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Javier Milei echó al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro

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El funcionario fue apartado por filtrar información reservada del Gobierno. Qué pasará con las áreas a su cargo.

A menos de dos meses de haber asumido en el Gobierno, Javier Milei echó al primer miembro de su Gabinete. El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, dejó su cargo. Según se pudo saber, el motivo es que filtró información reservada de la gestión libertaria.

La medida fue un pedido formal de renuncia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y aunque todavía no se sabe quién lo reemplazará, la idea es que el Ministerio sea reducido al rango de secretaría, la cual quedará dependiente de quien hasta ahora fue su par de Economía, Luis “Toto” Caputo.

A finales de septiembre del 2023, después de haber ganado las PASO, pero antes del traspié en las elecciones generales, el entonces candidato a presidente Javier Milei nombró por primera vez en público a Guillermo Ferraro, quien se había sumado pocas semanas antes al equipo.

El dirigente, de amplia trayectoria en la función pública durante distintos gobiernos, había sido acercado a La Libertad Avanza por la hermana del líder del partido, Karina Milei, y durante el último tramo de la campaña quedó a cargo de organizar el operativo para la fiscalización de los votos.

En un periodo de cambios fuertes en la estructura del espacio, reemplazó de a poco al otrora armador nacional Carlos “Chino” Kikuchi, que hasta ese momento era el que se ocupaba de esa tarea, y luego continuó con el trabajo cuando se unió fuerzas con el ala dura de Juntos por el Cambio, para evitar el robo de boletas.

Una vez que se conoció la contundente victoria de Milei en el balotaje, tal como el ya Presidente había anunciado en septiembre, Ferraro fue designado formalmente como Ministro de Infraestructura, una de las 8 carteras que iba a tener el Gabinete durante esta gestión y que iba a tener bajo su ala los sectores de Energía, Transporte, Obras Públicas y Vivienda, Telecomunicaciones y Minería.

Sin embargo, al momento de asumir las cosas fueron un poco diferentes: en primer lugar, los Ministerios terminaron siendo nueve, ya que Salud mantuvo su categoría, y en segundo término, se decidió que tanto Minería como Energía queden en manos de Economía, conducido por Caputo.

De esta manera, Infraestructura se quedó con las Secretarías de Transporte, donde ingresó Franco Mogetta; la de Obras Públicas, a donde llegó Luis Giovine; la de Vivienda y Hábitat, en la que está Héctor Lostri, y la de Comunicaciones y Conectividad, en manos de Ignacio Cingolani.

A pesar de haber perdido varias áreas, Ferraro todavía conservaba dos importantes para el Gobierno, como son las de transporte y las de obras públicas, ya que debía llevar adelante el fomento de las inversiones privadas y la quita de subsidios.

Asimismo, tampoco se sabe qué ocurrirá con Mogetta, Giovine, Lostri y Cingolani, quienes podrían continuar con sus funciones en el Palacio de Hacienda o, por el contrario, también ser reemplazados. Todo está en análisis aún.

Ferraro llegó al Ejecutivo porque tenía experiencia en proyectos de iniciativa público-privada, ya que entre el 2017 y el 2019 llevó adelante las iniciativas PPP para corredores viales, en su rol de director de KPMG Argentina, firma global que provee servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría.

A lo largo de su carrera, se desempeñó en esa empresa durante los últimos catorce años y en ese período también trabajó en el Túnel Ferroviario Aconcagua (2011-2015), la central Hidroeléctrica de Chihuido (2015-2018), el puerto de cargas de Ushuaia (2016-2017) y en el ramal ferroviario y estudios de factibilidad de Vaca Muerta (2016).

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Oficializan el lanzamiento de Cuota Simple, que sustituirá desde febrero a Ahora 12

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El Ministerio de Economía formalizó hoy el lanzamiento del nuevo programa de fomento al consumo Cuota Simple, que reemplazará al Ahora 12 y se pondrá en marcha el próximo 1 de febrero. La resolución 7/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, dispuso el lanzamiento del nuevo programa a través de una modificación a la Resolución Conjunta 671/2014 y 267/2014 de los ex ministerios de Economía y de Industria que, en ese entonces, habían lanzado el Ahora 12.

La continuidad del programa de estímulo al consumo –con un nuevo nombre- responde a la “grave situación económica y social recibida por el actual gobierno”, lo que hace necesaria “la implementación de políticas concretas destinadas a fortalecer la economía”, señalan los considerandos.

Se trata de la primera vez, desde su lanzamiento en 2014 por el gobierno de Cristina Kirchner, que se cambia el nombre del programa, mantenido por las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Aún se desconoce si el esquema financiará hasta el 100% del precio final, pues si bien se señala en los considerados que continuará dicha modalidad, el articulado eliminó dicha especificación.

La forma y el tipo de financiamiento; y aspectos clave como la tasa de interés –subsidiada-, serán determinados en una próxima resolución reglamentaria de la Secretaría de Comercio, la cual, además, decidirá el plazo de vigencia. No obstante, según señalaron fuentes gubernamentales a Télam el fin de semana último, los planes de financiamiento serán de tres y seis cuotas.

En cuanto a la tasa, según trascendidos, el porcentaje que discuten la Secretaría de Comercio, las empresas y los bancos se ubica en torno al 77% nominal anual. Comercio también tendrá a su cargo el análisis de “la evolución e impacto en los sectores productivos con el fin de decidir inclusiones o exclusiones”, apuntando al “crecimiento y fortalecimiento del mercado interno”.

La normativa de hoy aclara que la comercialización a través de Cuota Simple no está sujeta a la suscripción de las empresas a otros programas del Estado. “Con el objetivo de propender a la simplificación del comercio y a la eficacia de la política a implementar, es pertinente establecer expresamente que el Programa Cuota Simple no podrá someterse a los lineamientos normativos de otro programa del Ministerio de Economía”, subrayan los considerandos.

En junio de 2023, la anterior administración nacional había establecido que las empresas que querían seguir ofreciendo sus productos en Ahora 12, tenían que firmar convenios a través del programa Precios Justos, el cual fue discontinuado por el actual gobierno.

Las negociaciones para poner en marcha el nuevo programa fueron puestas a principios de mes por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne. Hace dos semanas, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) – a través de una nota enviada al funcionario- solicitó la extensión de Ahora 12, que finaliza el 31 de enero próximo.

La entidad empresaria, en el escrito, señaló que los planes del programa «Ahora» han resultado «muy relevantes para fomentar el consumo y, por su intermedio, la producción nacional y el empleo». En la misiva solicitó además la modificación de los plazos de acreditación para las ventas efectuadas con tarjetas de crédito, que actualmente es de 10 días hábiles para los comercios.

«En reiteradas oportunidades la CAC solicitó que el plazo de acreditación fuera fijado en 48 horas hábiles, para todo tamaño de empresa», recordó la entidad. En la actualidad, el financiamiento cuenta con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 82,50% para la compra con tarjetas de crédito de productos nacionales.

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La Justicia rechazó dos amparos que pedían declarar inconstitucional al DNU de Javier Milei

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Se trata de los primeros fallos que van sobre el reclamo central contra el decreto. Lo resolvió el juez contencioso Enrique Lavié Pico en los casos que inició el abogado Jorge Rizzo y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Rizzo presentará un per saltum para ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico rechazó hoy los primeros amparos que se presentaron para declarar inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 de desregulación de la economía del gobierno de Javier Milei. Se trata de las primeras resoluciones judiciales que resuelven el fondo de los reclamos, aunque el magistrado no se pronuncia respecto de la constitucionalidad o no. Sin embargo, con los rechazos de los amparos el DNU sigue vigente.

Lavié Pico se pronunció sobre los casos que presentaron el abogado Jorge Rizzo y la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad. Para el juez el caso “no cumplió con la carga de poner en evidencia, de manera circunstanciada, la ilegalidad y arbitrariedad que invoca como fundamento de su pretensión”.

En ambas resoluciones a las que accedió Infobae, el juez entendió que el amparo no era la vía adecuada para hacer el reclamo, que quienes iniciaron las causas no tenían legitimación para y que no presentaron un perjuicio concreto que el DNU les causa, y que el Congreso de la Nación -tal como establece la Constitución Nacional- está en plazo para analizar la validez o no del decreto.

Así, el juez no se pronunció concretamente sobre la constitucionalidad del DNU y para eso citó al fiscal Fabián Canda que en su dictamen de ayer sobre el caso señaló que la decisión “no importa de manera alguna un pronunciamiento acerca de la validez constitucional del DNU N° 70/203.” Los fallos fueron dictados un día antes del paro nacional que la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras entidades políticas, sindicales y sociales harán mañana contra el DNU y el proyecto de ley ómnibus.

Sin embargo, el efecto concreto que tienen los fallos es una suerte de aval al decreto porque sigue en vigencia. Estos fallos tienen la importancia que son los primeros que analizan el fondo de los reclamos. Hasta el momento lo que se habían dictado eran medidas cautelares, muchas de las cuáles suspendieron tramos del DNU. Por ejemplo, la justicia del trabajo dictó distintas resoluciones que suspendieron los efectos del título IV del decreto que son las reformas laborales. En otras causas se postergó el aumento de las cuotas de empresas de medicina prepaga.

Pero nunca se habían dictado resoluciones que analicen el fondo de las presentaciones y contra todo el DNU. En diálogo con Infobae, Rizzo, ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, adelantó que hará una doble apelación del fallo. “Por un lado iré a la Cámara Contencioso, pero también presentaré un per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entiendo que el tema tiene la suficiente gravedad institucional para que el máximo tribunal intervenga cuanto antes”, sostuvo Rizzo.

En sus fallos, Lavié Pico recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que “la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones”. “Una inteligencia orientada hacia la judicialización amplia de las decisiones de otros poderes pondría en serio riesgo tanto el ejercicio de las funciones que la Constitución asigna a cada uno de ellos, como la autoridad de la propia Corte Suprema”, sostuvo el magistrado.

En los dos amparos se planteó que el DNU no cumplió con los requisitos que establece el inciso tres del artículo 99 de la Constitución Nacional para su dictado. El juez explicó que los amparos requieren una serie de requisitos para poder aceptarlos, entre ellos que haya un caso, es decir “la afectación de un interés jurídicamente protegido o tutelado y susceptible de tratamiento judicial”.

Y para el magistrado en estos casos no se dio. “Resulta claro que las manifestaciones efectuadas por la actora -NdA: Rizzo y el Observatorio) en su presentación de manera genérica -para obtener la inconstitucionalidad del DNU en abstracto-, no alcanzan por sí solas para demostrar el perjuicio concreto que se habría configurado por tal proceder, con relación a quien lo invoca en la presente causa”, consideró Lavié Pico y agregó que “no se ha invocado un perjuicio claro y concreto que permita considerar su pretensión con el alcance solicitado”.

Por otra parte, el juez señaló que el DNU está bajo discusión del Congreso de la Nación. “No puede dejar de señalarse que no corresponde al Poder Judicial expedirse sobre planteos de nulidad instrumentados de manera genérica y abstractos con referencia al decreto aquí cuestionado ya que ello implicaría cercenar competencias legales dispuestas en cabeza de otro poder del Estado, máxime cuando existe una vía constitucional para su control en el ámbito del Congreso Nacional”, explicó.

El fallo puede ser apelado para que intervenga la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Lavié Pico también dejó abierta la posibilidad de que Rizzo y el Observatorio hagan una nueva presentación contra el DNU: “lo que aquí se resuelve en nada impide a que las partes puedan, en su caso, probar un perjuicio concreto con relación a cualquiera de las materias que regula el decreto en cuestión y, en consecuencia, promover ante las jurisdicciones competentes las acciones que se consideren pertinentes, para hacer valer sus derechos”.

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Paro nacional: Conocé cuáles son los servicios que seguirán funcionando

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Este miércoles a nivel nacional se lleva adelante el primer paro de actividades y movilización general contra las medidas del ministro de Economía, Luis Caputo. Los bancos atenderán hasta las 12h y el servicio urbano funcionará hasta las 19h.

Este miércoles 24 de enero desde las 12 del mediodía, a nivel nacional se desarrollará el primer paro de actividades y movilización contra las medidas económicas del ministro nacional Luis Caputo . La medida de fuerza fue convocada por la CGT, ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma), integrantes de la economía popular (UTEP), movimientos sociales y las multisectoriales.

A continuación, se detalla cómo funcionarán los servicios en la tierra colorada.

Cómo funcionarán los servicios en Misiones 

En lo que respecta al servicio de transporte urbano, a nivel nacional la Unión de Tranviarios (UTA) anunció que acatará la convocatoria desde las 19h hasta las 00h. Si bien desde Misiones el gremio no se pronunció al respecto, se estima que replicarán la medida en el mismo horario que a nivel nacional.

Por lo tanto, el servicio de transporte urbano funcionará desde las 00 hasta las 19 de este miércoles, y el paro se extenderá desde las 19h del miércoles hasta las 00h del jueves.

Por otro lado, otro gremio que anunció que se suma al reclamo contra las medidas del gobierno nacional, es la Asociación Bancaria. En Misiones, los bancos se adhieren a la huelga a partir de las 12. Por lo cual, la atención al público será desde las 8h hasta 12h.

En tanto, en el PAMI y en los hospitales habrá guardia mínima.

Mientras que el plenario de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) determinó la paralización total del transporte aéreo entre las 12 y las 24h del miércoles. Esto incluye a los gremios del sector aeronáutico, afectando los vuelos y aeropuertos a nivel nacional.

Asimismo, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) confirmó también su adhesión al paro general, “durante todo el día 24 de enero, desde las 00 hasta las 24”.

Por otro lado, ANSES y Migraciones trabajarán con normalidad, pero el último participará de la movilización. Además, los comercios permanecerán abiertos, y prestaría servicio con normalidad la administración pública.

A la vez, desde la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Posadas recomiendan a los vecinos que saquen los desperdicios el día jueves 25. Con esto, se busca mejorar el eficiente manejo de los residuos y prevenir inconvenientes derivados de la eventual interrupción de algunos servicios.

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Ley Ómnibus: las jubilaciones se actualizarán según la inflación

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El texto a debatir introdujo modificaciones respecto al proyecto original. También elimina jubilaciones de privilegios para presidentes y vicepresidentes.

El Gobierno introdujo una modificación clave en la fórmula de movilidad jubilatoria respecto al texto original del proyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida como Ley Ómnibus.

Como cambio principal, la formula actual seguirá hasta abril y luego los haberes jubilatorios se actualizarán de acuerdo al número de la inflación publicada por el INDEC.

“El Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual. A partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”, informó el Poder Ejecutivo.

Se indicó que “a partir de abril de 2024, el índice de movilidad se obtendrá mensualmente conforme al último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes”.

A su vez, se aclara que “la inflación se definirá como la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)”.

Y agrega: “En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria. La primera actualización sobre la base de la movilidad dispuesta en este artículo se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024”.

 Se eliminan jubilaciones de privilegio

En el nuevo texto del proyecto de Ley Ómnibus se indica que se eliminarán las jubilaciones de privilegio para expresidentes y exvicepresidentes. Según el nuevo proyecto, “se le pone fin a un privilegio de la casta en donde los Presidentes accedían a una jubilación millonaria y vitalicia”.

Cuando culminen sus mandatos, a presidentes y vicepresidentes se les aplicará las previsiones de la Ley 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

El texto definitivo fue acordado tras las conversaciones encabezadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de La Libertad Avanza, y funcionarios del Gobierno durante el fin de semana.

La intención del oficialismo es incorporar estas propuestas al dictamen de mayoría que se debatirá mañana en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

Tras la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero, en estas horas se oficializará la convocatoria al plenario de mañana que tendrá que analizar los dictámenes de mayoría y de minoría, que luego se discutirán en el recinto en la extensa sesión que comenzará en la mañana del jueves y podría extenderse entre 48 y 72 horas, con lo cual se convertiría en el debate más largo de la historia del Congreso.

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El Gobierno envía al Congreso el proyecto de ley que restituye el impuesto a las Ganancias

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De concretarse, los salarios de más de $ 1.350.000 en bruto pagarían el impuesto, se actualizará por escalas trimestralmente por el Indice de Precios al Consumidor, y se delegará al Poder Ejecutivo las facultades para modificar los montos de las escalas.

El Poder Ejecutivo enviará este martes al Congreso un proyecto de ley de impuesto a los ingresos personales con el que buscará reemplazar al denominado Impuesto a las Ganancias a la IV Categoría, según anticiparon esta tarde fuentes gubernamentales.

Ante una consulta, las fuentes se limitaron a detallar que los salarios de más de $ 1.350.000 en bruto pagarían el impuesto, se actualizará por escalas trimestralmente por el Indice de Precios al Consumidor, y se delega al Poder Ejecutivo las facultades para modificar los montos de las escalas.

En septiembre del año pasado, un mes antes de las elecciones generales, el ministro de Economía, y candidato a la presidencia por Unión por la Patria, Sergio Massa, impulsó un proyecto para modificar la Ley del Impuesto a las Ganancias que consistió, entre otras cuestiones, en eliminar la cuarta categoría y por lo tanto, eximió del pago a unos 700.000 empleados en relación de dependencia.

Este proyecto fue aprobado por 135 a 103 votos en Diputados y contó, entre otros, con el apoyo de los diputados de La Libertad Avanza: el propio Javier Milei y su compañera de fórmula presidencial, Victoria Villarruel.

Luego, en el Senado, fue aprobado por la mayoría del por entonces oficialismo en el Senado.

Pero una vez que asumió la presidencia Milei, varias provincias pidieron coparticipar conocido como el impuesto al cheque porque habían perdido ingresos por la modificación que en ese momento habían apoyado.

El 19 de diciembre pasado, ocho gobernadores peronistas destacaron la necesidad de buscar “herramientas de compensación” para las arcas provinciales frente a la fuerte devaluación del peso y la “pérdida de recursos coparticipables”, aunque consideraron que “la reversión del Impuesto a las Ganancias no sería el camino adecuado”, sino la coparticipación “de un 70%” del impuesto al cheque.

Así lo manifestaron en un documento difundido por redes sociales y firmado por los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

El pronunciamiento se realizó luego de una reunión de gobernadores con el presidente Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y otras autoridades nacionales.

La respuesta no se hizo esperar y el jefe del Estado afirmó que “de ninguna manera” se va a “coparticipar el impuesto al cheque”.

“Ir para atrás con Ganancias es la solución que permite que las provincias puedan reencauzar sus cuentas”, dijo Milei luego en una entrevista.

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Milei cobra más de 4 millones de pesos como Presidente y sigue la intriga sobre si sorteará su sueldo

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El mandatario venía percibiendo poco más de 2 millones en la Cámara de Diputados. Cuánto más que Alberto Fernández gana.

El presidente Javier Milei cobra más de 4 millones de pesos mensuales por su rol al frente del Poder Ejecutivo y sigue la intriga sobre si mantendrá los sorteos de su sueldo público, tal como hacía cuando ejercía como diputado nacional.

Según la información, el mandatario tiene un sueldo básico de 1.807.295,63 pesos, al cual se le adiciona un “complemento por responsabilidad del cargo” por 2.258.722,52 pesos.

Con esos dos montos, el salario bruto del jefe de Estado asciende a la cifra de 4.066.018,15 pesos.

En comparación con su antecesor, Alberto Fernández, el economista cobra 335.726,27 pesos más: en noviembre, último sueldo bruto completo del dirigente peronista como mandatario, había sido de 3.730.291,88 pesos (1.658.069,39 de básico y 2.072.222.49 por el complemento de responsabilidad del cargo).

Además, así el líder libertario ve duplicados sus ingresos por su rol en el Estado, en comparación con lo que percibía como miembro de la Cámara de Diputados.

El último sueldo que cobró como legislador nacional había sido de 2.119.432 pesos: menos de una semana después de asumir al frente de la Casa Rosada, Milei había sorteado aquella dieta.

Ése fue una de las consultas que debió atender tanto el propio Presidente como su vocero, Manuel Adorni, en los primeros días de gestión: si sortearía sus salarios presidenciales.

“Será una decisión del Presidente. Entiendo que tiene que vivir. Hoy no tengo una respuesta para dar, pero entiendo que cobrará su sueldo”, había manifestado el portavoz el 15 de diciembre.

Días antes de asumir, el jefe de Estado se había referido a la cuestión y había admitido la necesidad de “analizar” su modo de subsistencia, debido a que como Presidente “no tendría la posibilidad de tener otros ingresos provenientes del sector privado”.

“No sé si es compatible. Como diputado no tenía impedimento con dar conferencias, ahora no sé”, había señalado el líder liberal.

Los sueldos de la vicepresidenta y los ministros

De acuerdo a la información oficial, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, percibe un salario bruto de 3.764.820,82 pesos (1.747.023,33 de básico y 2.017.797,50 de complemento por responsabilidad).

En tanto, los ministros cobran un sueldo bruto de 3.584.006 pesos, así como los secretarios tienen ingresos por 3.282.709,47 pesos y los subsecretarios, 2.981.513,49 pesos.

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El Ejecutivo prorrogó las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero

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El Gobierno prorrogó este viernes las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 15 de febrero, en momentos en que el oficialismo de la Cámara de Diputados aceleraba los contactos informales con los legisladores de los bloques considerados dialoguistas para terminar de pulir algunos aspectos de la ley “Bases”, con el objetivo de emitir dictamen del proyecto entre lunes y martes de la semana próxima y llevar la iniciativa al recinto el jueves 25, un día después del paro convocado por la CGT.

Para poder cumplir con estos tiempos, el Poder Ejecutivo estableció la prórroga del período de sesiones extraordinarias desde el 1 hasta el 15 de febrero, teniendo en cuenta que el reglamento de Diputados exige que los dictámenes sean firmados 10 días antes del final del período en el cual el Congreso está habilitado para funcionar.

Además, esta prórroga de extraordinarias también habilita a que el Senado tenga más margen para trabajar, con un borrador que circula en los despachos de LLA que marca un posible dictamen el 31 de enero y su tratamiento en el recinto el 7 o el 14 de febrero.

En cuanto a las conversaciones en Diputados, este jueves, los bloques del PRO, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal, tras reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo y con el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzaron en consensos que permitirían convocar a un plenario de comisiones entre el lunes y martes de la semana próxima.

El consenso al que se llegó está basado en la posibilidad de modificar los aspectos vinculados al tema de movilidad jubilatoria, retenciones a las exportaciones, privatizaciones de empresas públicas y facultades delegadas, donde se acotará la emergencia pública solo a un año, con una prórroga por otro año otorgada previamente por el Parlamento.

Otro punto clave del consenso sería eliminar el artículo para ratificar el DNU 70/2023, que se tratará en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, aunque ésta aún no se conformó porque hay diferencias entre La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP) sobre la cantidad de integrantes que le corresponden al kirchnerismo.

El principio de acuerdo propone limitar el plazo de vigencia de la emergencia solicitada por 4 años a un año, más otro prorrogable por el Poder Ejecutivo (lo que suma dos en total), y se eliminan las facultades delegadas en materia de defensa, social, previsional y sanitaria.

En otro punto el texto dice que se fija en 0% las retenciones para economías regionales, que originalmente se iban a llevar a un 15%, y se limita/elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación.

En relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferido al Tesoro), “deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones”.

Sobre las empresas del Estado a privatizar, solo se excluiría a YPF, aunque el bloque radical también pide dejar al margen al Banco Nación y Arsat.

En materia de producción se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta alcanzar entre 18% y 27%) y biodiésel (alcanzar en 2026 hasta 15%) y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. También, se elimina la derogación de Ley de Azúcar.

En relación a la cuestión previsional, el ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantó en declaraciones públicas que están en estudio “dos o tres alternativas” para fijar los aumentos de los ingresos de los jubilados: dejar la fórmula como está sería una” de esas alternativas y las otras podrían estar vinculadas a ‘generar la actualización por algún índice’”, como por caso por inflación.

Los avances fueron destacadas este viernes por el portavoz presidencial Manuel Adorni, quien puso de relieve el apoyo de “un sector de la oposición” al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, al igual que empresarios pyme y de la Unión Industrial Argentina (UIA).

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Monotributo: la AFIP extendió hasta el 5 de febrero el plazo para recategorizarse

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió hasta el 5 de febrero el plazo para la recategorización del monotributo. Originalmente, el plazo vencía el lunes 22 de enero.

La resolución 5480 con la extensión del plazo será publicada el lunes 22 de enero en el Boletín Oficial. La recategorización abarca el período correspondiente al semestre julio-diciembre de 2023.

«La prórroga del vencimiento responde a razones de administración tributaria, las necesidades de los contribuyentes y las peticiones efectuadas por las entidades representativas de los profesionales en ciencias económicas», indicaron desde la AFIP.

Según se estableció, tendrán que recategorizarse los contribuyentes cuyos ingresos hayan sido superiores o inferiores a los de la categoría vigente. Para ello, deberán ingresar a la página monotributo.afip.gob.ar con CUIT y clave fiscal.

Los monotributistas que mantengan la misma categoría no deberán efectuar ninguna acción.

A su vez, si transcurrieron menos de 6 meses desde la inscripción en el monotributo, no corresponde la recategorización.

¿Cómo es el procedimiento?

Para realizar la recategorización hay que ingresar al portal Monotributo en la página de la AFIP con CUIT y clave fiscal.

El segundo paso es seleccionar la opción “recategorizarme” y automáticamente el sistema informará la categoría actual y los topes de cada parámetro.

Seleccionar “continuar recategorización”. Luego, ingresar información sobre el monto facturado en los últimos 12 meses. Con estos datos el sistema determina la nueva categoría correspondiente, que se debe confirmar en la opción “confirmar categoría”.

En el último paso el sistema permite imprimir la nueva credencial.

Desde el 1 de enero subieron 110% las cuotas mensuales y los parámetros de facturación de los monotributistas.

El aumento siguió los parámetros de la suba de la movilidad previsional que durante 2023 arrojó ese porcentaje, muy por debajo de la inflación que fue del 211%.

Por ejemplo, un monotributista de la categoría E (servicios) pasó de pagar una cuota de $ 12.776,61 a $ 26.945,972. Pero si debe subir de categoría, la cuota ascendería a $ 33.137.45, un salto del 159,36%.

Para estar en la categoría más baja, la A, la facturación tiene que ser inferior a $ 2.108.288, mientras que los ingresos de la categoría más alta (la K) suben a $ 16.957.968.

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El Conicet denuncia despidos y postergó las convocatorias a becas hasta contar con nuevo presupuesto

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Luego de más de un mes de Gobierno de Javier Milei, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) informó que se posterga la convocatoria a becas hasta contar con un nuevo presupuesto, ya que el Poder Ejecutivo Nacional decidió para este año que continúe vigente el de 2023.

Asimismo, denuncian nuevos despidos en el organismo y por ello este miércoles hubo una movilización al Polo Científico ubicado en el barrio porteño de Palermo.

En Posadas, Misiones, el pasado lunes se vivió una jornada más de lucha, donde trabajadores de distintas áreas, afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se manifestaron de manera pacífica con pasacalles y carteles en distintos puntos de la ciudad, en contra de las nuevas medidas económicas del Gobierno nacional.

A través de un comunicado, el Conicet describió cómo se fue llegando a esta situación: “En su reunión del 6/12/2023 el Directorio del organismo decidió postergar las decisiones sobre las convocatorias a Becas y Promociones considerando el contexto de cambio de gobierno, hasta contar con una nueva designación para su Presidencia. En la reunión del 21/12/2023, el Directorio tomó la decisión de dar continuidad al cronograma institucional. Para entonces el nuevo Presidente del Conicet aún no estaba designado y fue invitado a participar de la misma. Con posterioridad a dicha reunión se emitieron normas administrativas del Ejecutivo Nacional que afectan las decisiones anteriores del Directorio”.

“Tras su reunión extraordinaria del día 16/01/2024, el Directorio informa que ha tomado en consideración el Decreto Nro. 88/2023 y la Decisión Administrativa 5/2024, que indican que según lo normado por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera Nro. 24.156, no se encuentra aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Nacional. Dichas normas establecen que regirá el Presupuesto vigente del año 2023, con las adecuaciones que oportunamente deberá hacer el Poder Ejecutivo Nacional”, se agregó en el texto oficial.

En este marco, el Directorio del Conicet definió posponer la publicación de los resultados de la convocatoria a Becas y Promociones “hasta tanto se configure el presupuesto definitivo”. En tanto, se encomendó al nuevo titular del organismo de ciencia, Daniel Felipe Salamone, a “arbitrar los medios para realizar las gestiones que permitan obtener las adecuaciones necesarias al presupuesto”. “Esta decisión será revisada por el Directorio en su próxima reunión y/o en función de los avances que informe la Presidencia al respecto”, concluyó el comunicado.

Por otra parte, en medio de las políticas de recortes de gasto público, luego de la publicación del decreto que estableció la no renovación de los contratos de trabajadores de de la administración pública con menos de un año de vigencia en sus funciones, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que hubo 48 despidos en el Conicet.

En la misma sintonía la organización gremial Jóvenes Científicos Precarizados anunció que se suma a la marcha al Polo Científico en rechazo de los despidos y exigiendo la convocatoria a becas: “Se confirmaron los primeros despidos de compañeros del personal de gestión y el Directorio decidió posponer los resultados de las becas doctorales y de las promociones en CIC. Luego de la masiva asamblea del lunes, hoy presentamos el tercer pedido de reunión a Salamone y ¡mañana vamos a copar el Polo y a frenar el ajuste en CyT!”, expresó la organización en su cuenta de X.

Durante la campaña presidencial, el entonces candidato Milei habló en reiteradas oportunidades de su plan para cerrar el Conicet. “Hoy el Conicet tiene 35 mil personas, la NASA tiene 17 mil. Me parece que el Conicet no produce en línea con lo que produce la NASA. Entonces, el tema de la productividad es bastante importante, me parece que la Nasa produce un poquito más”, argumentó y planteó que “tal como existe hoy, hay que cerrarlo”. Esa fue quizás la declaración más polémica al respecto.

Tras asumir el Gobierno, Milei designó al frente del organismo a Salamone, un veterinario con un doctorado en Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que posee un largo historial en el campo científico. Como investigador principal en el Conicet y director del Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN), ha mostrado dedicación a la innovación y a la aplicación práctica de la ciencia.