La convocatoria para determinar las nuevas tarifas de transporte de energía quedó sin efecto.
El Gobierno nacional suspendió la convocatoria a audiencia pública para fijar nuevos valores en las tarifas de transporte de energía que tienen incidencia en el costo final de las facturas de electricidad.
La decisión se dio a conocer este martes mediante la Resolución 743/2024 publicada en el Boletín Oficial por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), determinando “dejar sin efecto la convocatoria a audiencia pública para el día 5 de noviembre de 2024”, que había sido anunciada a principios de mes.
Al explicar la cancelación, el texto oficial señaló que “teniendo en cuenta la positiva reacción de la economía a las acciones implementadas por el Ministerio de Economía y la notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, resulta razonable y prudente postergar la realización de la Audiencia Pública hasta la fecha que oportunamente se determine”.
La instancia participativa buscaba “poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto de las propuestas tarifarias presentadas por las empresas concesionarias del servicio público de transporte de energía eléctrica”.
Las empresas transportistas en cuestión son Transcomahue, Transnea, Transnoa, Transba, Transpa, Epen, Distrocuyo y Transener y las tarifas a fijar eran las correspondientes a partir del 1 de enero de 2025, en el marco del Proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que dispuso el ENRE en abril pasado.
De esta manera, está estipulado que la convocatoria se lleve a cabo “con carácter previo a definir las tarifas a aplicar por las referidas concesionarias en dicho quinquenio”. El valor del transporte de la energía eléctrica, que representa el 1,5% del precio final, es uno de los cuatro componentes que integran el costo total de la factura de luz.
A comienzos de octubre, el ENRE había autorizado nuevos valores en las tarifas por la actualización en los costos del transporte y la distribución al disponer que “la tarifa a usuario final deberá ser incrementada en un 2,7%, debiéndose entonces reflejar de ese modo las actualizaciones de los precios PEST y las tarifas de transporte y distribución de energía eléctrica en su incidencia correspondiente para alcanzar tal resultado”.
Con ese ajuste, la tarifa media de la distribuidora Edenor se ubica en el orden de los $106,337 por kWh, mientras que la tarifa media de Edesur pasa a ubicarse en el orden de los $101,820 por kWh.
Milei logró blindar su veto a la ley que proponía aumentar el financiamiento de las cajas universitarias. En el Congreso de la Nación, desde el bloque de Innovación Federal, la Renovación volvió a dar muestras de coherencia y respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
En un régimen democrático, el ejercicio del poder político legítimo deriva de la expresión de la voluntad popular que, resulta necesario aclarar, es disputada por actores políticos adversarios entre sí que pujan permanentemente por transformarse en los legítimos intérpretes de esa voluntad. Desde un tiempo a esta parte, la legitimidad de un gobierno deriva del pronunciamiento de la ciudadanía por medio de las urnas en cada acto eleccionario. En los últimos tiempos, se da una particularidad que se ha vuelto recurrente y tiene que ver con que los votantes tienen cada vez menos identificaciones permanentes con los espacios políticos tradicionales, en donde los dogmas ideológicos han permanecido inmutables por décadas transformándose en contenidos pétreos incapaces de acompañar la evolución de una sociedad líquida regida por otros patrones. La falta de actualización de las famosas doctrinas a los nuevos tiempos tiene su correlato en la pérdida progresiva de peso electoral de estas agrupaciones políticas. Dicho esto, los electorados incluyen grupos cada vez más minoritarios, de pertenencia ideológica definida, y una mayoría creciente que fluctúa en sus preferencias específicas, aunque en parte persista en afinidades genéricas derivadas de las tradiciones partidarias de antaño.
El teórico británico Bernard Crick cita de la Política de Aristóteles la idea de una “una buena polis”. Propone una clase de unidad que supone que la sociedad civilizada es inherentemente pluralista, que vivir juntos dentro de esa sociedad implica negociación y conciliación de intereses “naturalmente diferentes” y que “normalmente es mejor conciliar diferentes intereses que coercionarlos y oprimirlos perpetuamente”. La visión de Crick busca ampliar los horizontes humanos y multiplicar las posibilidades de tener una vida mejor. En efecto, y considerando la idea desarrollada podríamos decir que la clase de unidad más prometedora es la que se logra, día a día, por medio del debate, la negociación y la concesión entre valores, preferencias y modos de vida y de autoidentificación de muchos y diferentes miembros de la polis.
Por su parte, la filósofa y politóloga belga Chantal Mouffe expresa en su obra Towards a Green Democratic Revolution. Left Populism and the Power of Affects que en oposición al enfoque que postula que la democracia consiste en afianzar procedimientos para alcanzar un consenso inclusivo, la visión agonista concibe la política democrática como la consolidación de instituciones que permitan transformar el antagonismo en agonismo: es decir, una expresión agonista del disenso. La confrontación agonista difiere de la confrontación antagonista, no porque la primera le permita un posible consenso, sino porque el oponente no es considerado un enemigo que debe ser destruido, más bien un adversario cuya existencia se concibe como legítima.
En virtud de lo expresado por Mouffe, el desafío para la democracia es establecer la distinción “nosotros/ellos”-que es constitutiva de la política– de un modo compatible con la aceptación del pluralismo. Como lo expresó oportunamente Marcel Mauss, el objetivo es “oponerse sin eliminarse entre sí”. Lo que está en juego en la lucha agonista es la configuración de las relaciones de poder que estructuran un orden social y el tipo de hegemonía que estas construyen.
En los últimos años, vemos una Argentina atravesada por una polarización y una radicalización exacerbadas por vía, sobre todo, de las redes sociales que han creado un paisaje en el que los enunciados afables y comunes experimentan dificultades para hacer pie en el discurso público, incluso si son perfectamente verdaderos. Tal vez sea más importante que nunca, hacerlos y repetirlos una y otra vez, no en tweets, donde sabemos de antemano que, en el mejor de los casos, no gustarán, y en el peor, recibirán un castigo brutal, sino en cada una de nuestras acciones diarias, lejos de la competencia por ver quién grita más fuerte en el debate público, y más como un acto de fe. En este tiempo de mucho ruido, intolerancia hacia la otredad y altísimo nivel de confrontación, Innovación Federal, desde la experiencia reciente, demuestra que existe una esperanza en la era de los extremos con capacidad para llevar adelante las demandas de la sociedad.
Entender la división de poderes y respetarla
Milei finalmente logró bloquear en el Congreso de la Nación la ley que ampliaba los fondos para las cajas de las universidades públicas. La Renovación volvió a dar una muestra de coherencia aportando la gobernabilidad a un Gobierno que fue elegido por la mayoría de los argentinos y de los misioneros.
Durante el año 2023, la sociedad misionera dio claros mensajes cada vez que fue a las urnas. En primer término, en las elecciones provinciales del mes de mayo, reafirmó con contundencia su preferencia por el proyecto político que lleva adelante la Renovación y permite a Misiones transitar un camino de transformación permanente. Luego, en las elecciones de octubre, dio un nítido mensaje al elegir mayoritariamente a los diputados y senadores de Innovación Federal como los principales defensores de los intereses de los misioneros ante el Congreso de la Nación. Y finalmente, en la segunda vuelta presidencial del 19 de noviembre, optó por Javier Milei.
En Misiones, la Renovación ha mostrado siempre un respeto irrestricto a lo expresado por la voluntad popular en cada acto eleccionario. El Ing. Carlos Rovira ha manifestado en varias oportunidades que el acto más sagrado que tiene la democracia es el sufragio y es allí donde se expresan los designios del soberano. La voz del pueblo es incuestionable.
El escenario político nacional actual se encuentra atravesado por un altísimo nivel de tensión producto de la pirotecnia verbal disparada por los diferentes actores políticos.
En medio de tanto ruido, desde la Renovación se dio un mensaje muy claro: no se gobierna desde el Congreso, como tampoco se gobierna desde la legislatura en las provincias. El Congreso de la Nación está legislar.
Tal como lo dijimos anteriormente, la ciudadanía votó mayoritariamente por un presidente que prometió hacer el ajuste que está llevando adelante y el espacio político misionerista tiene como regla básica y central respetar lo que las mayorías eligen, garantizar la gobernabilidad de los presidentes sin poner palos en la rueda. Fue así siempre, sin importar el color político del gobierno de turno.
Ahora bien, el presidente elegido por la mayoría de los argentinos consideró que la ley que proponía ampliar el financiamiento de las cajas universitarias afectaba las metas fiscales y consecuentemente dificultaba alcanzar el equilibrio que permitía reducir el déficit a cero. Por tal motivo decidió vetar la ley. Es menester aclarar que el veto es una facultad que tiene el Presidente de la Nación para oponerse a una ley que el Congreso le envía para su promulgación, y que ha sido usada por todos los presidentes desde el retorno de la democracia.
En la senda de la evolución permanente
Tiempo atrás, en una reunión de referentes de la Renovación Neo que contó con la presencia del conductor del espacio Carlos Rovira, el por aquel entonces gobernador de la provincia y actual presidente de la Cámara de Representantes Oscar Herrera Ahuad sostuvo, visiblemente emocionado, que los dirigentes renovadores tienen la bendición de la historia de haber nacido políticamente en ese espacio y con la conducción del Ing. Carlos Rovira, “alguien que siempre tiene la palabra justa y da certezas respecto hacia dónde hay que ir”. En aquella oportunidad, también destacó “la conducción, el orden en la política, la respuesta hacia una línea que genera certezas y genera confianza es el modelo que se impone en una sociedad, no hay posibilidad que la sociedad empatice con alguien si no hay confianza. Y esa confianza se da en la política cuando hay una conducción sólida”.
Rovira ha demostrado sobradamente que es un gran intérprete de los momentos de la historia, cada uno de los hechos que se fueron sucediendo en el devenir histórico dan fe de ello. Con visión estratégica y prospectiva, siempre se ha adelantado a los acontecimientos. Su apoyo permanente a toda la dirigencia de la Renovación y sus aportes han permitido al gobierno superar todos los escollos que se antepusieron en el camino, como así también lograr los mejores resultados posibles en materia de gestión.
El liderazgo y el perfil de estadista de Rovira lo transforman en el alma máter de un modelo político que ha revolucionado la historia política de Misiones y sigue transformando la provincia.
El Frente Renovador de la Concordia se ha desarrollado mediante una ingeniería política que tiene como característica saliente la evolución permanente, característica que le aporta un diferencial que le permite adaptarse a las vicisitudes de la historia en tiempos de una sociedad líquida.
La riqueza política del oficialismo provincial radica en que no se encasilla en un rótulo como otros espacios que transitaron el inevitable camino hacia el fracaso.
Hoy se observa en el denominado “blend” un proceso alquímico de transformación por medio del cual la confluencia pluripartidaria se integra y alcanza la convivencia armónica teniendo como centro el respeto, el entendimiento y la paz social. Esa evolución permanente de la Renovación, que se sustrae de los clivajes de izquierda y derecha, ha demostrado tener un efecto magnético en la ciudadanía toda vez que se amplía la base de participación despertando el interés principalmente en los jóvenes y en los sectores independientes.
Mientras la oposición oscila entre 158 y 163 votos para rechazar el veto, tras el apoyo del PRO, La Libertad Avanza se acerca al tercio necesario para imponer el rechazo a la ley de financiamiento educativo.
En silencio, y tras la gestión personal de Santiago Caputo ante Mauricio Macri, La Libertad Avanza se arrima a un piso de 80 votos en la Cámara de Diputados para sostener este miércoles en el recinto el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento a las universidades.
Hasta anoche, la oposición había conseguido entre unos 163 votos para rechazar el el veto e insistir con la ley. Eso significa que con 81 votos, máximo 82, la Casa Rosada podría blindar el segundo veto presidencial en el Congreso. el primero a los jubilados y ahora a las universidades.
Las ausencias juegan a favor del oficialismo. Le facilitan llegar al tercio y le permiten blindar el veto con menos cantidad de diputados. Es más sencillo legar a un tercio de 240 diputados que a un tercio de 257 en el caso de que los legisladores de todos los bloques ocupen sus bancas mañana. El 11 de septiembre, cuando se votó el veto a la movilidad jubilatoria hubo ocho ausencias. Tres fueron del bloque PRO y el otro, Franciso Morchio (Encuentro Federal), que responde a Rogelio Frigerio. También Nancy Ballejos (PRO) está alineada con gobernador de Entre Ríos. Ignacio Torres (Chubut) tiene dos diputados, Jorge Ávila (EF) y Ana Clara Romero (PRO).
Podrían operar nuevas compañías con solo registrar una combi y se les permitirá ingresar a aeropuertos y a puertos para levantar pasajeros. Qué sucederá con los precios y los recorridos. Las cámaras, en alerta, piden que la apertura sea gradual y temen una eventual “saturación” del mercado.
El Gobierno nacional determinó que el transporte de media y larga distancia dejará de ser un servicio público y con esa medida desregulará buena parte de las exigencias que tienen las empresas que operan en el sector, entre ellas para la determinación de rutas, recorridos y precios. También se liberarán otras restricciones que permitirán el ingreso de nuevas compañías que operen combis en lugar de micros, y se les habilitará el ingreso a aeropuertos para levantar pasajeros.
La medida fue anticipada el domingo último en un comunicado de la Secretaría de Transporte, aunque se trata de una iniciativa surgida del Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger. Las normas nuevas serán publicadas en las próximas horas en el Boletín Oficial y fueron conversadas durante los últimos meses entre las autoridades del Poder Ejecutivo y las firmas del sector.
En el Gobierno consideran que el cambio normativo central será la liberalización total del servicio al dejar de ser servicio público, algo que por ley le impone una serie de obligaciones. “La idea es que cualquier empresa que quiera hacer una ruta, se anota en un registro si tiene registro para conducir y transporte adecuado”, resumieron desde un despacho oficial. En el equipo económico creen que, a determinado plazo, un cambio de esta naturaleza debería redundar en una mayor oferta y competencia de precios.
Un aspecto que no fue especificado en el comunicado oficial pero que estará incluido en la letra chica de la reglamentación será que desde ahora las empresas habilitadas podrán ingresar a puertos y a aeropuertos -hasta ahora una opción vedada- para recoger pasajeros directamente, y evitarles el paso previo hacia una terminal de ómnibus.
Por otra parte, fuentes del sector aseguraron en diálogo con Infobae que las medidas anunciadas por el ministerio desregulador “no forman parte de ningún pedido” sectorial, aunque existió diálogo durante los últimos meses entre las cámaras y las autoridades del Gobierno nacional. “Venimos pidiendo por normas más modernos, pero no pedimos la desregulación. Hicimos advertencias de cosas positivas y otras no tanto si no se toman con seriedad”, mencionó una fuente del sector.
Como ejes centrales del cambio normativo, desde las empresas destacaron uno de ellos implica que dejará de ser un servicio público, vía por la cual el Estado otorgaba a las empresas permisos para vincular determinados destinos con la obligación de otorgar regularidad de servicios para garantizar conectividad. “Ahora la norma dice que las empresas no tienen que ir obligatoriamente a ningún destino”, resumió un ejecutivo del sector. También se eliminarán las políticas de bandas tarifarias con precios máximos y mínimos.
Habrá nuevos jugadores tras la desregulación del transporte
Una cuestión sobre la que las empresas esperan mayores detalles en la reglamentación tiene que ver con el ingreso potencial de “nuevos jugadores” al mercado, con un panorama mucho más desregulado. La norma, según confirman en el Gobierno nacional, permitirá dar servicio de media y larga distancia a través de combis, además de micros, mientras cumplan con los estándares.
Una de las cámaras del sector, la Asociación Argentina de Empresas de Transporte de Pasajeros (Aaeta) publicó minutos después de que se conociera la medida un comunicado en el que planteó que “la normativa busca aumentar la flexibilidad en el acceso al mercado para los operadores y en la capacidad de ajustar la oferta de servicios”.
En ese sentido, consideraron que “Aaeta ha sostenido desde siempre que es esencial agilizar la normativa, otorgando mayor protagonismo al sector empresarial y reduciendo la burocracia que dificulta la prestación eficiente de servicios. Consideramos que cualquier apertura en el mercado debe ser gradual para evitar saturaciones que podrían poner en riesgo la viabilidad de los transportistas actuales”.
Esa cámara listó una serie de medidas que aseguraron que son centrales como la exención del Impuesto de Ingresos Brutos, la limitación de costos en terminales de ómnibus, la eliminación de lo que llamaron “burocracia excesiva”, actualización de normativas, exención de patentes para vehículos de pasajeros, eliminación de recargos en peajes y un sistema para minimizar o compensar gratuidades.
El ministro de Economía anunció la jugada del presidente Javier Milei en caso de recibir un revés en el Parlamento.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno nacional concurrirá a la Justicia si el Congreso de la Nación logra revertir el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
“Están presentando un gasto sin contrapartida”, se quejó el titular del Palacio de Hacienda.
En declaraciones al canal LN+, Caputo sostuvo que si el Congreso logra voltear el veto al aumento del presupuesto a las universidades irán a la justicia.
“Lo vamos a apelar porque está mal”, subrayó el ministro de Economía.
“Lo que dice la ley de Administración Financiera es que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique”, afirmó Caputo.
Ante la posibilidad de que el Congreso revierta el veto e insista con la norma, el funcionario nacional sostuvo: “Probablemente lo haremos por la vía de la justicia, o administrativa, siempre en el marco de la ley, si ésta nos da la razón”.
“En realidad, lo que proponemos, que sería lo lógico, es debatir lo que quieren dentro del marco que corresponde, que es el de la ley de Presupuesto”, resaltó Caputo.
En ese marco, apuntó contra los recursos de las universidades y expresó: “Tenemos el caso de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que desde 2020 a 2023 recibió solo al 0,62% de los alumnos, es decir, 16 estudiantes. Se gastaron 100 millones de pesos por egresado: casi salía más barato mandarlos a Harvard”.
El veto presidencial abrió el escenario a un nuevo intento de la oposición de alcanzar los dos tercios en la Cámara de Diputados.
Apenas minutos después de terminada la Marcha Federal Universitaria, Javier Milei ratificó el veto a la ley de financiamiento que fortalece partidas para el funcionamiento educativo y los salarios docentes. En Diputados ya anticipaban la medida y se preparan para una sesión el miércoles 9 de octubre a las 11 horas. La oposición comenzó el proceso de captación de votos y tienen mayor optimismo de desarticular al grupo de “87 héroes” que celebró en Olivos el rechazo a la reforma jubilatoria.
La noticia de la sesión -que unificó pedidos de cinco bloques distintos- se oficializó pasado el mediodía del jueves luego de que ingresara el veto al Congreso. Casa Rosada hace números: en caso de que la totalidad de los 257 diputados estén presentes, se necesitan 172 votos (dos tercios) para revertir el veto presidencial, por lo que con 86 voluntades se aseguran que eso no ocurra. Sin embargo, desde el oficialismo y la oposición dan por descontado que habrá ausencias de los que buscan evitar confrontar con Nación y con las comunidades universitarias de sus distritos. Como referencia, en la sesión del 15 de agosto hubo 35 ausentes, provenientes de todos los partidos.
La aspiración de los que quieren revertir el veto es captar la mayor cantidad de esos votos. Hay dos posturas que los entusiasman, principalmente porque llegan desde el PRO: la de Álvaro González, cercano a Larreta, y la de Héctor Baldassi, el exárbitro que publicó en sus redes sociales su respaldo a la marcha universitaria. El silencio de Mauricio Macri y la tensión que tiene su partido con La Libertad Avanza en los parlamentos de ciudad y provincia de Buenos Aires pueden profundizar las deserciones amarillas.
“Cada diputado es dueño de su voto”, señaló Manuel Adorni en su conferencia de prensa matutina: presentar un escenario abierto es toda una gestualidad para el portavoz que instaló los comunicados terminados en “Fin”. La oposición observa también la posibilidad de un cambio de postura de la exlibertaria Lourdes Arrieta, junto a una nueva ausencia de los dos aliados del espacio sanjuanino Producción y Trabajo.
Además habría otra posición de los cinco radicales que negociaron con Casa Rosada sus votos para ratificar el veto a jubilaciones e intentar torcer la postura del mendocino Lisandro Nieri, quien se abstuvo en agosto. Como referencia, se conoció que desde el entorno más cercano del misionero Martín Arjol -que además es profesor universitario- encabezaron la marcha en Posadas. El bloque pretende que al menos se ausenten, con distinto grado de animosidad. Desde el rincón más opositor de la UCR, el bonaerense Pablo Juliano lo expresó con vehemencia: “Los que votan en contra de la ley de financiamiento universitario dejan de ser radicales”.
En caso de que la Cámara de Diputados ratifique el incremento presupuestario la semana que viene, el Senado tendría el camino allanado para provocarle un fuerte impacto al Gobierno, más político que de orden fiscal. Allí necesitan 48 votos y ya tienen garantizados 47 entre los bloques de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical, que sostienen fluidez con autoridades universitarias. El apoyo restante podría provenir de cuatro bloques distintos, pero ni siquiera haría falta: Guadalupe Tagliaferri (PRO) anticipó que acompaña la mejora en el financiamiento universitario.
Además, modificará los criterios para distribuir los recursos a las diferentes casas de altos estudios.
Finalmente la administración nacional cumplirá otra de sus promesas de campaña respecto de la educación pública superior. Las universidades siguen ocupando la agenda del presidente Javier Milei.
Es que en las últimas horas se confirmó que el Gobierno nacional habilitará a las universidades a que le cobren aranceles a extranjeros no residentes en el país. Por lo que los extranjeros que ya tienen su residencia en la Argentina seguirán gozando de la gratuidad en las universidades estatales.
De todos modos queda por ver cómo se implementará esta medida y qué universidades se plegaran a la medida y cuáles no.
Además, el Gobierno modificará los criterios para distribuir los recursos a las diferentes casas de altos estudios. A futuro se tendrá en cuenta la relación entre cantidad de alumnos y graduados.
Ambas disposiciones están contenidas en la reglamentación del capítulo educativo de la Ley Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos que prepara el gobierno.
El presidente de la empresa, Horacio Marín, explicó que la rebaja responde a las variaciones en el precio internacional de los combustibles. Sin embargo, la reducción en el surtidor no será sustancial. La explicación de la empresa.
El presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó que la empresa bajará el precio la nafta y el gasoil a partir del 1° de octubre, una medida que responde a las variaciones en el valor internacional de los combustibles. Sin embargo, la reducción en el surtidor no será sustancial.
“Cuando el precio del petróleo suba, YPF va a subir los precios de los combustibles. Si el precio del petróleo baja, YPF va a bajar los precios. Eso no ocurrió nunca en la Argentina”, afirmó el directivo en diálogo con Radio Mitre.
Según explicó, las refinerías de la empresa venderán la nafta con un recorte del 4% y el gasoil con una rebaja del 5% a partir del martes. Pese a esto, el impacto en el surtidor será del 1% y del 2% como resultado del aumento del impuesto a los combustibles y la variación del tipo de cambio.
“YPF no tiene que ser subsidiada, y los consumidores no tienen que subsidiar a YPF”, remarcó Marín.
La decisión impactó en otras empresas: Shell confirmó la baja de sus combustibles en el mismo sentido y se espera que Axion y Puma hagan lo propio.
El gobernador Passalacqua entregó más de $398 millones a los municipios de Misiones para obras públicas y salud, destacando la importancia del equilibrio fiscal misionero para una administración provincial sólida que sigue invirtiendo, a pesar del recorte de fondos nacionales.
Esta mañana, en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento, se llevó a cabo una reunión clave entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, el vicegobernador Lucas Romero Spinelli, el gabinete provincial y los 78 intendentes de la provincia. El encuentro, que tuvo como principal objetivo la entrega de fondos para obras públicas y atención primaria de la salud, permitió reflejar el panorama macroeconómico actual y reafirmar el compromiso del gobierno provincial con el desarrollo local. A través de una administración ordenada y con un equilibrio fiscal misionero sostenido durante más de dos décadas, la provincia continúa invirtiendo en infraestructura y servicios esenciales, a pesar de los recortes de obras nacionales.
Fondos entregados y destinos previstos
En total, se distribuyeron más de $398 millones a los municipios, destinados a mejorar la infraestructura vial y fortalecer la atención primaria de salud. Estos recursos se gestionaron a través de convenios entre el gobierno provincial, la Dirección de Vialidad y el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA). El detalle de los fondos entregados es el siguiente:
Fondo Vial para el mantenimiento de caminos terrados: $83.033.298
Convenios con Vialidad Provincial para cordón cuneta y empedrado: $14.850.050
Convenios con el IPRODHA para cordón cuneta y empedrado: $222.482.416
Atención Primaria de la Salud: $78.043.019
El total de $398.408.784,75 se suma a los $628.960.000 entregados en junio, lo que eleva la inversión provincial a más de $1.027 millones en apenas tres meses. Todos estos fondos provienen de recursos propios de la provincia, demostrando cómo el equilibrio fiscal misionero permite sostener este tipo de inversiones estratégicas.
Equipamiento vial y nuevas líneas de crédito
Durante el acto, también se concretó la entrega de formularios 08 para la transferencia definitiva de equipamiento vial y camiones a 16 municipios, entre ellos Oberá, Puerto Rico, Eldorado y Panambí. Estos vehículos, que anteriormente estaban bajo la figura de comodato, ahora son propiedad de los municipios, facilitando su labor en mantenimiento de caminos y obras públicas.
En su discurso, el gobernador Passalacqua destacó la importancia de un Estado presente, ordenado y disciplinado, que se ha adaptado a los recortes presupuestarios sin abandonar sus principios históricos sobre el rol del Estado. “Nosotros sentimos el estado de recorte y recorte, y fuimos calladamente adaptándonos, sin abandonar nuestras posturas históricas en términos de cuál debe ser el rol del Estado”, afirmó.
Passalacqua también aprovechó la oportunidad para anunciar una nueva línea de créditos por $1.500 millones, destinados principalmente al sector productivo, incluidos pymes y productores de té y yerba mate, motores clave de la economía misionera. Estos créditos estarán disponibles en los próximos días, a tasas bajas y con un acceso rápido, facilitado por el Fondo de Crédito y el Banco Macro. En los últimos nueve meses, la provincia ya ha desembolsado $105.000 millones en créditos, con un impacto multiplicador para el empleo y el desarrollo local.
Equilibrio fiscal misionero: la clave para desarrollo
El gobernador subrayó que el éxito de estas inversiones millonarias, a pesar de los desafíos económicos, se debe a la administración responsable y ordenada que ha caracterizado a la provincia durante más de 20 años. El equilibrio fiscal misionero no solo ha permitido financiar obras de infraestructura vial, salud y vivienda, sino que también ha sido fundamental para mantener la estabilidad económica y social.
El mandatario también agradeció el liderazgo del ingeniero Carlos Rovira, creador del espacio del Frente Renovador, cuyo legado sigue guiando la política provincial. “Lo más importante de esto es que estamos acá todos juntos. Eso tiene una significación política y social muy poderosa”, afirmó Passalacqua.
Excelente relación, a pesar de las diferentes visiones
Finalmente, Passalacqua reafirmó la buena relación de Misiones con el gobierno nacional liderado por el presidente Javier Milei, aunque subrayó las diferencias en cuanto a la concepción del rol del Estado. Mientras que desde la Nación se adopta una visión más limitada, el gobernador misionero reafirmó su compromiso con un Estado solidario y presente en sectores clave como la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura y la contención social.
A través del equilibrio fiscal misionero, la provincia de Misiones ha demostrado que una gestión responsable y disciplinada puede sostener el crecimiento y garantizar el bienestar de sus habitantes, incluso en contextos adversos.
Un blanqueo de impuestos al trabajo, mayores facilidades para la contratación de empleados independientes y la posibilidad de acordar alternativas para el cese laboral que conformen tanto a los trabajadores como a las empresas forman parte de la reglamentación de la reforma laboral que dio conocer el gobierno.
A través del decreto 847/2024 el Ejecutivo señaló que “el profundo cambio generará más oportunidades para el empleo registrado en el sector privado a través de la flexibilización de una serie de condiciones”.
Se refirió específicamente a un blanqueo de impuestos al trabajo, mayores facilidades para la contratación de empleados independientes y la posibilidad de acordar alternativas para el cese laboral que conforme a ambas partes.
Según el gobierno, el blanqueo es una herramienta que va a permitir enfrentar un problema del mercado laboral, como el alto nivel de informalidad. Y entre los beneficios se destacan la condonación de al menos 70 por ciento de la deuda por capital e intereses de los aportes y contribuciones patronales.
La condonación es mayor para las MIPYMES: o 90 por ciento para micro, pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro o bien 80 por ciento para medianas.
También se realizará la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y habrá un reconocimiento de hasta 60 meses de servicio a los trabajadores para el mínimo de años requeridos para el sistema jubilatorio.
Además, la reglamentación del sistema de cese tiene como principio básico la libertad de las partes, ya que genera un mecanismo que garantiza que solo pueda implementarse el sistema de cese acordado si tanto el rabajador como el empresario consideran que van a estar beneficiados en este nuevo sistema.
A partir de la reglamentación, los sindicatos y la patronal van a poder negociar, en el marco del convenio colectivo, un sistema de cese laboral que reemplace a la indemnización actual.
El cese será de “mutuo acuerdo y no se puede imponer” a ninguna de las partes, y se podrá implementar en tres formatos: Sistema de Cancelación Individual; Sistema de Fondo de Cese individual o colectivo y Sistema de Seguro individual o colectivo.
En el primero de ellos, el Sistema de Cancelación Individual, no se requiere la creación de un fondo o cuenta bancaria ya se trata de un pago directo del empleador y también se pueden definir las modalidades, plazos, montos o porcentajes de los pagos que deban abonarse al trabajador.
En el Sistema de Fondo de Cese individual o colectivo se realizan aportes mensuales que se van acumulando para ejecutarse ante las situaciones y circunstancias de cese laboral que acuerden en el convenio colectivo.
Además, las partes definirán un porcentaje de la remuneración o monto fijo que aportará el empleador para dicha cuenta individual o colectiva y la periodicidad de ese aporte. También podrán pactar libremente los montos que serán pagados en cada caso y las características para dichos pagos.
En el Sistema de Seguro individual o colectivo se podrá conformar un seguro de cese laboral con las aseguradoras habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Para los trabajadores independientes se establece que el régimen creado por la Ley Bases se implementa mediante la figura del monotributo. Todos los empleados en esa modalidad deberán prestar una declaración jurada ante la AFIP, no podrán tener más de tres trabajos en forma simultánea.
Con respecto a la simplificación laboral, la reglamentación busca simplificar el proceso de registración laboral para fomentar la formalidad. Para ello establece que el contrato de trabajo se considerará registrado cuando se hubiese inscripto al trabajador en los sistemas de la AFIP; independientemente de quien lo registre (empresa usuaria o empleador).
Acerca de la Presunción de contratos de servicios, la Ley Bases invierte la presunción de contrato de trabajo cuando se ejecutan obras o prestar servicios.
A partir de la Ley Bases si en la contratación de obras o de servicios profesionales se emiten los recibos o facturas correspondientes no se presume que haya un contrato de trabajo. A su vez, la reglamentación establece que este supuesto se aplicará más allá de la cantidad de facturas o recibos emitidos.
Con respecto a la Solidaridad, el artículo 92 de Ley Bases le permite a la empresa principal retener parte de los pagos que deba realizar ante el Estado por deudas con el sistema de la Seguridad Social de los contratistas o intermediarios.
Por último, y sobre el Período de Prueba, la Ley amplía el mismo de tres a seis meses. A su vez, permite extenderlo hasta un año siempre que se acuerde mediante un convenio colectivo.
