Diputados nacionales y senadores del bloque escucharon la ponencia del ministro de Cultura de Misiones, Joselo Schuap. La medidas incluidas en el DNU de Javier Milei promueven el desfinanciamiento y el cierre de diferentes áreas del sector. Provocará la perdida de miles de puestos de trabajo.
Con el firme compromiso de defender el mandato misionero, los legisladores de Innovación Federal se reunieron este miércoles con el ministro de Cultura de Misiones, Joselo Schuap. En el encuentro, el ministro solicitó a los diputados y senadores del interbloque, que acompañen el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsa el presidente Javier Milei.
Durante la reunión, el senador Carlos Arce recordó que “desde la Renovación hemos dado a la Cultura el rango de Secretaría de Estado. Hemos creado los institutos para los sectores Audiovisual y Teatro Independientes, y estamos en plena conformación con el de la danza. Misiones tiene una visión en la que la cultura es parte fundamental del Ser Misionero, y debemos defender todo lo logrado”.
En tanto que Schuap explicó que estas medidas promueven la desfinanciación y el cierre de diferentes sectores de la cultura.
Además de la exposición de Schuap, trabajadores de la cultura de diferentes provincias también argumentaron su rechazo al DNU. En la oportunidad, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, junto a los diputados nacionales Daniel Vancsik, Yamila Ruiz, Alberto Arrúa y Carlos Fernández, adelantaron que defenderán a los trabajadores de la cultura en ambas cámaras.
También participaron tres diputados de Salta, entre ellos la presidenta del bloque, Pamela Calleti, un legislador de Río Negro y otro más de Neuquén.
Fomento y espacios autárquicos
En diálogo con el secretario de Estado de Cultura de la provincia, Joselo Schuap destacó el encuentro con los legisladores. Destacó que en la oportunidad se logró “expresar nuestra preocupación, de que ninguno de los artículos sobre la cultura y la gestión de derechos colectivos o de autor, tienen que ver con el dinero del Estado sino que son instituciones que se autofinancian“.
En ese sentido, consideró que “esto perjudica a todo el funcionamiento del sector cultural. Principalmente a provincias como Misiones que estamos a 1.100 kilómetros del país central y es algo que nos complica muchísimo”.
En defensa de los diversos movimientos culturales, Schuap aclaró “hay una mala interpretación, porque mucho de todo esto no tiene que ver con el financiamiento del Estado, sino que son espacios autárquicos que se han conformado después de luchas de muchos años, para lograr que no se hable de subsidios sino de herramientas de fomento, y que todo lo relacionado a la cultura pueda seguir desarrollándose”.
“Hay que pensar en los 78 municipios de la provincia, las fronteras con Brasil y Paraguay, y lo que sería de todo eso sin el fomento del teatro, la música, ni la posibilidad de ser una de las principales provincias productoras de cine del país, entre otras cosas”, añadió.
Alcances del DNU
El decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei, autoriza el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA). Así como la quita de fondos para el Incaa, el Instituto Nacional de la Música (Inamu), y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
Por otra parte, el DNU golpea el financiamiento automático de los sindicatos al volver voluntarios los descuentos salariales. Se trata de las denominadas “cuotas solidarias”, que los trabajadores aportan mensualmente a sus respectivos gremios en forma directa.
Finalmente, este viernes a las 11hs., en la sala de reuniones del IAAVIM en Posadas y en formato tanto presencial como virtual, el diputado Alberto Arrúa mantendrá otro encuentro similar con representantes del sector cultural que no pudieron estar presentes en la reunión del miércoles.
El presidente Javier Milei participará la semana próxima de la 54ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial, conocida también como Foro de Davos, que nuclea en cada enero en esa ciudad suiza a mandatarios, funcionarios y empresarios de todo el mundo.
En su primer viaje internacional como mandatario, Milei expondrá el miércoles, entre las 15.45 y 16.15 (11.45 y 12.15 de la Argentina), dentro de la temática denominada “Lograr la seguridad y la cooperación en un mundo fracturado”.
El jefe de Estado estará acompañado por Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, que en esta edición también tendrá como disertante a la canciller Diana Mondino.
La jefa de la diplomacia argentina expondrá también el miércoles, entre las 17:30 a 18.15 hora de Suiza (13.30 y 14.15), dentro de la temática “Crear crecimiento y empleo para una nueva era” y puntualmente abordará el tópico “El realismo económico de América Latina”.
Junto a Mondino serán oradores Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda de Colombia y actual profesor y director en Maestría en Administración Pública en Liderazgo Global de la Universidad de Columbia; Mario Marcel, ministro de Hacienda de Chile; Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora del Estado de Baja California, en México; Luis Henrique Guimarães, director ejecutivo de Cosan Limited, empresa de energía renovable e infraestructura de Brasil; y Julio Velarde, presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú.
Precisamente Mondino recibió el lunes en su despacho al embajador de Suiza en el país, Hans-Ruedi Bortis, y calificó su próxima participación en el Foro de Davos como “una excelente oportunidad de contar lo que estamos haciendo; por qué y de qué manera”.
Además del Presidente y de la canciller, integrarán la comitiva la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el ministro de Economía, Luis Caputo; indicaron a Télam fuentes del Gobierno.
Estarán presentes en el Foro de Davos, que se realizará entre el lunes y viernes y que tendrá como lema “Reconstruir la confianza”, los presidentes de Francia, Emmanuel Macron; de Ucrania, Volodomir Zelenski; de Colombia, Gustavo Petro; y de Ecuador, Daniel Noboa.
Además estarán presentes el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
También asistirán la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala; el secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres; la extitular del FMI y actual presidenta del Banco Central Europeo, Cristine Lagarde; el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan; el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry; y el exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore.
Y los primeros ministros de Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani; de Irak, Mohammed Shyaa Al Sudani; y de Grecia, Kyriakos Mitsotakis; entre otros.
También modificaría el sistema de financiamiento de los partidos políticos para las elecciones. Además, dividiría el país en 254 circunscripciones, con un diputado por cada uno.
La provincia de Misiones no perdería ni ganaría representantes en la Cámara de Diputados de la Nación debido a que, por la densidad de su población le correspondería la misma cantidad actual: siete. En cambio, se modificaría la forma en que se asignan los diputados a cada partido ya que la provincia se dividiría en varios distritos y cada uno elegiría en forma directa a un diputado. De esta manera, el partido o frente con mayor fortaleza territorial podría llevar todos los legisladores y la minoría perdería representatividad.
Estos son algunos de los cambios que se establecen en la Ley Ómnibus enviada por Javier Milei al Congreso de la Nación y que se votaría en las próximas semanas. Además incorpora la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) para elecciones nacionales y propone modificar el sistema de financiamiento político eliminando el tope de aportes privados.
Más para unos, menos para otros
La Ley pretende reformar la representación legislativa, al eliminar los 3 diputados “extras” por distrito y el piso mínimo de 5 diputados por provincia, lo que disminuiría la cantidad de diputados en 16 provincias con menor densidad poblacional.
Misiones se mantiene en el lote de las provincias que conservan la cantidad de diputados, junto con Corrientes.
La Ciudad de Buenos Aires sería la más perjudicada: perdería 8 de los 25 escaños que posee actualmente y quedaría con 17.
No es la única. Otras 15 provincias verían reducida su cantidad de diputados por su menor densidad poblacional: Catamarca, La Pampa y La Rioja perderían 3 de los 5 que tienen y quedarían con solo 2; Formosa tendría 3 en lugar de los 5 actuales; y Tierra del Fuego, el distrito de menos habitantes, se quedaría con apenas una banca ya que perdería 4 de las 5 bancas actuales. Esta última, es la más afectada de todas las provincias, ya que el recorte de su representación sería del 80%. Chaco perdería 1 de 7; Chubut y San Luis verían reducida sus bancas en 2 de 5; Jujuy y San Juan, en 1 de 6; y Entre Ríos perdería 1 de sus 9 diputados actuales.
En tanto, las provincias patagónicas también perderían escaños: Neuquén y Río Negro tendrían uno menos de 5, y Santa Cruz 3 menos de los 5 que tiene hoy.
Las que verían aumentada su representación, son seis. Además de Buenos Aires, Córdoba se vería favorecida en 3 más al pasar de 18 a 21; Mendoza subiría de 10 a 11; Salta pasaría de 7 a 8; Santa Fe, de 19 a 20; y Tucumán, de 9 a 10.
La diferencia entre las bancas ganadas (34) y las que se perderían (37) es de 3, lo que explica que la Cámara de Diputados pasaría de 257 escaños a 254.
En Misiones, con siete legisladores nacionales “en una elección se deberán hacer tres circunscripciones y en la otra deberán ser cuatro, porque en una elección se renuevan tres diputados y en la otra cuatro”, dijo el secretario electoral, Eduardo Bonetto.
En declaraciones, indicó que “dice el proyecto, que cada diputado tendría que representar a 180.000 electores o una fracción no menor a 90.000. En Misiones eligiendo tres diputados nacionales, se dividiría en 3 circunscripciones. Una ocuparía más de la mitad de la provincia, otra una franja menor y una tercera podría ser la Capital”, dijo.
“Se modificaría cada diez años, por cada censo. Hay que respetar los 180.000 electores que debe representar el diputado”, explicó.
Y añadió que, por ejemplo: “La provincia de Buenos Aires está sub representada porque hay muchísimos electores y no tantos diputados como debería tener, y otras como Tierra del Fuego están sobre representadas, porque tienen más diputados de lo que la población le daría”.
El nuevo cálculo
El texto busca establecer una nueva base para el cálculo de bancas por habitantes por lo que la Cámara baja pasaría de 257 a 254 bancas, ya que se reduciría la representación de distritos con menos población.
Desde la llamada “ley Bignone” de 1983, se otorga una banca cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500. El proyecto entregado al Congreso por el ministro del Interior, Guillermo Francos, eleva a 180.000 la cantidad de habitantes necesarios para elegir un diputado nacional.
Además, deroga la compensación de tres diputados extra para aquellas provincias que no alcancen el mínimo de cinco legisladores.
Por este motivo, si se aprobase la nueva normativa, saldrían perjudicadas provincias que tienen poblaciones entre los 180.000 y 1.400.000 habitantes, como Tierra del Fuego, Santa Cruz, y La Pampa, entre otras.
Por circunscripciones
El proyecto de “ley ómnibus” incluye otro aspecto que va a generar polémica: la división del país en 254 circunscripciones, y la elección de un diputado en cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, si Córdoba pasase a tener 21 representantes a la Cámara baja, estaría dividida en 21 circunscripciones, donde se elegiría uno en cada una. Se reemplazaría así el sistema D’Hondt de representación proporcional por uno de circunscripciones uninominales, en el cual un candidato puede ganar por un voto. Los partidos presentarían un único postulante por circunscripción.
De acuerdo al Gobierno, este modelo que replica el vigente en Estados Unidos, promueve una “mayor proximidad” entre el votante y el candidato. El sistema contribuye a una “personalización de la política” en detrimento de los partidos. Y evita la lista sábana cerrada con la que muchas veces se vota sin conocimiento de quiénes están en las listas.
Uno de los aspectos más cuestionados de este modelo es el criterio para establecer los límites de cada circunscripción, que quedaría en manos del Poder Ejecutivo y sería el encargado de dividir los distritos electorales un año antes de los comicios.
Este cambio de sistema podría implicar una reestructuración del sistema de partidos en beneficio de unos y perjuicio de otros, ya que favorecería a las mayorías y le quitaría peso y visibilidad a terceras fuerzas y minorías.
“Las circunscripciones uninominales, de acuerdo a la experiencia de otros países, tiende a la eliminación de los partidos chicos. ¿Por qué? Porque a la medida que se centre la disputa en esa circunscripción a un solo cargo, los partidos grandes van a llevar los diputados”, explicó el secretario electoral de Misiones, Eduardo Bonetto.
Y comparó: “Ahora un tercer partido podía meter un diputado cuando se trata de cuatro bancas a repartir. Acá no, acá se va a llevar el diputado el partido ganador. La lista ganadora se lleva el diputado. Salvo que en la otra circunscripción sea fuerte el otro partido”.
Sin aportes para boletas
El proyecto también elimina el subsidio que otorga el Estado para la impresión de las boletas papel partidarias, antes de cada elección nacional. Esta modificación estaría alineada con la intención del Gobierno de promover la Boleta Única Papel cuya impresión sería solventada por el Estado.
Actualmente, la Dirección Nacional Electoral le paga a cada agrupación que compite en las elecciones generales un monto que le permite imprimir dos boletas y media (con un valor testigo previamente fijado) por elector para cada categoría. La ley actual prevé este aporte público para garantizar que la oferta electoral esté presente en el cuarto oscuro de los 17.000 establecimientos de votación que hubo en estas elecciones en el país.
Los partidos chicos o los nuevos, al tener menor capacidad financiera, suelen depender de este subsidio para garantizar la impresión de un número de boletas que les alcance para cubrir las más de 100.000 mesas en todo el territorio nacional. No así los más grandes, que suelen imprimir por su lado dos o tres padrones más, para el reparto previo de boletas a la ciudadanía.
No más spots gratuitos
Milei también busca derogar la distribución que hace la Dirección Nacional Electoral de los espacios gratuitos de publicidad electoral en radio y televisión para pasar sus spots y avisos. “Al eliminar la equidad en la distribución de espacios de publicidad de campaña, los candidatos que consigan más dinero, podrán comprar más minutos de aire”, advirtió Secchi.
Finalmente, el proyecto propone terminar con la prohibición de difundir encuestas ocho días antes de los comicios y hasta tres horas después de su cierre, y elimina el Registro de Encuestas y Sondeos de Opinión.
Financiamiento para los partidos
A través de la derogación y modificación de artículos de la ley actual de Financiamiento de los Partidos Políticos (Nro. 26.215), se elimina el tope máximo de donaciones por persona y empresas a un partido o candidato para la campaña electoral, y para el funcionamiento institucional partidario.
Con esta modificación de la ley, se propone derogar, entre otros, el artículo 44 bis de la norma actual que limita los aportes privados de campaña por persona física o jurídica que puede recibir cada agrupación.
Cabe recordar que esta fija un tope del 2% de los gastos permitidos para esa campaña. Asimismo, ese monto máximo debe ser informado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) antes de cada elección.
En las elecciones generales 2.023 para la categoría de presidente, por ejemplo, ese tope en las donaciones fue de $40.732.350 por persona o empresa.
El proyecto de ley también propone eliminar el monto máximo de gastos destinados a la campaña electoral que puede realizar una agrupación política.
El límite del gasto de campaña en las elecciones generales 2023 para las agrupaciones o alianzas fue de $2.036.617.499.
En la práctica, la reforma significaría que los partidos podrían recibir donaciones de privados sin tope y gastar sin límites.
“Va contra todos los avances que hizo Argentina en materia de financiamiento político. Desde Poder Ciudadano, venimos hace 25 años luchando para que el financiamiento político sea más transparente y tenga límites que generen equidad en la competencia electoral” sostuvo Pablo Secchi, director ejecutivo de esa ONG a Infobae.
Con esta nueva normativa, restaría ver en la provincia cuales serían los partidos o frentes beneficiados con la misma, como así también, cuánto perjudicaría a los partidos más pequeños.
Lo hizo en la sala de feria con una votación dividida. Es solo para el capítulo laboral del DNU.
La Cámara Nacional del Trabajo dictó este miércoles una medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el Gobierno de Javier Milei, según informaron fuentes judiciales.
«Díctase una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV Trabajo del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados», decidieron los jueces en el marco del expediente inaugurado a partir de una presentación de la CGT.
Días atrás, la Justicia del Trabajo había aceptado levantar la feria judicial para tratar la denuncia de la Central General de los Trabajadores (CGT) contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que apunta a desregular la economía y cambiar las condiciones laborales en el país.
En su petición inicial, la central obrera solicitó en el primer punto que «se decrete la medida cautelar solicitada de suspensión de la aplicación del «Título IV Trabajo» del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023″.
La medida cautelar, en este marco, suspenderá todas las modificaciones en materia laboral dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado el 21 de diciembre y aplicado efectivamente el pasado viernes.
Ya hay más de 10 amparos contra el DNU de Javier Milei y se abre la feria judicial El fallo sobre el amparo de la CGT se centra en el ámbito laboral. Sin embargo, ya hay más de 10 denuncias y/o pedidos de inconstitucionalidad sobre la totalidad del DNU que se encuentran en manos de la Justicia Federal. Muchas jurisdicciones incluso, habilitaron la apertura de la feria judicial para el tratamiento de los recursos presentados contra el decreto.
Además del recurso de la CGT, la Justicia, en este caso de Lomas de Zamora, también abrió la feria judicial para aceptar un pedido de amparo contra el decreto 70/2023 del Poder Ejecutivo y derivó el expediente al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal del magistrado Esteban Furnari.
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, abrió la feria a partir del pedido de amparo que lleva la autoría de Roberto Crespo Armengol, quien había presentado el recurso contra el decreto de Javier Milei argumentando que el Ejecutivo excede sus facultades y afecta diversos aspectos legales y normativas vigentes al promulgar el DNU.
Además, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 2, organismo judicial que concentra todos los amparos contra el documento, recibió un pedido de una ONG para que habilite la feria judicial y defina si el mega DNU del presidente Javier Milei es constitucional.
En qué consiste la reforma laboral de Javier Milei
A grandes rasgos la reforma laboral de Javier Milei busca modificar las reglas de trabajo en materia de juicios, indemnizaciones y reclamos y se centra en seis puntos clave:
-Cambios en los juicios laborales -Extensión del período de prueba -Reducción de las licencias por embarazo, maternidad y paternidad -Reducción de montos para calcular la compensación de las indemnizaciones -Eliminación del derecho a huelga, asambleas, congresos y otras medidas de fuerza -Cambios en la ultraactividad, que es el periodo de prórroga automática que se establece en los convenios colectivos
“Van a venir meses duros, pero, a diferencia de lo que ha pasado durante los últimos 100 años, estos meses van a valer la pena”, afirmó el Presidente.
El presidente Javier Milei compartió una particular publicación en redes sociales con el que intentó reflejar la situación que atraviesa el país tras la adopción de las primeras medidas económicas y su impacto en la población.
Desde su cuenta de Instagram, el libertario utilizó una imagen del Gautama Buddha, príncipe de Kapilavastu, para hacer énfasis en una reflexión que repite en cada aparición pública.
Bajo la leyenda que lo caracteriza (“Viva La Libertad, carajo”), la foto que optó por publicar reza: “Maestro… por qué me duele más que antes?”.
La pregunta se responde rápidamente en el posteo e intenta explicar las primeras medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno: “Porque esta vez elegiste la cura y no la anestesia”.
La popular frase sirve de apoyo a las recetas de ajuste que el mandatario repite como mantra sobre las primeras medidas económicas y la proyección para los próximos meses.
En sus últimas apariciones, Milei expresó: “Van a venir meses duros, pero, a diferencia de lo que ha pasado durante los últimos 100 años, estos meses van a valer la pena, nos vamos a poner de pie y vamos a salir con fuerza”.
El monto inicial de 28 billones 954.031 millones de pesos fue elevado a 40 billones 411.433 millones. La decisión ya había sido adelantada el 13 de diciembre por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La prórroga del Presupuesto 2023 comenzó a regir este lunes, con el agregado de una serie de modificaciones dispuestas por el Poder Ejecutivo que ampliaron los créditos originales de la Ley 27.701 en un 39,6%.
La medida había sido oficializada el 26 de diciembre a través del decreto 88/2023, publicada al día siguiente en el Boletín Oficial, y es la cuarta vez que se recurre a una acción de esta naturaleza en lo que va del siglo XXI, si se tiene en cuenta que también se aplicaron prórrogas del cálculo de gastos y recursos del año anterior en 2011, 2020 y 2022.
La prórroga al Presupuesto es una posibilidad contemplada en la Ley 24.156 de Administración Financiera, que en su artículo 27 habilita esa opción “si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el Presupuesto general”.
Esa opción ya había sido adelantada el 13 de diciembre por el ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los firmantes del decreto junto con el presidente, Javier Milei, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien es el responsable de la ejecución del Presupuesto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 100 de la Constitución.
“Dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2023, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones referidas en el artículo 27 de la mencionada Ley (en referencia a la 24.156), por lo cual estas se llevarán a cabo oportunamente”, indica el decreto en sus considerandos al fundamentar la prórroga.
En el artículo 2 se instruye al jefe de Gabinete a “adecuar, oportunamente, el presupuesto que se prorroga mediante el artículo 1° del presente decreto con el fin de dar cumplimiento a los incisos 1 y 2 del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias”, un recurso que seguramente se dará a conocer a través de una decisión administrativa en los próximos días.
La inclusión de “sus modificatorias” alude a todas las ampliaciones y reasignaciones de gastos y recursos dispuestas a lo largo del año, por medio de decretos de necesidad y urgencia y decisiones administrativas por más de $ 11 billones.
De acuerdo con el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la Ley 27.701 estableció un crédito presupuestario inicial de 28 billones 954.031 millones de pesos y el vigente al 28 de diciembre, luego de la última modificación presupuestaria, ascendió a 40 billones 411.433 millones, con un incremento del 39,6% respecto de la autorización inicial.
La ley de Administración Financiera detalla una serie de “ajustes que debe introducir el Poder Ejecutivo Nacional” que, en el caso de los recursos, consisten en eliminar los rubros que no puedan ser recaudados nuevamente, suprimir los ingresos de operaciones de crédito público que ya fueron utilizadas, incluir los recursos provenientes de otras operaciones de crédito en ejecución y excluir los excedentes de los ejercicios anteriores.
En cuanto a los gastos, se eliminan los créditos que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para los que fueron previstos, se incluyen los correspondientes al servicio de la deuda y las cuotas que se deban aportar por compromisos internacionales, así como los créditos “indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios”.
Al respecto, el presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), Gonzalo Lecuona, ejemplificó: “Si se contemplaron recursos para asfaltar una ruta y la obra ya se hizo, obviamente no se vuelve a pavimentar y esos recursos quedan para que el Poder Ejecutivo defina para qué los va a usar”.
En el mismo sentido, las erogaciones previstas en la Ley de Presupuesto 2023 correspondientes al proceso electoral del año que termina tampoco se prorrogan, y los recursos que se destinaron a tal efecto serán redistribuidos.
Las sesiones extraordinarias convocadas para el tratamiento del megaproyecto de reforma de la actividad del Estado y en el resto de las iniciativas que propuso el Ejecutivo, junto al decreto, son la “hoja de ruta” que Javier Milei y su gabinete pare el arranque de su gestión en 2024, con un mes de enero que se presentará “recargado” por la actividad parlamentaria.
Con la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica, y sin que las presentaciones judiciales hayan logrado -hasta el momento- alguna cautelar que lo suspenda, el Gobierno de Javier Milei pondrá el foco en los próximos días en el tratamiento legislativo del megaproyecto de reforma de la actividad del Estado y en el resto de las iniciativas que el Ejecutivo propuso para las sesiones extraordinarias del Congreso.
“Argentinos de bien, estamos por el buen camino…!!! No dejemos que se nos interpongan la casta delincuente que busca coimas y/o perpetuar el statu quo decadente… Viva la libertad carajo”, posteó en la mañana del sábado el mandatario desde su cuenta en la plataforma X (antes Twitter), aún desde Mar del Plata, donde en la noche del viernes asistió al teatro para ver la obra de su pareja Fátima Flórez.
“Milei está bien, entiende que el DNU y el proyecto son su hoja de ruta y está convencido de eso”, comentaron este viernes funcionarios de trato diario con el primer mandatario.
El centro de atención -creen en el Gobierno- estará puesto durante el primer mes del 2024 en la actividad del Congreso que deberá trabajar sobre una docena de proyectos en múltiples comisiones de ambas cámaras, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas hasta el 31 de enero.
“La semana que viene es corta, pero salvo Boleta Única que ya tiene media sanción, hay que mandar 10 proyectos más, entre ellos el de Ganancias. Podría ser la semana que viene o la otra”, señaló un vocero ministerial.
La reinstauración del Impuesto a las Ganancias, aclaran en la sede del Ejecutivo, es “toda de los gobernadores” ya que son los mandatarios provinciales quienes necesitan de la recaudación de ese tributo para “equilibrar sus cuentas”.
En ese sentido, todas las especulaciones se centran en saber cuáles pueden ser los montos sujetos a la percepción y si habrá algún mecanismo de actualización.
Buena parte de las negociaciones con los actores sindicales, sociales y políticos recaen en manos del ministro del Interior, Guillermo Francos, quién esta semana fue el enviado del Gobierno para llevar “simbólicamente” el megaproyecto de reforma del Estado al Congreso.
“Estuvieron hablando con Milei y después fue Francos quien se lo llevó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El proyecto entra formalmente por sistema, pero se quiso hacer una entrega simbólica que marcara el peso de la decisión”, explicaron fuentes oficiales.
Aunque el diálogo político no sólo descansa en el ministro del Interior, sigue siendo él uno de los armadores preponderantes dentro del esquema de poder de La Liberta Avanza (LLA).
“Tiene diálogo con todos. Con los gobernadores, incluyendo a los más opositores. Él sabe que muchas cosas se dicen en público y otras en privado”, comentaron en una de las oficinas de la Rosada y señalaron como ejemplo la reunión que el viernes por la tarde mantuvo con el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro.
Otro condimento de la semana fue la reacción sindical a las primeras medidas de la nueva administración nacional.
El miércoles al mediodía se realizó la primera marcha convocada por la CGT a Tribunales para reclamar a la Justicia la inconstitucionalidad del DNU 70/2023, una movilización masiva de la que los dirigentes sindicales se llevaron el pedido de sus bases para decretar un paro general.
Un día más tarde, el Comité Confederal se reunió en el histórico edificio de la porteña calle Azopardo y decretó la primera medida de acción directa para el próximo 24 de enero.
En la conferencia de prensa del viernes, el portavoz presidencial Manuel Adorni señaló que “no hay precedente de haber llamado un paro general de una manera tan rápida desde la asunción de un nuevo Gobierno”.
“Es llamativo que quienes defiendan de manera legítima los derechos de los trabajadores, no hayan percibido lo que están percibiendo en 17 días de gobierno, en los cuatro años del Gobierno anterior. Su defensa de los derechos de los trabajadores tal vez esté sesgada por algunos otros intereses”, comentó.
Además señaló que las reformas laborales propuestas vienen a cambiar una ecuación que, en las últimas décadas, se vio resuelta con “sueldos miserables e informalidad”.
“Más pérdida de derechos que la que ha generado la política laboral de las últimas décadas es imposible dimensionarlo e imaginarlo”, agregó Adorni.
Aunque desde la CGT hablaron de una comunicación cortada con la Casa Rosada, desde Balcarce 50 aclaran que no es así e incluso la mayoría de los funcionarios consultados entienden que el anunciado paro general debe ser leído como algo más que un acto de confrontación.
“El paro es dentro de un mes. Por un lado, cumplen con las bases diciéndole al Gobierno, pero también tienen un mes para negociar”, deslizó un funcionario, abriendo la puerta a posibles conversaciones con la central obrera.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica, dictado por el Gobierno de Javier Milei, entrará en vigencia este viernes sin que la Justicia haya aún dado curso de manera favorable a reclamos de medidas cautelares que lo suspendan, en el marco de una treintena de amparos presentados por organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares.
En el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires había hasta el mediodía del jueves al menos 25 amparos y otros dos de la CGT y la CTA ante la justicia del Trabajo, según un relevamiento.
El DNU 70 fue firmado por el presidente Javier Milei e integrantes del Gabinete nacional y publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último y por Ley entrará en vigencia ocho días más tarde, es decir, desde este viernes 29, salvo medida cautelar judicial que lo suspenda.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari rechazó disponer una precautelar de suspensión de los efectos del DNU en el proceso colectivo iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad porque «al día de la fecha, las disposiciones del DNU 70/2023 no han entrado en vigencia (cfr. arts. 5º y 6º CCyCN)», según la resolución.
Por su parte, la CGT apeló este jueves la decisión del juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet que desestimó el dictado de una medida cautelar «interina» que suspenda el capítulo IV del Decreto vinculado a la reforma laboral porque aún no entró en vigencia.
El magistrado concedió la apelación, habilitó días y horas inhábiles del 28 y 29 de diciembre y ya giró el expediente a la sala ocho de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
En el escrito de apelación, firmado por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña como secretarios generales de la CGT. se advirtió que «se trata de conjurar un acto de autoridad que impone una reforma laboral peyorativa sin recurrir al Congreso y que los afecta en los aspectos individuales y colectivos», según el texto.
Con esta presentación intervendrá por primera vez un Tribunal de Apelaciones en relación al DNU, aunque sólo en lo referido a las normas de índole laboral.
«Debe tenerse en cuenta, asimismo, que el DNU 70/23, pretende introducir modificaciones permanentes y no de coyuntura o de emergencia temporal (en derecho individual del trabajo y derecho colectivo) y esta circunstancia es relevante porque no se trata de implementar remedios temporales para una alegada crisis, lo que constituye otro motivo de invalidez ostensible», argumentaron los sindicalistas al reclamar una medida cautelar de «no innovar» y la suspensión de la puesta en vigencia del Título IV del DNU 70.
Ramonet concedió la apelación ante «la innegable trascendencia de la presente causa» y también a raíz de fallas del sistema judicial LEX registradas hoy que «no permiten que la causa sea despachada con la premura que requiere» por lo cual habilitó «días y horas inhábiles para la tramitación de la misma los días 28 y 29 de diciembre del corriente año, debiendo estarse a lo ya dispuesto en cuanto a la posibilidad de habilitar la feria judicial», si alguna de las partes lo requiere.
En tanto, en el fuero Contencioso Administrativo Federal, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez reclamó el dictado de una medida precautelar para suspender el DNU en su totalidad, mientras tramita su amparo contra esa norma.
Como hecho novedoso, explicó ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 7 que al presentar el miércoles el proyecto de Ley para sesiones extraordinarias, el Gobierno incluyó «una cláusula de ratificación» del DNU, algo que implica el «reconocimiento» por parte del Poder Ejecutivo de que no hay motivos para que las reformas propuestas no se traten en el Congreso Nacional.
En ese mismo fuero ingresaron durante la jornada otras dos demandas contra el DNU, uno del CELS y otro de la Confederación Argentina de Deportes, que resultaron sorteados en diferentes juzgados.
El Centro de Estudios Legales y Sociales reclamó la inconstitucionalidad del DNU porque «se aparta del principio de división de poderes, así como suprime y restringe derechos, garantías individuales y colectivas de amplios sectores sociales».
En otro de los amparos iniciados esta semana, la demandante Betina Stein presentó un recurso de revocatoria ante el rechazo por parte del juzgado interviniente, el Contencioso Administrativo Federal 8, a dictar la medida cautelar de suspensión a la espera de un informe «sobre la existencia de otro proceso colectivo».
Stein reclamó que revoque esa decisión y «se ordene en forma urgente la suspensión».
El proceso colectivo en cuestión es el iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad junto a Hugo Godoy, Claudio Lozano y Rodolfo Aguiar, aceptado por el juez Furnari e inscripto así en el Registro de Procesos Colectivos.
Finalmente, en La Plata, el juez federal Alberto Recondo rechazó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el DNU al argumentar que «solo el carácter de ciudadano no otorga legitimación activa».
El proyecto se llama Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, en honor al célebre texto de Juan Bautista Alberdi. El ministro Guillermo Francos lo llevó en persona al Parlamento y se lo entregó en mano al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El gobierno de Javier Milei envió este miércoles al Congreso el anticipado proyecto de ley “ómnibus”, que denominó de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, en honor al célebre texto de Juan Bautista Alberdi. Pasadas las 15, el ministro del Interior, Guillermo Francos, fue el encargado de hacerle entrega del proyecto en persona al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El texto, que contiene 664 artículos a lo largo de 351 páginas, será tratado durante las sesiones extraordinarias que comenzaron ayer y se extenderán hasta el 31 de enero.
Según dijo Martín Menem, las comisiones a las que será girado el proyecto (Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores) serán conformadas antes de que termine la semana y a partir de los primeros días de enero irán al Congreso los principales ministros y funcionarios para “explicar la importancia de avanzar con estas reformas”.
Además, no se mostró preocupado por los tiempos (solo hay un mes de sesiones extraordinarias) y reafirmó que la voluntad del oficialismo es votar el proyecto lo más rápido que se pueda.
“Todos tienen que entender que Argentina, además de no tener plata, no tiene tiempo”, sintetizó.
En sus fundamentos, el proyecto señala que “Argentina está inmersa en una grave y profunda crisis económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social sin precedentes, que afecta a todos los órdenes de la sociedad y al funcionamiento mismo del Estado”.
En esa línea, plantea que esta crisis se originó por “haber abandonado el modelo de la Democracia Liberal y la Economía de Mercado plasmado en nuestra Constitución de 1853 y haber avanzado, durante décadas, hacia un modelo de Democracia Social y Economía Planificada”.
Como primera medida, el Poder Ejecutivo busca que el Congreso declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto permitirá que el Gobierno asuma “facultades legislativas” en esas materias.
Por otro lado, promueve la privatización de las empresas públicas “con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión”.
La reforma política incluirá la eliminación de las PASO, el establecimiento de un nuevo sistema de elección de diputados en base a circunscripciones uninominales y modificando las listas cerradas.
Por otro lado, el Gobierno también busca eliminar la fórmula vigente para la actualización de las jubilaciones y pensiones, asumiendo la potestad de “realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”. No se detalla cada cuánto serán los aumentos ni qué indicadores se tomarán como referencia.
En el capítulo destinado a la organización de las manifestaciones, los libertarios proponen que quienes impidan o entorpezcan el funcionamiento de los transportes (por tierra, agua o aire) sean reprimidos con 1 a 3 años y seis meses de prisión. Las penas aumentan si se utilizan armas y para los organizadores de las manifestaciones (prisión de 3 a 6 años). Además, los organizadores serán “solidariamente responsables por los daños” que tuvieran lugar durante las marchas.
“El Presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación la Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos. Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación”, publicaron en la cuenta de Twitter de la Oficina del Presidente.
Además, resaltaron que el objetivo es promover “reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”.
Uno de ellos, presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, consiste en una “acción declarativa de inconstitucionalidad” contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, con un pedido de medida cautelar para suspender sus efectos hasta el dictado de sentencia definitiva.
El fuero en lo Contencioso Administrativo Federal recibió al menos diez amparos contra el decreto de necesidad y urgencia 70, de desregulación económica, con pedidos de medidas suspensivas hasta que se dicte sentencia de fondo en relación a planteos de presunta inconstitucionalidad de la norma del gobierno de Javier Milei.
En una de ellas, la radicada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez quedó designado este martes el nuevo juzgado, el Contencioso Administrativo Federal 7 luego que el letrado recusó al magistrado sorteado inicialmente, Juan Pablo Cayssials, informaron fuentes judiciales.
Gil Domínguez presentó una “acción declarativa de inconstitucionalidad” contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último con un pedido de medida cautelar para suspender sus efectos hasta el dictado de sentencia definitiva.
En el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires se realizaron hasta el momento diez presentaciones judiciales contra el DNU, que resultaron sorteadas en diferentes juzgados.
La primera fue la radicada la semana pasada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, en la cual el viernes último el juez Esteban Furnari admitió la acción como un “amparo colectivo” y dio vista a la fiscalía para que se determine si la causa es competencia de ese juzgado. La acción judicial fue presentada por esa asociación civil y organizaciones como ATE y CTA contra el decreto de desregulación económica.
También ingresó una acción de amparo de la Asociación Civil por un Hogar en Argentina, que quedó radicada ante el Juzgado 12 de ese fuero.
Durante ete martes presentaron amparos el extitular del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo y otros seis firmados por Betina Stein, Laura Golcman, Nancy Beatriz Mateos, María Reston, Mariana Fernández y Norma Castro.
En su demanda, el abogado Gil Dominguez sostuvo que el DNU es “contrario a los artículos 1, 29, 30, 77 a 84 y 99 inciso 3 de la Constitución argentina”
Gil Dominguez pidió que “oportunamente dicte sentencia declarando la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023”.
Además reclamó el dictado de una medida cautelar que suspenda sus efectos hasta que haya sentencia definitiva.
“Vengo a solicitar en los términos previstos por el artículo 195 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y los artículos 13 y 15 de ley 26.854 el dictado de una medida cautelar de no innovar mediante la cual se suspendan los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa”, consignó.
El abogado reclamó que se declare la “inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023”.
“El Poder Ejecutivo Nacional mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 utiliza un mecanismo de legislación excepcional previsto por el art. 99.3 de la Constitución argentina – de interpretación y aplicación restrictiva- para sustituir integralmente la función legislativa a través del abuso de derecho público y el desvío de poder”, denunció el constitucionalista.
También “con el objeto de realizar una reforma constitucional indirecta o encubierta por fuera del mecanismo previsto por la Constitución argentina”, advirtió.
“De esta manera, se verifica la existencia de una norma que pretende vulnerar el principio republicano, la división de poderes”, sostiene la demanda presentada.
