El precio del Big Mac volvió a poner a la Argentina en el centro del debate cambiario. Según la última edición del Índice Big Mac de The Economist, comprar la clásica hamburguesa de McDonald’s en el país resulta hoy más caro que en Estados Unidos cuando se mide al tipo de cambio oficial, una señal de que la política económica nacional ha hecho que el país esté caro en dólares y enfrente dificultades de competitividad, mientras que los salarios aún no se han recuperado.

Durante buena parte de 2024 y comienzos de 2025, la política monetaria y cambiaria definida por el Gobierno nacional sostuvo un ajuste del tipo de cambio oficial cercano al 2% mensual, muy por debajo de la inflación. Este esquema profundizó el atraso cambiario y tuvo impactos directos en las provincias que limitan y compiten con economías vecinas como Paraguay y Brasil, donde la brecha de precios en dólares condiciona el consumo, la actividad comercial y el desempeño de las economías regionales en un contexto de recesión.

En ese escenario, la pérdida de poder adquisitivo y la caída del nivel de actividad refuerzan el comportamiento defensivo de los hogares. Con ingresos ajustados, los consumidores buscan maximizar el valor de cada peso que gastan, lo que reduce el consumo interno y deja a los comercios locales en una situación más frágil frente a la competencia externa, especialmente en las zonas de frontera.

Ese proceso llevó a que, a mediados de 2024, el peso argentino se ubicara entre las monedas más sobrevaluadas del mundo, junto con el franco suizo y el peso uruguayo. Si bien el escenario comenzó a mostrar correcciones en el segundo semestre y se consolidó a comienzos de 2025, el nivel de precios en dólares sigue siendo un factor central del debate económico.

De acuerdo con el relevamiento más reciente del semanario británico, que promedia los precios del Big Mac en cuatro ciudades argentinas, el sándwich cuesta alrededor de $8.000. En Estados Unidos, el mismo producto se vende a u$s6,12, una diferencia que vuelve a funcionar como referencia concreta del encarecimiento relativo de la Argentina al tipo de cambio oficial.

Bajo esta comparación, el tipo de cambio que igualaría los precios entre ambos países sería de $1.307,19 por dólar, por debajo del tipo de cambio oficial de $1.445,76 utilizado por el índice. A partir de ese cálculo, el peso argentino aparece subvaluado en torno al 9,6% frente al dólar en la medición tradicional del Índice Big Mac.

No obstante, The Economist también publica una versión “gourmet” del índice, que ajusta los resultados por nivel de ingresos y toma en cuenta el PBI per cápita. Bajo ese enfoque, el peso argentino aparece 19,8% sobrevaluado, lo que refuerza la idea de que, más allá de las correcciones recientes, la Argentina continúa siendo un país caro en dólares en relación con su nivel de desarrollo.

La reactivación económica prometida por el gobierno nacional está lejos de suceder. Recesión prolongada, actividad económica en baja, aumento en el costo de vida, salarios pisados, incendios que consumen la mitad de la Patagonia, son algunos de los acordes del rock que ensaya Javier Milei.

Los últimos días del primer mes del año sirven para graficar la situación argentina: ajuste sin fin ni propósito virtuoso alguno, recesión prolongada, cierre de fábricas y comercios, despidos, caída del consumo, retención indebida de recursos de las provincias, nuevas promesas que reemplazan a las anteriores incumplidas. El programa económico de Milei y Caputo no despega -básicamente se trata de apostar al crecimiento de los sectores de energía y minería, así como al crecimiento económico vía el crédito- y las consecuencias se sienten en toda la geografía nacional: distritos aliados, opositores, provincialistas.

Por ejemplo, Corrientes -jurisdicción que registró el porcentaje más alto del país de muertes infantiles en 2025-, provincia aliada a Nación y elogiada por el establishment argentino debido a su estructura tributaria, tuvo que tomar un préstamo para pagar los salarios estatales de diciembre y en enero anunció que no habrá aumentos para el sector, generando una crisis en los golpeados bolsillos de los empleados públicos.

Claro está que en Misiones la crisis golpea fuerte también, pero la gestión provincial prioriza la contención social, el sostenimiento de las fuentes de trabajo y el orden. Hacer, estar y coordinar en lugar de promesas irrealizables a través de discursos grandilocuentes. La semana que concluyó tuvo varios ejemplos en ese sentido.

La renovación de autoridades en la CODEIM, con el respaldo explícito del gobernador Passalacqua al trabajo colectivo de los intendentes, no fue un hecho menor. En un contexto de escasez de recursos, la articulación entre Provincia y municipios aparece como una herramienta clave para sostener obras, infraestructura y desarrollo local. No es un gesto político: es una necesidad concreta.

Passalacqua lo expresó con claridad al valorar a los intendentes como actores estratégicos del desarrollo territorial. Son ellos —los jefes comunales— quienes ponen la cara todos los días frente al vecino, quienes reciben el primer reclamo, la primera angustia y también la primera demanda de respuesta. En tiempos de crisis nacional, el proyecto político provincial reconoce y respalda a esa primera línea, porque sin territorio no hay política que se sostenga.

Otro caso que sirve para ejemplificar lo mencionado es el del alivio fiscal, en el esquema de descuentos y exenciones del Impuesto Provincial Automotor 2026. la Provincia optó por combinar responsabilidad fiscal con sensibilidad social: bonificaciones por pago anticipado, cuotas accesibles, exenciones para vehículos antiguos y estímulos a tecnologías más limpias. Esta batería de medidas es clara desde su denominación: es un alivio, no resuelve grandes problemas, pero amortigua el impacto de la crisis.

Lo mismo puede decirse del acuerdo alcanzado en la Mesa Tabacalera. En una Argentina donde muchas economías regionales quedaron libradas a su suerte, Misiones volvió a apostar al diálogo y al consenso para defender producción y empleo. El precio de referencia fijado para el tabaco Burley no solo brinda previsibilidad a miles de productores, sino que reafirma una idea central: defender lo propio no requiere gritar, sino trabajar con seriedad, datos y presencia del Estado.

La agenda ambiental y de prevención también ocupó un lugar central. Ante un escenario climático extremo, el Gobierno provincial activó la Mesa de Coordinación Preventiva de Incendios, reforzando monitoreos, patrullajes y concientización. No es casualidad que Misiones haya logrado reducir drásticamente los incendios en los últimos años: hay planificación, inversión y coordinación real entre organismos, municipios y fuerzas operativas. Gobernar también es anticiparse.

A nivel municipal, la ciudad de Posadas ofrece un ejemplo claro de esa cercanía que la sociedad valora. Bajo la gestión del intendente Leonardo Stelatto, la capital provincial combina orden administrativo con presencia territorial. Beneficios impositivos, prórrogas para facilitar el cumplimiento, acompañamiento en emergencias, apoyo a bomberos, jornadas deportivas en barrios y operativos de salud animal descentralizados no son grandes anuncios, pero sí políticas que impactan directamente en la vida cotidiana.

Esa es, quizás, una de las claves de este tiempo: la gestión concreta como antídoto frente a la bronca social. En un clima atravesado por el enojo y la desconfianza, la gente distingue rápido entre el relato y la acción. No espera milagros, pero sí respuestas. Y cuando el Estado actúa, ordena y acompaña, el cinismo baja y aparece, aunque sea de manera frágil, la credibilidad.

Misiones no está mejor que el resto del país, pero tampoco se desentiende. Funciona, en muchos aspectos, como un amortiguador frente a la crisis nacional. Contiene, media y responde con los recursos que tiene, sin desconocer las dificultades. La demanda social hoy no es ideológica: es que alguien se haga cargo. Y esa expectativa, en gran medida, recae sobre la gestión provincial y los gobiernos locales.

Gobernar, en este contexto, no es declamar. Es sostener. Sostener servicios, producción, vínculos sociales y convivencia. La estabilidad y la previsibilidad también son valores políticos, aunque no hagan ruido en redes sociales. El territorio sigue siendo la base de la legitimidad, y Misiones lo entiende: estar donde están los problemas, no comentarlos desde lejos.

En un país cansado del ruido y las promesas incumplidas, esta forma de gobernar —silenciosa, constante y realista— no soluciona todo, pero dialoga mejor con una sociedad que la está pasando mal y que, más que discursos, necesita hechos.

Hechos que parecieran no llegar ni intentar que lleguen: el gobierno nacional es un espectador de lujo mientras se queman hectáreas y hectáreas de bosque nativo en el sur, fascinado con hacer seguidismo a todo lo que haga Estados Unidos, ahora se plantea tener en suelo argentino un ICE -agencia anti inmigrantes yankee- autóctono y al mismo tiempo planea convertir al país en depositario de los migrantes deportados por el país del norte. Además, el Banco Central anunció la necesidad de ajuste extra del 0,5% del PIB y señaló que el ajuste podría concentrarse en salarios, subsidios, planes sociales y bienes y servicios.

Si no hay pan, que haya circo. ¡Quiero verla en el show!

Sabemos que la Argentina atraviesa un momento complejo, donde los discursos no alcanzan y lo que la gente necesita son soluciones concretas. En este marco, la provincia aplicó descuentos y facilidades en el Impuesto Provincial Automotor 2026, entendiendo que aliviar esta carga fija es una manera directa de acompañar a las familias. No se trata de un gesto aislado: refleja que sabemos que, en un país con recesión, ajuste fiscal y caída del consumo, cada peso cuenta, y que las decisiones de gestión deben priorizar lo que impacta de manera inmediata en la vida cotidiana. Esta medida también busca dar previsibilidad y acompañamiento en un contexto donde los gastos fijos, pesan cada vez más en los ingresos.

El escenario nacional es preocupante y los datos lo muestran claramente. Según el Instituto Argentina Grande, pese al superávit fiscal y cierta estabilidad nominal alcanzada en 2025, el ajuste impulsado por el gobierno nacional profundizó la caída del consumo, el empleo y la inversión. Las ventas en supermercados retrocedieron más de un 10% real y casi la mitad de las familias recurrió a ahorros o crédito para llegar a fin de mes, mientras que el aumento de tarifas y transporte reduce de manera sostenida el ingreso disponible.

Esta situación también se refleja en la actividad económica y el empleo. La industria y la construcción siguen en recesión, y se perdieron más de 220 mil puestos de trabajo registrados en el país, reemplazados en muchos casos por empleo informal. El fuerte recorte del gasto público, sobre todo en obra pública y transferencias a provincias, explica el superávit fiscal, pero limita la inversión y condiciona las perspectivas de crecimiento.

Incluso los hábitos cotidianos muestran el impacto de la crisis. El consumo de carne vacuna cayó un 42% en las últimas décadas, pasando de 52 kilos por habitante en 1990 a 30 kilos en 2025. Hoy, con lo que cuesta un kilo de asado se pueden comprar hasta cuatro kilos de pollo. Aunque el consumo total de carnes creció, cambió su composición, mostrando cómo los precios condicionan decisiones básicas de todos los hogares.

En este contexto, la provincia sabe que no puede quedarse al margen y, por ello, priorizamos sostener, contener y ordenar. Se busca acompañar a las familias y garantizar que las decisiones de gestión tengan un impacto real. El alivio fiscal en el impuesto automotor forma parte de esta estrategia: no resuelve todos los problemas, pero facilita el cumplimiento, ofrece opciones y reconoce que, hoy, los gastos fijos pesan más que nunca en la economía familiar.

Las bonificaciones por pago anticipado, las cuotas accesibles y las exenciones para determinados vehículos buscan dar previsibilidad y acompañar a quienes hacen el esfuerzo de cumplir. En tiempos de ajuste, entendemos que administrar también es cuidar la relación entre el Estado y los contribuyentes, evitando que la presión fiscal se convierta en un problema adicional.

Esta misma lógica se aplica a la relación con los municipios. Creemos en el trabajo conjunto y en la coordinación territorial. Por eso respaldamos el rol de los intendentes y fortalecemos espacios como la CODEIM, convencidos de que en contextos de escasez la articulación no es una opción política, sino una necesidad concreta. Passalacqua ha subrayado en varias oportunidades que los intendentes son actores estratégicos del desarrollo territorial, quienes están todos los días frente al vecino, recibiendo reclamos, demandas y angustias. Acompañarlos significa reconocer que la gestión se construye desde el territorio, con presencia y respuestas posibles, aunque los recursos sean limitados.

También sostenemos nuestras economías regionales. El acuerdo alcanzado en la Mesa Tabacalera, que fijó un precio de referencia para el tabaco Burley, brindó previsibilidad a miles de productores y defendió empleo en un contexto nacional adverso. Apostamos al diálogo y al consenso porque sabemos que sin producción no hay desarrollo posible.

La prevención es otro eje central de nuestra forma de gestionar. Frente a escenarios climáticos extremos, activamos mecanismos de coordinación para anticiparnos, como la Mesa de Coordinación Preventiva de Incendios. Los resultados de los últimos años, con una fuerte reducción de incendios, son fruto de planificación, inversión y trabajo conjunto entre organismos y municipios.

Sabemos que el malestar social existe y que la gente está cansada de promesas que no se cumplen. Por eso creemos que hoy gobernar es, sobre todo, hacerse cargo. Misiones no está mejor que el resto del país, pero tampoco se desentiende. Con los recursos disponibles, buscamos sostener servicios, producción y vínculos sociales. En tiempos difíciles, la gestión concreta y la presencia en el territorio siguen siendo nuestra principal respuesta.

En un contexto de inflación todavía elevada y con el consumo en retroceso, el Gobierno nacional volvió a recurrir a la suba de impuestos como herramienta fiscal y oficializó un nuevo aumento sobre los combustibles. A través del decreto 74/2026, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso un incremento parcial de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (CO₂), que se trasladará a los precios de la nafta y el gasoil a partir de febrero, sumando presión sobre uno de los costos más sensibles para la actividad económica y el bolsillo de los usuarios.

El nuevo esquema establece que, para los hechos imponibles que ocurran entre el 1 y el 28 de febrero, el impuesto sobre la nafta sin plomo de hasta 92 RON, la superior a 92 RON (súper) y la nafta virgen se incrementará en $16,773 por litro. En paralelo, el impuesto al dióxido de carbono aplicable a estos combustibles aumentará $1,027 por litro.

En el caso del gasoil, el impuesto a los combustibles líquidos se elevará en $14,372 por litro. Para las zonas alcanzadas por una alícuota diferencial —como la Patagonia y otras regiones del interior del país— el incremento será de $7,782, mientras que el impuesto al dióxido de carbono subirá $1,638 por litro.

La normativa vigente mantiene un tratamiento diferencial para el gasoil destinado al consumo en determinadas jurisdicciones, entre ellas Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, y el departamento Malargüe, en Mendoza. Este régimen busca amortiguar el impacto del tributo en zonas con mayores costos logísticos y climáticos.

El decreto toma como base la Ley 23.966, que regula los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono y fija un mecanismo de actualización trimestral en función de la inflación medida por el INDEC. Según esa normativa, los ajustes deberían aplicarse en enero, abril, julio y octubre de cada año, contemplando las variaciones acumuladas del Índice de Precios al Consumidor desde enero de 2018.

Perfiles técnicos formados en el CTMMi se encuentran disponibles para su incorporación al sector foresto–industrial.

Desde el Centro Tecnológico de la Madera Misiones (CTMMi), dependiente del Ministerio de Industria, se pone a disposición de las industrias del sector foresto–industrial un banco de capital humano misionero, diseñado para facilitar la vinculación entre la formación técnica y la inserción laboral.
La herramienta está conformada por operarios y operarias formados en el CTMMi, quienes cuentan con capacitación teórico–práctica y experiencia en procesos productivos vinculados a la transformación de la madera. Se trata de perfiles técnicos preparados para incorporarse de manera inmediata a distintos eslabones de la cadena foresto–industrial, respondiendo a las demandas actuales del sector.
El banco incluye perfiles de operador de secadero, operador de aserradero y operador de sala de afilado, todos ellos con conocimientos específicos en manejo de maquinaria, procesos productivos, seguridad laboral y buenas prácticas industriales. Los perfiles técnicos completos se encuentran disponibles para consulta, en el siguiente enlace: [https://drive.google.com/drive/folders/18S_0UvIce4zxEql0rXRn5VyN68Xau_FV?usp=sharing] , allí las empresas podrán conocer en detalle la formación y competencias de cada trabajador o trabajadora.
Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre el sistema de formación y el entramado productivo, facilitar el acceso de las empresas a recursos humanos calificados y promover el empleo local, apostando al desarrollo sostenible de la industria foresto–industrial en Misiones.
Desde el Ministerio de Industria de la provincia se destaca la importancia de seguir generando herramientas que acompañen el crecimiento del sector, potencien la mano de obra local y contribuyan a una mayor competitividad industrial. Asimismo, el organismo queda a disposición para ampliar información y articular necesidades específicas de cada industria interesada. Quienes lo requieran, pueden comunicarse por WhatsApp al: 3755 57-0584.

PAMI mantiene una deuda de seis liquidaciones con las farmacias de Misiones, una situación que pone en serio riesgo la continuidad de la atención a jubilados y pensionados en la provincia. Desde el Colegio de Farmacéuticos advierten que los pagos llegan de manera irregular y “a cuentagotas”, mientras las obligaciones continúan acumulándose sin que el sistema logre regularizarse.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, Vania Ilchuk, explicó que los problemas en la cadena de pagos comenzaron a mediados del año pasado y que, lejos de resolverse, se profundizaron en los primeros meses de 2026. Actualmente, las farmacias afrontan seis pagos adeudados por parte de PAMI, una situación que afecta con mayor dureza a los establecimientos pequeños y medianos.

Ilchuk recordó que el convenio con PAMI fue renovado en septiembre y tiene vigencia hasta septiembre de 2026, sin modificaciones en las condiciones de pago. El acuerdo establece un anticipo del 70% a los 10 días de presentada la liquidación y el 30% restante a los 45 días, plazos que hoy no se están cumpliendo. Al tratarse de presentaciones quincenales, las deudas se superponen y nunca se logra estar al día.

Desde el sector remarcan que las farmacias deben afrontar gastos fijos, reponer medicamentos en droguerías y sostener la atención diaria, muchas veces financiando el sistema con capital propio. “Llega un momento en que no se puede más. Necesitamos que se regularicen los pagos o, al menos, un cronograma que nos permita previsibilidad”, advirtió la presidenta del Colegio.

De no haber una respuesta concreta, las farmacias alertan que podría verse afectada la atención a los afiliados de PAMI. Si bien aseguran que no es una medida deseada, algunas ya comenzaron a reducir o limitar la prestación. Esta situación genera un fuerte impacto social, ya que muchos jubilados dependen de la cobertura total de medicamentos y son pacientes polimedicados.

A este escenario se suma una caída en la venta de medicamentos estimada entre un 20% y un 25%. Según explicó Ilchuk, los clientes compran solo lo indispensable, comparan precios, optan por genéricos o adquieren blísteres en lugar de cajas completas. En paralelo, aumentaron los alquileres y los costos operativos, mientras que el mayor uso de tarjetas y transferencias implica más impuestos y demoras en la acreditación de los pagos.

En este contexto, las farmacias misioneras difundieron un comunicado en redes sociales que rápidamente se volvió viral, en el que expresan su “hartazgo” ante el incumplimiento en los pagos por parte de PAMI. Allí advierten que, sin cobros en tiempo y forma, el sistema no es sustentable y que un eventual corte en la provisión de medicamentos impactaría de lleno en jubilados y pensionados, uno de los sectores más vulnerables del actual contexto económico.

El Gobierno provincial, productores y empresas sellaron este miércoles el acuerdo que establece el precio de referencia para la nueva campaña tabacalera. En 2025 se había logrado un récord de acopio de 39 millones de kilos.

El Gobierno provincial, las asociaciones de productores y las empresas acopiadoras firmaron este martes el acuerdo que fija el precio del tabaco para el inicio del acopio en Misiones. Las partes sellaron el entendimiento en Leandro N. Alem, tras varias semanas de negociaciones que involucraron a cooperativas y cámaras del sector tabacalero. El precio base acordado para el tabaco Burley Clase B1F quedó fijado en $4.062 por kilo.

El acta establece un valor de referencia claro que otorga previsibilidad a miles de trabajadores del campo. El valor mencionado respeta el patrón tipo vigente y obliga a todas las empresas adherentes a ajustarse a la grilla oficial de precios definida para el comienzo del acopio. La cifra representa un incremento aproximado del 30% con respecto a la temporada anterior, acercándose a las expectativas de los representantes de los productores.

Como consecuencia directa del acuerdo, las empresas que cuenten con la habilitación correspondiente podrán iniciar el acopio de manera inmediata. Esta definición era esperada con urgencia por los productores tabacaleros, quienes aguardaban una señal clara para comenzar la comercialización de su cosecha. La medida busca ordenar el mercado y dar seguridad a toda la cadena productiva.

La campaña tabacalera anterior logró acopiar más de 39 millones de kilos en la provincia. Las expectativas para el ciclo actual apuntan a alcanzar una cifra similar, consolidando la actividad como un pilar fundamental de la economía regional. El acuerdo no solo establece un piso de precio sino que también define las reglas para una comercialización ordenada.

La firma del acta marca un hito clave para el desarrollo de la temporada 2026, alineando los intereses de los trabajadores del sector y la industria, con el acompañamiento del gobierno provincial. La definición del precio por kilo cierra una etapa de incertidumbre y abre la puerta a la etapa productiva y comercial más importante para esta actividad económica en la provincia.

El frigorífico Pico, establecimiento pampeano creador de la hamburguesa Paty —marca que se convirtió en un genérico del medallón de carne picada— suspendió a sus 450 empleados y encendió las alarmas en la industria cárnica. La empresa atribuyó la medida a la caída de las ventas y a una deuda superior a los $30.000 millones, en un contexto de consumo interno estancado en mínimos históricos y una fuerte retracción de las exportaciones impulsadas por la política económica nacional.

La paralización de la planta refleja la magnitud de la crisis: el frigorífico pasó de faenar cerca de 600 cabezas de ganado vacuno por día a apenas 50. La merma del mercado externo fue determinante, con una caída general del 7,3% en las exportaciones de carne durante 2025 y una contracción del 12,3% en los envíos a China, principal destino del producto argentino.

Como Pico dependía en buena medida del comercio exterior para sostener su estructura operativa, la baja de los envíos impactó de lleno en sus ingresos y comprometió su funcionamiento. La situación se agravó en un escenario de costos crecientes y menor demanda interna.

En la localidad pampeana de Trenel, donde el frigorífico es uno de los principales motores económicos, crece la preocupación por un eventual cierre definitivo. La suspensión de actividades no solo afecta a los trabajadores directos, sino también a comerciantes, transportistas y productores vinculados a la cadena cárnica.

El conflicto se inscribe en un contexto sectorial más amplio. En distintas provincias se multiplican las tensiones en la industria de la carne, con casos como el del frigorífico santafesino Euro —tomado por sus trabajadores desde hace más de dos meses por salarios impagos— y los recientes reclamos en empresas como Granja Tres Arroyos y el frigorífico Bernasconi.

El frigorífico Pico, propiedad de la familia Lowenstein, funciona desde los años 60 y fue desarrollado por tres generaciones en la Argentina. En los últimos años venía atravesando dificultades financieras y productivas, y hace aproximadamente un año inició un proceso de achique que afectó a cerca de un centenar de trabajadores, antecedente de la suspensión masiva actual.

La delicada situación financiera quedó expuesta con una deuda cercana a los $9.000 millones con el Banco de La Pampa y más de mil cheques rechazados, según datos del Banco Central. El intendente de Trenel, Horacio Lorenzo, aseguró además que la empresa adeuda varios meses de pagos a productores de la zona y de la vecina localidad de Eduardo Castex. Mientras tanto, la compañía informó a su personal que abonará una suma de $500.000 correspondiente al mes en curso y entregará la carne semanal habitual, como medida paliativa para los trabajadores suspendidos.

El contexto se extiende a las industrias yerbatera, forestal y ganadera. En ese marco, resaltó que “hay preocupación porque la industria forestal produce a gran escala y el consumo interno se encuentra detenido”.

En diálogo con la prensa, el gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés, advirtió sobre el impacto del actual contexto económico en distintos sectores productivos de la provincia y expresó su preocupación por la situación de la industria yerbatera, forestal y ganadera. En este marco, resaltó que “hay preocupación porque empieza a colapsar el sector, la industria forestal produce a gran escala y el consumo interno se encuentra detenido”.

Durante la entrevista, el mandatario también brindó detalles sobre la situación económica y laboral, mientras abordaba la deuda que mantiene la Nación con la provincia, el cierre de la empresa textil Alal en Goya, la posibilidad de otorgar aumentos salariales a los empleados estatales y el debate en torno a una eventual reforma laboral.

Por otra parte, Corrientes espera la visita del ministro del Interior, Diego Santilli, aunque aún se espera la confirmación de la fecha del encuentro. Según explicó Valdés, la intención es trasladar al Gobierno nacional las principales preocupaciones de la provincia vinculadas al funcionamiento del sector productivo.

Sobre la deuda que mantiene la Nación con Corrientes, el gobernador precisó que el reclamo incluye más de 200 mil millones de pesos correspondientes a la Caja previsional, otros 50 mil millones por el consenso fiscal y un reclamo judicial de 30 mil millones en concepto de regalías. En ese sentido, remarcó que se trata de “deudas importantes” que tienen impacto directo en la gestión provincial.

Corrientes se mantiene estancado en el sector privado y público

El gobernador también se refirió al cierre de la planta textil de Alal en la ciudad de Goya, que dejó a más de 260 trabajadores sin empleo. Según explicó, la empresa atraviesa dificultades para sostener su actividad en el actual escenario económico. “La empresa manifiesta que no tiene ventas y que es difícil competir con las importaciones. Estamos siguiendo de cerca la situación, trabajando y viendo las alternativas posibles”, expresó.

Valdés añadió que el contexto internacional y la apertura de importaciones generan mayores complicaciones para la industria local. En ese marco, apuntó contra la competencia externa. “Productos que ingresan de China e India, con mano de obra más barata, hacen difícil competir”, señaló.

En cuanto a la situación salarial, el mandatario indicó que se evalúa un posible aumento para los empleados estatales, aunque reconoció que la caída de la coparticipación limita el margen de acción del Gobierno provincial. “Tenemos que encontrar el punto de equilibrio para hacer un anuncio certero y dar tranquilidad al sector estatal”, concluyó.

El presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macias, reunió a los espacios políticos por la crisis del sector yerbatero. La desregulación nacional y el impacto en los productores marcaron la agenda. La ausencia de La Libertad Avanza fue el dato político central.

El presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macias, convocó a una reunión extraordinaria a todos los bloques en la Legislatura provincial. El objetivo fue abordar la crisis yerbatera provocada por la desregulación impulsada por el Gobierno nacional y su impacto directo en pequeños productores y cooperativas.

La convocatoria tuvo como objetivo abrir un espacio de diálogo político ante la grave crisis que atraviesa el sector. La caída de precios, la pérdida de rentabilidad y la incertidumbre en la cadena productiva encendieron alertas en toda la provincia.

Participaron representantes de todos los espacios con presencia parlamentaria: Héctor “Cacho” Bárbaro, Cristian Castro y Elvani Göring, del PAyS; Walter Ríos, de Por la Vida y los Valores; Analía Labandoczka, del PRO; Santiago Koch, de la UCR; Juan Ahumada, ex Activar y Ramón Amarrilla. Sin embargo, un hecho llamó especialmente la atención: la ausencia total de los legisladores de La Libertad Avanza, que no enviaron ningún representante al encuentro.

De los demás bloques hubo al menos un legislador presente. Esto permitió avanzar en un diagnóstico común sobre la situación del mercado yerbatero y las consecuencias de la desregulación dispuesta a nivel nacional.

Desde el Frente Renovador de la Concordia remarcaron la necesidad de sostener el diálogo institucional y de defender a los productores misioneros frente al nuevo escenario económico.

La crisis yerbatera se consolidó así como uno de los temas centrales de la agenda legislativa y política de la provincia, en un contexto de fuerte preocupación social y productiva.