El mes de noviembre dejó un panorama sombrío en la industria argentina, con una sucesión de cierres de plantas, suspensiones y despidos que distintos sectores atribuyen al llamado “efecto motosierra”: la caída del consumo, la apertura importadora y el ajuste en distintas áreas de la economía. A lo largo de las últimas semanas, empresas de rubros tan diversos como electrodomésticos, metalmecánica, textil, alimentos y tecnología anunciaron medidas drásticas para sostener su estructura o directamente cesaron operaciones.
El impacto más reciente se produjo el 26 de noviembre, cuando Whirlpool confirmó el cierre de su planta en Pilar con 220 despidos, el mismo día en que Essen informó 35 desvinculaciones en Venado Tuerto. La semana ya había comenzado con la decisión de Georgalos, que anunció la suspensión de 600 trabajadores en Victoria, mientras que TN Platex dispuso el cierre de un sector en su establecimiento de Monte Caseros, afectando temporalmente a 20 operarios.
La cadena de anuncios continuó con casos de peso industrial. La autopartista Dana, en San Luis, dispuso el cierre de su planta el 20 de noviembre con 50 despidos, en paralelo al cierre de una sucursal de Frávega en Temperley. En La Rioja, Luxo y Vulcalar confirmaron el cierre de plantas con despidos, y en Bahía Blanca la mayorista Yaguar clausuró una de sus sucursales. Antes, el 13 de noviembre, Textilana había suspendido a 175 trabajadores, mientras que La Suipachense, histórica firma láctea de Suipacha, tuvo su quiebra decretada.
La crisis también golpeó a grandes jugadores del sector electrodoméstico y tecnológico. El 6 de noviembre, Electrolux suspendió a 400 trabajadores en Rosario; un día antes, Newsan aplicó 150 despidos en Tierra del Fuego. A esto se sumaron cierres de sucursales de Easy en el Conurbano y nuevos recortes en el sector tech, que incluyeron despidos en Globant, Salesforce y Tienda Nube. Entre fines de octubre y principios de noviembre, Ualá también formalizó más de 100 desvinculaciones, consolidando un retroceso significativo en el ecosistema digital.
Empresarios, sindicatos y analistas coinciden en que la oleada de ajustes responde a un contexto de fuerte caída del mercado interno, encarecimiento del crédito, recorte estatal y una competencia importada que empieza a desplazar producción nacional. Mientras tanto, el Gobierno nacional sostiene que se trata de un reacomodamiento “necesario” para estabilizar la economía y que la recuperación llegará en una segunda etapa. Para miles de trabajadores, sin embargo, noviembre quedará marcado como uno de los meses más duros desde la pandemia.
La semana pasada no fue buena para el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. El prestigioso Wall Street Journal informó el pasado jueves que la banca privada había decidido dar de baja el plan de ayuda financiera para el gobierno argentino consistente en un préstamo de 20 mil millones de dólares y ahora se negocia una repo por 5 mil millones de dólares, sin el cual, el BCRA no tendría los fondos necesarios para hacer frente a los vencimientos del mes de enero de 2026.
Pero eso no es todo, tampoco hay reservas para afrontar los pagos al FMI. De acuerdo a las estadísticas del Tesoro de Estados Unidos, el último vencimiento de intereses ante ese organismo se afrontó con Derechos Especiales de Giro norteamericanos (DEGs). Ninguno de los dos gobiernos brindó información al respecto. Si tuviéramos que explicar cuál es el plan de Scott Bessent y Caputo, con total sinceridad deberíamos decir que es poner parches sobre parches hasta que en algún momento se abra el mercado de capitales para la Argentina. El detalle saliente es que cada parche cuesta carísimo y la cuenta la paga todo el pueblo argentino que, hasta ahora, no ve ninguno de los beneficios.
A esta altura queda claro que el esquema económico diseñado por Toto Caputo sólo se sostiene sobre una aspiradora de dólares que vaya uno a saber adónde van a parar: 20 mil millones del FMI, 20 mil millones del swap con el Tesoro norteamericano, casi 25 mil millones de otros organismos multilaterales de crédito, el dinero ingresado por el blanqueo, la cosecha del campo de este año, incluyendo la liquidación extraordinaria por la baja de retenciones (que duró 24 horas) en septiembre, y los 5 mil millones del oro de las bóvedas del BCRA que no sabemos adónde fue a parar. Lo cierto es que todavía no aparece la luz al final del túnel y Caputo sigue buscando nuevas fuentes de financiamiento externo, es decir, más deuda sobre la espalda de los argentinos.
Al punto que queremos llegar en el presente análisis es que existe un correlato lineal entre el aumento de la deuda externa del país y el endeudamiento cada vez más pronunciado de los hogares argentinos en el marco de la segunda recesión en dos años de este gobierno.
El economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), Leonardo Anzalone, planteó en una reciente entrevista publicada en el portal de Ámbito Financiero que “el crédito puede volver a ser un motor de crecimiento, pero hay una condición clave: los salarios tienen que volver a ganarle a la inflación. Sin mejora del ingreso real, el crédito crece en volumen nominal, pero no en capacidad de tracción sobre la actividad”.
El economista profundizó: “los último datos oficiales muestran que la dinámica salarial perdió ritmo frente a la inflación, y ese es el principal freno hoy. Si esa relación vuelve a darse vuelta –tasas a la baja, inflación en descenso y recuperación del salario real- entonces sí podríamos ver una segunda etapa de expansión crediticia más sólida y con impacto directo sobre el mercado interno”.
Por su parte, el director de CP Consultores, Pablo Moldovan, manifestó que “no solo vemos un cambio significativo en este plano, sino que el Gobierno Nacional sigue operando de forma sostenida, poniéndole un límite a la recuperación de ingresos salariales y no salariales”. Según datos del INDEC, los salarios registrados aumentaron apenas 1,3% promedio durante septiembre y perdieron frente a la inflación de ese mes que dio 2,1%. En consecuencia, la baja del salario real formal fue del 0,8% en el noveno mes del año.
Cada vez son más los hogares endeudados en la Argentina
El estudio “Estrategias de manutención: ¿cómo organizan su economía los hogares argentinos?” del INDEC reveló que “en el primer semestre de 2025, uno de cada cuatro hogares se endeudó y, dentro del estrato de bajos ingresos, lo hizo uno de cada tres”. Se trata de una tendencia que también hallaron distintos relevamientos privados y que inquieta al Gobierno Nacional.
En un estudio sobre el comportamiento de los usuarios financieros, la consultora D’Alessio IROL halló que el 44% de los encuestados se siente más endeudado que el año pasado, una situación que se incrementa a medida que se baja en el escalafón de ingresos: los encuestados de nivel medio-alto afirmaron en el 26% de los casos, en el nivel intermedio un 39% y en el nivel medio-bajo 59%.
El relevamiento también se encontró con que el 40% de los hogares encuestados destina más de la mitad de sus ingresos mensuales para pagar deudas: 16% en el nivel medio-alto, 37% en el nivel intermedio y 55% en el nivel medio-bajo.
La CEO de la consultora, Nora D’Alessio, advirtió en diálogo con el periodista Juan Marcos Pollio de Ámbito Financiero que “la morosidad está subiendo. Cuando miro la data que están generando los clientes y veo que aumenta el pago en cuotas en los supermercados es lo más probable que comience a aumentar la morosidad”.
Sobre este punto, de acuerdo a números del INDEC, el 50,9% de los hogares durante el primer semestre del año recurrió a compras en cuotas o de fiado con tarjeta de crédito o libreta como estrategia de manutención.
Más datos, de acuerdo a un informe publicado por el Banco Central, la morosidad en el sistema financiero prácticamente se triplicó en el último año. Mientras que en el mes de septiembre de 2024 sólo el 2,6% del crédito destinado a familias estaba en mora, un año más tarde ese número se disparó hasta el 7,3% del total de deudas.
La consultora Mercier publicó un estudio que da cuenta que siete de cada diez argentinos sufren estrés financiero. Uno de cada cinco encuestados, prácticamente admite que a menudo necesita pedir dinero prestado para llegar a fin de mes. Otro parte importante siente que perdió el control de sus cuentas. Para el 28% de los consultados, un gasto imprevisto de un promedio de 250 mil pesos los arrastra al borde de la crisis. El 31% afirma que paga actualmente un préstamo. Entre ellos, casi la mitad debe pagar por mes, más dinero del que efectivamente le ingresa.
Por otra parte, informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA revela que el uso de la tarjeta de crédito para pagar compras en supermercados trepó del 39 al 46 por ciento entre diciembre de 2023 y mayo de este año. El uso de billeteras virtuales, que es otra forma de acceder al crédito, se incrementó del 7% al 13%. Mientras tanto, cayó fuertemente el uso de tarjetas de débito (del 34% al 16% de las operaciones) y del efectivo (del 20% al 16%). La sumatoria de todos estos datos nos brinda un panorama completo de la frágil situación que atraviesan los argentinos en un contexto de crisis económica que parece no tener salida al menos en el corto plazo. Mientras el Gobierno Nacional exhibe logros en materia macroeconómica, los hogares argentinos padecen los coletazos del enfriamiento de la economía, la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo.
La jueza Marcela Leiva impuso penas en suspenso a Mónica Gurina y Leandro Sánchez por los bloqueos de junio de 2024. La sentencia judicial fija reglas de conducta estrictas.
La Justicia misionera dictó este miércoles un fallo histórico que marca posición frente a los cortes de calle realizados durante el conflicto docente del año pasado. En una resolución considerada inédita en la provincia, la jueza Marcela Leiva condenó a los dirigentes Mónica Gurina yLeandro Sánchez por los bloqueos registrados en la avenida Uruguay entre el 1 y el 4 de junio de 2024.
Según lo establecido en la sentencia, Gurina recibió 10 meses de prisión en suspenso y Sánchez, 8 meses, al ser considerados penalmente responsables de desobediencia judicial y entorpecimiento del transporte. Si bien las penas no se harán efectivas, ambos deberán cumplir reglas de conducta estrictas y la condena quedará asentada en sus antecedentes.
El expediente se originó tras denuncias de comerciantes de la zona, quienes aseguraron que el acampe docente provocó pérdidas económicas, reducción de ventas, daños en mercadería expuesta y dificultades en el acceso vehicular y peatonal. Estos testimonios, junto con actas policiales y constataciones oficiales, formaron parte de la prueba valorada por la magistrada.
Los fundamentos del fallo por el acampe de la avenida Uruguay
Para la Jueza, el corte prolongado sobre una vía estratégica de la ciudad excedió el marco de la protesta legítima y afectó de manera directa el funcionamiento comercial y la circulación. La sentencia, en ese sentido, será interpretada como un mensaje institucional sobre los límites en la ocupación del espacio público durante reclamos gremiales.
Tras la lectura del fallo, las defensas adelantaron que evaluarán posibles recursos dentro de los plazos procesales. La resolución será notificada de manera formal en las próximas horas y quedará habilitada la instancia de revisión si las partes lo consideran pertinente.
Con esta decisión, Misiones suma un precedente penal relevante en torno a los cortes de calle prolongados, un debate que en los últimos años se volvió central en la agenda pública por su impacto social, económico y urbano.
La visita de Diego Santilli a Misiones sumó un gesto político clave: Carlos Rovira recibió al ministro del Interior y respaldó el pedido del gobernador Hugo Passalacqua para que Nación incorpore en el Presupuesto 2026 las demandas centrales de la provincia. Misiones ratificó su voluntad de diálogo y planteó temas como cajas previsionales, ATN, combustibles, regalías de Yacyretá, situación yerbatera e inclusión en la Hidrovía.
La llegada del ministro del Interior, Diego Santilli, a Misiones dejó una foto política de peso. Carlos Rovira, presidente del Frente Renovador Neo, lo recibió para ratificar la voluntad de la provincia de seguir trabajando en la construcción de consensos con Nación y avanzar en acuerdos que se traduzcan en beneficios concretos para los misioneros. El gesto también implicó un respaldo explícito al pedido del gobernador Hugo Passalacqua para que las demandas provinciales sean contempladas en el Presupuesto 2026.
Entre los temas planteados al funcionario nacional se destacó la regularización de los fondos de la caja previsional, un punto que Misiones remarcó como urgente: aunque está prevista en el Presupuesto Nacional 2026, la partida asignada es simbólica y no se corresponde con lo que la provincia debería recibir.
Otro punto fuerte fue la incorporación efectiva de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución del impuesto a los combustibles dentro del Presupuesto 2026. Desde la conducción política provincial insisten en que estos recursos son esenciales para equilibrar las cuentas y sostener obras y servicios.
Misiones también manifestó su disposición plena al diálogo presupuestario, acompañando la discusión del Presupuesto 2026 con una propuesta concreta: reducir la alícuota del ARCA del 1,9% al 1%, establecida en la Ley 26.546, y reincorporar el 0,9% restante a la masa coparticipable de las provincias.
Tras el encuentro, Rovira subrayó que «Misiones está para ayudar y construir juntos”, en línea con la postura que viene expresando el Frente Renovador Neo, como partido de gobierno, de sostener un diálogo institucional firme pero colaborativo con Nación por el bien de todos.
Si la economía está presentando complicaciones de Ushuaia a Bernardo de Irigoyen, seamos serios: claro que hay intendentes que duermen la siesta y gobernadores que no están a la altura. Pero cuando el empleo cae, el consumo se plancha, los comercios bajan la persiana y las obras se frenan al mismo tiempo en todos los mapas, el problema principal ya no es barrial ni provincial. El problema está donde siempre estuvo: en un programa económico que se escribe en Buenos Aires y se cobra en el interior.
Se está gobernando el país “a pelo”, sin protección, sin cuidarnos. Confiando en que el cuerpo social aguante lo que ningún organismo aguanta eternamente. Miremos Misiones, yerba, té, tabaco, mandioca, forestoindustria: casi todos los sectores están pasando uno de los peores momentos de las últimas décadas. La desregulación del mercado yerbatero y la parálisis del INYM dejaron a los pequeños productores a la intemperie: sin precio de referencia, negociando solos contra una industria cada vez más concentrada. Y encima les dicen que “antes era igual”.
No, no era igual. El productor llegó a cobrar cerca de 50 centavos de dólar por kilo de hoja verde; hoy muchos apenas arañan los 15 centavos, con una caída real superior al 70% desde la desregulación. Eso no es “costo de la libertad económica”, es la diferencia entre sostener la chacra o rematarla. Entre mandar al hijo a la escuela técnica o decirle que tiene que quedarse a ayudar a carpir.
El comercio cuenta otra parte de la misma historia. En cadenas nacionales se multiplican los retiros “voluntarios”, los sueldos en cuotas, los locales achicados. En empresas históricas, te echan al tipo con veinte años de laburo para reemplazarlo por un esquema precario disfrazado de cooperativa. No es que en Misiones “no entienden el esfuerzo”: se desplomó el consumo interno y los importados baratos entran como si acá no produjera nadie.
En paralelo, cada vez más hogares dependen de la tarjeta para comprar comida. Pagás el mínimo, pateás el problema, rezás que no te bloqueen el plástico. El salario mínimo medido en dólares es hoy el más bajo de la región y ya perforó los niveles posteriores a 2001: el poder de compra se vino al piso y la gente vive colgada del resumen del banco.
Llenar el tanque pasó a ser un lujo casi aspiracional. La gente se adapta como puede: carga de puchitos, baja de calidad de nafta, recorta viajes, vuelve a caminar donde antes iba en moto. Cada “poné hasta la mitad nomás” es una encuesta económica en vivo: la macro no está funcionando para la gente común.
Los jubilados aportan la memoria y también la bronca. Comparan esto con los noventa y ven la misma matriz: desempleo, ajuste, medicamentos que se dejan de comprar, dependencia económica de los hijos. Cuando una generación que vivió el 1 a 1 te dice “esta película ya la vimos”, capaz que en lugar de bardearlos habría que escucharlos un ratito.
Y mientras tanto, afuera pasa otra cosa. El mundo no se está volviendo más ingenuo, se está volviendo más proteccionista. Estados Unidos, que durante décadas dio cátedra de “mercado libre”, vuelca cientos de miles de millones de dólares en subsidios e incentivos fiscales para reindustrializarse y cuidar sus cadenas de valor, básicamente, una política industrial a gran escala para que las fábricas y los laburos se queden adentro del país.
Mientras las potencias juegan a cuidar lo suyo, pasan cosas como lo de Nueva York. En una de las ciudades más capitalistas del planeta, el nuevo alcalde electo es Zohran Mamdani, un demócrata socialista de 34 años que ganó la elección con una agenda centrada en congelar alquileres, avanzar hacia transporte público gratuito, subir el salario mínimo local y ponerle más impuestos a los ultra ricos para financiar vivienda social, guarderías y servicios públicos. No estamos hablando de La Habana: estamos hablando de Nueva York, la ciudad de Wall Street.
No hace falta ser “kuka” para ver hacia dónde se están moviendo algunos centros del capitalismo: Estados Unidos subsidia y protege a lo bestia a sus industrias y Nueva York elige a un alcalde que dice que la ciudad tiene que ser más vivible para los que pagan alquiler, no sólo para los dueños de fondos de inversión. Lo mínimo que podemos exigir acá es coherencia: si el mundo se protege y discute cómo repartir mejor los costos del modelo, no tiene sentido que Argentina se tire de cabeza a la pileta del mercado totalmente desregulado, sin casco y sin salvavidas para el interior productivo.
Y ojo: nada de todo esto es una defensa del kirchnerismo. Ese modelo también fue nefasto en muchos sentidos: inflación giga alta, privilegios y una acumulación de causas de corrupción. Pero Cristina Fernández de Kirchner tiene hoy una condena firme y cumple esa pena en prisión domiciliaria con tobillera electrónica. La jefa política del kirchnerismo no está dando clases de republicanismo desde un estudio de un canal de streaming: está cumpliendo una condena.
Del otro lado del Río Uruguay y del mapa ideológico, Jair Bolsonaro, ídolo de buena parte de la ultraderecha continental, fue condenado por liderar una trama golpista destinada a desconocer la derrota electoral de 2022 en Brasil. Y este mismo sábado terminó en prisión preventiva porque, según el Supremo, intentó romper su tobillera electrónica con una soldadora, en plena vigilia convocada por su hijo, con sospechas de que podía fugarse a una embajada. Bolsonaro lo admitió ante las autoridades: dijo que lo hizo “por curiosidad”. La tobillera terminó chamuscada; él, detenido. ¿Se imaginan el escándalo mediático y en X si un «zurdo empobrecedor» intentaba sacarse la tobillera para escapar a una embajada y evitar la cárcel?
Con la Argentina dividida, aterriza en Misiones Diego Santilli, flamante ministro del Interior. ¿Por qué Misiones? Porque el partido de gobierno provincial tiene 4 diputados nacionales, uno de ellos es un exgobernador, porque Misiones tiene fama de ser una provincia ordenada, con diálogo institucional y con un CV que la deja parada como cumplidora. ¿A qué viene? A pedir acompañamiento, respaldo y “responsabilidad”. Sin presupuesto propio ni herramientas concretas para ofrecer, Santilli es una especie de ministro-mochilero: trae mucha charla, guitarra y algunas fotos, pero la billetera se queda en Buenos Aires.
No es un tema personal con Santilli. Es la versión cool de la misma lógica que antes encarnó Guillermo Francos: un federalismo donde la Nación recorta recursos, estira la discusión presupuestaria, usa obras y fondos como premio o castigo, y al mismo tiempo señala con el dedo a los gobernadores cuando la cosa explota. Si sale bien, es mérito de la Casa Rosada; si sale mal, “los gobernadores no ayudan”. Cómodo.
Misiones, mientras tanto, no se hace la distraída ni se sube al show del “todo es culpa de Buenos Aires”. Defiende la regulación en el mercado yerbatero para proteger a los pequeños, pelea en el Norte Grande por una distribución más justa de recursos y sostiene programas concretos. No porque le sobre la plata. Sino porque es lo que corresponde.
Ahí es donde el misionerismo deja de ser etiqueta y se vuelve método. Carlos Rovira lo resumió con una frase sencilla allá por 2023: “la mejor manera de solucionar los problemas del país es viniendo al terreno, palpando el problema porque es el principio de la solución”. No se gobierna desde el escritorio, el Excel ni desde el trending topic: se gobierna poniendo el cuerpo donde duele. Y hoy duele, sobre todo, en el interior productivo.
La pregunta incómoda es sencilla y no entra en un reel: ¿hasta cuándo se va a seguir actuando como si el problema fuera provincial mientras las decisiones de fondo se toman a metros de Plaza de Mayo? No creo, sinceramente, que haya 24 inútiles y un iluminado. Creo que hay un programa económico que no entrega lo que prometió y que necesita una revisión seria, aunque sea menos marketinera.
La Argentina necesita una macro pensada para el interior productivo y para las familias que laburan, no sólo para cerrar con el Excel o para que aplaudan en Washington. Necesita provincias con margen para desplegar su potencial, no administradores prolijos de ruinas ajenas. Y eso exige algo bastante básico: que el Gobierno nacional se haga cargo de la parte que le toca, corrija el rumbo y apague, aunque sea un rato, el modo campaña permanente.
Porque gritar “motosierra”, vetar leyes y recortar partidas sirve para mantener eufórica a la tribuna propia, pero no para llenar heladeras ni reabrir persianas. La gente votó un cambio para recuperar la economía y la esperanza, no para perfeccionar el arte de sobrevivir a la próxima crisis. Porque si se sigue gobernando a pelo y desde Buenos Aires, la factura la van a seguir pagando Misiones, todo el interior productivo y a las familias trabajadoras.
La Agencia Tributaria de Misiones informa que por medio de la Resolución General N° 20/2025 D.G.R., se reglamenta modificaciones en el sistema unificado de recaudación denominado SIRTAC (Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compras). Con esta normativa, Misiones se suma a las provincias que excluyen de la retención de ingresos brutos a las propinas, recompensas o gratificaciones abonadas por el consumidor de productos o servicios, cuando las mismas se canalicen a través de los medios de pago sujetos al presente régimen de recaudación y estén perfectamente identificadas y desglosables, de acuerdo a los lineamientos del D.N.U. N° 731/2024.
La resolución ratifica que estos conceptos, abonados voluntariamente por los consumidores, no deben ser objeto de retención, una aclaración clave para comercios, establecimientos gastronómicos y trabajadores que perciben propinas a través de pagos electrónicos.
La medida responde a la necesidad de adaptar los regímenes impositivos a la creciente digitalización de los pagos y a clarificar que esos montos no deben considerarse parte de los ingresos brutos del comerciante ni de la remuneración del trabajador.
Asegura que los importes abonados voluntariamente y mediante medios digitales no sufran retención fiscal.
La ATM señala que esta actualización normativa no solo mejora la claridad del sistema de recaudación, sino que también se inscribe en un proceso más amplio de modernización tributaria, con especial atención a la digitalización de pagos y a la simplificación de los regímenes fiscales provinciales.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la desregulación del sector yerbatero al publicar este martes el Decreto 812/2025, que restringe las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y le prohíbe cualquier intervención en el mercado.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, establece que el organismo ya no podrá dictar disposiciones que “distorsionen” la oferta y la demanda, y le otorga un plazo de 30 días para adecuar toda su reglamentación vigente.
Con este decreto, el Ejecutivo busca ajustar el accionar del INYM a los lineamientos del DNU 70/2023, enfocando sus tareas únicamente en la verificación de calidad del producto e impidiendo su participación en la fijación de precios o en la competencia comercial.
El punto central del nuevo marco regulatorio es la reforma del artículo 8° del decreto reglamentario de 2002. El texto actualizado aclara que el Instituto “no podrá dictar normas o establecer intervenciones que generen distorsiones en los precios, barreras de entrada o cualquier obstáculo a la libre iniciativa privada y a la interacción entre la oferta y la demanda”.
Además, el artículo 2° ordena al INYM revisar y modificar en un plazo máximo de un mes toda normativa vigente que contradiga este principio de libre mercado. Como parte de la desregulación, el Gobierno también derogó los artículos del 9° al 19° del reglamento original, eliminando diversas atribuciones que tenía el directorio del Instituto.
En los considerandos, el Ejecutivo justifica la medida en la necesidad de “lograr una administración pública más eficiente, eficaz y al servicio de los ciudadanos”. El decreto entra en vigencia este miércoles.
Cabe recordar que, en diciembre de 2023, Milei había firmado el DNU 70/23, que ya le había quitado al INYM la facultad de fijar los precios de la hoja verde y la yerba canchada.
Los combustibles en Misiones volvieron a registrar aumentos en las últimas horas, profundizando una secuencia de microajustes que, lejos de desacelerarse, configura un panorama cada vez más preocupante para los automovilistas, que ven cómo los precios avanzan casi a diario hacia la barrera psicológica — y económica— de los $2.000 por litro. La comparación entre los valores de hace una semana y los relevados ayer confirma que todas las petroleras aplicaron nuevas subas, consolidando un escenario en el que llenar el tanque se vuelve un gasto cada vez más difícil de afrontar.
En Axion, la nafta súper subió de $1.639 a $1.669, un incremento de $30 (1,8%), por lo que llenar 50 litros cuesta $83.450. La Quantium nafta pasó de $1.919 a $1.969, es decir $50 más (2,6%), y 50 litros demandan $98.450. El diésel común fue el que más aumentó en esta estación: trepó de $1.773 a $1.842, una diferencia de $69 (3,9%), y un tanque de 80 litros implica $147.360. Por último, el Quantium diésel avanzó de $1.979 a $1.999, un ajuste de $20 (1,0%), con 80 litros valuados en $159.920.
En la YPF ubicada en pleno centro de Posadas, la nafta súper pasó de $1.603 a $1.639, un salto de $36 (2,25%), lo que lleva el costo de 50 litros a $81.950. La Infinia aumentó de $1.822 a $1.864, una diferencia de $42 (2,31%), con un tanque de 50 litros estimado en $93.200. En cuanto al Infinia diésel, el valor subió de $1.855 a $1.903, es decir $48 (2,59%), por lo que cargar 80 litros significa $152.240.
En Shell, la tendencia fue similar. La nafta súper se elevó de $1.660 a $1.678, un incremento de $18 (1,08%), que lleva a $83.900 el valor de 50 litros. La V-Power nafta escaló de $1.927 a $1.950, es decir $23 (1,19%), y 50 litros equivalen a $97.500. Por su parte, la V-Power diésel pasó de $1.966 a $1.999, aumentando $33 (1,68%), y 80 litros representan $159.920. El diésel Evolux tuvo la menor variación, subiendo de $1.728 a $1.731, apenas $3 (0,17%), con 80 litros tasados en $138.480.
En tan solo siete días, las subas en las distintas marcas y tipos de combustible se ubicaron entre 0,17% y 3,9%, con incrementos por litro que van desde $3 hasta $69. Aunque los montos parecen reducidos, su impacto se multiplica al trasladarse a cargas habituales de 50 u 80 litros, generando aumentos mensuales cada vez más difíciles de absorber para los usuarios.
El avance de los precios se da en el marco del nuevo sistema de actualización por “micropricing”, implementado por YPF el pasado 1 de julio, que permite modificar los valores de forma remota y casi en tiempo real mediante inteligencia artificial. Aunque la petrolera había anunciado descuentos en estaciones de autodespacho y posibles bajas en horarios específicos, en la práctica lo que predominó fueron incrementos continuos. Con los valores actuales, varios combustibles premium —como la V-Power diésel y el Quantium diésel, ambos a $1.999— ya rozan los $2.000 por litro, mientras otras variantes superan holgadamente los $1.900.
La sucesión de incrementos registrados en todas las petroleras deja en evidencia un esquema de precios cada vez más inestable, donde los ajustes diarios generan una sensación de desgaste constante para los consumidores. La proximidad de varios combustibles a los $2.000 por litro no solo funciona como un nuevo umbral psicológico, sino que también anticipa un impacto directo sobre los costos de transporte, logística y actividades cotidianas. En este contexto, y con el “micropricing” operando en tiempo real, el mercado local queda expuesto a variaciones continuas que dificultan cualquier previsión y alimentan la percepción de que los valores podrían seguir escalando en las próximas semanas.
A lo largo de la historia, numerosos acontecimientos muestran el uso de la crueldad por parte de la naturaleza humana; el genocidio de los pueblos originarios de América, el de los armenios, el nazismo en Europa, la dictadura cívico-militar en Argentina. Sin embargo hay algo novedoso: los hechos citados fueron ocultados, muchas veces negados o justificados como consecuencias no deseadas. Es difícil encontrar ejemplos del uso desinhibido de la violencia y el odio, el regodeo obsceno y el goce sádico de la crueldad llevado a cabo públicamente por aquellos que deberían tener la responsabilidad del cuidado del pueblo. Lo más grave es que esta situación se va asumiendo y naturalizando en la sociedad al no contar con herramientas suficientes para contrarrestarla.
El jurista escandinavo Alf Ross, en su libro ¿Por qué democracia?, dice de la libertad que “difícilmente haya otra palabra utilizada tan extravagantemente, tan ensalzada y loada, pero que al mismo tiempo sea tan carente de un significado claro y preciso. La libertad es una de esas palabras sonoras cargadas de sugestión, a las que se recurre más bien para despertar sentimientos en el ánimo que pensamientos en la cabeza”.
La idea de libertad es antigua y casi nunca consideró la “igual-libertad”, una libertad ejercida desde el derecho ajeno. Siempre fue la libertad del poderoso, del noble, del esclavista, del capitalista para decidir por los vasallos, los esclavos de grilletes y los esclavos asalariados de hoy. El concepto de “igual libertad” estuvo sugerido entre los primeros cristianos, cuando eran perseguidos (no perseguidores), pero se articuló más de mil años después con la Ilustración, como consecuencia doble de los humanistas y del profundo impacto que tuvo entre los conquistadores el mundo más democrático, más libre e igualitario de los nativos americanos.
Hoy puede causar sorpresa observar cómo un presidente, un primer ministro, un legislador o un exitoso hombre de negocios, con un convencimiento seductor, toman decisiones que conducirán al dolor de millones de personas. Por lo general, se excusan en que se trata de un “sacrificio necesario”, que vale la pena para estar mejor en el futuro y recurren a invertir el significado de valores y emociones que llevan miles de años definidas de una forma simple y comprensible, como la compasión y la solidaridad.
Ante este escenario, surge una pregunta: “¿qué perfil psicológico calza en esta demanda funcional de crueldad, del sacrificio humano? La característica central del psicópata radica en su incapacidad por sentir empatía por el dolor ajeno. Esta incapacidad de emociones que explican la supervivencia, los lleva a lo contrario. De las pocas fuentes de placer a las que pueden recurrir para aliviar una existencia insoportable es el placer por el dolor ajeno.
Cuando hablamos de política de la crueldad para caracterizar a un gobierno, nos estamos refiriendo al modo en que la política institucional abandona deliberadamente, con disfrute, todo mecanismo de negociación y aplazamiento respecto a la violencia. Es ahí donde reaparece la crueldad.
Se dibuja una paradoja: la política de la crueldad marcaría el fin de las mediaciones políticas destinadas a mantenerla a distancia, produciendo, sin embargo, una política. Apuesta a gobernar sin gobernar y a la violencia directa, espectacularizada, como un mecanismo que produce insensibilización.
La política de la crueldad genera un padecimiento en el cuerpo, que se puede materializar en un déficit alimentario, la falta de acceso a medicamentos, vacunas, prótesis e insumos, pero también instala un sufrimiento psíquico, difícil de objetivar, un dolor moral que atraviesa el psiquismo, el estado de ánimo.
En este contexto, la antipolítica representa una amenaza letal para poder garantizar las funciones elementales del Estado. El culto al individualismo eficientista y mezquino, vulnera los lazos sociales que nos constituyen como sujetos inmersos en un colectivo de pertenencia. El otro, desde esta feroz perspectiva, representa una amenaza, un competidor, un potencial enemigo.
Para poder salir de esta situación angustiante se deben implementar políticas que acerquen el Estado al pueblo, pero con un Estado integrado y representado por personas, que tengan como eje a los individuos y a las familias con nombre propio. Que tienda puentes y no los destruya. Dicha retórica del Estado tendrá que ver con la solidaridad y la empatía, con políticas de reposición de derechos, que permitan a través de este cara a cara dar un rostro.
Un sacrificio que sigue sin dar frutos
La creencia de lo sacrificial, como etapa superior de la meritocracia, no sería posible si no se hubiera logrado instalar antes la idea y la experiencia de que los derechos son “privilegios” de ciertos sectores, beneficios que van contra la igualdad de oportunidades. La recesión y la inflación son un acelerador de la crisis, bajo un darwinismo económico que puede volatizar también las esperanzas de quieren le dieron crédito a la motosierra de Milei. Por eso, lo que le queda a la política de la crueldad es empujar la violencia horizontal entre los afectados, que dicho en términos criollos sería fogonear la pelea de pobres contra pobres.
Lo cierto es que Milei se transformó en Presidente de la República Argentina con una promesa tan simple como contundente: había que transitar por un año de sacrificio extremo para ordenar la macroeconomía para poder empezar a respirar de nuevo a partir de 2025.
La actualidad nos muestra que la Argentina atraviesa una realidad por demás compleja en donde no se avizora la posibilidad de que se materialice la promesa de Milei: la actividad económica está estancada, los salarios licuados, las jubilaciones en retroceso, existe una mayor informalidad laboral, hay un incremento de los niveles de endeudamiento familiar y crece la sensación de extrema fragilidad que atraviesa a todo, desde el changuito del supermercado hasta la economía de las provincias, como Misiones.
Lo que fue vendido con orgullo como un “ajuste ejemplar” por parte del Gobierno Nacional nunca se tradujo en expansión económica, todo lo contrario la Argentina transita un largo sendero en donde la actividad económica no repunta. Esta situación se hace tangible por ejemplo cada vez que miramos hacia una fábrica y vemos un parate que se refleja en reducciones de horas, suspensiones y despidos.
Un informe de los economistas Martín Pollera y Mariano Macchioli publicado en octubre reflejó que entre diciembre de 2023 y junio de 2025, en la Argentina cerraron 16.322 empresas, el equivalente a 28 por día, con una pérdida asociada de 236.139 empleos formales. Los economistas definen al momento actual como una “glaciación productiva”, donde la falta de una estrategia de desarrollo y de generación de divisas sostenida derivó en un estancamiento generalizado de la actividad económica. Se trata de “un proceso de enfriamiento prolongado de la actividad económica que erosiona su sabe empresarial, destruye el empleo y debilita la capacidad del Estado para impulsar el desarrollo”. Nunca antes, ni siquiera en pandemia, se había verificado un deterioro tan acelerado en el sector privado formal.
Otro aspecto a tener en cuenta es el tema del salario mínimo que permanece congelado en términos reales y acumula una caída superior al 30% respecto de finales de 2023. En el caso de los salarios registrados, aún contemplando las recomposiciones de 2025, siguen más de 5% por debajo del último mes completo de la anterior gestión. A esto se le debe sumar los sueldos de los estatales que se desplomaron más de 14%.
El documento advierte que el modelo económico actual muestra “fragilidad estructural: cada seis meses requiere de un shock extraordinario de dólares para evitar corridas cambiarias y mantener a flote el nivel de actividad”.
La construcción y la industria manufacturera son los sectores más castigados. La paralización de la obra pública, la caída de la inversión y la apertura de las importaciones explican una contracción del orden del 15% en la construcción. La industria, en tanto, opera con una utilización de la capacidad instalada del 57%, la más baja desde la pandemia.
“el recorte del gasto primario en torno al 4% del PBI – equivalente a 24.000 millones de dólares – concentrado principalmente en transferencias a las familias, salarios del sector público y obra pública, generó un efecto multiplicador negativo sobre el conjunto de la actividad”, advierte el informe.
El monitor de empresas en crisis elaborado por el Grupo Atenas, liderado por Pollera y Macchioli, relevó 100 casos representativos a nivel territorial y sectorial. De allí surge que más del 50 % de las pymes encuestadas cerraron o suspendieron personal; las medianas recurrieron a despidos parciales; y las grandes redujeron plantillas para sobrevivir. En todos los casos, la causa principal fue la caída de ventas y la pérdida de rentabilidad.
En el AMBA, Córdoba y Santa Fe se concentran los cierres más numerosos, sobre todo en industrias textiles, metalmecánicas y alimenticias. En la región de Cuyo, el ajusto impactó sobre la construcción y los materiales. Mientras que en el NEA y NOA, el golpe se dio sobre sectores dependientes del consumo local y la obra pública.
Los efectos de la motosierra en Misiones
La crisis que atraviesa la Argentina se refleja más allá de los números de los informes, vemos como golpea con particular fuerza a las provincias productivas y fronterizas, como el caso de Misiones que tiene un 90% de límites internacionales. El caso más emblemático de la provincia es lo que sucede con el sector yerbatero. La desregulación de la yerba mate y el abandono por parte del Gobierno Nacional de toda política sectorial dejaron al pequeño productor inmerso en un escenario de características dantescas: precios irrisorios para la materia prima, secaderos trabajando al límite, cooperativas endeudadas y tareferos atrapados entre la estacionalidad y la pérdida de programas de apoyo. El producto madre de la provincia sufre las consecuencias devastadoras de un modelo que sostiene que “el mercado solo y sin intervención del Estado” resolverá décadas de asimetrías.
El sector del comercio es otro de los más castigados por la crisis nacional y padece en carne propia los efectos de la recesión. La situación no discrimina ciudades, en todas por igual la postal se repite: locales vacíos, reducción de personal, retiros voluntarios y contratos que no se renuevan ya son parte del paisaje. La pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, sumado a la caída del turismo de compras y el encarecimiento frente a Paraguay y Brasil se convirtieron en una combinación explosiva de efectos devastadores.
El escenario es por demás complejo y las provincias tienen poco margen de acción: no controlan la política monetaria, no fijan el tipo de cambio, no definen el nivel de salarios y jubilaciones, y por si fuera poco, no reciben las partidas presupuestarias que les corresponden por parte del Gobierno Nacional. En la Era Milei, las transferencias a las provincias cayeron más de 90% y no hay explicación alguna que fundamente la decisión del poder central de retener el dinero que le corresponde a cada distrito.
Pese al complejo contexto económico, Misiones viene intentando, con recursos propios y un manejo eficiente, sostener un modelo que cuide la producción, el empleo y el tejido social frente a una Nación que se retira cada día más de sus obligaciones.
El desafío por delante es enorme e implica una tarea titánica. La resiliencia de las familias misioneras, de los productores, de los trabajadores y emprendedores, no puede seguir siendo la excusa para profundizar un modelo de exclusión desde el país central. Claro está que la salida de esta crisis no vendrá con más ajuste y más desregulaciones.
Mientras tanto, la gente ya empieza a preguntarse ¿hasta cuando hay que hacer el sacrificio?
La victoria de Javier Milei en las elecciones de medio término despertó un entusiasmo inmediato en los mercados financieros: subieron acciones y bonos, el riesgo país bajó. Pero este “veranito financiero” contrasta con la economía real, que permanece en recesión, marcada por tendencias como demanda interna deprimida, caída de la masa salarial, ajuste fiscal, elevada capacidad ociosa y hogares sobreendeudados.
La promesa era simple y contundente: un año de sacrificio extremo para ordenar la macroeconomía y, a partir de 2025, empezar a respirar. Sin embargo, la realidad argentina llegó a noviembre con otra postal: actividad estancada, salarios licuados, jubilaciones en retroceso, más informalidad, más endeudamiento familiar y una sensación de fragilidad que atraviesa todo, desde el changuito del supermercado hasta provincias como Misiones.
Tras el rebote de la segunda mitad de 2024, cuando la actividad económica repuntó desde el piso de abril, el país entró en una meseta incómoda. La economía real sigue debilitada: la industria cayó 6,9% interanual entre enero y septiembre de 2025, más de 18.000 empresas cerraron desde 2023 y sectores clave como el automotriz, textil y metalmecánica retroceden. La construcción apenas resiste gracias a obra privada e inversión pública focalizada.
El mercado laboral sintetiza la paradoja: entre diciembre de 2023 y julio de 2025 se perdieron más de 253.000 empleos registrados, mientras que la informalidad crece. Los salarios permanecen estancados frente a una inflación que promedia 2% mensual, reflejando el modelo del “sálvese quien pueda”: trabajadores atrapados en la informalidad, sin derechos ni protección.
El salario mínimo y los ingresos estatales muestran el mismo deterioro: los salarios registrados, aun con recomposición parcial, siguen más de 5% por debajo del último mes de la gestión anterior, mientras los sueldos estatales caen más de 14%. Para millones de familias, esto significa ingresos que no alcanzan para cubrir la vida cotidiana, con hogares obligados a recurrir al crédito solo para sobrevivir.
Los jubilados tampoco escaparon: casi la mitad perdió poder adquisitivo, y la jubilación mínima, pese a ajustes nominales, vale menos que hace un año y que en noviembre de 2023. En un país envejecido, con medicamentos caros y tarifas en alza, esto representa una condena silenciosa a la vejez pobre. La frase “Hay que pasar el invierno”, de Álvaro Alsogaray en 1959, resuena hoy: soportar un contexto económico duro con la esperanza de que llegue un alivio que, hasta ahora, parece no llegar nunca.
La respuesta de los hogares fue previsible: endeudarse para comer. El uso de tarjetas de crédito en supermercados crece, junto con la morosidad bancaria, mientras las familias patean hacia adelante lo que no pueden pagar al contado. La salida del cepo y la flotación “entre bandas” prometían estabilidad; el resultado fue un dólar que ya aumentó casi 40% desde abril, alimentando la incertidumbre y el miedo a nuevas sacudidas. Los cheques rechazados por falta de fondos marcaron récords históricos: 92.535 en septiembre, reflejando el estrés financiero que atraviesan los hogares.
No sorprende que los indicadores de confianza reflejen pesimismo: el Índice Líder de la Universidad Di Tella cayó 0,85% desestacionalizado y 1,52% interanual en septiembre, acumulando seis meses consecutivos de retrocesos, mientras el índice de confianza del consumidor también retrocedió. La política económica genera una “pinza recesiva”: salarios planchados y tarifas altas deprimen la demanda, mientras la apertura importadora desplaza producción local.
El resultado es un invierno que no termina, un ciclo de fragilidad que llega desde los supermercados hasta cada fábrica del país.
Misiones frente a la recesión nacional
La crisis económica no se limita a los indicadores: golpea con especial fuerza a las provincias productivas y fronterizas, como Misiones. La desregulación de la yerba mate y la ausencia de políticas sectoriales dejaron al pequeño productor vulnerable, enfrentando precios inestables, secaderos al límite, cooperativas endeudadas y tareferos afectados por la estacionalidad y la pérdida de programas de sostén. Este producto, que define la identidad de la provincia, refleja directamente las consecuencias de un modelo que confía exclusivamente en el mercado para resolver desigualdades históricas.
El comercio misionero también sufre los efectos de la recesión. Tanto en las grandes ciudades como en el interior, proliferan locales vacíos, reestructuraciones, retiros “voluntarios” y contratos que no se renuevan. La combinación de menor poder adquisitivo, caída del turismo de compras y encarecimiento relativo frente a Paraguay y Brasil genera menos ventas, más despidos y creciente incertidumbre para las familias que dependen del comercio, uno de los principales motores del empleo privado en la provincia.
La construcción actúa como otro indicador clave del ajuste económico. La paralización de la obra pública nacional detuvo proyectos, dejó sin trabajo a miles de albañiles y afectó a corralones, ladrilleras, transportistas y pequeñas empresas. Lo que en la macroeconomía se percibe como “recortes de gasto” se traduce en barrios sin asfalto, escuelas sin ampliar, hospitales inconclusos y salarios que desaparecen, afectando directamente la vida cotidiana de los misioneros.
Frente a estas limitaciones, las provincias tienen poco margen de acción sobre política monetaria, tipo de cambio, salarios y jubilaciones. Sin embargo, algunas, como Misiones, actúan como amortiguadores parciales de la crisis, usando recursos propios para sostener producción, empleo y tejido social mientras el Estado nacional se retira de su rol de apoyo.
Las exposiciones productivas y ferias provinciales se convierten en motores económicos y generadores de confianza. La Expo Eldorado –Feria Provincial del Trabajo-, con más de 300 stands, integra empresas, emprendedores, instituciones y turismo, permitiendo que el trabajo de los misioneros salga al mercado y se generen oportunidades de venta y desarrollo económico.
La Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate en Apóstoles es otro ejemplo de apoyo productivo y cultural. Con rondas de negocios y jornadas técnicas, el gobierno provincial y los municipios buscan impulsar la cadena yerbatera, promover la producción local y sostener empleos frente a la desprotección nacional.
Las obras de infraestructura cumplen un rol contracíclico vital. La perforación de pozos de agua en parajes rurales como Picada Yapeyú garantiza derechos básicos, salud y arraigo a casi cuarenta familias. En Puerto Iguazú, más de 650 cuadras asfaltadas con fondos provinciales muestran cómo el Estado local prioriza movilidad, seguridad vial y la integración urbana, contribuyendo al desarrollo estratégico para el turismo.
Además, la articulación público-privada se refleja en iniciativas como la Ronda de Negocios +Mercado del sector hotelero y gastronómico en Iguazú, que vincula directamente a productores con hoteles y restaurantes, fomentando que la economía circule dentro de la provincia. Aunque estas medidas no neutralizan completamente los efectos de una política nacional basada en ajuste y desprotección, muestran un modelo provincial que protege la producción, el empleo y la dignidad de sus habitantes, marcando un rumbo alternativo al enfoque de ajuste extremo del gobierno central.
