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En el segundo mes del año solo mandó algunos ATN y dinero destinado a gastos de salud, entre ellos para el Hospital Garrahan. Pero ahora acumula deuda con los gobernadores.

Mientras por un lado el presidente Javier Milei llamó a los gobernadores a acordar un “alivio fiscal” con vistas a la eventual firma del Pacto de Mayo en Córdoba, por otro dejó de pagarles transferencias no automáticas. En febrero el recorte de envíos fue del 88% y con ello pasó a tener una deuda con las provincias de $101.000 millones.

Se trata del segundo mes consecutivo de duro ajuste. Hay que recordar que en enero el achique de envíos había llegado al 98%. Casi no se había pagado nada, salvo unos $1.000 millones en ATN a Corrientes.

“En febrero las provincias recibieron $18.250 millones lo que implica una caída interanual nominal de 55% y una real de 88%. Si se considera el gasto devengado, se observó una suba nominal del 26,2% y una baja real del 67%”, destaca un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Una docena de provincias habrían recibido $18 millones o menos durante todo el mes. En el caso de La Rioja, los envíos fueron nulos, con lo que en el primer bimestre la provincia de la que es oriundo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no recibió nada.

Las transferencias no automáticas devengadas de febrero totalizaron $69.425 millones, pero lo efectivamente abonado fue $18.250 millones.

“Las menores caídas se observaron en Chubut (-8,3%), Santa Cruz (-62,7%), y Tucumán (-67,3%). La mínima caída relativa de Chubut estaría explicada por el envío de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) el 8 de febrero por $1.500 millones”, señala el IARAF.

En el caso de Santa Cruz, la principal explicación sería el envío de transferencias para el funcionamiento del Hospital de Alta Complejidad SAMIC “El Calafate” por $1.791 millones. La menor caída relativa de las transferencias no automáticas a Tucumán obedecería al envío de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) de $2.000 millones el día 27 de febrero.

Por su lado, la consultora Politikon Chaco detalla que “el 69,7% de las transferencias no automáticas pagadas correspondieron a actividades del Ministerio de Salud, en particular, como asistencia a Hospitales”.

“El 29,1%, por su parte, correspondieron a envíos de Ministerio de Interior, entre los que se destacan dos pagos por Aportes de Tesoro Nacional (a Chubut y Tucumán!”.

En tanto, si se analiza el gasto devengado, solo Ciudad de Buenos Aires muestra subas (48,1% real) explicado por fondos asignados para el Hospital Garrahan por casi $ 19.000 millones, pero no se concretó el pago del mismo. El resto de las provincias mostró caídas con pisos en Chubut (-17,8%) y picos en La Rioja (-100%).

El Gobierno nacional acumula deuda con las provincias

Se trata del segundo mes consecutivo en el que el Gobierno le recorta en extremo el gasto a los gobernadores, y con ello, mejora el perfil del Sector Público Nacional (SPN). El mes pasado tuvo un superávit fiscal de $2 billones.

Por caso, entre enero y febrero solo se pagó el 16% del gasto devengado, por lo que la denominada “deuda flotante” con las provincias creció en $101.000 millones, estima el IARAF.

En el bimestre las menores bajas en los pagos se observaron en Chubut (-8,6%), Santa Cruz (-63,1%), y Tucumán (-70,1%). Respecto al gasto devengado real las de mejor desempeño fueron Chubut (-22,9%), Santa Cruz (-24,0%) y CABA (25,2%).

“El ranking del primer bimestre es igual al de febrero, lo que pone de manifiesto la importancia de los fondos devengados y efectivamente enviados a estas tres jurisdicciones durante el segundo mes del año”, señala el reporte privado.

En Olivos o la Casa Rosada, el Presidente acelerará el inicio del debate de los ejes del acuerdo que presentó en la Asamblea Legislativa. Aún no oficializó la convocatoria, pero hubo contactos informales. En los Ejecutivos provinciales esperan el llamado y la mayoría aún evalúa cómo responder

Tras reconocer implícitamente que el intento de acelerar los procesos de la política no era una buena idea, Javier Milei armó cuidadosamente una nueva e intrincada hoja de ruta para aprobar en el mediano plazo las reformas estructurales que falló en homologar durante los primeros meses de su gestión.

Junto a sus principales colaboradores en el terreno de las negociaciones con la dirigencia -el ministro del Interior, Guillermo Francos y el asesor Santiago Caputo- decidió organizar en cuatro etapas el “nuevo período” que se inauguró el 1 de marzo y que, según sus planes, debería durar dos meses.

La primera, que se concretó anteayer en la Asamblea Legislativa, era la “gran convocatoria” al resto de la clase política con dos meses de antelación a firmar un “Pacto” en mayo, idílicamente, con la mayor parte de la clase política. La segunda, la presentación, en los primeros días de sesiones ordinarias, de una especie de ley Ómnibus reducida a los puntos sobre los que hay consenso, para mostrar algún éxito concreto de la gestión más allá del devenir de la economía. Y, en paralelo, el giro de un paquete de alivio fiscal para confortar y, al mismo tiempo, pre-condicionar a las provincias.

La tercera, una convocatoria a un “preacuerdo” en lo inmediato, que se cristalizaría esta misma semana en una reunión con todos los gobernadores que se plieguen a congregarse encabezados por el Presidente en la Casa Rosada o en Olivos -los libertarios aún no decidieron cuál es el mejor lugar para la construcción de un relato con época- para empezar a debatir las bases del nuevo y difícil consenso. Esta parte del ciclo, estiman, se extendería por varias semanas de negociaciones.

La tercera, si las dos primeras marchan bien, sería la suscripción de todos los gobernadores, en Córdoba, con bombos y platillos, del documento que publicaron ayer en una florida cursiva estadounidense con los 10 puntos de consenso que propone el líder de La Libertad Avanza (LLA).

La cuarta y última comprende el verdadero, objetivo final del Gobierno: el giro al Congreso, para su debate y aprobación sin frustraciones, de un tercer paquete de leyes con extractos del DNU y la ley Bases, donde el Presidente busca plasmar en concreto los puntos esbozados conceptualmente en el “Pacto”.

El mensaje del Presidente ante el Congreso fue el primer paso del programa que diseñó para retomar la iniciativa y refundar la relación con los mandatarios del interior, a sabiendas de la situación de debilidad política en la que se encuentra el Gobierno más allá de la performance estable que les devuelven las encuestas sobre el rumbo de la gestión.

Una vez declaradas sus intenciones, el Presidente se prepara para formalizar la convocatoria a los 24 jefes de los Ejecutivos de las provincias en los próximos días. En las gobernaciones creen, a partir de los contactos formales e informales que tuvieron de los últimos días, que el llamado es inminente. Pero la mayoría no decidió cómo responderá (sólo adelantaron su concurrencia seis gobernadores), y sopesan sus próximos movimientos tras el conflicto por los temas espinosos de la ley Ómnibus -que derivó en el colapso del proyecto completo-; y de los más recientes enfrentamientos a partir de la discusión por los fondos para Chubut.

Si bien el anuncio fue el viernes a la noche en la apertura de sesiones ordinarias, los libertarios vienen preparando el terreno para la “nueva etapa” desde hace 15 días. Francos, Santiago Caputo y el propio Milei se repartieron las conversaciones con los gobernadores, por teléfono y de manera presencial, según el grado de afinidad.

El ministro del interior, encargado por excelencia de la relación con el poder del interior, recibió dos veces a Gustavo Sáenz (Salta) y a Leandro Zdero (Chaco). También a Alberto Weretilneck (Río Negro), y Raúl Jalil (Catamarca). Santiago Caputo participó del encuentro con el salteño y el catamarqueño, y estuvo a solas, aparte, con el neuquino Rolando Figueroa. Mientras que Milei convocó al titular bonaerense del bloque de PRO, Cristian Ritondo, en la Casa Rosada y hubo contactos en secreto con el jefe de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto. El primero mostró la máxima predisposición. El segundo, no tanto: ayer advirtió que “un pacto implica un diálogo, y no un esquema de adhesión”.

Aún no hubo un acercamiento serio a Martín Llaryora, uno de los gobernadores de mayor peso, que busca perfilarse como líder del peronismo en las elecciones legislativas de 2025, con la mira fija y constante en las próximas presidenciales. Pero esta semana, por primera vez desde la caída de la ley Bases, en Gobierno aseguraron que los contactos se retomarán sin falta. “No tenemos rencores, seguramente volvamos a hablar pronto”, deslizaron inéditamente el jueves en un alto despacho de la Casa Rosada.

En Gobierno distinguen sus perspectivas sobre el cordobés de la manera en que evalúan a Maximiliano Pullaro. En el caso del primero, dicen, se “sobrepasó” al plantarse contra le ley Ómnibus por “ego político”, una motivación casi imperdonable para los libertarios, que se jactan de trabajar sólo por el bien de la Nación y jamás por ambición de poder. Con el segundo, en cambio, son más comprensivos y creen que la reconciliación será más factible. Por lo pronto, La supervivencia en la secretaría de transporte del cordobés Franco Mogetta -a diferencia de Osvaldo Giordano, que salió eyectado de Anses- es una muestra de que los puentes entre la Casa Rosada y Córdoba se resquebrajaron, pero no se derrumbaron.

La mayor parte de los contactos se ejecutan bajo estricto secreto porque el Gobierno, deseoso de reconciliarse, no quiere “empiojar” las relaciones con trascendidos en los medios, según admitió un funcionario de peso.