Las estaciones de servicio de YPF aplicaron este martes un nuevo aumento en los precios de los combustibles en Misiones. La suba se reflejó desde la madrugada en los surtidores de Posadas y otras localidades de la provincia, alcanzando a todas las variedades de naftas y gasoil, sin respeta el congelamiento de tarifas que rige por unas semanas más.
En Posadas, los valores actualizados ubican a la nafta súper en $2.166, mientras que la Infinia nafta trepó a $2.316. En el segmento del gasoil, el diesel 500 pasó a costar $2.202 y la Infinia diesel llegó a $2.446. En el interior de Misiones, los precios presentan leves variaciones, en algunos casos por encima de los registrados en Posadas.
El ajuste se concreta antes de que se cumpla el plazo de 45 días de congelamiento que la petrolera había anunciado a comienzos de abril. Aquella medida estaba sujeta a variables como la evolución de los impuestos y el tipo de cambio, lo que dejaba abierta la posibilidad de modificaciones anticipadas.
Este nuevo incremento se da en un contexto de retracción en el consumo de combustibles en la provincia. De acuerdo a datos recientes, las ventas en Misiones registraron una caída interanual en marzo superior al 10%, reflejando el impacto de los precios en la demanda local.
Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) reveló que de los 7.593 empleos formales perdidos, 7.336 correspondieron a la industria manufacturera. Advierten por cierres de fábricas y un impacto creciente sobre el empleo y la actividad.
Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) reveló que la industria manufacturera concentró el 97% de los puestos de trabajo perdidos en el país durante febrero. De los 7.593 empleos formales que desaparecieron en toda la economía, 7.336 correspondieron al sector. El titular de IPA, Daniel Rosato, precisó que el fenómeno responde a un cambio estructural del modelo económico impulsado por el Gobierno nacional.
Rosato advirtió que dicho esquema beneficia apenas a tres sectores exportadores mientras condena al cierre a las unidades que generan valor nacional. “La Argentina reconvirtió el modelo de país de empleo y desarrollo en uno extractivista y primario”, sentenció el dirigente empresarial.
Un futuro desamparado
La advertencia final de IPA es que este modelo extractivista dejará a más del 75% de la fuerza laboral fuera del sistema de empleo registrado. Sin una industria fuerte que demande mano de obra calificada, Rosato aseguró que no hay otro sector que reemplace esa demanda.
Para la entidad pyme, la estabilidad financiera que presume Nación, lograda a costa del exterminio de las unidades productivas, amenaza con convertir la crisis actual en una depresión estructural permanente.
El Gobierno de Misiones puso en marcha una solución concreta para amortiguar el impacto de las fuertes subas en las facturas de electricidad, generadas tras la reducción del tope de consumo subsidiado dispuesta a nivel nacional. La medida busca dar un respiro inmediato a miles de hogares que vieron dispararse sus boletas en los últimos meses.
La iniciativa consiste en una financiación automática y sin intereses aplicada directamente en la factura. Según explicó Adrián Rivero, representante de la empresa Energía de Misiones, los usuarios verán en sus boletas un ítem denominado “Financiación Gobierno Provincia de Misiones”, que reducirá el monto total a pagar en el vencimiento de mayo.
El importe descontado no se elimina, sino que se distribuye en dos cuotas iguales que serán incorporadas en las facturas de junio y julio. La medida alcanza exclusivamente a usuarios residenciales de la categoría “casa habitación” que ya cuentan con subsidios nacionales, y se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar trámites.
Desde el Gobierno provincial indicaron que el costo fiscal de esta asistencia ronda los 2.800 millones de pesos y beneficiará a unos 173.000 usuarios. La decisión se tomó tras el rechazo del pedido para que marzo fuera considerado un mes de altas temperaturas, lo que habría permitido mantener un tope de consumo subsidiado más alto.
En paralelo, crece la preocupación por el aumento de la morosidad, que pasó del promedio habitual del 8 al 10% a un 15% en febrero. Desde la prestataria recordaron que las facturas vencidas por más de 30 días pueden derivar en cortes del servicio, por lo que instaron a los usuarios a aprovechar este esquema transitorio que busca hacer más llevadero el pago en un contexto económico complejo.
Según el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, los pequeños productores «no son más de cinco mil que van de cinco a diez hectáreas». Además, sostuvo que el consumo interno de yerba “se estabilizó”
Pese al creciente reclamo de los productores yerbateros, el presidente del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), el libertario *Rodrigo Correa, descartó una crisis en el sector y defendió las medidas impulsada por el Gobierno nacional* .
En diálogo con Rivadavia AM630, opinó que «hay un cambio de modelo. La desregulación trajo buenas noticias , como por ejemplo que el frente exportador creció y tuvo récord. El consumo interno se estabilizó sin intervención del Estado». No obstante, el consumo interno está por debajo de los últimos tres años, ya que en 2023 el mercado cerró con 285.430.373 de kilos, el volumen más alto de la historia. En 2025, se vendieron en el mercado interno 266 millones de kilos.
«Hay variables que se están corrigiendo. Venimos de un proceso de intervención estatal mediante la fijación de un precio, ahora es el propio mercado», de esta manera, Correa defendió la desregulación del organismo por parte del Gobierno nacional.
En paralelo, graficó que del 2016 al 2025 «crecieron casi un 40% de las superficies implantadas de yerba mate. Eso denota el oportunismo”. Ante esa expansión, el *Ejecutivo nacional limitó las nuevas plantaciones a cinco hectáreas por productor*, aunque la Justicia frenó esa medida.
Correa en cambio, sin identificar actores puntuales, remarcó que las nuevas plantaciones pertenecen a “nuevos jugadores” atraídos por un negocio con rentabilidad asegurada.
En la misma línea, señaló que «hoy día, los precios se establecen entre privados, la distribución se modificó». A lo que añadió: «El INYM no cuenta con facultades para intervenir en los precios, esa es la realidad, y como representante del Ejecutivo Nacional apoyo esa idea».
«Con las nuevas reglas, que el precio se rige por la demanda de la hoja verde, va a generar que se vaya regularizando el valor», opinó.
Por otra parte, sostuvo que “*los pequeños productores no son más de 5 mil. Cuando decimos pequeños productores* nos referimos a los que van de 5 a 10 hectáreas, y también son los que solamente tienen yerba mate y no tienen otros cultivos».
Entonces, según su opinión, la solución no está en un precio de referencia sino “en aumentar la demanda del producto”, concluyó Correa.
La creciente vulnerabilidad económica en Argentina empieza a reflejarse con fuerza en los mercados laborales locales. Un reciente relevamiento nacional advierte que el 52% de los argentinos no llega a fin de mes, mientras que apenas el 17% logra cubrir sus gastos y ahorrar. En paralelo, cuatro de cada diez personas buscan un segundo empleo para complementar ingresos, una señal clara del deterioro del poder adquisitivo y de la presión sobre los hogares.
Este contexto general encuentra un correlato concreto en Posadas, donde los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares difundidos por el INDEC muestran una reconfiguración del mercado laboral más vinculada a la precarización que a una mejora estructural. Si bien la tasa de empleo creció levemente en el cuarto trimestre de 2025, este avance estuvo impulsado casi exclusivamente por el aumento del trabajo informal.
En términos generales, la capital misionera registró una población de 395.265 personas, con una tasa de actividad del 46,4%. Dentro de ese universo, unas 176.418 personas se encontraban ocupadas y la desocupación descendió al 3,8%. Sin embargo, estos indicadores positivos esconden cambios profundos en la calidad del empleo, que explican por qué cada vez más personas necesitan generar ingresos adicionales.
El segmento asalariado continúa siendo mayoritario, representando el 68,2% de los ocupados. No obstante, al interior de este grupo se observa un deterioro significativo: el empleo formal cayó un 2,1% interanual, mientras que el trabajo informal creció un 7,9%. Actualmente, cuatro de cada diez asalariados en Posadas se encuentran en condiciones de informalidad, reflejando un mercado laboral más inestable y con menor protección.
A la par, el cuentapropismo sigue en expansión y ya alcanza al 26,8% de los trabajadores, consolidándose como una de las principales estrategias de inserción laboral ante la falta de empleo formal. Este fenómeno coincide con la tendencia nacional, donde muchos trabajadores, incluso con empleo, buscan actividades adicionales para sostener sus ingresos.
Uno de los datos más preocupantes es la fuerte caída en la cantidad de empleadores. En el último año, Posadas perdió más de 2.100 patrones, lo que representa una contracción del 21,3% en este segmento. Esta disminución evidencia un debilitamiento del entramado productivo local y limita la generación de empleo genuino, reforzando la dependencia de formas laborales más precarias.
En este escenario, la dinámica observada en Posadas no es un fenómeno aislado, sino parte de un proceso más amplio de fragilidad económica impulsada por las políticas nacionales. La combinación de salarios insuficientes, aumento del empleo informal y caída de empleadores explica por qué cada vez más argentinos —incluidos trabajadores activos y jubilados— se ven obligados a buscar un segundo ingreso. Más que una expansión del empleo, lo que se consolida es un modelo de adaptación frente a la crisis.
La Argentina cuenta con altos niveles de carga tributaria. En los primeros dos años de gobierno de Milei, la presión tributaria se redujo levemente, si se considera la recaudación como porcentaje del producto bruto interno (PBI). Pero la baja no se produjo por una reforma estructural en el sistema, sino por la decisión de no prorrogar la vigencia del Impuesto PAIS, que se implementó como un impuesto de emergencia y pesaba sobre las operaciones de compra de bienes y servicios en el exterior (un tributo que afectaba a los sectores más acomodados de la Argentina). Así lo consigna un informe del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, que especifíca que la reducción fue ínfima: 0,85 puntos porcentuales.
El estudio expone un rasgo estructural crítico: el sistema tributario argentino es más gravoso que el de sus pares de Latinoamérica y tiene mayores costos de recaudación. Mientras el promedio de América Latina redujo estos costos, Argentina incrementó, alcanzando 1,31 unidades monetarias por cada cien recaudadas un hándicap que lo ubica cerca de países como Dominica (1,78), Antigua y Barbuda (1,56), y Panamá (1,47). Muy lejos de Brasil (0,32), Chile (0,59) y Paraguay (0,61).
Esta combinación de carga y burocracia impacta directamente en el Índice de Performance de Política Tributaria, elaborado por la casa de estudios siguiendo la metodología diseñada por la Fundación Bertelsmann de Alemania: apenas pasó de 4,3 a 4,4.
Está claro que en Argentina la elevada carga tributaria y la complejidad del sistema afectan negativamente la actividad económica y el desarrollo. Un sistema impositivo mal diseñado o excesivamente elevado como el de nuestro país, constituye una barrera para la formalización, la generación de riqueza y el desarrollo económico.
El alto nivel de informalidad que existe hoy en la economía argentina es consecuencia de la elevada presión fiscal, la complejidad del sistema tributario y la falta de incentivos a la formalización. Esto profundiza las desigualdades y debilita la capacidad del Estado para sostener el gasto público: salud, educación, seguridad, obras de infraestructura.
El avance de la informalidad no sólo reduce la recaudación, sino que también termina afectando a los sectores de menores ingresos.
La tributarista Fernanda Laiún señala que la informalidad representa una porción significativa de la actividad económica: “Se estima que la economía en negro está entre un 40% y 50% del total”, afirma. Este fenómeno implica que una gran parte de las operaciones no tributan, lo que reduce los ingresos del Estado y como consecuencia limita su capacidad para financiar servicios esenciales como los enumerados en párrafos anteriores y jubilaciones, entre otros gastos.
La especialista explica que en este contexto la carga impositiva termina siendo más regresiva porque en el caso del 21% del IVA lo pagan todos por igual y eso afecta especialmente a quienes tienen ingresos más bajos.
IVA: el impuesto escondido que encarece todo
Vamos a tratar de ser lo más didácticos posible para que se entienda el robo del IVA. Cada vez que un argentino compra un auto o una moto cero kilómetro se da la siguiente secuencia. Llega a la concesionaria y debe firmar al menos una veintena de papeles. Cumplido esos trámites, pasa al salón de entrega, posa para la foto familiar, acaricia su nueva adquisición y escucha las instrucciones sobre el instrumental que le explica el vendedor. Luego, le dan la llave. Pone en marcha el vehículo y se va contento. Lo que jamás habrá tomado conciencia es que terminó de concretar una operación en la que pagó un poco más de dos unidades: una se la llevó a su casa y la otra se la regaló al Estado.
Si esa misma persona pasa por una estación de servicio y carga nafta, es muy probable que tampoco tenga claro que por cada 100 pesos que paga, casi 30 van a la recaudación del IVA y del impuesto a los combustibles líquidos, este último un tributo que se creó para financiar la infraestructura vial y que el gobierno lo cobra hace dos años y no los destina para el fin que fue creado. Nadie sabe adónde va a parar lo recaudado en concepto de impuestos a los combustibles líquidos, basta con ver el estado calamitoso de las rutas argentinas.
Si pasa por el supermercado y compra cualquier alimento, también va a pagar una porción enorme de impuestos por encima del valor del bien, esos impuestos hacen que un paquete de arroz o una botella de agua cuesten casi el doble. Según datos del IARAF, el sistema tributario argentino grava, en promedio, con un 41,9% de impuestos sobre el ticket de compra. O lo que es lo mismo, al precio de cada producto alimenticio se le suma un 72% de carga tributaria. Datos, no opinión. La cruda pregunta que surge ante esta descripción es ¿qué nos da la Nación a cambio de todo lo que aportamos, si la salud, la educación, la seguridad y las obras de infraestructura se banca con fondos de las provincias?
Misiones vuelve a la carga por un reclamo histórico
La Provincia volvió a poner sobre la mesa la exigencia de condiciones fiscales diferenciadas para poder competir con Paraguay y Brasil en igualdad de condiciones. La iniciativa busca exenciones impositivas para compensar las asimetrías fronterizas (Misiones tiene el 90% de sus límites internacionales) y potenciar el crecimiento económico. Misiones aporta como la octava economía del país, pero a la hora del reparto de la Coparticipación recibe como si fuera la última. Dicho esto, el reclamo es un acto de justicia.
El planteo se vuelve a instalar en la agenda, en un contexto en donde asoma la discusión de la reforma fiscal que impulsa el gobierno de Milei. A diferencia del pasado, la iniciativa impulsada por Encuentro Misionero no se limita a una herramienta puntual como lo fue la Zona Aduanera Especial que logró ser aprobada en el Congreso y luego fue vetada por Alberto Fernández, en esta oportunidad lo que se propone es un régimen integral que generaría un impacto directo sobre el consumo, la producción, la inversión y el sistema financiero.
El diputado del Misionerismo José Pastori explicó en su cuenta de X los números del Régimen Especial. El impacto más visible en el consumo cotidiano se daría en la exención del IVA que permitiría una reducción de hasta el 25% en el precio final de los productos. La propuesta implica que las ventas desde el resto del país hacia Misiones no estén gravadas por el IVA. Esto se trasladaría directamente a los precios finales de góndola y mejoraría la competitividad frente a ciudades fronterizas. Si vamos a un ejemplo concreto, una compra de 10 mil pesos en el supermercado podría pasar a costar alrededor de $7.900. El dato relevante es que el esquema también incluye servicios básicos como la energía eléctrica e internet.
Otro de los puntos centrales gira en torno al Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC): el proyecto contempla la eliminación total de un impuesto que se cobra pero que no vuelve en inversiones. Como dijimos anteriormente, basta con ver el estado calamitoso de las rutas nacionales. La eliminación de este tributo implicaría un ahorro estimado en $15.200 por cada tanque lleno. Esto tendría un impacto directo en toda la cadena productiva ya que reduciría los costos logísticos, además de beneficiar a los automovilistas particulares.
Con respecto a Ganancias, el esquema propuesto por Encuentro Misionero proyecta una baja de la alícuota del 35 al 15%, lo que inyectaría unos 530 mil millones de pesos anuales directamente al sector productivo misionero.
A esto se le suma la eliminación del impuesto a los créditos y los débitos, más conocido como “impuesto al cheque”, lo que permitiría recuperar hasta un 10% del margen neto para nuestras economías regionales: yerba mate, té y madera. No se trata solo de bajar precios, sino también de liberar recursos para que el sector productivo pueda reinvertir, generar empleo y tener mayor competitividad.
El proyecto impulsado por Encuentro Misionero generó rápidamente repercusiones en diferentes sectores de la economía doméstica. El presidente de la Federación Económica Brasil, Argentina y Paraguay (FEBAP), Daniel Ríos, expresó el acompañamiento del sector empresarial a la propuesta: “apostamos a que se puedan solucionar de la manera más diplomática posible a nivel Nación, porque esto ya trasciende lo que es Provincia y tiene que ver con el marco de las leyes nacionales”.
Por su parte, desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, el presidente de la entidad Federico Panozzo señaló que se trata de una herramienta largamente solicitada por el sector: “entendemos que hay una desigualdad y que competimos directamente con países que tienen otra infraestructura impositiva. Necesitamos herramientas que nos ayuden”.
“Invertí Misiones”, el RIGI con sello misionero.
La última semana dejó una noticia de alto impacto que se suma al reclamo histórico de un régimen impositivo diferencial para Misiones. El bloque de Encuentro Misionero impulsa un proyecto de ley denominado “Invertí Misiones”, de autoría de la legisladora provincial Paula Franco. La iniciativa tiene como objetivo atraer inversiones en sectores estratégicos, generar empleo local y fortalecer el desarrollo productivo en la provincia, mediante un esquema de beneficios fiscales, controles y indicadores de impacto económico, social y ambiental.
Se trata de una herramienta complementaria del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que introduce una lógica distinta menos centrada en el volumen de la inversión y más enfocada en el impacto concreto sobre la economía local.
El acceso a los beneficios provinciales no es automático: está condicionado a resultados verificables en términos de empleo, encadenamientos productivos y sostenibilidad ambiental.
Franco señaló que “se busca atraer inversiones vinculadas a cuatro actividades económicas que son de interés para la provincia: energías renovables, economía del conocimiento, turismo estratégico y conectividad, y la industrialización de base agraria y la manufactura avanzada.”
El proyecto establece un régimen pensado “para la escala misionera”, con inversiones mínimas diferenciadas según el sector: Energías renovables, desde USD 2.000.000; Economía del conocimiento, desde USD 200.000; Turismo estratégico y conectividad, desde USD 1.500.000; Industrialización de base agraria y manufactura avanzada, desde USD 600.000. También contempla ampliaciones de proyectos existentes y esquemas temporarios de inversión.
En paralelo, el esquema de beneficios impositivos incluye exenciones y bonificaciones en Ingresos Brutos por hasta cinco años, con una reducción del 50% durante cinco años adicionales, exención del impuesto inmobiliario por hasta 20 años, beneficios en sellos y automotor durante la vida útil del proyecto, además de la exclusión de retenciones, percepciones y pagos a cuenta. El régimen incorpora topes y criterios de responsabilidad fiscal.
De esta forma, Encuentro Misionero pone en agenda un debate enserio en torno a cuestión impositiva y la presión fiscal nacional, con acciones concretas y sobre todo con datos reales, lejos del oportunismo político de quienes sólo buscan instalar eslóganes y frases sin sustento para captar adhesiones de algunos desprevenidos. El humo se comienza a disipar, por el bien de los misioneros.
Centralidad absoluta en el debate político y social; la oposición atenta a cada palabra, a cada acto para tuitear ni bien aparece la ocasión; cientos de personas reunidas y la costumbre de fijar agenda. Eso viene siendo, desde su gestación hasta su lanzamiento, el Frente Encuentro Misionero. Una centralidad política que no se construye desde la pelea, sino desde propuestas concretas, como la eliminación de impuestos nacionales —IVA y Ganancias— para avanzar hacia un esquema de “territorio libre de impuestos” en Misiones. Los detractores de siempre se apuran en querer minimizarlo, pero lo cierto es que hay algo evidente: ocupa el centro del debate y obliga a todos a reubicarse.
El viernes no fue la excepción. La reunión en la Casa del Militante tuvo más de puesta en marcha que de simple presentación: confluyeron sectores que hasta hace poco parecían políticamente distantes, desde militantes del Partido Agrario y Social hasta radicales, peronistas, independientes e incluso libertarios desencantados. También dijeron presente figuras como Leonardo “Lalo” Stelatto, Lucas Romero Spinelli, Sebastián Macias y Oscar Herrera Ahuad, en una postal que mostró diversidad, volumen político y una militancia que volvió a activarse con una energía contenida que por momentos rozó lo explosivo.
En ese marco, los ejes del nuevo espacio comenzaron a delinearse con claridad. La idea de construir desde la gente y no desde las estructuras tradicionales atravesó todos los discursos, junto con la necesidad de sostener derechos, servicios y garantías en un contexto nacional incierto. A eso se suma una defensa explícita de la autonomía provincial, la gestión cercana y la búsqueda de una síntesis política más amplia, incluso con la idea de una suerte de refundación con puertas abiertas, capaz de superar las lógicas rígidas que durante años ordenaron el escenario partidario.
Hay algo que quedó claro desde el inicio: el nacimiento de este espacio no busca acumular dirigentes conocidos ni reciclar sellos con representatividad desgastada. La apuesta es otra. No es con los dirigentes, es con la gente.
Ese dato no es menor. Lo que se empieza a configurar no es un frente clásico, sino una respuesta a un clima social que atraviesa a todos los espacios. Hay una percepción extendida de que las opciones tradicionales no alcanzan. Y en ese vacío aparece una construcción que intenta mostrarse sin estridencias, con mesura, con capacidad de gestión y, sobre todo, con una promesa concreta: sostener derechos, servicios y garantías sin caer en los extremos.
Porque si algo atraviesa el humor social hoy es la tensión entre dos modelos que generan más preocupación que adhesión. Por un lado, el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, con su lógica de ajuste, ha impactado de lleno en las economías regionales. Por otro, la memoria reciente de una política nacional que tampoco logró dar respuestas sostenibles. En Misiones, esa grieta se traduce en una búsqueda más pragmática, donde muchos ya no votan por identidad sino por resultados.
La reunión de Encuentro Misionero se inscribe exactamente en ese punto. Y lo hace con una premisa que atraviesa todos los discursos: dejar de lado el individualismo para construir una síntesis más amplia. Desde la gestión territorial, Leonardo “Lalo” Stelatto fue claro al plantear que la defensa de los derechos de los misioneros no vendrá desde afuera, poniendo en el centro la necesidad de fortalecer la autonomía provincial.
En la misma línea, Lucas Romero Spinelli habló de una refundación política con puertas abiertas, pero no como una consigna vacía, sino como una redefinición del modo de hacer política en la provincia. En tiempos donde la política tiende a cerrarse sobre sí misma, la idea de apertura aparece como condición de supervivencia.
A su vez, Sebastián Macias bajó esa discusión a tierra al recordar que detrás de cada número hay una familia, marcando distancia con una mirada económica que muchas veces se queda en las planillas y se olvida de la vida cotidiana.
Ese eje —la defensa de lo propio— no se queda en el discurso. Tiene correlato en la gestión. Oscar Herrera Ahuad lo sintetizó al señalar que no se trata de un cambio de nombre, sino de un nuevo desafío político: abrir el espacio, sumar sectores y defender los intereses de los misioneros en un contexto nacional adverso.
También en ese plano aparece un dato que no debería pasar desapercibido. Mientras la Nación se repliega o desregula, la provincia intenta sostener iniciativas concretas para amortiguar el impacto. El gobernador Hugo Passalacqua volvió a poner sobre la mesa la defensa de la producción misionera al solicitar la reducción del IVA para la harina de mandioca. En paralelo, la mesa yerbatera con productores, industria y trabajadores muestra un Estado que busca ordenar, mediar y dar previsibilidad en medio de la incertidumbre.
Este contraste con el escenario nacional es cada vez más evidente. La economía no encuentra equilibrio, el consumo cae y la incertidumbre se vuelve regla. A eso se suma un clima político enrarecido, donde el Presidente profundiza su confrontación con la prensa, en un esquema que inevitablemente recuerda a etapas anteriores, como las tensiones durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Cambian los discursos, pero ciertas dinámicas parecen repetirse.
En ese contexto, la aparición de un espacio que intenta correrse del ruido y construir desde la gestión y la cercanía no es un dato menor. Lo que dejó la primera reunión de Encuentro Misionero es una señal clara: la maquinaria se puso en marcha. Hay decisión de salir al territorio, de escuchar, de ampliar y de construir una opción competitiva.
Y en esa construcción, Misiones vuelve a ensayar su propio camino. Uno que no reniega de la política, pero que intenta reconciliarla con la realidad. Porque cuando la política logra encontrarse con la sociedad, deja de ser un problema y vuelve a ser, otra vez, una herramienta.
El escenario electoral en Misiones se puso en marcha con el lanzamiento y reunión de “Encuentro Misionero”, lo que marca una nueva etapa para el oficialismo provincial, dentro de un marco incierto a nivel nacional.
Están pasando cosas en la política misionera, la marca electoral del Frente Renovador será el Frente Encuentro Misionero, un espacio novedoso que busca sumar adhesiones de manera amplia con un anclaje puramente misionero. La primera reunión ocurrida esta semana en la Casa del Militante fue de puesta en funcionamiento, fundamentalmente por la energía contenida de la militancia que se volvió a activar.
Otra de las conclusiones del encuentro fue que la búsqueda va por sumar personas, ciudadanos, gente, fundamentalmente, en lugar de dirigentes de cierto renombre o sellos desgastados. El viernes convivieron sectores que hasta hace poco tiempo parecían políticamente distantes: militantes del Partido Agrario y Social, radicales, peronistas, independientes y hasta libertarios desencantados.
Este nuevo espacio se configura a partir de la insuficiencia de las opciones partidarias tradicionales, similar a lo sucedido en la génesis de la Renovación. Se gestó una opción con capacidad de gestión, realista, conocedora del territorio y garante de derechos y servicios y no extremista.
El hastío ciudadano está conformado mayoritariamente por falta de resultados desde hace más de diez años: se han probado distintas alternativas que no han funcionado. A la inflación desbocada del gobierno nacional previo le siguió el del ajuste perpetuo y el desmantelamiento del Estado. Un programa de gobierno al que le sobran muchos argentinos.
En la provincia la búsqueda es pragmática, por resultados: una opción que pueda gobernar y gestionar pero que no represente la continuidad de un modelo nacional que ha fracasado. La lógica se invierte, menos identidad partidaria rígida, más resultados concretos. La construcción de “Encuentro Misionero” se inscribe en esa lógica, lograr una gran síntesis en detrimento de las individualidades.
Los actores y los objetivos
Desde la gestión territorial, el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto enfatizó que la defensa de los derechos de los misioneros no vendrá desde afuera. Es una definición política, pero también una advertencia. En un contexto de creciente centralismo, la autonomía provincial vuelve a ponerse en el centro de la escena.
El vicegobernador Lucas Romero Spinelli, por su parte, habló de una refundación política con puertas abiertas. No es una frase menor. En tiempos donde la política tiende a cerrarse sobre sí misma, la idea de apertura aparece como condición de supervivencia.
En la misma línea, el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macias, puso el acento en algo que la política suele olvidar: que detrás de cada número hay una familia. Su crítica al modelo nacional —que mira planillas de Excel— conecta directamente con una sensación extendida en la sociedad, donde la macroeconomía parece desconectada de la vida cotidiana.
Ese eje —la defensa de lo propio— no se queda en el discurso. Tiene correlato en la gestión. El pedido del gobernador para reducir el IVA de la harina de mandioca o la mesa de diálogo yerbatera son ejemplos concretos de un modelo que intenta sostener la producción en un contexto adverso. Mientras la Nación se retrae o desregula, la provincia asume un rol activo como articuladora.
Herrera Ahuad, en tanto, sostuvo que este no es un cambio de nombre, es un nuevo desafío político: abrir el espacio, sumar a todos los sectores y defender, por encima de todo, los intereses de los misioneros en un contexto nacional que no está dando respuestas.
También en el plano de la gestión aparece un dato que no debería pasar desapercibido. Mientras la Nación se repliega, la provincia intenta sostener iniciativas concretas para amortiguar el impacto. El gobernador Hugo Passalacqua volvió a poner sobre la mesa la defensa de la producción misionera al solicitar la reducción del IVA para la harina de mandioca, una medida que busca equilibrar condiciones frente a otros productos y fortalecer la economía regional.
En paralelo, la convocatoria a una mesa yerbatera con productores, industria y trabajadores muestra un Estado provincial que, aún en un contexto de desregulación nacional, intenta ordenar, mediar y dar previsibilidad. No son gestos aislados: son parte de una lógica de gestión que busca sostener el entramado productivo mientras el escenario nacional se vuelve cada vez más incierto.
Contrastes
El escenario nacional no deja de presentar noticias negativas: caídas del consumo masivo, de la actividad económica, censura de prensa, con un presidente insultando y amenazando con cárcel a periodistas, tanto desde Olivos o de algún lugar del mundo.
Por ello, es entendible que la agenda del gobierno pase por la promoción de las bondades de la carne de burro, las internas entre la hermanísima y Santiago Caputo, o la ingenua ensoñación de una concesión graciosa de los Estados Unidos sobre las Islas Malvinas. Claro, mejor hablar de esos temas, o la cobertura de la alucinante gira presidencial por tierras israelíes, que abordar un problema que en Argentina no existía: amenazas y posibles masacres en las escuelas del país.
El clima social y el discurso circulante fue sintetizado notablemente en la apertura de la Feria del Libro de Buenos Aires -donde un ignoto Secretario de Cultura de la Nación citó al gran escritor Jorge Luis “Borgerer”– por Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Amada. Guerriero advirtió sobre una “sociedad infectada por el desprecio” y cuestionó la promoción de discursos hostiles desde el poder. Cabezón Cámara definió el presente con una expresión contundente: “necro grotesco”, al referirse a las formas de violencia que atraviesan la realidad contemporánea. Mientras que Almada señaló que “el desafío para quienes escribimos es hacer un esfuerzo por ser amorosos”.
Ese ruido, desprecio, odio, que emana desde el gobierno nacional, es el que se quiere evitar con la aparición de “Encuentro Misionero”: escuchar más que decir, ampliar la base desde el territorio, ensanchar la base electoral y construir una opción competitiva.
Los desafíos son múltiples; sostener la apertura en el tiempo y presentar propuestas factibles que interpelen a la sociedad. La política puede reorganizarse, relanzarse y cambiar, pero la legitimidad se construye día a día. Y en esa construcción, Misiones vuelve a ensayar su propio camino. Uno que no reniega de la política, pero que intenta, al menos por ahora, reconciliarla con la realidad. Porque cuando la política logra encontrarse con la sociedad, deja de ser un problema y empieza, otra vez, a ser una herramienta.
La crisis en el sistema de discapacidad volvió a manifestarse con fuerza este 22 de abril, cuando prestadores, familias y personas con discapacidad se movilizaron en Posadas y distintos puntos del país para denunciar demoras en los pagos, aranceles desactualizados y la incertidumbre que genera un proyecto de reforma impulsado por el Gobierno nacional. La protesta, reflejó un malestar creciente en un sector que advierte estar al límite de su sostenibilidad.
Uno de los principales reclamos apunta al retraso en los pagos por parte de obras sociales, que en algunos casos supera los seis meses. Esta situación, según profesionales del área, compromete seriamente la continuidad de los servicios. Instituciones y centros especializados aseguran que continúan funcionando gracias a esfuerzos extraordinarios, recurriendo incluso a endeudamiento o fondos propios para evitar la interrupción de las prestaciones.
A este escenario se suma la preocupación por la posible desregulación del nomenclador único, herramienta que actualmente establece valores de referencia para las prestaciones. Especialistas advierten que su flexibilización permitiría a cada obra social fijar aranceles y elegir prestadores, lo que podría generar desigualdades en el acceso y dejar a muchas personas sin cobertura efectiva si no se alcanzan acuerdos económicos.
Las familias también sienten el impacto directo de la crisis. Denuncian dificultades para acceder a servicios básicos, interrupciones en tratamientos y la falta de insumos esenciales. Además, crece la incertidumbre ante la posibilidad de cambios en las pensiones no contributivas, que podrían verse afectadas por nuevos requisitos o procesos de reempadronamiento que, según advierten, ya han dejado a beneficiarios sin ingresos en el pasado.
En paralelo, referentes del sector alertan sobre un cambio de paradigma en las políticas públicas, que podría implicar un retroceso en materia de derechos. Señalan que la eventual reforma pondría en riesgo la cobertura integral garantizada actualmente y profundizaría la desigualdad entre quienes puedan afrontar mayores costos y quienes dependan exclusivamente del sistema público. Mientras tanto, el reclamo continúa en las calles, en busca de respuestas urgentes que permitan sostener un sistema clave para miles de personas.
El proyecto impulsado desde Misiones para reducir la alícuota del 21% al 10,5% tendría un costo fiscal de unos U$S 2,8 millones anuales, casi 400 veces menor al de la última baja de retenciones al agro. La decisión final quedó en manos del Gobierno nacional.
La iniciativa que busca reducir el Impuesto al Valor Agregado sobre el almidón de mandioca representaría una erogación mínima para las cuentas públicas nacionales: equivaldría al 0,00056% del Producto Bruto Interno, según los cálculos que acompañan el proyecto de ley que ya circula en la Cámara de Diputados.
En números concretos, la rebaja implicaría resignar alrededor de 3.893 millones de pesos por año, una cifra que al tipo de cambio mayorista del Banco Nación —cotizado en $1.368— se traduce en poco menos de 2,85 millones de dólares anuales. La proyección toma como referencia un PBI nominal estimado en 688,3 billones de pesos para 2026.
Para dimensionar la magnitud, basta con una comparación: la reducción de retenciones al campo dispuesta a fines del año pasado tuvo un costo fiscal calculado en 511 millones de dólares por año, unas 373 veces superior al que demandaría este beneficio para un cultivo concentrado mayoritariamente en suelo misionero.
Un pedido que ya lleva más de diez años
El reclamo tiene historia. Desde el clúster mandioquero de Misiones vienen golpeando puertas en la Casa Rosada desde hace más de una década, sin distinción de signos políticos. Elevaron el pedido durante la gestión de Cristina Fernández —con gestiones directas ante el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno—, volvieron a intentarlo bajo la administración de Mauricio Macri y repitieron la solicitud durante el mandato de Alberto Fernández. Ninguna de esas instancias prosperó.
El escenario cambió recientemente con la combinación de dos factores: la gestión del gobernador Hugo Passalacqua ante el Ministerio de Economía nacional y la presentación formal del proyecto de ley por parte del diputado nacional Oscar Herrera Ahuad. La modificación requiere tratamiento legislativo porque implica incorporar al almidón de mandioca dentro del inciso a), punto 10, de la ley del IVA, para que pase a tributar el 10,5% en lugar del 21% actual.
Un alivio para los celíacos de todo el país
Aunque la producción se concentra en la tierra colorada, el consumo de harina de mandioca se extiende por toda la Argentina. El derivado se utiliza no solo para elaborar chipá o como insumo en la industria farmacéutica, sino también como uno de los reemplazos más habituales del trigo en la alimentación de personas con enfermedad celíaca.
Allí radica uno de los argumentos centrales de quienes impulsan la medida: los productos libres de gluten tienen hoy un precio de góndola que golpea fuerte el bolsillo de las familias que, por razones de salud, no pueden optar por harinas tradicionales. Una alícuota reducida permitiría descomprimir esa carga en hogares de todo el país.
Blanqueo e impulso para la economía regional
Desde el sector productivo suman otro argumento. Sostienen que una alícuota diferenciada facilitaría el blanqueo de una actividad que hoy opera con una marcada brecha entre la comercialización formal y las operaciones por fuera del circuito declarado, algo que distorsiona la competencia dentro del mercado interno.
En la provincia, la producción primaria de mandioca ya está exenta del pago de Ingresos Brutos para los productores inscriptos en el registro correspondiente, de modo que el paso provincial para aliviar la actividad fue dado tiempo atrás. Lo que falta es el acompañamiento desde el orden nacional.
Con un impacto fiscal que los propios números describen como marginal, un beneficio directo para una economía regional históricamente postergada y un alivio concreto para miles de consumidores celíacos, la pelota quedó del lado del Gobierno nacional y de sus representantes en el Congreso, que deberán definir si traducen el proyecto en ley.
