La situación se debió a la falta de acuerdos para aprobar artículos claves de la iniciativa promovida por el Gobierno, como las privatizaciones de empresas públicas, el sistema de endeudamiento y temas de seguridad.
La Cámara de Diputados volvió a enviar a comisión el dictamen de mayoría de la ley de Bases y se levantó la sesión de este martes, con lo cual el proyecto promovido por el Gobierno Nacional tendrá que ser analizado de nuevo.
La decisión se adoptó porque el oficialismo no tenía los votos para aprobar artículos claves de la ley, como las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales.
Con esta resolución, el proyecto de 646 artículos se deberá empezar a tratar de nuevo, ya que cayó la aprobación en general del proyecto así como los artículos aprobados y la orden del día número 1, de acuerdo con el artículo 155 del Reglamento de la Cámara baja.
La moción de devolver el proyecto a comisión fue formulada por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Zago, tras lo cual el presidente del cuerpo, Martín Menem, levantó la sesión.
El pedido de Zago sucedió luego de un cuarto intermedio solicitado para buscar acuerdos sobre el capitulo 7 de privatizaciones y la convocatoria a una reunión de Menem con los jefes de bloques.
El oficialismo consiguió aprobar el viernes pasado el proyecto en general con 144 votos, y este martes pudo votar la emergencia, y la facultades delegadas, pero tuvo un fuerte traspié cuando no pudo sancionar la mayoría de los artículos de la reforma administrativa del Estado.
La ley ómnibus obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, en una de las sesiones más largas de la historia y con más de 30 horas de debate. En este contexto, ¿cuáles son los próximos pasos que tendrá que afrontar el proyecto de Javier Milei en el recinto legislativo?
Con cientos de oradores y tres jornadas de sesión, el proyecto «Bases» fue votado afirmativamente en su aspecto general tras la negociación del oficialismo con la «oposición dialoguista», conformada por la Unión Cívica Radical (UCR) y el bloque Hacemos Coalición Federal como principales fuerzas de diálogo.
Así las cosas, el Gobierno logró una primera aprobación de la ley en la cámara baja con el apoyo parlamentario del PRO (37 diputados), Unión Cívica Radical (32 diputados), Hacemos Coalición Federal (18 diputados), Innovación Federal (9 diputados), Independencia (3 diputados), Producción y Trabajo (2 diputados), Buenos Aires Libre, (2 diputadas), Avanza Libertad (1 diputado), Creo (1 diputada), La Unión Mendocina (1 diputado) y Por Santa Cruz (1 diputado). La contienda electoral todavía no finalizó en la Cámara de Diputados y, a pesar de la histórica y maratónica sesión de esta semana, los legisladores deberán protagonizar más instancias antes de que el texto siga su curso en el Senado.
Ley ómnibus: cuáles son los próximos pasos En la próxima sesión, estipulada para el martes de la próxima semana, los diputados y diputadas deberán debatir el proyecto artículo por artículo. Se trata de una instancia donde, con el proyecto ya aprobado, cada fuerza podrá manifestar su disconformidad con apartados específicos de la ley, que podrían ser suprimidos o modificados en la previa del debate en la cámara alta.
Los integrantes de los tres bloques de oposición acuerdista que garantizaron la aprobación tienen libertad de acción para discutir cada artículo: las voluntades de la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal se regirán a partir de ahora por convicciones o demandas provinciales, ya no por vocación de gobernabilidad.
La Cámara de Diputados aprobó en general por 144 votos contra 109 el proyecto de ley «Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos», que establece una emergencia pública, una reforma del Estado y la privatización de varias empresas públicas, y pasó a cuarto intermedio hasta el martes próximo a las 14 para el tratamiento de la iniciativa artículo por artículo.
La iniciativa fue votada con el respaldo de los diputados de la Libertad Avanza, UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, Creo; Avanza La Libertad, Producción y Trabajo, Buenos Libre, Independencia y Unión Mendocina.
Tras largas semanas de debate, negociación y “rosca”, el radicalismo misionero enfrentará un nuevo proceso interno para elegir autoridades el 10 de marzo próximo. Alejados de una realidad argentina a la que azota la crisis económica más importante en los últimos 30 años, el partido centenario sigue debatiendo cargos y no propuestas para la ciudadanía.
Al miércoles la UCR misionera estaba dividida en cuatro espacios internos: los clásicos de Hernán Damiani, el grupo subsidiado por el gobernador correntino de Martín Arjol, Evolución con Pepe Pianesi y en cuarto lugar el ex diputado provincial Javier Mela. Los primeros tres se pusieron de acuerdo en dividirse los cargos partidarios, el cuarto no se doblegó y luego de una prórroga en el vencimiento logró posicionarse como candidato. Se abrió así la posibilidad de hacer elecciones partidarias con el costo para el Estado que eso conlleva – a día de hoy hablamos de, por lo menos, 50 millones de pesos -.
No es de extrañar que el otro candidato sea el empresario y ex concejal Rodrigo de Arrechea. Nombre que, según fuentes consultadas, no es del agrado de nadie en el radicalismo. Es un hombre de cafetería, junto al presidente saliente, Pablo Argañaraz y el Diputado Nacional, Martín Arjol. Con un pasado en el puertismo como candidato a intendente en el 2001, con la carga de haber traicionado a muchos de los dirigentes radicales y sin capacidad de diálogo sensato. Y usted se preguntará ¿cómo llegó, entonces? La respuesta es sencilla, el empresario no logró integrar ninguna lista provincial ni nacional en los procesos electivos del 2023, terminó su mandato como edil posadeño y, como es de esperarse, no puede quedarse sin un cargo desde el cual rascar algo.
En marzo, cuando el año lectivo esté comenzando y la crisis se siga profundizando por la quita de subsidios nacionales, el radicalismo misionero se va a estar gastando una buena plata del Estado para elegir a quienes quieren una placa para alimentar sus egos. El radicalismo de café no tuvo la capacidad de diálogo suficiente para poner adelante las necesidades de la gente en lugar de despilfarrar dinero en votos, padrones, abrir escuelas y contratar personal para sus elecciones.
En la plataforma X (ex twitter), los dirigentes radicales se acongojan para fortalecer la idea de que ellos son “una opción de gobierno” en la Provincia de Misiones. Nada más alejado de ser una propuesta electoral que gastar millones de pesos del Estado para sostener los mismos nombres que nunca apostaron por mejorar las condiciones de vida de la gente.
En tiempos donde la clase política está siendo continuamente cuestionada por una sociedad que reclama austeridad, surgen grandes interrogantes: ¿cuánta plata cuesta la interna radical? ¿Realmente se justifica el despilfarro para alimentar el ego de estos dirigentes atornillados a las sillas del partido?
Tres relatores especiales aconsejaron al Gobierno que “no imponga restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica” al no ser compatibles con estándares internacionales.
Tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron al gobierno de Javier Milei que revise las disposiciones enmarcadas en el denominado Protocolo Antipiquetes elaborado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Los relatores aconsejaron al Gobierno que “no imponga restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica” ya que no son compatibles con los estándares internacionales en la materia.
Se trata de Clement Nyaletsossi Voule (vocero sobre Libertad de reunión pacífica y de asociación), Irene Khan (Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y expresión) y Mary Lawlor (Situación de los defensores de Derechos Humanos), que hicieron pública la declaración conjunta esta semana.
En el texto se desglosan todos artículos del Protocolo y no hay ninguna ponderación positiva del contenido creado por Bullrich y adoptado por el Gobierno Nacional, aunque con suerte diversa por lo que pudo verse en las últimas manifestaciones.
En concreto, los relatores de la ONU recuerdan que “el derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo”.
“La obligación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley en una reunión no consiste primariamente en controlarla o restablecer el orden; su obligación inicial y principal es facilitar la protesta pacífica y el ejercicio de los derechos que en ella confluyen”, subrayan.
Incluso advierten que los manifestantes extranjeros que la ministra de Seguridad pidió procesar y expulsar del país, tienen “el derecho de reunirse pacíficamente: tanto los ciudadanos como los no ciudadanos”.
El derecho a manifestarse “lo pueden ejercer, por ejemplo, los ciudadanos extranjeros, los migrantes (documentados o indocumentados), los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas”, concluye el documento.
En este sentido, recuerdan que la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vigila la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y tiene rango constitucional en nuestro país, precisa que “las reuniones pacíficas pueden promover ideas u objetivos polémicos que pueden causar perturbaciones, por ejemplo, a la circulación de vehículos o peatones o la actividad económica”.
En definitiva, con la aplicación del Protocolo se podría “estar en presencia del fenómeno de criminalización de la protesta social a través del uso del derecho penal”, lo que “es una decisión contraria al estándar internacional”, concluye el documento de los relatores de la ONU.
El funcionario fue apartado por filtrar información reservada del Gobierno. Qué pasará con las áreas a su cargo.
A menos de dos meses de haber asumido en el Gobierno, Javier Milei echó al primer miembro de su Gabinete. El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, dejó su cargo. Según se pudo saber, el motivo es que filtró información reservada de la gestión libertaria.
La medida fue un pedido formal de renuncia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y aunque todavía no se sabe quién lo reemplazará, la idea es que el Ministerio sea reducido al rango de secretaría, la cual quedará dependiente de quien hasta ahora fue su par de Economía, Luis “Toto” Caputo.
A finales de septiembre del 2023, después de haber ganado las PASO, pero antes del traspié en las elecciones generales, el entonces candidato a presidente Javier Milei nombró por primera vez en público a Guillermo Ferraro, quien se había sumado pocas semanas antes al equipo.
El dirigente, de amplia trayectoria en la función pública durante distintos gobiernos, había sido acercado a La Libertad Avanza por la hermana del líder del partido, Karina Milei, y durante el último tramo de la campaña quedó a cargo de organizar el operativo para la fiscalización de los votos.
En un periodo de cambios fuertes en la estructura del espacio, reemplazó de a poco al otrora armador nacional Carlos “Chino” Kikuchi, que hasta ese momento era el que se ocupaba de esa tarea, y luego continuó con el trabajo cuando se unió fuerzas con el ala dura de Juntos por el Cambio, para evitar el robo de boletas.
Una vez que se conoció la contundente victoria de Milei en el balotaje, tal como el ya Presidente había anunciado en septiembre, Ferraro fue designado formalmente como Ministro de Infraestructura, una de las 8 carteras que iba a tener el Gabinete durante esta gestión y que iba a tener bajo su ala los sectores de Energía, Transporte, Obras Públicas y Vivienda, Telecomunicaciones y Minería.
Sin embargo, al momento de asumir las cosas fueron un poco diferentes: en primer lugar, los Ministerios terminaron siendo nueve, ya que Salud mantuvo su categoría, y en segundo término, se decidió que tanto Minería como Energía queden en manos de Economía, conducido por Caputo.
De esta manera, Infraestructura se quedó con las Secretarías de Transporte, donde ingresó Franco Mogetta; la de Obras Públicas, a donde llegó Luis Giovine; la de Vivienda y Hábitat, en la que está Héctor Lostri, y la de Comunicaciones y Conectividad, en manos de Ignacio Cingolani.
A pesar de haber perdido varias áreas, Ferraro todavía conservaba dos importantes para el Gobierno, como son las de transporte y las de obras públicas, ya que debía llevar adelante el fomento de las inversiones privadas y la quita de subsidios.
Asimismo, tampoco se sabe qué ocurrirá con Mogetta, Giovine, Lostri y Cingolani, quienes podrían continuar con sus funciones en el Palacio de Hacienda o, por el contrario, también ser reemplazados. Todo está en análisis aún.
Ferraro llegó al Ejecutivo porque tenía experiencia en proyectos de iniciativa público-privada, ya que entre el 2017 y el 2019 llevó adelante las iniciativas PPP para corredores viales, en su rol de director de KPMG Argentina, firma global que provee servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría.
A lo largo de su carrera, se desempeñó en esa empresa durante los últimos catorce años y en ese período también trabajó en el Túnel Ferroviario Aconcagua (2011-2015), la central Hidroeléctrica de Chihuido (2015-2018), el puerto de cargas de Ushuaia (2016-2017) y en el ramal ferroviario y estudios de factibilidad de Vaca Muerta (2016).
Se trata de los primeros fallos que van sobre el reclamo central contra el decreto. Lo resolvió el juez contencioso Enrique Lavié Pico en los casos que inició el abogado Jorge Rizzo y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Rizzo presentará un per saltum para ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico rechazó hoy los primeros amparos que se presentaron para declarar inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 de desregulación de la economía del gobierno de Javier Milei. Se trata de las primeras resoluciones judiciales que resuelven el fondo de los reclamos, aunque el magistrado no se pronuncia respecto de la constitucionalidad o no. Sin embargo, con los rechazos de los amparos el DNU sigue vigente.
Lavié Pico se pronunció sobre los casos que presentaron el abogado Jorge Rizzo y la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad. Para el juez el caso “no cumplió con la carga de poner en evidencia, de manera circunstanciada, la ilegalidad y arbitrariedad que invoca como fundamento de su pretensión”.
En ambas resoluciones a las que accedió Infobae, el juez entendió que el amparo no era la vía adecuada para hacer el reclamo, que quienes iniciaron las causas no tenían legitimación para y que no presentaron un perjuicio concreto que el DNU les causa, y que el Congreso de la Nación -tal como establece la Constitución Nacional- está en plazo para analizar la validez o no del decreto.
Así, el juez no se pronunció concretamente sobre la constitucionalidad del DNU y para eso citó al fiscal Fabián Canda que en su dictamen de ayer sobre el caso señaló que la decisión “no importa de manera alguna un pronunciamiento acerca de la validez constitucional del DNU N° 70/203.” Los fallos fueron dictados un día antes del paro nacional que la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras entidades políticas, sindicales y sociales harán mañana contra el DNU y el proyecto de ley ómnibus.
Sin embargo, el efecto concreto que tienen los fallos es una suerte de aval al decreto porque sigue en vigencia. Estos fallos tienen la importancia que son los primeros que analizan el fondo de los reclamos. Hasta el momento lo que se habían dictado eran medidas cautelares, muchas de las cuáles suspendieron tramos del DNU. Por ejemplo, la justicia del trabajo dictó distintas resoluciones que suspendieron los efectos del título IV del decreto que son las reformas laborales. En otras causas se postergó el aumento de las cuotas de empresas de medicina prepaga.
Pero nunca se habían dictado resoluciones que analicen el fondo de las presentaciones y contra todo el DNU. En diálogo con Infobae, Rizzo, ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, adelantó que hará una doble apelación del fallo. “Por un lado iré a la Cámara Contencioso, pero también presentaré un per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entiendo que el tema tiene la suficiente gravedad institucional para que el máximo tribunal intervenga cuanto antes”, sostuvo Rizzo.
En sus fallos, Lavié Pico recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que “la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones”. “Una inteligencia orientada hacia la judicialización amplia de las decisiones de otros poderes pondría en serio riesgo tanto el ejercicio de las funciones que la Constitución asigna a cada uno de ellos, como la autoridad de la propia Corte Suprema”, sostuvo el magistrado.
En los dos amparos se planteó que el DNU no cumplió con los requisitos que establece el inciso tres del artículo 99 de la Constitución Nacional para su dictado. El juez explicó que los amparos requieren una serie de requisitos para poder aceptarlos, entre ellos que haya un caso, es decir “la afectación de un interés jurídicamente protegido o tutelado y susceptible de tratamiento judicial”.
Y para el magistrado en estos casos no se dio. “Resulta claro que las manifestaciones efectuadas por la actora -NdA: Rizzo y el Observatorio) en su presentación de manera genérica -para obtener la inconstitucionalidad del DNU en abstracto-, no alcanzan por sí solas para demostrar el perjuicio concreto que se habría configurado por tal proceder, con relación a quien lo invoca en la presente causa”, consideró Lavié Pico y agregó que “no se ha invocado un perjuicio claro y concreto que permita considerar su pretensión con el alcance solicitado”.
Por otra parte, el juez señaló que el DNU está bajo discusión del Congreso de la Nación. “No puede dejar de señalarse que no corresponde al Poder Judicial expedirse sobre planteos de nulidad instrumentados de manera genérica y abstractos con referencia al decreto aquí cuestionado ya que ello implicaría cercenar competencias legales dispuestas en cabeza de otro poder del Estado, máxime cuando existe una vía constitucional para su control en el ámbito del Congreso Nacional”, explicó.
El fallo puede ser apelado para que intervenga la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Lavié Pico también dejó abierta la posibilidad de que Rizzo y el Observatorio hagan una nueva presentación contra el DNU: “lo que aquí se resuelve en nada impide a que las partes puedan, en su caso, probar un perjuicio concreto con relación a cualquiera de las materias que regula el decreto en cuestión y, en consecuencia, promover ante las jurisdicciones competentes las acciones que se consideren pertinentes, para hacer valer sus derechos”.
Se puede trazar un paralelismo entre la búsqueda del equilibrio fiscal por parte del gobierno nacional y el emprendido por Misiones hace más de 20 años y consolidado a partir de ese momento. Mientras en menos de dos meses la nueva administración del país ha producido un duro golpe a la población general, en la provincia se consiguió equilibrar las cuentas de otra manera, sin gastar de más, pero volcando recursos en políticas públicas en favor de la gente.
El ajuste brutal ejecutado por Milei tiene como consecuencias la caída abrupta del poder adquisitivo, una inflación récord, la fuerte caída de la actividad, el descenso en las ventas (entre 10% y 30% según el rubro solo en diciembre) y el aumento del desempleo. Según el Centro Cifra de la CTA, “para cualquier persona asalariada cuya remuneración no se haya incrementado en diciembre, el aumento del IPC del 25,5% de ese mes implica una pérdida de poder de compra del 20,3%”.
Las dos razones económicas por las que fue elegido Milei fueron la alta inflación y el bajo poder adquisitivo. Ambos ítems fueron gravemente empeorados y se agregó una novedad que hace tiempo el país no experimenta: el desempleo. La dinámica pública y privada en estos primeros días de gobierno así lo confirma.
El objetivo de este ajuste sin fin, el mercado descuenta una nueva devaluación para marzo y abril, es reducir el déficit fiscal, incluso conseguir superávit. Claro que el camino elegido es la destrucción y parálisis de la actividad económica, induciendo una fuerte recesión que haga caer las importaciones. La receta es conocida, también se encuentran ingredientes como un esquema impositivo regresivo (IVA, Ganancias, Monotributo), caída de la recaudación tributaria y de la inversión privada.
El correlato con la Misiones de los ´90 tiene asidero, aun con las diferencias del caso, tanto en las diferencias entre Estado Nacional y Provincial, como en la receta que utilizó la provincia a partir de 2003 para sanear las cuentas de la administración Puerta, que hizo un culto al endeudamiento.
A partir de principios de siglo, Misiones ha utilizado el equilibrio fiscal para ser vanguardia en Economía del Conocimiento, Salud de excelencia, Educación disruptiva. Todo sin tomar nueva deuda, mucho menos en divisas, accionar que fue alentado irresponsablemente desde el gobierno cambiemita de Mauricio Macri y que algunas provincias continúan al día de hoy intentando saldar ese pasivo. No es el caso de Misiones, que incluso tiene una Ley que prohíbe este tipo de endeudamiento, con la gran diferencia que el equilibrio fiscal en la tierra colorada se logró sin hacerle pagar el costo al misionero de a pie a base de tarifazos, recorte de servicios o inflación descontrolada, como ocurre actualmente en el ámbito nacional.
La política de un Estado sin ningún tipo de intervención ni dictado de reglas, como dejó nuevamente en claro el presidente en su último discurso en Suiza, es lo que diversos especialistas de distintas corrientes económicas señalan como “canibalismo económico”: el más grande se come al chico. Esta ley de la selva concentrará fuertemente el poder económico, desincentivando la competencia. Además, la apertura importadora irrestricta barrerá con múltiples pymes de todo tipo.
Las consecuencias de esta política, claro está, no son inocuas, recaen en su gran mayoría sobre la población en general y las provincias, que vieron reducidos sus fondos, propugnando un castigo que no tiene razón de ser.
Por lo previamente argumentado, el impacto es diferente según cada provincia, debido a la situación fiscal de cada una. La Rioja ha inaugurado nuevamente la etapa de las cuasimonedas, emitiendo la suya para abonar salarios públicos y no será la única. Esta situación está lejos de producirse en Misiones, aunque también sufrirá las consecuencias del ajuste, es decir, esta injusticia coyuntural se suma a las deudas históricas con la provincia en materias de recursos financieros y naturales, como el gas, por ejemplo.
Las acciones emprendidas tanto por el gobierno provincial como por los ciudadanos particulares son defensivas, paliativas, debido a que no tienen mucho margen de acción. El esquema económico nacional está claro, solo debe observarse quienes son los que celebran el mega DNU y la “Ley Ómnibus” y quienes son los afectados. El caso de la yerba es ejemplificador: cinco grandes empresas, junto a sus delegados políticos como el joven Puerta, celebran eufóricamente mientras que 10 mil productores padecen y buscan maneras de atenuar el impacto al menos. La dinámica del sector del Té es similar; donde se aprecia una clara estrategia de los grandes jugadores del mercado en cuanto a la manipulación del precio para manejar el sector y someter a los pequeños productores.
Esta nueva realidad es la que prima desde la asunción del gobierno nacional.
Un sector que merece unas líneas es el del turismo, que había sufrido fuertemente por un fenómeno externo como la pandemia y se pudo rehacer e incrementar su actividad. En este caso, junto a la gastronomía, no sufrieron ningún fenómeno inusual como fue la irrupción del COVID, sino que es una política económica planificada. Estos dos sectores son muy dinámicos en cuanto a expansión y generación de empleo, como lo ha observado cualquiera que recorra la provincia.
Turismo y gastronomía han experimentado una disminución del 50% de sus ventas. Este descenso de la actividad, sumado a la eliminación de una herramienta como el Pre-Viaje, genera un estancamiento en sectores que se habían recuperado notablemente y desarrollado un crecimiento robusto.
Como hemos reseñado, la caída abarca a todos los rubros económicos, pero el del turismo es el que más exposición ha tenido, dado que se ha convertido en el peor enero en más de 20 años.
Lo que alarma e inquieta a la población en general, comerciantes, industriales y gobiernos locales es que el panorama no se presenta esperanzador luego de los habituales meses de vacaciones. En marzo comenzarán a sentirse los efectos de los tarifazos de los servicios, así como una posible nueva devaluación del tipo de cambio sostendría la inflación en niveles altísimos y propiciaría un nuevo descenso en el consumo.
El Gobierno prorrogó este viernes las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 15 de febrero, en momentos en que el oficialismo de la Cámara de Diputados aceleraba los contactos informales con los legisladores de los bloques considerados dialoguistas para terminar de pulir algunos aspectos de la ley “Bases”, con el objetivo de emitir dictamen del proyecto entre lunes y martes de la semana próxima y llevar la iniciativa al recinto el jueves 25, un día después del paro convocado por la CGT.
Para poder cumplir con estos tiempos, el Poder Ejecutivo estableció la prórroga del período de sesiones extraordinarias desde el 1 hasta el 15 de febrero, teniendo en cuenta que el reglamento de Diputados exige que los dictámenes sean firmados 10 días antes del final del período en el cual el Congreso está habilitado para funcionar.
Además, esta prórroga de extraordinarias también habilita a que el Senado tenga más margen para trabajar, con un borrador que circula en los despachos de LLA que marca un posible dictamen el 31 de enero y su tratamiento en el recinto el 7 o el 14 de febrero.
En cuanto a las conversaciones en Diputados, este jueves, los bloques del PRO, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal, tras reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo y con el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzaron en consensos que permitirían convocar a un plenario de comisiones entre el lunes y martes de la semana próxima.
El consenso al que se llegó está basado en la posibilidad de modificar los aspectos vinculados al tema de movilidad jubilatoria, retenciones a las exportaciones, privatizaciones de empresas públicas y facultades delegadas, donde se acotará la emergencia pública solo a un año, con una prórroga por otro año otorgada previamente por el Parlamento.
Otro punto clave del consenso sería eliminar el artículo para ratificar el DNU 70/2023, que se tratará en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, aunque ésta aún no se conformó porque hay diferencias entre La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP) sobre la cantidad de integrantes que le corresponden al kirchnerismo.
El principio de acuerdo propone limitar el plazo de vigencia de la emergencia solicitada por 4 años a un año, más otro prorrogable por el Poder Ejecutivo (lo que suma dos en total), y se eliminan las facultades delegadas en materia de defensa, social, previsional y sanitaria.
En otro punto el texto dice que se fija en 0% las retenciones para economías regionales, que originalmente se iban a llevar a un 15%, y se limita/elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación.
En relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferido al Tesoro), “deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones”.
Sobre las empresas del Estado a privatizar, solo se excluiría a YPF, aunque el bloque radical también pide dejar al margen al Banco Nación y Arsat.
En materia de producción se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta alcanzar entre 18% y 27%) y biodiésel (alcanzar en 2026 hasta 15%) y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. También, se elimina la derogación de Ley de Azúcar.
En relación a la cuestión previsional, el ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantó en declaraciones públicas que están en estudio “dos o tres alternativas” para fijar los aumentos de los ingresos de los jubilados: dejar la fórmula como está sería una” de esas alternativas y las otras podrían estar vinculadas a ‘generar la actualización por algún índice’”, como por caso por inflación.
Los avances fueron destacadas este viernes por el portavoz presidencial Manuel Adorni, quien puso de relieve el apoyo de “un sector de la oposición” al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, al igual que empresarios pyme y de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Los representantes misioneros en el Senado y Diputados de la Nación se reunieron con miembros de cámaras, federaciones e institutos. El objetivo es defender los intereses de los misioneros y escuchar las posturas de la forestoindustria, tabaco, cultura, actores, judiciales y farmacéuticos, entre otros.
Bajo la premisa de defender los intereses de los misioneros, los representantes de la provincia en la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación encaran una serie de reuniones con diferentes sectores. Es así, que esta semana, los legisladores de Innovación Federal tuvieron una agenda repleta con referentes de distintos sectores, quienes expusieron sobre los perjuicios que causa el DNU del presidente Javier Milei o la Ley Ómnibus.
En este sentido, los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce; además de los legisladores en la Cámara baja, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik, Carlos Fernández y Alberto Arrúa, abordaron la problemática de las retenciones en la forestoindustria y el tabaco. También escucharon los planteos del sector de la cultura, farmacéuticos y judiciales, entre otros.
Pedido de una alícuota cero para las economías regionales
Un tema que preocupa a las economías regionales son las retenciones a la exportación del 15% que fue aplicada por el ministro de Economía de Milei, Luis Caputo. En Misiones, la medida alcanza a la forestoindustria y al tabaco. Este porcentaje causa un impacto negativo en ambos sectores.
Es así que esta semana, los legisladores de Innovación Federal se reunieron con la Confederación Económica de Misiones (CEM). El objetivo es avanzar en las gestiones para lograr que ambas economías regionales tengan una alícuota cero al momento de exportar.
En este punto, Carlos Arce comentó que “buscamos que la producción misionera no tenga obstáculos, sino que siga creciendo“.
Mientras que, Sonia Rojas Decut remarcó que su posición en el Congreso “es defender las economías regionales, generadoras de empleo e inversiones“.
Por su parte, desde la CEM indicaron que “las retenciones del 15% sobre las exportaciones ponen en jaque la competitividad de los dos productos misioneros en el contexto internacional”.
La cultura, un sector afectado por las medidas de Milei
El sector de la cultura de Misiones, y referentes a nivel nacional, también expusieron sus posturas con respecto a las medidas nacionales que busca implementar Milei, las cuales promueven el desfinanciamiento y el cierre de diferentes áreas.
Arce remarcó que “Misiones tiene una visión en la que la cultura es parte fundamental del Ser Misionero, y debemos defender todo lo logrado”.
En tanto, el secretario de Cultura de Misiones, Joselo Schuap destacó la decisión política de “pensar una Misiones para los misioneros, y de esta manera conformar el bloque Innovación Federal (integrado por diputados nacionales de la tierra colorada, Salta, Río Negro y Neuquén), lo que le da un peso especial a la visión de nuestros diputados y senadores ante el Congreso Nacional”.
En este contexto, los miembros de la Sociedad Argentina de Autores, del Instituto Nacional de la Música, del Instituto Nacional del Teatro y la Asociación Argentina de Intérpretes, expusieron sus planteos sobre la Ley Ómnibus. Ante los representantes misioneros en Nación, hablaron en relación a las sociedades de gestión colectiva y propiedad intelectual, ya que la normativa nacional en su reforma deja sin contención social, económica, y desprotegidos a las miles de familias que forman parte del sector.
Judiciales y farmacéuticos plantearon los perjuicios de la ley Ómnibus
El bloque de Innovación Federal también escuchó y analizó los planteos de la Federación Argentina de Judiciales.
“El debate tiene que ser serio y profundo porque esta ley (Ómnibus) destruye y después se tarda años en reconstruir. Hay que rechazar el DNU”, dijo Jorge Sotelo, secretario de Hacienda de Buenos Aires, ante los legisladores nacionales.
Además, puntualizó los perjuicios para el sector si se aprueban las leyes que solicita el Gobierno de Milei.
Por otro lado, la Federación Farmacéutica (FEFARA) se reunió con Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
Desde la federación pusieron énfasis sobre puntos críticos del DNU, entre los cuales remarcaron la preocupación por la liberación de la venta de medicamentos fuera de la farmacia, la posibilidad de dirigir técnicamente varias farmacias por un solo profesional, y la ruptura de la cadena de comercialización de medicamentos.
“Es necesario recordar que similares disposiciones impuestas en la década de los noventa trajeron como resultado consecuencias tales como un desmedido aumento de los precios de los medicamentos, descontrol en el canal de comercialización y la existencia de medicamentos truchos”, señalaron desde FEFARA en sus redes
