al cerrar el año, la síntesis es clara. En tiempos de ajuste brutal y discursos grandilocuentes, Misiones eligió la política de lo cercano y resolver lo pequeño e inmediato. Ordenar el Estado y poner el cuerpo donde falta el dinero y demostrar que, incluso en la crisis, se pueden realizar pequeñas cosas que mejoran la vida de la gente y esa, finalmente, es la meta central de la política.

El año se termina con el mismo clima con el que empezó: áspero y marcado por una economía nacional atravesada por el ajuste, la recesión y la escasez. Desde Misiones no desconocemos esa realidad ni la usamos como excusa. Sabemos que ninguna provincia está al margen de la macroeconomía, pero también sabemos que siempre hay margen para decidir cómo gobernamos. Elegimos menos discurso y más cercanía, menos épica y más vida cotidiana. Gobernar hoy es sostener, ordenar y acompañar.

Después de dos años de recortes y de un ajuste nacional severo, nos enfocamos en atender lo pequeño, lo simple y lo urgente. Sostenemos los programas Ahora para cuidar el consumo y al comercio local, fortalecemos el “Mirar Mejor”, garantizamos el boleto educativo, avanzamos con la entrega de títulos de propiedad, defendemos una salud pública de calidad sin costo y promovemos una educación de vanguardia en los tres niveles. No hay grandes obras, pero hay presencia del Estado donde hace falta. En contextos de crisis, lo pequeño también construye estabilidad.

Esta lógica de gestión parte de una convicción política clara: la cercanía no es una consigna, es un método. Estar en el territorio, escuchar, resolver y volver. Donde faltan recursos, multiplicamos la gestión. Donde no hay anuncios rimbombantes, hay acción cotidiana. Esta forma de gobernar nos permite sostener políticas públicas esenciales aun cuando el contexto nacional empuja al achique sin criterio.

En ese camino también expresamos una renovación generacional que aporta energía, mirada de futuro y compromiso con la gestión. Sebastián Macías, expresidente de Vialidad Provincial y actual titular de la Cámara de Representantes, encarna nuestra generación Neo Misionerista que entiende al Estado como herramienta y no como botín. No es un dato menor que haya sido nuestro Renovador que derrotó al libertario Hartfield en las elecciones de junio. Allí también hay una señal política clara sobre el valor de la gestión frente a los discursos extremos.

Esta renovación convive con un reordenamiento profundo del Estado, que incluye empresas públicas y SAPEM. Menos gastos, menos cargos y menos estructuras innecesarias. Hacemos una revisión constante de todas las áreas y tomamos una decisión política firme: el que no trabaja, queda afuera. Sin eufemismos ni excepciones. Nuestro gobernador Hugo Passalacqua resolvió achicar donde corresponde para sostener lo que verdaderamente importa, con equilibrio fiscal y prioridades claras.

En ese marco se inscriben los cambios impulsados por nuestro gobernador en las segundas líneas del Gobierno. La capital misionera avanza en la misma dirección. La Municipalidad y el Concejo Deliberante cerraron el año con decisiones institucionales relevantes: la actualización del Digesto Jurídico Municipal 2024/2025, que consolidó más de 1.300 ordenanzas vigentes, y avances en accesibilidad, ambiente, modernización parlamentaria y regulación del transporte. La ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano (SITUM) es una herramienta central para ordenar y planificar la movilidad urbana, con reglas claras y mirada de largo plazo.

Este proceso fue posible gracias al trabajo articulado con la gestión del intendente Leonardo Stelatto, que expresa nuestra manera de entender la política: servicio al vecino, honestidad y transparencia en el manejo de los recursos. El dato más contundente es el cuidado del dinero público: el presupuesto 2026 reduce en un 30% los fondos del Concejo Deliberante, llevándolos al 5,83% del total municipal, muy por debajo del límite de la Carta Orgánica. Antes de esta gestión, esa incidencia superaba el 10%. Menos gasto político y más eficiencia estatal.

En el plano provincial, aun en un escenario crítico para todas las economías subnacionales, volvimos a mostrar madurez política. El pago de los aguinaldos fue posible gracias a nuestra decisión estratégica: respaldar el Presupuesto nacional para que la Nación respalde a la provincia. No hubo seguidismo, hubo negociación inteligente y resultados concretos. Hubo diálogo permanente, un rol activo de Misiones y gestiones políticas —como las encabezadas por Diego Santilli— que ayudaron a destrabar situaciones complejas y a garantizar previsibilidad. Porque cuando la política deja de gritar y empieza a hacerse cargo, incluso en la escasez, gobernar cerca de la gente no es una consigna: es nuestra decisión y nuestra responsabilidad.

El cierre del 2025 dejó en evidencia el efecto combinado de la política económica nacional sobre dos variables clave de la vida cotidiana: el precio de los combustibles y el nivel de consumo. Mientras las naftas acumularon aumentos superiores al 40% en el año, muy por encima de la inflación, el consumo masivo siguió sin mostrar señales de recuperación. Este escenario se reflejó tanto en los balances en rojo de las grandes empresas alimenticias como en la realidad de provincias como Misiones, donde el fuerte encarecimiento del combustible y la caída de las ventas replicaron la misma dinámica observada a nivel nacional.

En el frente de los combustibles, 2025 estuvo marcado por ajustes constantes que terminaron consolidando una suba acumulada superior al 40%, frente a una inflación estimada en torno al 30%. Solo en diciembre, los precios en surtidor aumentaron más del 4% en promedio en todo el país, profundizando una tendencia que se sostuvo durante todo el año y que impactó de manera directa en los costos de transporte y en los precios finales.

De acuerdo con un informe de Montamat & Asociados, los incrementos respondieron a factores vinculados a decisiones de política económica: el traslado de un tipo de cambio que acumuló una suba del 41%, aumentos del 52% en los impuestos a los combustibles y fuertes ajustes en los biocombustibles, con alzas del 67% en el biodiesel y del 37% en el bioetanol. A esto se sumó la política de precios dinámicos en surtidor, especialmente en YPF, con variaciones según demanda, zona y horario.

Hacia el cierre del año, los precios quedaron incluso por encima de las paridades de importación. En diciembre, la nafta premium se ubicó un 9% por encima de ese nivel en el promedio país, mientras que el gasoil quedó prácticamente en paridad. Este desfasaje derivó en el anuncio de una baja del 2% por parte de YPF, una corrección limitada que la compañía aclaró que se aplicaría de forma gradual y no uniforme.

En paralelo, el consumo masivo continuó sin mostrar una recuperación sostenida y se consolidó como el principal problema para las empresas alimenticias. Pese a ajustes de precios, promociones y recortes de costos, el mercado interno siguió débil, con volúmenes que no acompañaron y márgenes cada vez más ajustados.

Mastellone, dueña de La Serenísima, acumuló a septiembre una pérdida neta de $28.431 millones, afectada principalmente por el impacto financiero de la devaluación. Si bien logró sostener un resultado operativo positivo superior a los $4.100 millones gracias a mejoras de eficiencia, las ventas locales crecieron apenas 0,9% interanual, reflejando la fragilidad del consumo.

Arcor también expuso el deterioro del escenario. En los primeros nueve meses del año, la compañía registró una caída del 74% en sus ganancias y un resultado financiero negativo cercano a los $98.700 millones. En Molinos Río de la Plata, el ajuste fue aún más marcado, con una pérdida neta de $37.403 millones, una caída del 22% en la facturación y un retroceso cercano al 10% en los volúmenes vendidos.

Ledesma completó el cuadro con un cierre sin alivio, al registrar pérdidas netas tanto en el último trimestre como en el acumulado anual. En conjunto, los números de 2025 muestran que la combinación de combustibles en fuerte alza y un consumo que no repunta, bajo el marco de la política económica nacional, terminó condicionando la rentabilidad de las empresas y profundizando un escenario de presión sostenida sobre la economía real, una situación que también se replicó en Misiones.

El debut de Rodrigo Correa, miembro de La Libertad Avanza, al frente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) dejó al descubierto una contradicción tan profunda como incómoda: en su primera reunión de Directorio impulsó una suba del 28% de la estampilla yerbatera, que pasa de 25 a 32,12 pesos por kilo, y avanzó en un presupuesto proyectado cercano a los 8.500 millones de pesos para un organismo al que el propio Gobierno nacional que él representa le quitó las principales herramientas para defender a los productores. La decisión implica $7,12 más por cada kilo, es decir $7.120 adicionales por tonelada y millones de pesos extra para la cadena yerbatera, en un contexto de crisis. Mientras el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, prometía eliminar la estampilla y vaciar de regulaciones al sector, Correa eligió reforzar la recaudación. Con el INYM impedido de fijar precios y ordenar el mercado, la pregunta empieza a circular con fuerza: ¿para qué se recauda tanto dinero si el Instituto ya no puede proteger a nadie?

La medida fue definida en la reunión del Directorio del jueves 18 de diciembre, la primera encabezada por Correa tras su designación formal el 11 de diciembre, mediante el Decreto 873/2025. Allí se aprobó formalmente la suba de la tasa de fiscalización por kilo de yerba mate, consolidando la medida que impacta directamente en toda la cadena productiva.

El proyecto será ahora elevado a la Secretaría de Agricultura de la Nación, que deberá decidir si convalida esta suba impulsada por un organismo cada vez más cuestionado por su rol real.

El argumento oficial es que la estampilla estaba congelada desde septiembre de 2023 y que los costos del Instituto aumentaron. Sin embargo, el dato político es otro: Correa prioriza sostener la caja del INYM antes que aliviar al sector, en un contexto donde combustibles, salarios y logística ya empujan a productores y tareferos al límite. La suba no cubre toda la inflación acumulada, pero sí garantiza una recaudación inmediata y creciente.

En paralelo, el Directorio avanzó en la discusión de un Presupuesto 2026 cercano a los 8.500 millones de pesos, confirmando que el aumento de la estampilla no es un hecho aislado. La paradoja es evidente: un Instituto con recursos millonarios, pero sin capacidad para fijar precios, ordenar el mercado ni frenar el derrumbe del productor, tras la desregulación impulsada por el propio Gobierno nacional.

La contradicción con Federico Sturzenegger es frontal. El ministro había celebrado la quita de facultades del INYM y había anunciado la eliminación de la estampilla como un logro de gestión. Un año después, el organismo conducido por un presidente designado por ese mismo espacio político hace exactamente lo contrario: mantiene el tributo y lo aumenta, incluso cuando ya no puede cumplir el rol para el que fue creado.

Todo esto ocurre en medio de una crisis profunda. La desregulación provocó una caída superior al 50% en el precio de la hoja verde, los productores llevan adelante un paro por cuatro meses, y los tareferos sobreviven con pagos atrasados y valores de miseria. A esto se suma una caída del consumo interno cercana al 9% interanual, según datos oficiales del propio INYM.

Así, la gestión de Rodrigo Correa arranca marcada por un mensaje claro y contundente: más impuesto, más recaudación y menos defensa del productor, incluso a costa de dinamitar el relato libertario que prometía alivio y desregulación. Con un Instituto vaciado de funciones pero lleno de fondos, la pregunta ya no es cuánto recauda el INYM, sino qué hace —o qué piensa hacer— con la plata.

El Presupuesto Participativo de Posadas vuelve a ser el espacio donde las ideas nacidas desde los barrios pueden transformarse en obras concretas. En esta edición, vecinos y vecinas del barrio, entre ellos Néstor Alfonso, referente de la zona, impulsan un proyecto para poner en valor la futura Plaza Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la intersección de las calles Arévalo, Malinche y avenida Blas Parera, con el objetivo de convertirla en una plaza deportiva, moderna y segura para toda la comunidad.

La propuesta plantea la mejora integral de la cancha de básquet, que también puede adaptarse para vóley, incorporando luminarias que permitan su uso en horarios nocturnos. De esta manera, el espacio podría convertirse en un punto de encuentro para actividades deportivas, recreativas y sociales, fomentando hábitos saludables y la participación de jóvenes y adultos del barrio.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el arreglo y reacondicionamiento de los juegos infantiles, actualmente deteriorados por el paso del tiempo. La iniciativa busca recuperar este sector para que los niños y niñas puedan jugar en condiciones seguras, fortaleciendo el rol de la plaza como espacio de recreación familiar y convivencia vecinal.

Asimismo, la incorporación de iluminación en distintos sectores de la plaza permitiría mejorar la seguridad y el uso del espacio público durante la tarde y la noche, incentivando una mayor presencia de vecinos y promoviendo el cuidado del lugar a través de la apropiación comunitaria.

Este proyecto aún no está aprobado y necesita del acompañamiento de la comunidad para convertirse en realidad. A través del Presupuesto Participativo de Posadas, una herramienta de democracia participativa que promueve la transparencia y la corresponsabilidad ciudadana, los vecinos y vecinas pueden votar y apoyar esta iniciativa ingresando en el siguiente enlace:
https://presupuestoparticipativo.posadas.gob.ar/

La Cooperativa Yerbatera Andresito Ltda., una de las entidades más emblemáticas del norte misionero y presidida por Juan Carlos Amann, dirigente identificado con el ideario libertario y defensor de la desregulación del mercado yerbatero impulsada por el gobierno nacional, declaró una crisis financiera y suspendió los pagos de contado a sus productores asociados, en un contexto económico y político marcado por la caída de precios y la pérdida de herramientas de regulación estatal, tras la eliminación de las facultades del INYM.

A través de una comunicación oficial fechada el 18 de diciembre de 2025, el Consejo de Administración informó a sus socios que “debido a la situación económica actual, la cooperativa se encuentra en una posición financiera compleja”, motivo por el cual “no se podrán realizar pagos hasta nuevo aviso”. El texto, breve y contundente, solicita comprensión y promete futuras actualizaciones por los canales institucionales.

Las autoridades aluden de manera genérica a la “situación económica actual”, pero evitan precisar que ese escenario está directamente vinculado a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, que provocaron el deterioro del precio de la hoja verde y un proceso de empobrecimiento acelerado de los productores. Se trata de políticas que muchos productores defienden públicamente y que forman parte del programa libertario de desregulación.

La decisión impacta de lleno en unas 130 familias productoras que entregan hoja verde para su secado, molienda y comercialización bajo la marca Andresito, una de las yerbas mate más reconocidas del país, que supo ubicarse entre las diez más vendidas a nivel nacional. En Comandante Andresito, municipio profundamente ligado a la actividad yerbatera, la noticia generó alarma por su efecto directo sobre el empleo y la economía local.

En una entrevista radial, Amann confirmó las dificultades financieras y reconoció problemas de liquidez. “Por ahí la solicitud de los socios de pago de contado es mayor a los ingresos”, explicó, señalando que la cooperativa depende casi exclusivamente de la venta de yerba en paquete y que hacia fin de año se produce una fuerte caída en las ventas.

El presidente admitió además que las grandes cadenas comerciales redujeron volúmenes y extendieron plazos de pago, obligando a la cooperativa a operar con cheques diferidos. “Salir a vender cheques antedatados tiene un costo financiero”, afirmó, y reconoció que la cooperativa tiene alrededor de 100 millones de pesos pendientes de cobro, una carga que profundiza el ahogo financiero.

Otro dato clave surgido de la entrevista fue el impacto de la desregulación. Amann confirmó que la cooperativa paga 305 pesos por kilo de hoja verde a sus socios, mientras que en el mercado desregulado “hay zonas donde están pagando 150 o 160 pesos”. Esa diferencia deja a Andresito en una clara desventaja frente a los grandes molinos.

“Hoy manda la oferta y la demanda”, sostuvo el presidente, y agregó que los grandes actores de la industria “regulan el mercado de acuerdo a sus condiciones”, sintetizando el escenario que dejó el desmantelamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo que hasta 2024 fijaba precios mínimos y ordenaba la actividad.

La crisis de la cooperativa se inscribe en un contexto más amplio del sector yerbatero misionero. Desde hace años, los productores enfrentan caída del consumo interno, inflación sostenida, aumento de costos y competencia con yerba importada desde Paraguay y Brasil. En 2025, la recesión general profundizó el escenario y terminó de asfixiar a cooperativas y secaderos.

El dato político agrega una dimensión clave. En las elecciones de 2025, La Libertad Avanza obtuvo triunfos contundentes en Comandante Andresito y en otros municipios yerbateros como Oberá, Jardín América y Apóstoles, es decir, en los territorios más afectados por la desregulación del mercado que ese espacio promovió a nivel nacional.

La paradoja se explica, en parte, por la composición del padrón electoral. Apenas el 5,18% de los votantes de Misiones pertenece a familias yerbateras, mientras que la mayoría responde a sectores urbanos y asalariados. Así, un sector estratégico para la economía provincial conserva peso simbólico, pero perdió capacidad real de incidir en las políticas públicas.

La visita del agregado económico Andrew Dilts consolida el nexo comercial con Norteamérica, principal destino del té y la madera misionera. La gestión conjunta busca garantizar las obras de dragado y balizado de la hidrovía para potenciar el volumen de carga en el tramo superior del río.

El puerto de Posadas culminó el año con un balance altamente positivo, ya que logró consolidarse como un eje exportador fundamental para toda la región. Gracias a una infraestructura en constante crecimiento y la incorporación de tecnología de punta, la terminal duplicó su capacidad operativa, con un beneficio directo para los exportadores y la generación de empleo local.

En este contexto de expansión, Andrew Dilts, agregado económico-comercial de la Embajada de Estados Unidos, realizó una visita oficial a las instalaciones del embarcadero. Durante el recorrido, fue recibido este viernes por Ricardo Babiak, presidente de la Administración del Puerto de Posadas y Santa Ana (APPSA), quien brindó detalles sobre los servicios portuarios disponibles.

Un aliado estratégico para el dragado del Paraná

El representante estadounidense se interiorizó sobre la gestión que Misiones lleva adelante ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). El objetivo central es agilizar las obras de dragado y balizamiento en el tramo superior del río Paraná, específicamente desde la confluencia hacia el norte.

Esta obra es considerada vital para el rendimiento logístico regional. Según explicó Babiak a canal12misiones.com, el objetivo es alcanzar una profundidad de 10 pies, lo cual es “lo que necesitamos mínimamente para poder navegar de forma segura y previsible”. Esta mejora permitiría ampliar la capacidad de carga mediante el uso de nuevas barcazas y más contenedores.

El peso de las exportaciones misioneras a Estados Unidos

Durante el recorrido, Dilts analizó el volumen de carga que actualmente parte desde Posadas hacia Norteamérica. Estados Unidos se posiciona como uno de los destinos principales de la producción regional, ya que reciben principalmente madera aserrada, pellets, molduras y placas de madera de origen misionero.

Un dato destacado durante la visita fue el rol del sector tealero en el comercio internacional. Se detalló que casi el 80% del té producido en la región tiene como destino final el mercado de Estados Unidos, lo que resalta la importancia de contar con una vía navegable eficiente y operativa durante todo el año.

Compromiso diplomático y gestiones nacionales

Tras observar la operatividad del puerto, el funcionario de la administración del embajador Peter Lamelas asumió un compromiso activo. Dilts aseguró que buscará “ayudar o facilitar las gestiones que presentamos a la ANPYN, que principalmente es el dragado de esta parte del Paraná”, reveló el titular de APPSA.

La intención de las autoridades locales es que las tareas de mantenimiento y señalización se incluyan en una futura licitación de la hidrovía del Paraná Superior. De esta manera, el servicio logístico de Posadas podrá incrementar significativamente su volumen de carga y mejorar su competitividad frente a otros puertos de la cuenca.

Próximos pasos: rondas de negocios y misión comercial

La visita de Dilts no fue un hecho aislado, ya que el funcionario venía de recorrer los puertos de Barranqueras y Las Palmas en Chaco. Sin embargo, resaltó que Posadas es el único puerto operativo en el norte del Paraná con un flujo constante de exportación hacia el país norteamericano.

Como paso inmediato, el agregado elevará un informe detallado a la Embajada para reforzar las gestiones ante el Gobierno Nacional. Además, anunció que una misión comercial visitará la capital misionera para realizar rondas de negocios, vinculando a empresas locales con firmas estadounidenses interesadas en sus servicios.

Finalmente, se confirmó que las autoridades de la Embajada regresarán al puerto en los primeros meses de 2026. Este encuentro buscará consolidar el trabajo conjunto, facilitar la concreción de las obras de infraestructura necesarias y continuar ampliando la capacidad exportadora de la provincia de Misiones.