Los medicamentos más consumidos por las personas mayores aumentaron un 6,2 por ciento por encima de la inflación, desde el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) hasta la fecha, según un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
“Desde que Javier Milei ganó el ballotage en noviembre de 2023 los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente alcanzaron en promedio una inflación acumulada del 215,0%, superando a la inflación de 208,8%”, destacó el trabajo.
En las conclusiones del informe se indica que luego del triunfo de Milei, “en noviembre se registró una suba del 25,7%, en diciembre el incremento alcanzó 40,9%, en enero sumaron 13,6%, en febrero ajustaron al 15,0%, en marzo al 8,4%, en abril al 2,5%, en mayo al 3,8%, en junio al 2,8%, en julio ajustaron 5,0%, en agosto 3,0%, en septiembre 1,7%, en octubre 1,6%, en noviembre 1,3% y en diciembre 1,2%”.
El promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el último año alcanza una suba interanual promedio de 133%. Entre esos 10 productos se encuentran el DAFLON 500, un venotónico utilizado para aumentar la tonicidad de las venas y vasculoprotector utilizado para aumentar la resistencia de los pequeños vasos sanguíneos, que aumentó 177% y el IBUPIRAC 600 MG, uno de los antiinflamatorios no esteroideo (AINE) más utilizado para combatir dolores y fiebre.
El informe del CEPA hizo referencia además ala reducción de cobertura y cambios en la política de medicamentos gratis del PAMI, el instituto que implementa la obra social de los jubilados y pensionados.
Recordó que en marzo de 2020 el PAMI, “implementó un nuevo vademécum de medicamentos esenciales gratuitos, es decir, un listado de medicamentos sin cargo con el objetivo de garantizar el tratamiento adecuado de las patologías más frecuentes en las personas mayores”.
“De esta manera -agregó- la cobertura al 100% de los medicamentos más consumidos por esta población, sumado las coberturas del 80% para medicación ambulatoria y del 100% para medicación especial, representó un importante ahorro para los ingresos de las personas mayores, mayoritariamente jubilaciones y pensiones”.
Recordaron que recientemente se decidió limitar el acceso de hasta 5 medicamentos sólo a los jubilados de hasta 1,5 jubilaciones mínimas. Los jubilados alcanzados, de todas formas, deben realizar un trámite para obtener el beneficio.
En la actualidad, la obra social de los jubilados redujo 44 moléculas farmacológicas que tenían cobertura 100% en su vademécum, en tanto que en junio se habían reducido otras 11 moléculas.
En base a los datos relevados sobre los precios de medicamentos excluidos de la canasta PAMI, se observa que los tres medicamentos que registraron los mayores aumentos en sus precios entre agosto y diciembre de 2024 fueron: Dermaglós, con una suba de 78,4%, Lanzopral, con un incremento de 71,7%, y Pantus 40, cuyo precio aumentó un 70,0%.
A partir de enero, los pisos se actualizarán teniendo en cuenta la inflación semestral. En el caso de Ganancias, excepcionalmente seguirá el período de septiembre a diciembre.
Desde el 15 de enero y hasta el 5 de febrero se podrá realizar la recategorización del Monotributo, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo pondrá a disposición de los contribuyentes una Recategorización simplificada, a la que se podrá acceder a través de la web o la aplicación.
“La cuota que vence en enero sigue siendo la misma del mes anterior. Después, con las nuevas tablas que se van a publicar mañana, los monotributistas se van a poder recategorizar hasta el 5 de febrero”, explicó el contador Sebastián Domínguez.
“En la medida que los ingresos de los contribuyentes hayan acompañado a la inflación, se mantendrán en la misma categoría. Sí, en cambio, sus ingresos se quedaron atrás en relación al avance de los precios, entonces pueden llegar a bajar de categoría”, agregó el especialista.
¿Qué implica bajar de categoría? Básicamente, pagar menos. Cabe recordar, que el Monotributo se divide en escalas, que van de la “A” a la “K” y que los montos que se deben abonar van subiendo progresivamente, al igual que los requisitos para pertenecer a cada categoría.
Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación del 2,7% en diciembre, con lo que cerró el semestre con una inflación del 21,14%. De esta manera, la escala quedará conformada de la siguiente manera:
La categoría “A”, que antes contemplada a quienes tenían ingresos brutos de hasta $6.450.000 anuales, ahora incluirá a quienes perciban hasta $7.813.530. En tanto, el impuesto total a pagar pasará de $26.600 a $32.223.
La categoría “B” será para quienes ganen hasta $11.447.730 brutos anuales. El impuesto mensual total será de $36.681 a partir de febrero.
La categoría “C” llegará hasta los $16.051.050 de ingresos brutos y el impuesto será de $42.954.
La categoría “D”, que llegaba a $16.450.000 brutos anuales, saltará a $19.927.530. El impuesto final será de $55.050
La categoría “E” incluirá a partir del 15 de enero a quienes ganen hasta $23.440.590. A partir de esa categoría el impuesto a pagar es diferente, según si el contribuyente se dedica a la venta de bienes o a la prestación de servicios. En el primer caso pagará $77.951 mensuales y en el segundo tributará $70.440.
La categoría “F” reunirá a aquellos contribuyentes con ingresos de hasta $29.376.450. El impuesto será de $98.103 para bienes y de $84.535 para servicios, tomando en consideración la inflación publicada por el Indec.
La categoría “G” será para quienes ganen hasta $35.130.600 y el impuesto irá de $103.328 a $149.845, dependiendo de la actividad del contribuyentes.
La categoría “H” abarcará a los trabajadores con ingresos brutos de hasta $53.301.600 anuales. En ese caso, el impuesto será de $340.081 para bienes y de $206.827 para servicios.
La categoría “I”, por su parte, saltará de $49.250.000 a $59.661.450 de ingresos brutos máximos anuales. El impuesto será de $627.030 para quienes se dedican a la venta de bienes y de $309.038 para quienes prestan algún servicio.
La categoría “J”, en tanto, será para quienes ganen hasta $68.322.960 mensuales. Esos contribuyentes deberán pagar $377.873 por servicios o 759.464 por bienes.
La categoría “K”, por último, que tenía un ingreso bruto máximo de $68.000.000 anuales, a partir de ahora llegará a $82.375.200. Si el contribuyente se dedica a la venta de bienes, deberá pagar $1.050.386 y si presta servicios, tendrá que pagar $456.800.
A través del decreto 13/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó la medida que va en línea con la idea original del nuevo organismo que reemplazó a la AFIP; además aprobó un plan de retiro limitado a 1500 vacantes.
Continúan los cambios en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex-AFIP. A través del decreto 13/2025 publicado este martes a la madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decidió avanzar en la reducción del sueldo del director ejecutivo del organismo y del resto de directores generales, tal y como se había anticipado cuando se renombró al ente recaudador de impuestos, y además que se llevará adelante una “reducción de la estructura inferior”.
La medida había sido anticipada por el vocero presidencial, Manuel Adorni,a última hora del lunes, quien aseguró que con esta decisión “se terminan los privilegios y el gasto desenfrenado en ARCA”.
“El Presidente de la Nación acaba de firmar el decreto que determina que desde hoy se reduce el sueldo del Director Ejecutivo y los directores generales en un 80%”, indicó el funcionario a cargo del área de comunicación del Gobierno. En el artículo 4 del decreto se especificó que: “El Director Ejecutivo de ARCA percibirá una remuneración equivalente a la de un ministro”. Mientras que en el 5 se hizo lo propio con los directores generales: “Percibirán una remuneración equivalente a la de un Secretario de Estado”.
En ese sentido, indicó que además “se dispuso una reducción del presupuesto del ARCA destinado a la cuenta de jerarquización del 0,65% al 0,60%, generando un ahorro de 121.000 millones de pesos correspondientes a sueldos de funcionarios durante este 2025″.
“Por último, el Poder Ejecutivo instó a las autoridades del ARCA a que avancen con una reducción de la estructura inferior, estimando que esta debe situarse en torno al 45%”, especificó el vocero en X sobre el decreto que lleva la firma de Milei, Guillermo Francos, Luis Caputo y Federico Sturzenegger.
Las tres decisiones adoptadas por el Gobierno se corresponden con los planes iniciales que se tenían para ARCA cuando ésta reemplazó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con lo que buscaban simplificar y optimizar su operabilidad.
En ese momento, el Gobierno nacional sostuvo que el mayor cambio que traía esa decisión era en términos de personal. De acuerdo con el Ejecutivo, se ahorrarían alrededor de $6400 millones, al reducir las autoridades superiores en un 45% y los niveles inferiores de la estructura actual en un 35%.
Además, se pretendía despedir alrededor de 3155 empleados que, según sostienen, ingresaron de manera irregular durante la última gestión y equivalen al 15% de la dotación actual. Con todo este conjunto de medidas, se eliminaría el 34% de los cargos públicos.
Por otro lado, otro cambio fundamental es el mencionado por Adorni: la eliminación de la Cuenta de Jerarquización para los altos cargos, un decreto que estableció Fernando de la Rúa en 2001. La normativa habilitaba a que se acrediten en el fondo hasta el 0,65% de la recaudación, por lo que el salario estaba sujeto al cobro de impuestos de la AFIP. El salario del titular de ARCA, Juan Pazo se reduciría de $32 millones mensuales a $4 millones. De esta manera, las tres principales autoridades del organismo dejan de percibir el porcentaje de la Cuenta de Jerarquización.
Lo mismo ocurrirá con los salarios de los Directores de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Dirección General de Aduanas (DGA). Hasta el momento, percibían $17 millones y pasarán a cobrar un sueldo equivalente al de un secretario de la Nación, según informó el Gobierno.
Según el decreto 953/2024 publicado en el Boletín Oficial el 25 de octubre, a través del cual se disolvió la AFIP para crear ARCA, el Poder Ejecutivo debía conformar la nueva estructura antes del 22 de enero.
Retiro anticipado
Por otro lado, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió la Disposición 3/2025 en el marco de la Ley N° 27.742, que declaró la emergencia pública en diversos ámbitos del país y aprobó la reglamentación de un sistema de retiro para trabajadores de ARCA, ex-AFIP.
Teniendo en cuenta que mediante el decreto N° 953/2024, se creó la ARCA para fortalecer el sistema impositivo y aduanero, mientras que el Decreto N° 13/2025 estableció una estructura organizativa simplificada, el Gobierno, en una medida firmada por el titular del organismo, Juan Pazo, implementó un sistema de retiro anticipado voluntario, orientado a optimizar la gestión de los recursos humanos y mejorar la eficacia institucional.
La presente disposición aprueba la reglamentación del sistema de retiro anticipado, limitada a 1500 vacantes, y establece un modelo de notificación electrónica. También ordena las medidas presupuestarias necesarias para su implementación, en línea con la búsqueda del Ejecutivo de reducir en torno a un 45% la planta del organismo recaudador.
En el primer mes del año, al menos cinco empresas ya anunciaron a sus afiliados que volverán a aumentar los precios. Justificaron la decisión en el mantenimiento de los servicios de salud.
Las prepagas ya anunciaron a los usuarios los ajustes que se vendrán en el mes de enero y una vez más, será por encima de la inflación. En medio de la denuncia del Gobierno por presunta cartelización, las empresas decidieron que aumentarán en el primer mes del año de 3% a 3,9% según el plan. En general, los incrementos muestran una tendencia a la baja en comparación con los ajustes aplicados en diciembre.
En las últimas horas, las prepagas comenzaron a notificar a sus afiliados sobre los nuevos aumentos, tras la publicación del IPC de noviembre por parte del INDEC. Sin embargo, Medicus se adelantó y comunicó el ajuste de enero con anterioridad. Estas notificaciones llegaron al cierre de una semana clave, marcada por la confirmación del Gobierno sobre la imputación de siete prepagas por cartelización, según la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Para justificar los índices de ajuste, los representantes del sector de las prepagas argumentan que el costo de la salud es más alto que el promedio de precios.
Al menos cinco grandes firmas le informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a enero:
En enero, las cuotas de las prepagas subirán entre 3% y 3,9%, según la empresa y el plan.
El alza en los aranceles es “necesaria para garantizar el servicio”.
En algunos casos, la actualización también aplica a los copagos, de acuerdo con el plan de salud y la empresa.
En 2024, las cuotas acumularon un alza cercano a 121%.
Semanas atrás, Mercado Libre dejó trascender que está interesada en convertirse también en una entidad financiera en el corto plazo.
Mercado Libre es la plataforma de comercio electrónico más grande de la región, es también una fintech gigante, que gestiona por medio de Mercado Pago, y ahora también quiere convertirse en un banco, según adelantó Infobae semanas atrás.
Para eso está trabajando hace meses: la idea de conseguir una licencia bancaria no es un trámite simple, pero la empresa de mayor valor de mercado del país –USD 98.000 millones– tiene experiencia, ya que la está tramitando en México y también en Brasil.
Como uno de los pasos de esa conversión, meses atrás, en mayo, la empresa que fundó Marcos Galperin hace 25 años registró la marca que usará para su nuevo proyecto.
No fueron muy originales, pero respetaron la tradición de todos los nombres de sus productos. La marca que la empresa registró ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INTI) es Mercado Banco.
Las actividades a la que se dedicará Mercado Libre como banco
Transacciones financieras con monedas físicas, digitales y virtuales
Servicios de información financiera y datos y tendencias del mercado
Emisión de tarjetas de crédito y servicios de tarjetas de crédito y débito
Servicios de calificación crediticia
Administración financiera de inversiones de capitales
Asesoramiento en inversiones
Servicios de fondos de inversiones
Gestión financiera de cuentas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas de efectivo
Operaciones financieras, monetarias e inmobiliarias
Asesoramiento sobre créditos
Servicios fiduciarios
Servicios financieros de compra y venta de monedas virtuales
Servicios de pago por billetera electrónica
La lista de posibles servicios financieros es más larga, aunque eso no quiere decir que los ofrezca a todos, y menos desde el comienzo de la operación. Es una amplia descripción de lo que el nuevo banco podría hacer. Incluso podría usar otra marca, pero Mercado Banco ya está reservada.
En la empresa aseguran que van con paso firme, pero juran que no están tan apurados: el proyecto podría comenzar a desarrollarse recién en 2026, comentaron allegados en las últimas horas.
El expediente del INTI tuvo más novedades semanas atrás, cuando el trámite de Mercado Banco fue publicado en el boletín del organismo y se estableció una concesión de la marca por diez años, hasta octubre de 2034.
El Gobierno nacional anunció hoy cambios en el régimen migratorio que suponen el cobro de aranceles a extranjeros para el acceso a universidades nacionales y a los hospitales públicos, y el endurecimiento de las condiciones para el ingreso y los motivos de expulsión de los inmigrantes.
En la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó: “El objetivo de las medidas es avanzar hacia un país ordenado, y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Este es el objetivo de esta reforma que vamos a impulsar”.
“En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes”, afirmó al tiempo que aseguró que representará una fuente de financiamiento para las casas de estudio.
En la misma línea, aseguró que dispondrán del fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros e indicó que los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes van a determinar las condiciones de acceso, como mejor consideren.
“Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó en un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto implica, no solo el ahorro fiscal que pueda significar sino también una mejor atención para el resto de los ciudadanos que efectivamente son residentes de nuestro país”, expresó.
Asimismo, sentenció: “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que eran tan o son tan conocidos en la República Argentina por desgracia”.
Por otro lado, el funcionario anunció que incorporarán “más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia”.
“Si se lo atrapa cometiendo el delito o se lo detiene por violentar el sistema democrático será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, prometió, y agregó: “ Además, se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando pasan o hacen el trámite migratorio”.
Adorni prometió también que se incorporará una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país. “En los albores de la historia argentina, el país ha recibido gente honrada y dispuesta a hacer grandes o una nación, con la cultura del trabajo y con todo lo que todos ya sabemos”, aseveró.
“La doctrina garantista ha hecho desastres y los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, concluyó.
Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, Aerolíneas Argentinas lanza “Aerolíneas Friday”, que ofrece financiación de vuelos nacionales en hasta 18 cuotas sin intereses con tarjetas y bancos adheridos.
Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, Aerolíneas Argentinas lanza “Aerolíneas Friday”. Esta es una promoción que permitirá financiar vuelos nacionales en hasta 18 cuotas sin interés con bancos y tarjetas adheridas. Según informó el secretario de Turismo, Daniel Scioli, esta iniciativa busca incentivar el turismo interno y facilitar el acceso a destinos icónicos del país.
“Gracias a una economía fortalecida por las políticas fiscales lideradas por el presidente Javier Milei y la drástica reducción de la inflación en tiempo récord, esta oportunidad es una realidad”, expresó el funcionario en su cuenta oficial de la red social X. La promoción contempla diferentes opciones de financiación según la entidad bancaria o tarjeta de crédito utilizada.
¿Que tarjetas pueden acceder a la promoción de Aerolíneas Friday?
Los usuarios de tarjetas de los bancos Santander, Macro, Comafi y la tarjeta Patagonia 365 podrán acceder a planes de hasta 18 cuotas sin interés. Quienes posean tarjetas de ICBC, Banco Nación, Banco de Corrientes, Banco de Santa Fe, Credicoop, MasterCard YOY y Cabal tendrán acceso a 12 cuotas sin interés. Mientras que los usuarios de la tarjeta NaranjaX podrán optar por hasta 6 cuotas.
La compra de pasajes estará disponible en la aplicación oficial de Aerolíneas Argentinas, en su página web y en agencias de viaje autorizadas. La compañía destacó que esta promoción tiene como objetivo facilitar el redescubrimiento de destinos turísticos emblemáticos como Bariloche, Ushuaia, Iguazú y Salta. Sobre todo en un momento clave para fomentar el turismo de cara a las vacaciones de verano de 2025.
El empujón del Black Friday
La propuesta coincide con el Black Friday en los Estados Unidos. Es más, llega en un contexto de flexibilización de importaciones y promociones en diversos sectores en Argentina. Por eso, Aerolíneas Argentinas busca aprovechar esta tendencia para impulsar el turismo interno y promover el consumo de servicios nacionales.
Con este lanzamiento, la aerolínea nacional se suma a otras empresas que ofrecerán descuentos y planes de financiación durante la misma fecha. Según informaron fuentes del sector, el interés por este tipo de promociones ha crecido notablemente en los últimos año. Algo que marca un precedente positivo para el mercado turístico.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que a partir de este martes se dejará de cobrar el 95% del Impuesto País para las importaciones. La medida se oficializará en la próxima edición del Boletín Oficial.
La ARCA, que se trata de un organismo que se creó luego de que el Gobierno disolviera la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dictará una resolución general que regirá desde este martes en la que se dejará sin efecto la obligación del pago a cuenta del 95% del Impuesto País destinado a las importaciones.
La decisión del organismo encabezado por Florencia Misrahi contempla el plazo establecido por el Banco Central para el acceso al mercado de divisas, de 30 días, además de la fecha de vigencia del Impuesto País, hasta el 22 de diciembre de 2024.
En tanto, la medida se encuentra vinculada con la inminente finalización del tributo, que tras cinco años dejará de estar vigente el próximo 23 de diciembre, ya que el adelanto tiene un plazo mínimo de un mes para ingresar al mercado cambiario, por lo que no tendría razón de ser en función de que el gravamen ya no existirá para ese entonces.
El Impuesto País es un tributo de emergencia que grava la compra de billetes y divisas en moneda extranjera y la adquisición de bienes y servicios en el exterior, que se creó durante los primeros días del gobierno de Alberto Fernández a través de la Ley 27.541, para ser aplicado a nivel nacional durante cinco períodos fiscales.
El debate de la “ley de leyes” continuará este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El oficialismo pretende obtener una resolución favorable que le permita ingresar el proyecto en el recinto.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el diputado libertario José Luis Espert, debatirá sobre el proyecto del Presupuesto 2025 este martes, a partir de las 15, en el segundo piso del edificio anexo C del Congreso de la Nación.
El Gobierno de Javier Milei pretende alcanzar dictamen propio sobre la “ley de leyes”, ya que tiene como objetivo tratar la iniciativa en el recinto de la Cámara de Diputados durante la jornada del jueves. Es que lo apremia el reloj: en la Cámara baja hay tiempo para dictaminar hasta el miércoles 20, luego se debe pedir sesiones extraordinarias.
Hasta minutos antes del inicio de esta última reunión dedicada al Presupuesto, el oficialismo negociará con representantes de la oposición dialoguista (PRO, UCR y Encuentro Federal) y también buscará consenso con los gobernadores. Es que el Ejecutivo busca aprobarlo en Diputados, para que luego el Senado pueda sancionarlo antes de fin de año. Si no lo logra, volverá a prorrogar el Presupuesto 2023, que fue votado en diciembre del 2022.
Por lo pronto, desde la presentación del proyecto se produjeron siete reuniones formales de comisión y un sinfín de cónclaves -tanto en Casa Rosada como en despachos del Congreso- en las que trabajaron integrantes del Gobierno y representantes de los bloques dialoguistas, que hicieron hincapié en las necesidades de los mandatarios provinciales.
Ante este panorama, en Casa Rosada rechazan dos cuestiones: la recomposición a las jubilaciones y del presupuesto universitario. El oficialismo no está dispuesto a otorgar el 8% perdido por la inflación de enero de este año y pretende ratificar el DNU de la movilidad jubilatoria. Además, respecto de las universidades, según pudo conocer C5N, reconoce que puede haber un gasto mayor para las casas de altos estudios, pero no quiere incluirlo en el dictamen.
Por su parte, los gobernadores están tras los fondos coparticipables que se podrían desprender del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), de los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de la ex AFIP, actual ARCA.
En un principio, podrían esperarse tres dictámenes: uno del oficialismo con aliados y dialoguistas -PRO, UCR, Encuentro Federal e Innovación- que tendrá sus disidencias. Otro de Unión por la Patria y un tercero de la Izquierda.
La medida fue publicada en un decreto del Boletín Oficial. Allí, se planteó que la financiación de la construcción de viviendas “es una actividad propia y principal de los bancos comerciales, privados y públicos”. Los detalles sobre el sistema de hipotecas divisibles que oficializaron recientemente.
El Gobierno nacional anunció la disolución del programa Procrear, creado en 2012 bajo la gestión de Cristina Kirchner, que ofrece líneas de créditos subsidiadas por el Estado nacional para el acceso a la vivienda.
El martes 12 de noviembre, Manuel Adorni, vocero presidencial, había adelantado la noticia en redes sociales: “Dos novedades económicas: a partir de mañana el plan Procrear tal y como lo conocemos, dejará de existir. Además de esto, se comenzarán a permitir las ‘hipotecas divisibles’ para proyectos inmobiliarios en desarrollo”.
El anuncio se formalizó a través del Decreto 1018/2024, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En los considerandos del decreto, se argumenta que “no es posible desconocer la dificultad de vastos sectores de la sociedad para acceder a una vivienda, producto de contextos desfavorables para el acceso a créditos, generados, entre otros motivos, por la alta inflación de las últimas décadas”. Además, el decreto señala que “la financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia y principal de los bancos comerciales, privados y públicos, por lo que no se justifica la intervención del Estado en esa materia”.
Cabe recordar que en otro decreto, el 1017/2024 publicado en el Boletín Oficial, confirmó la implementación de “hipotecas divisibles sobre inmuebles sujetos a proyectos inmobiliarios para la posterior división y afectación al régimen de propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios, o para subdivisiones originantes de parcelas del dominio común”. La medida publicada está destinada para proyectos inmobiliarios en desarrollo. Se busca mejorar el acceso a la vivienda, fomentar la inversión privada y apoyar la reactivación económica.
Volviendo al decreto sobre la disolución del Procrear, este menciona que el programa “se ha convertido en una pesada carga para las cuentas públicas” debido a dificultades en su fiscalización y control, así como por generar “gastos innecesarios al erario público”. En esa línea, se indica que el programa “no ha sido transparente, ni ágil, ni eficiente en la atención del bien común”.
La medida establece en el artículo 1: “Disuélvese el Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) creado por el Decreto N° 902 del 12 de junio de 2012 y su modificatorio”.
El artículo 2 dispone que el “Ministerio de Economía realizará todos los actos necesarios para la liquidación del Fondo Fiduciario Público, denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), según las disposiciones del presente decreto y del Contrato de Fideicomiso del 18 de julio de 2012″.
El artículo 3 instruye al “Ministerio de Economía a celebrar con el Banco Hipotecario S.A. un contrato para la continuidad de la gestión de los créditos bajo las mismas condiciones de retribución establecidas en el contrato de fideicomiso suscripto el 18 de julio de 2012″.
Asimismo, el artículo 4 autoriza al Ministerio de Economía a disponer y administrar “los bienes muebles e inmuebles, incluyendo sus mejoras, en el marco de lo establecido en el artículo 1°, así como la regularización dominial de los inmuebles”. Se establece, en tanto, la firma de un contrato entre el Ministerio de Economía y el Banco Hipotecario “bajo las mismas condiciones de retribución que las establecidas en el Contrato de Fideicomiso suscripto el 18 de julio de 2012 para dichas gestiones”.
Además, en el marco de la nueva conformación del Estado, y en particular de la Administración Pública, entre los considerandos se citó que el artículo 1° del Decreto N° 215/24 “designó al Ministerio de Economía como fiduciante en representación del Estado Nacional en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios”.
Con esta disposición, el Ministerio de Economía, con la asistencia de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), “realizaría una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional”, según lo publicado en el decreto.
También se citó que en cumplimiento de lo requerido, la SIGEN “elaboró un informe en el cual formuló varias observaciones sobre el funcionamiento del fondo fiduciario público denominado Pro.Cre.Ar, entre las cuales cabe mencionar las siguientes: demora en la entrega de viviendas y locales, lo cual genera mayores gastos de mantenimiento, vigilancia y gastos de expensas, que podrían haberse evitado de entregarse en tiempo y forma los desarrollos urbanísticos tal como lo preveía el plazo de finalización de obra y la agilización de los mecanismos de selección de beneficiarios; incumplimiento del convenio por parte de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); numerosos reclamos por falta de condiciones de habitabilidad de las unidades entregadas y, finalmente, la falta de actualización de los manuales de procedimiento”.
Asimismo, se indica que “la gestión del citado fondo fiduciario público no ha sido transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, con lo cual su disolución y liquidación encuadra en la base de delegación prevista en el inciso a) del artículo 2° de la Ley N° 27.742″.
El decreto agrega que “no puede soslayarse el efecto positivo que tendrá la no interferencia del Estado en esta actividad de índole netamente privada para la ciudadanía en general y para el sector en particular”, concluyendo que, “producidas esas reformas sustanciales, no se justifica en absoluto que el Estado continúe interviniendo en la financiación de la construcción de viviendas”.
También se establece que “a partir de las reformas implementadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde diciembre de 2023, con la consiguiente desaparición de los pasivos remunerados por esa entidad y los avances en el proceso de reducción de la inflación, se proyecta un aumento en el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte de las entidades bancarias, facilitándose el acceso a la vivienda”.
El artículo 5 permite que el Ministerio de Economía, “previa intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación”, transfiera inmuebles o unidades a provincias, municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institutos de vivienda y otros organismos del Estado Nacional. En el caso de que los inmuebles sean aportados por provincias o municipios, el decreto permite la “restitución total o parcial a favor del aportante de origen”.
El artículo 6 dispone que los inmuebles que estén bajo titularidad fiduciaria del Banco Hipotecario S.A. y que no estén afectados a obras en curso serán “transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)”. El artículo 7 faculta al Ministerio de Economía a dictar “las normas operativas y complementarias que sean necesarias para la mejor implementación del presente decreto”.
Mientras que el artículo 8 asigna al Jefe de Gabinete la responsabilidad de realizar “las adecuaciones presupuestarias pertinentes, a través de la reasignación de partidas del Presupuesto Nacional”.
Hipotecas divisibles
Con respecto a las hipotecas divisibles, se indicó que se “permitirá que las partes acuerden la contratación de seguros u otras garantías bajo las condiciones que determinen, ejerciendo la autonomía de la voluntad y siempre respetando las normas de protección al adquirente de buena fe”.
El artículo dos de aquel decreto, el 1017/2024, establece que el acto por el cual se constituya una hipoteca divisible deberá cumplir ciertos requisitos específicos.
1) El dominio del inmueble deberá constar libre de gravámenes o los existentes deben ser reconocidos por el acreedor.
2) Deberá contar con un proyecto que determine la modalidad de la subdivisión, en el que deberá constar el número, características y destino de las futuras unidades funcionales o lotes de terreno, que describa el proyecto urbanístico.
3) Deberá contener la conformidad de las partes a fin que, una vez concluida la división del inmueble y transferido el dominio o constituido el derecho real de superficie a favor de cada adquirente, se proceda conjuntamente con la división del crédito y de la garantía hipotecaria que, desde ese momento, afectarán individual e independientemente a cada unidad o lote o superficie por el saldo que le pudiere corresponder a estos últimos.
También se precisó que, si el inmueble destinado al desarrollo inmobiliario se divide, tanto el crédito como la hipoteca podrán ser transferidos a los nuevos propietarios, quienes asumirán el saldo de la deuda correspondiente a su propia unidad o lote, de acuerdo con las condiciones establecidas con el acreedor hipotecario.
En cuanto a la creación de hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios, el decreto destaca que las partes podrán autorizar su cesión, securitización, integración en fideicomisos financieros y emisión de letras hipotecarias.
Anteriormente, fuentes del Ministerio de Economía indicaron a Infobae que existen “17 mil viviendas que aún no están finalizadas”. Según estas fuentes, el Gobierno planea subastar dichas propiedades. El Gobierno busca aplicar un esquema similar al implementado en agosto, cuando transfirió la gestión de desarrollos a provincias como Catamarca, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, con el objetivo de que las administraciones locales concluyan los desarrollos urbanísticos.
En Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof dispuso que el Gobierno provincial concluya viviendas en construcción. En algunos municipios del conurbano, como Avellaneda, se encuentran actualmente en ejecución “3.000 viviendas cuya finalización ha sido posible gracias a fondos propios”. Una fuente oficial declaró a Infobae: “Cada una de las obras en marcha todavía está siendo auditada. Se revisa una por una”. Estas unidades cuentan con financiamiento del Banco Hipotecario y algunas del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), fondo transferido al Ministerio de Economía en abril de este año.
Por otro lado, el Gobierno revisa los últimos “2.500 créditos que se suscribieron en noviembre de 2023, a un mes de la finalización del mandato de Alberto Fernández”. Según fuentes oficiales, cada beneficiario recibió la opción de cambiar el crédito hipotecario por un crédito personal. “El 70% ya aceptó la propuesta”, agregaron.
Este plan está contemplado en el artículo 5 de la Ley Bases, que establece que el Poder Ejecutivo puede “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos”, en cumplimiento con las reglas específicas de cada fondo y las disposiciones de sus normas constitutivas.
