La Cámara alta dispuso retrotraer el incremento de las dietas. La titular, Victoria Villarruel, se distanció de la medida.
La Cámara de Senadores buscan dar marcha atrás con el aumento de las dietas dispuesto este lunes que suponía el cobro de $9 millones.
Frente a las críticas de la opinión pública y el Poder Ejecutivo, los legisladores dieron marcha atrás con la medida. Villarruel, por su parte, se desligó del incremento salarial y aseguró que solo decide “sobre las paritarias de los empleados”.
Con la fecha de presentación en el Congreso fijada para mediados de septiembre se esperan nuevos ejes.
El equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo ultima los detalles del Presupuesto 2025, un proyecto de ley clave que determinará la distribución de gastos y recursos para el próximo año. Con la fecha de presentación en el Congreso fijada para mediados de septiembre, el documento contendrá estimaciones cruciales como inflación, actividad económica, dólar, recaudación y gastos.
Sobre esto, el presidente Javier Milei adelantó que la prioridad será establecer una regla fiscal que asegure el equilibrio financiero, impida el crecimiento del endeudamiento y contribuya a reducir el riesgo país. El Presupuesto 2025 será el primero bajo la administración libertaria e intentará implementar una regla fiscal explícita, diseñada para que el superávit primario sea suficiente para cubrir los intereses de la deuda.
Este enfoque, según el gobierno, es vital para mantener la estabilidad financiera y evitar que la deuda pública crezca, limitándose únicamente a la renovación de vencimientos.
Ejes principales del Presupuesto 2025
-Equilibrio financiero: La regla fiscal se centrará en asegurar que el superávit primario sea suficiente para cubrir los intereses de la deuda, evitando el crecimiento del endeudamiento.
-Reducción del endeudamiento: El proyecto busca evitar el aumento del nivel de deuda y reducir el riesgo país, lo que facilita el retorno a los mercados internacionales.
-Proyección de recaudación: Se espera un incremento del 54,4% en la recaudación de impuestos en 2025 respecto a 2024, aunque la presión tributaria disminuirá levemente, pasando del 21,61% al 21,16% del PBI.
-Impuesto PAIS: La eliminación del Impuesto PAIS, que ha sido una fuente significativa de ingresos para el Tesoro, presenta un desafío fiscal, aunque el gobierno contempla alternativas para reemplazar esa recaudación.
-Proyección nominal de impuestos: Entre las expectativas del gobierno, destacan aumentos en impuestos como IVA (62,5%), Ganancias (47%), Bienes Personales (61,9%) y Contribuciones a la Seguridad Social (74,3%).
-Disciplina fiscal: Se prevé que el gobierno mantenga un estricto control sobre el gasto público, con posibles ajustes dependiendo del comportamiento de la recaudación y el resultado fiscal.
-Impacto de la regla fiscal: La implementación de techos de gasto, especialmente para partidas presupuestarias específicas, será crucial para asegurar el cumplimiento del equilibrio financiero.
Las perspectivas y los desafíos
El Presupuesto 2025 incluirá en la hoja de ruta el pago de la deuda, tanto en dólares como en pesos. Para este, según el último informe técnico del FMI, se estima que el gobierno necesitará un superávit primario del 1,8% del PBI para mantener la cuenta financiera en equilibrio.
En cuanto al contexto macroeconómico, el gobierno se enfrenta a la incertidumbre sobre la eliminación del cepo cambiario, un tema que no se aborda directamente en el presupuesto, pero que será crucial para la implementación del plan económico en su conjunto.
La regla fiscal y la eliminación del Impuesto PAIS serán dos de los aspectos más observados en el Presupuesto 2025, ya que ambos elementos serán fundamentales para mantener la estabilidad financiera y evitar que el nivel de endeudamiento del país crezca.
Sin embargo, aquellos contribuyentes que deseen acceder a los beneficios fiscales otorgados por la ley deberán continuar registrándolos.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) eliminó la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales. Sin embargo, los contribuyentes que deseen acceder a los beneficios fiscales otorgados por la ley deberán continuar registrándolos.
Esta medida entra en vigencia con la Resolución General 5545/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, y surge a partir del Decreto 70/2023, que derogó la Ley de Alquileres 27.551.
Según la resolución, a partir de hoy, los propietarios ya no están obligados a inscribir sus contratos en el “Régimen de Registración de Contratos de Locación de Inmuebles (RELI)” para su validez.
No obstante, la nueva normativa de la AFIP establece que aquellos contribuyentes que deseen beneficiarse de los incentivos fiscales en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y en los impuestos sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, sobre los Bienes Personales y a las Ganancias —contemplados en la Ley 27.737— deberán declarar sus contratos de alquiler en el RELI antes del 30 de septiembre de 2024, o dentro de los 15 días corridos posteriores a la celebración del contrato.
Este trámite deberá realizarse a través de la página web de la AFIP. Aquellos que ya hayan registrado sus contratos no tendrán que hacerlo nuevamente, a menos que se realicen modificaciones o actualizaciones.
En consonancia con esta medida, la Resolución General 5547/2024, también publicada hoy, elimina la obligación para los empleados en relación de dependencia de adjuntar una copia del contrato de alquiler del inmueble destinado a vivienda en el servicio SIRADIG, requisito que era necesario para acceder a las deducciones del 40 % y 10 % de las sumas pagadas por dicho alquiler.
Es importante recordar que la AFIP ya ha derogado el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), un documento requerido para la venta de automotores o motovehículos usados y radicados en el país. Además, durante la gestión actual, el organismo eliminó las resoluciones generales que obligaban a los productores agropecuarios a presentar cinco declaraciones juradas anuales relacionadas con su cosecha. Asimismo, derogó el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y la evaluación de la Capacidad Económica Financiera (CEF) para autorizar importaciones, con el fin de facilitar el comercio exterior. (NA)
Al momento del inicio del segundo cuatrimestre, los docentes y no docentes formarán parte de un plan de acción gremial en forma de protesta.
Desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FEDUN) resolvieron convocar a un plan de lucha de 72 horas que incluirá paros y actividades de visibilización los días 12, 13 y 14 de agosto, en disconformidad con la crisis salarial que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras de las universidades públicas.
Adicionalmente, la protesta tendrá lugar también los días 20 y 21 de agosto, a la que procederá el 23 de agosto una reunión entre los/as representantes de las federaciones docentes y no docentes con el fin de evaluar la continuidad de las medidas.
El reclamo se radicaría en “la mayor pérdida salarial de la historia” y el “fuerte ajuste del Gobierno en educación”.
El presupuesto educativo se descongeló el martes 9 de julio tras un aumento del presupuesto nacional, lo que permitió la llegada de nuevos fondos para el Ministerio de Capital Humano, que recibió un 81% más del presupuesto vigente. La Secretaría de Educación, que se encuentra bajo la órbita de la cartera, recibiría un 69% de suba. Aún así, desde el Fedun sostienen que no se les notificó de ninguna suba a los salarios y que las paritarias ya finalizaron.
El financiamiento universitario exhibió una caída mayor a 120 puntos en el primer semestre del año aunque se haya completado la mayor parte de su ejecución, por lo que alertan que si no se amplía “será imposible afrontar las necesidades de las universidades en lo que queda del año”, según un informe del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de CONADU.
El análisis reveló que “en los primeros seis meses de 2024, las universidades nacionales recibieron del Estado 1.351.829 millones de pesos”, lo que implica “un 152,8% más que lo que obtuvieron en los primeros seis meses del año pasado”, pero “esa variación queda muy rezagada frente al promedio interanual de inflación, que alcanzó los 276,4 puntos”.
De esta manera, se observa que en la primera mitad del año, el financiamiento universitario quedó 123,6 puntos por debajo de la variación de precios durante dicho periodo. En cuanto al destino de los fondos, el estudio muestra que se incrementó la proporción de los fondos destinados a los Salarios con respecto al mismo período del año pasado (de 89,7% a 90,9%), y se redujo la participación del resto de las actividades, en particular los Gastos de Funcionamiento (de 6,7% a 6,4%).
La caída del presupuesto se profundizó en junio, ya que “las casas de estudio perdieron incluso más en relación a la inflación”, a raíz de que “en esos 30 días, recibieron poco más de 364.800 millones de pesos, solo un 106,3% sobre junio de 2023, frente a una inflación de junio a junio de 271,5%, lo que constituye un atraso de 165,2 puntos por detrás de ese índice”.
El informe recordó que “como ocurre en otras áreas del Estado, las universidades poseen el presupuesto prorrogado de 2023, que solo se incrementó en un 1,6% durante los primeros seis meses”, advirtiendo que “esa escasez hizo que el nivel de ejecución sea casi completo, lo que augura que será imposible afrontar las necesidades de las universidades en lo que queda del año”.
En este sentido, indicó que “el nivel de ejecución de las transferencias a UUNN de la Administración Pública Nacional al finalizar el mes de junio del presupuesto disponible fue de 93%, superior al promedio de los años 2015-2023 (51%)”.
Al respecto, señaló que “este alto nivel de uso del crédito, para esta altura del año, explica la necesidad de ampliar el presupuesto anual, dado que el saldo sin ejecutar es notoriamente insuficiente para cubrir las necesidades presupuestarias de los próximos meses”.
Al detallar los recortes dentro del financiamiento, el reporte aportó que “se redujeron a cero las transferencias de otras jurisdicciones que no sean el Ministerio del Capital Humano (es decir, por donde pasan los fondos de la Subsecretaría de Políticas Universitarias); se ajustaron en miles de millones los montos dedicados a Actividades de Ciencia y Técnica, Institutos Tecnológicos, Proyectos Especiales y Hospitales Universitarios y los fondos para becas tuvieron una caída real de nada menos que el 61%”.
Asimismo, desde el IEC estimaron que “de persistir esta tendencia, al concluir el año se habrá destinado a la educación universitaria tan solo el 0,24 por ciento del Producto Bruto Interno, el valor más bajo de las últimas décadas (a título ilustrativo: en los últimos años estuvo en torno al 0,70%)”.
El Gobierno reglamentó el primer tramo de la Ley Bases para avanzar el la reorganización de la administración centralizada y descentralizada. Lo hizo a través del decreto 695 publicado en el Boletín Oficial de este lunes.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del Jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos, y de los ministros de Economía, Luis Caputo y de Desregulación Federico Sturzenegger.
La reglamentación avanza en la reorganización de la administración centralizada y descentralizada y en las privatizaciones como así también en el empleo público
Los aspectos centrales del decreto tienen que ver con cuatro aspectos: reorganización administrativa, privatizaciones, Silencio administrativo y reglamentación y ajustes.
El cuanto a la reorganización administrativa: se establece que el Poder Ejecutivo puede reorganizar, transformar, liquidar fondos fiduciarios públicos siguiendo la Ley N° 27.742.
Sobre las privatizaciones fija que se deben seguir procedimientos específicos para privatizar empresas estatales, que incluyen la presentación de informes y la publicación de convocatorias para ofertas.
Según se indicó en el Boletín Oficial, la jefatura de Gabinete de ministros dentro del plazo de 15 días contados a partir de la entrada en vigencia del documento, debe aprobar el cronograma de implementación del silencio con sentido positivo, en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 27.742.
El silencio con sentido positivo, en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa, comenzará a regir de acuerdo con las fechas previstas en el precitado cronograma y para los procedimientos que se inicien con posterioridad a las mismas.
En tanto, las reparticiones de la Administración Pública centralizada y descentralizada deberán identificar y mantener actualizado el detalle de los procedimientos administrativos alcanzados por lo establecido en el párrafo anterior, en el ámbito de sus competencias.
Los procedimientos administrativos regulados en normas especiales que contemplen la aplicación del silencio con efecto positivo continuarán rigiéndose por sus respectivas normas y mantendrán plena operatividad.
Además, la jefatura de Gabinete de ministros debe elevar al Poder Ejecutivo Nacional, previo informe fundado de las áreas competentes, los supuestos específicos en los que no será de aplicación el silencio con efecto positivo contemplado en el inciso b) del artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, previo a su efectiva implementación.
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la citada jefatura debe adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la implementación del silencio con sentido positivo a través de plataformas digitales, conforme lo expuesto en el artículo 3°.
Con el objetivo principal de mejorar la seguridad vial en áreas de alto tránsito vehicular dentro de la ciudad, la Municipalidad de Posadas lleva a cabo diariamente tareas de ingeniería vial, que incluyen la instalación de señalética, demarcación de carriles y la implementación de reductores de velocidad, entre otras medidas.
En esta oportunidad realizó la demarcación horizontal de las líneas longitudinales para borde de calzada, las líneas que indican la separación de los dos carriles, y la correcta demarcación horizontal de los cordones que se encuentran sobre la calle Catamarca en las intersecciones de la calle 3 de Febrero hasta la calle Colón.
Todas estas actividades tienen como objetivo garantizar y mejorar la circulación tanto de vehículos como de peatones, promoviendo un desplazamiento más eficiente y seguro para todos los ciudadanos.
Este miércoles se realizará la primera reunión informativa con la presencia de funcionarios nacionales para expliquen su postura sobre este proyecto que divide las aguas en todos los bloques del Congreso Nacional.
La Cámara de Diputados abrirá este miércoles en comisión el tratamiento del proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 13 años, con un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, a través de una reunión informativa donde expondrán dos funcionarios de los ministerios de Seguridad y Justicia.
El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Manuel Quintar (LLA-Jujuy) y José Luis Espert, respectivamente, fue convocada para a las 12.30 en el edificio Anexo C, en una jornada donde también se debatirán los proyectos sobre trata de personas y de ley antimafia, con lo cual el Gobierno tener nuevas herramientas para combatir el crimen organizado.
En la primera reunión informativa sobre la ley de reforma del Régimen Penal Juvenil expondrán el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, en tanto en la segunda se espera la palabra de los autores de diferentes proyectos que se encuentran en la Cámara baja.
De todos modos no será un trámite sencillo porque cada vez que se instaló el debate de la baja de imputabilidad no se pudo avanzar, al ser un tema que divide las aguas en forma transversal en los bloques, más allá de que coinciden en la necesidad de un cambio del sistema penal para los menores. El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.
A lo largo del texto se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua y el máximo de prisión será de 20 años; este tope se mantendrán aún si la escala penal fuera más elevada.
Además, en las comisiones hay proyectos presentados por el presidente del bloque del Pro, Cristian Ritondo; por el libertario Álvaro Martínez; por el legislador de Hacemos Ricardo López Murphy y otro impulsado desde Unión por la Patria (UxP) por María Eugenia Alianiello.
La iniciativa de UxP no avanza en la baja de la edad para ser detenido por un delito, que actualmente está en los 16 años, contempla un mecanismo de sanciones menores y otro mecanismo para reinsertarse en la sociedad, y establece como tope una pena de diez años.
En cambio, en el proyecto propiciado por Ritondo se baja la edad de imputabilidad a los 14 años y el joven estará en un centro especializado para menores hasta que cumpla la mayoría de edad, cuando tendrá que cumplir la misma pena que les corresponde a los mayores de acuerdo a la gravedad del delito. El proyecto más duro sobre la baja de la imputabilidad fue presentado por Álvaro Martínez, de LLA, que propone prisión de hasta 10 años a los menores entre 12 y 16 años, mientras que aquellos que superan esa edad se le podrá imponer hasta quince años de prisión.
El secretario Julio Cordero recibió al Grupo de los 6 con eje “en la creación de empleo” a nivel nacional. La próxima semana sesionará en encuentro entre los representantes de los tres sectores.
La Secretaría de Trabajo oficializó hoy la mesa tripartita conformada por representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), del Grupo de los 6 y del Poder Ejecutivo. A la cabeza está el secretario Julio Cordero, quien se entrevistó con sindicalistas y empresarios, y convocará a un encuentro entre autoridades de los tres sectores para la próxima semana.
Al término de la reunión con el autoridades empresariales que tuvo lugar hoy a las 13, Cordero reveló que fue un encuentro a agenda abierta “con un fuerte eje en la creación de empleo en todo el país”, y planteó que “desde el ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovello convocaremos para la semana próxima a empleadores y trabajadores para que se reúnan en una mesa tripartita donde se puedan discutir todos los temas sectoriales en el marco del diálogo social”.
“Hemos recibido del empresariado una señal positiva de compromiso con el diálogo, el consenso, con el país, y con la generación de empleo en el marco de las políticas que lleva adelante el gobierno nacional”, sostuvo el funcionario.
El llamado a la primera reunión tendrá lugar en los próximos días, y contará con una fuerte impronta federal a través del Consejo Federal del Trabajo. “Ese es el compromiso desde el Ministerio de Captal Humano y el gobierno nacional: mantener instancias de diálogo con todos los sectores sociales y que además el mismo adquiera un carácter federal”, agregó el secretario.
A su turno, el titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, planteó: “Se conversó sobre la integración del Gobierno de llamar a los actores sociales, es decir, empresarios y trabajadores a los efectos de discutir la temática, buscar acuerdos, posibles consensos sobre las necesidades del país que viene que necesita empleo, producción, reactivación y que incorpora tecnología y que tiene que incorporar formación para los nuevos trabajadores”.
“Esta temática atraviesa lo normativo además de lo formativo y los requerimientos de buscar el clima de consenso. Nuestra actitud es la de estar dispuestos a dialogar y a construir, no queremos generar conflictos, sino tratar de solucionarlos detrás de un objetivo común que es estabilización macroeconómica y reactivación desde el punto de vista productivo”, puntualizó.
Además, reveló que escucharán los reclamos del triunvirato de la CGT, a los que definió como “la contraparte natural” del sector empresarial, para avanzar en una reforma del sistema laboral.
Asimismo, el titular de la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Grinman, destacó el diálogo entre las partes, y pidió no ver a los empresarios como “enemigos de los trabajadores”. “Primero dialogar, segundo dialogar y tercero dialogar”, subrayó.
“No hay empresas sin trabajadores, pero lo que necesita la Argentina es crear fuentes de trabajo y eso solo puede hacerlo el sector privado. Hay que entenderlo, por lo tanto es importante que dialoguemos”, insistió, y agregó: “Durante muchísimas décadas hemos tomado políticas equivocadas por eso es que la Argentina llegó a esta situación”.
Por su parte, aseguró que “hoy a un Gobierno que quiere hacer las cosas diferentes” y pidió acompañarlo “cada uno con su posición”. “Debemos coincidir en que hay que buscar un país normal y eso lo podemos construir entre todos. De eso se trató la reunión de hoy”.
Tras los cuestionamientos del sindicalismo, Grinman respondió: “Las cosas se solucionan en una mesa de diálogo. No en la calle ni a través de cualquier actitud desagradable. Hay que solucionarla dialogando. Cuando los argentinos votaron el año pasado optaron por un camino y hay que respetar esa votación”.
En el marco del encuentro, la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), pidió que los servicios de transporte, educación, bancarios y actividades de exportación sean declarados “esenciales” tras argumentar que es clave garantizar una prestación mínima del 75%.
La entidad explicó que “la interrupción en su totalidad de los servicios de transporte, educación y bancos ”afecta gravemente a los comerciantes, producto de la disminución del tránsito de peatones, sumado a las dificultades que padecen los trabajadores para desplazarse a sus empleos”.
También reclamó en el avance de abonar las sentencias judiciales en hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas, y en la creación de un Fondo de Cese Laboral para sustituir el régimen indemnizatorio.
En representación del sector empresarial dieron el presente Natalio Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); Ignacio Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina (UIA); Marcos Pereda, de la Sociedad Rural Argentina (SRA); y Andrés Walls, de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).
Junto a Cordero participaron Martin Huidobro, Subsecretario de Trabajo; María Eugenia Cortona, Subsecretaria de Empleo; Alexandra Biasutti, Subsecretaria de Seguridad Social y Claudio Aquino, Director Nacional de Asuntos Sindicales.
El Banco Central estableció el cronograma para el arribo de los nuevos billetes de $20.000. Tendrán la imagen de Alberdi.
Los billetes de 20.000 pesos llegarán a fin de octubre al país. Se trata de 230 millones billetes que serán trasladados desde China, según remarcaron fuentes del Banco Central.
Así, el Gobierno nacional explicó que estarán listos para su circulación en octubre.
El billete de $20.000 llevará impresa la cara de Juan Bautista Alberdi en el anverso, y en el reverso se ilustrará la recreación de su casa natal.
Actualmente, en Argentina hay en circulación 10.887 millones de billetes. El 56% es de $1.000, con las imágenes del hornero y de José de San Martín. Los billetes de $2.000 son 734 millones y equivalen a menos del 7% del total del circulante.
