Se trata de Ignacio Torres, mandatario de Chubut, quien presentó una acción judicial para que se restituyan los fondos. Argumenta que se afecta la sustentabilidad del transporte público.
Chubut realizó una presentación ante la Justicia Federal en la que demanda al Estado Nacional por el recorte unilateral del Fondo Compensador al Transporte Público llevado a cabo por el gobierno de Javier Milei. De esta manera, el gobernador de Juntos por el Cambio Ignacio Torres se suma a los gobiernos de La Pampa y La Rioja, que ya encararon acciones similares.
El objetivo de la presentación judicial del gobierno chubutense es que se restablezca ese dinero para garantizar la sustentabilidad del transporte público de la provincia. La problemática es similar a la de las demás provincias afectadas por el recorte indiscriminado y el ajuste brutal del gobierno nacional.
La presentación legal señala la “legitimación activa” de la provincia de Chubut “por ser parte activa del federalismo de concertación, y resultar afectada por la unilateral decisión adoptada por el Estado Nacional de reducir el subsidio a las empresas prestatarias de transporte de jurisdicción nacional y de eliminar el Fondo Compensador del Interior». Por ello se solicitó el otorgamiento de una “medida autosatisfactiva” consistente «en el mantenimiento del Fondo Compensador a efectos de hacer cesar la vulneración de un derecho de raigambre constitucional». Además, se reclamó una respuesta judicial inmediata dado que la “lentitud de los procedimientos puede provocar el riesgo seguro de que la resolución del conflicto resulte tardía, con una sentencia propia de un proceso de conocimiento que seguramente sea absolutamente justa pero paradójicamente ineficaz».
«La verosimilitud del derecho se encuentra acreditada por la circunstancia de que el Estado Nacional pretende inconsultamente poner en riesgo la sustentabilidad del transporte automotor de pasajeros de la Provincia de Chubut, lo que configura un manifiesto incumplimiento del Pacto Fiscal 2021, los Compromisos asumidos en el marco del Federalismo de concertación y los principios que lo rigen, así como el presupuesto para el año 2024″, detalla la presentación judicial.
«El peligro en la demora radica en el evidente riesgo de afectar la sustentabilidad del transporte público de pasajeros en la Provincia de Chubut, lo que inevitablemente habrá de ocurrir de eliminarse y/o reducirse el Fondo Compensador, lo que significará un desfinanciamiento del sistema que tornará imposible de sostener dicho servicio», concluye.
Junto con la demanda, el Gobierno provincial presentó documentación sobre el historial de fondos girados por Nación en materia de transporte, el juez corrió vista a la fiscalía del caso para ver si corresponde o no hacer lugar.
La afectación no es a las provincias como ente abstracto o a los gobernadores, los afectados son todos los ciudadanos de las distintas provincias, el mundo del trabajo, los jóvenes en edad escolar y todo aquel que se tenga que movilizar para diversos tipos de trámites.
Reemplazar la vieja grieta por una nueva que enfrente al gobierno nacional con los gobernadores que representan a los ciudadanos del interior de la patria, no tiene sentido, ya que nos arrastra como sociedad a un clima de violencia yhostilidad que ya nos demostró que nos lleva al fracaso. La Renovación Neo lo entendió mejor que ningún otro espacio político, que a la gente no le interesan las peleas de los políticos, y mucho menos quiere una nueva grieta, por eso le brindó el voto al proyecto en general, que es la herramienta del presidente para gobernar, pero después pidió corregir algunos artículos que no beneficiaban a la provincia, es decir resolviendo noponer palos en la rueda, pero sin ser sumisos a la hora de defender los intereses de los misioneros.
El filósofo y especialista en el pensamiento griego y chino, François Jullien, no ve sentido a las reivindicaciones identitarias que buscan profundizar las diferencias, y en su libro “Transformaciones silenciosas” plantea la idea de salir del dilema identidad/diferencia para no enfrascarnos en unaconstruccióndemagógica, sino en unaconstrucción democrática, en esta línea sugiere quepensemos en la transformaciónde una sociedad o de un sistema como algo silencioso, la cual nace de procesos internos que van progresando en profundidad,más que de rupturas que acaban ocasionando la reacción contraria.
Tras la vuelta a comisión de la Ley Ómnibus, el presidente busca romper la rueda, pero con lo mismo de siempre, procura reemplazar la vieja grieta de Kirchneristas y anti-kirchneristas, por una nueva grieta entre el gobierno central y los gobernadores querepresentanal interior de la patria, esta es una grieta incluso mucho más severa que nos arrastra como sociedad a un clima de violencia, hostilidad, confrontaciones que ya nos enseñaron a los misioneros a que solo obtienen como resultado al fracaso.
En este contexto, en el tratamiento de la Ley Ómnibus la Renovación Neo entendió mejor que ningún otro espacio político que a la gente no le interesan las peleas de los políticos, tampoco le importaba la grieta anterior y mucho menos la nueva grieta impulsada por el gobierno nacional.
Entendiendo esto, Misiones tuvo y reclama una posición sensata al resto de los actores políticos del país, para que podamos dejar de lado las confrontaciones y buscar el consenso, es a lo que la Renovación se comprometió y tuvo el apoyo del 75% de los misioneros. Por eso, desde el gobierno provincial se apuesta a volver a la racionalidad, porque la confrontación sólo está lastimando a las familias misioneras y argentinas.
Por ello, el bloque Misionerista se comportó con actitud democrática, brindándole el voto al proyecto en general, que es la herramienta del presidente para gobernar, pero después pidió corregir algunos artículos que no beneficiaban a la provincia. En la búsqueda de la construcción de una nueva Argentina, sin poner palos en la rueda, pero tampoco siendo sumisos a la hora de defender a los misioneros.
En esta línea, no fue obediente ni tampoco puso trabas, sino que hubo una madurez política en la búsqueda inteligente del consenso, donde la crítica constructiva provocó que los otros bloques no oficialistas se acerquen a consultar a Misiones sobre la postura a tomar, ganando un espacio de referencia y trascendencia en el concierto nacional.
Debido a que, ningún bloque junta la totalidad de los porotos, lo más inteligente es la construcción y en ese terreno la Renovación Neo tiene y demostró amplia expertise, acompañando lo que decidió la gente en noviembre, pero marcando diferencias en algunas áreas.
La ciudadanía eligió un cambio, Milei ya tiene la presidencia y la lapicera, ahora debería enfocarse en gobernar y frenar la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos, pero por el momento no puede y está usando la pelea como una distracción para ganar tiempo. Por eso, sus estrategas de la comunicación buscan entretener a la gente con peleas, para que la inflación que golpea cada vez más al bolsillo de la gente pase a un segundo plano.
Mientras tanto, por parte del Kirchnerismo, se esperaba una corrección o una actitud de autocrítica, pero hasta el momento no la hubo, es decir, siguen sin hacerse cargo de haber gobernado y haber fracasado causando el triunfo de Milei.
Por otro lado, el posicionamiento inteligente de los legisladores misioneros ante todo el país resaltó la figura política del gobernador Hugo Passalacqua, que en la misma semana fue calificado como el mandatario provincial con la mejor imagen positiva de todo el país, según la medición de CB consultora, resultado entre otras cosas de la estrategia de mantener una postura prudente, buscando el consenso con críticas constructivas lo revalorizó en comparación con sus colegas.
Yerba Mate
En el ámbito de la yerba mate, la fugaz designación de Notta, impulsada por molinos correntinos, le hizo perder popularidad a Milei entre los productores que lo habían apoyado,se vivieron intensas protestas y tractorazos en los últimos días, además de un posicionamiento unánime de todo el sector en contra de la intervención del INYM y a favor del Instituto Misionero de la Yerba Mate. En consecuencia, se habla en las chacras del INYM blue, que va a tener la verdadera representación de los productores y garantizar el precio justo.
Los bancos deben avisar con 60 días de anticipación cualquier cambio que hagan de comisiones. Por eso, desde el 1° de febrero, es que están avisando por correo electrónico de cambios en las condiciones de los punitorios con tarjeta a partir del 1° de abril.
«Podrás optar por rescindir el contrato en cualquier momento antes de la entrada en vigencia del cambio y sin cargo alguno, sin perjuicio de que deberás cumplir las obligaciones pendientes a tu cargo», advierte el mail.
Liberan comisiones
Lo cierto es que el Banco Central liberó las comisiones por pagos fuera de término del resumen de la tarjeta de crédito, y las entidades están analizando qué hacer al respecto.
Algunas, por sea acaso, ya mandan notificaciones, aunque en este caso no es como en las comisiones por paquetes de productos, donde ya ponen los nuevos precios.
Los bancos deben avisar con 60 días de anticipación cualquier cambio que hagan de comisiones. Por eso, desde el 1° de febrero, es que están avisando por correo electrónico de cambios en las condiciones de los punitorios con tarjeta a partir del 1° de abril.
Punitorios
Por lo pronto, los bancos pueden subir la tasa de intereses punitorios (los que cobran si no se cubre ni siquiera el pago mínimo) al valor que quieran. Por ahora, el tope anterior era el 50% de la tasa de interés general de tarjetas, que hoy está en 122%. Por ende, la TNA de punitorios es del 61%, pero el costo financiero de la tasa efectiva con IVA asciende al 105%.
Los bancos ofrecen dos tasas: una regulada por BCRA y una diferencial para la financiación de saldos iguales o mayores a $ 200.000. La TNA regulada es de 122% (para saldos menores a $ 200.000), pero el CFT con IVA pasa a ser del 302%, mientras que la TNA diferencial es de 168% (para saldos que excedan los $ 200.000), con un CFT con IVA que se eleva hasta el 555%, depende el banco, ya que en los públicos suelen ser menores.
El Gobierno disminuirá el subsidio a las empresas prestatarias del servicio de transportes de pasajeros de jurisdicción nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), informó hoy la Secretaría de Transporte.
De igual manera, a partir del corriente año, se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país, o sea, fuera del AMBA. En Misiones, fuentes del sector del transporte, estiman que con la quita de subsidios por parte de la Nación, el costo del boleto debería ser equivalente a 1,50 dólares o 1246 pesos. El año pasado Misiones tenía presupuestados 2.277 millones de pesos en subsidios, aunque hay varios meses en disputa por atrasos de la Nación.
Transporte subrayó que “estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que gobernadores provinciales y gobierno nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el AMBA, como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones”.
Según un comunicado del Ministerio de Economía, se buscará “concentrar la ayuda” en los usuarios.
El Gobierno disminuirá el subsidio a las empresas prestatarias del servicio de transportes de pasajeros de jurisdicción nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), informó hoy la Secretaría de Transporte.
La decisión se tomó, cumpliendo con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión del gobierno de Javier Milei.
“En esta dirección, en primer término, la Secretaría de Transporte ha decidido terminar con el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para líneas de jurisdicción nacional, otorgando así a la tarifa mayor protagonismo en la cobertura de costos necesarios para operar”, señaló el área dependiente del Ministerio de Infraestructura en un comunicado.
Agrega que “esta medida implica una disminución considerable de subsidios que iban a las empresas”.
De igual manera, a partir del corriente año, se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país, o sea, fuera del AMBA.
Transporte subrayó que “estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que gobernadores provinciales y gobierno nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el AMBA, como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones”.
Por otra parte, aclaró que “las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el atributo social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE”.
“Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público”, precisó la Secretaría, que destacó que “la decisión del Estado nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”.
El Gobierno nacional convocó a una audiencia pública a fin de redeterminar la estructura de subsidios de luz y gas en todo el país. De esta manera se oficializó el primer paso para revisar el sistema de subsidio para la energía eléctrica como el gas con y sin redes.
Mediante Boletín Oficial esta mañana la Secretaría de Energía, Resolución 8/2024, detalló que hará tal consulta “a fin de asegurar a los usuarios finales el acceso al consumo básico y esencial de electricidad y gas natural, incluyendo la consideración de los subsidios destinados a aquellos usuarios que carecen de conexión a la red de gas natural”.
Plantea de esta manera que se avanzará con “la readecuación del esquema de subsidios previsto en el Programa Hogares con Garrafa (Hogar) aprobado por el Decreto N° 470 del 30 de marzo de 2015”.
La Audiencia Pública se celebrará virtualmente el día 29 de febrero de 2024, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 10, desde la Plataforma “Webex”. En consecuencia, solo requerirán inscripción aquellos que deseen participar en carácter de “oradores”, ya que el resto de los interesados podrán hacerlo vía streaming por el canal de la Secretaría de Energía de la plataforma Youtube.
La dependencia nacional recuerda en la convocatoria que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 55 del 16 de diciembre de 2023 se declaró la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural, y se dispuso que la citada declaración y las acciones que de ella deriven, tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.
Que se instruyó a la Secretaría de Energía a elaborar, poner en vigencia e implementar un programa de acciones necesarias e indispensables, en relación con los segmentos comprendidos en la citada emergencia, con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías.
Añade el escrito oficial que mediante el artículo 177 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70 del 20 de diciembre de 2023 se facultó a la Secretaria a redeterminar la estructura de subsidios vigentes a fin de asegurar a los usuarios finales el acceso al consumo básico y esencial de energía eléctrica y gas natural.
“Que se dispuso que el beneficio a establecerse deberá considerar principalmente un porcentaje de los ingresos del grupo conviviente en forma conjunta, que pueda ser destinado al aprovisionamiento de energía eléctrica y gas natural” y que “se estableció que, a los efectos de calcular el costo de los consumos básicos, que se considerarán las tarifas vigentes en cada punto de suministro para implementar la segmentación de la asignación de subsidios a los usuarios de los servicios públicos mencionados”.
Cuestionan régimen de segmentación
En la resolución se recuerdan que en junio de 2022 se estableció un régimen de segmentación de subsidios a usuarios residenciales de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red, con vigencia para el bienio 2022/2023. “Que existen diversos regímenes tarifarios especiales, por los que se han establecido beneficios y/o tarifas diferenciadas y/o con un porcentaje subsidiado por el Estado nacional, en función de distintas situaciones relacionadas con la finalidad de las actividades desarrolladas por las entidades usuarias, o con la vulnerabilidad de ciertos usuarios que requieren un tratamiento diferenciado”.
Allí ya adelanta las modificaciones que pretende hacer la Nación. “Con relación a los regímenes de subsidios vigentes, cabe efectuar diversas modificaciones a los fines de redeterminar y reasignar los beneficios propendiendo al uso responsable de los recursos públicos, tomando en cuenta los ingresos reales, regulares y corrientes de un hogar y el abastecimiento de las necesidades básicas cuyo cubrimiento se pretende asegurar mediante el otorgamiento de subsidios”.
Añade que “implicará la consideración de diversos regímenes de beneficios que, en algunos casos, se duplican y confunden al usuario final, y han demostrado no generar señales correctas en el uso de los insumos energéticos alentando el consumo de un bien escaso y, lejos de focalizar el beneficio, lo otorgan en forma generalizada, dejando como opción para la asignación eficiente del recurso la renuncia del propio interesado”.
El hincha de la Selección Argentina de Fútbol, conocido por recibir el premio a la mejor afición del último mundial, falleció este miércoles tras una serie de complicaciones en su estado de salud. Con muchos viajes y partidos a cuestas, la gente recordará su característico bombo que usaba para alentar incondicionalmente a la albiceleste.
Carlos Pascual, más conocido como Tula, el reconocido hincha de la Selección Argentina, murió tras estar internado en el Sanatorio La Trinidad, de Buenos Aires. Fue uno de los hinchas de la selección que más representó los colores, viajando a cada una de las ediciones del Mundial de FIFA y alentando de forma incondicional en todas ellas.
El rosarino de 83 años tuvo que ser internado y operado a raíz de complicaciones en su salud. Permaneció en la clínica bajo un coma inducido pero finalmente no pudo recuperarse, informaron fuentes cercanas.
Una vida dedicada a la pasión futbolera
Tula asistió a todos los mundiales desde 1974 y vio la coronación de la Selección Argentina en 1978, 1986 y 2022. El año pasado recibió, en nombre del público argentino, el premio “The Best” de la FIFA a la “Mejor afición”.
Carlos Pascual era un reconocido hincha fanático de Rosario Central por herencia paterna, y lo demostró en muchas oportunidades cuando no se lo veía con la camiseta de la Selección Argentina.
De hecho, de chico vivió en el histórico barrio donde se encuentra actualmente el estadio Gigante de Arroyito, escenario que alberga a Rosario Central cada vez que el equipo juega como local. Asimismo, el hijo de Tula, reveló días atrás en una entrevista que su padre comenzó a tocar el bombo en las tribunas por casualidad y no por un hecho concreto.
El presidente Javier Milei descartó la implementación de la dolarización en la economía para este año, en medio de una agenda marcada por la ley ómnibus, el DNU y el proyecto de ajuste fiscal que intenta implementar el Gobierno: «No dan los tiempos».
En declaraciones con el periodista Iván Schargrodsky, el mandatario libertario analizó la eventual dolarización en la previa de su gira internacional en Israel e Italia: «No dan los tiempos. Pensá que si mantuviéramos el actual ritmo de saneamiento del BCRA recién estaría limpio a final de junio».
«Adaptar el modelo de sistema financiero puede llevar de piso un año. La única ventaja es que la dimensión del sistema es tan pequeño que podría hacerse más rápido», expresó para el newsletter del periodista en Cenital.
Consultado sobre si el modelo que busca cambiar la moneda oficial permanece intacto en el ideario del Poder Ejecutivo actual, Milei explicó: «La dolarización (en rigor, la libre competencia de monedas) es el paso final de todo un proceso que arranca con el saneamiento del BCRA, para luego avanzar en la reforma del sistema financiero y luego al final se liquida. Esa reforma es crear una banca anticorridas, y una vez hecha esa reforma anticorridas, podés pasar a un sistema de banca libre».
«Al BCRA lo podés liquidar en cualquier moneda, aunque lo más simple es hacerlo en dólares. Sin embargo, ello no quiere decir que los individuos usen al dólar como moneda. Por ejemplo un petrolero es probable que use el WTI; alguien del gas usará BTU; en el campo, Soja Chicago. El resultado es una canasta de moneda donde los ponderadores son determinados libremente por los individuos, lo cual te neutraliza de los efectos de la política monetaria de un país en particular», agregó.
El mandatario, en la misma entrevista, reconoció futuras reuniones con los autores materiales de la dolarización en Ecuador. «Los que hicieron la dolarización en Ecuador me están pasando un informe porque ellos consideran que la podríamos hacer ahora. Los veo a mi regreso del viaje», señaló.
En la misma línea, el libertario advirtió que «en rigor, el caso de Ecuador ha sido muy exitoso. Que haya gente deshonesta intelectualmente o ignorante en términos monetarios no quita los logros del caso, aún cuando, desde mi punto de vista, se podía hacer mejor. Es muy berreta que los desatinos fiscales de Correa se los quieran cargar a la dolarización».
Es porque no hubo acuerdo en el quinto encuentro paritario entre el gremio de choferes y FATAP. Según los empresarios, la Nación les debe $20.500 millones, por lo que fraccionarán el pago de sueldos. La huelga no incluye al AMBA.
El gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de actividades por 24 horas para este jueves 8 de febrero en el transporte público del interior del país, tras no llegar a un acuerdo salarial con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).
La medida de fuerza, que comenzará a las 0 horas del jueves y se extenderá durante todo el día, se da luego de que fracasaran cinco audiencias entre el sindicato y la federación empresaria. Afectará al transporte urbano e interurbano en las provincias, aunque no al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde sí se alcanzó un convenio el pasado viernes.
En un comunicado, UTA advirtió que “de no tener respuesta adecuada a la pretensión sindical, las medidas se profundizarán hasta tanto se suscriba el acuerdo salarial que los trabajadores demandan”.
Misiones, donde no habrá servicio de transporte público durante todo el jueves. El paro fue confirmado luego de una nueva audiencia infructuosa entre las partes este martes.
La situación se debió a la falta de acuerdos para aprobar artículos claves de la iniciativa promovida por el Gobierno, como las privatizaciones de empresas públicas, el sistema de endeudamiento y temas de seguridad.
La Cámara de Diputados volvió a enviar a comisión el dictamen de mayoría de la ley de Bases y se levantó la sesión de este martes, con lo cual el proyecto promovido por el Gobierno Nacional tendrá que ser analizado de nuevo.
La decisión se adoptó porque el oficialismo no tenía los votos para aprobar artículos claves de la ley, como las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales.
Con esta resolución, el proyecto de 646 artículos se deberá empezar a tratar de nuevo, ya que cayó la aprobación en general del proyecto así como los artículos aprobados y la orden del día número 1, de acuerdo con el artículo 155 del Reglamento de la Cámara baja.
La moción de devolver el proyecto a comisión fue formulada por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Zago, tras lo cual el presidente del cuerpo, Martín Menem, levantó la sesión.
El pedido de Zago sucedió luego de un cuarto intermedio solicitado para buscar acuerdos sobre el capitulo 7 de privatizaciones y la convocatoria a una reunión de Menem con los jefes de bloques.
El oficialismo consiguió aprobar el viernes pasado el proyecto en general con 144 votos, y este martes pudo votar la emergencia, y la facultades delegadas, pero tuvo un fuerte traspié cuando no pudo sancionar la mayoría de los artículos de la reforma administrativa del Estado.
La Cámara retomará la sesión especial para continuar con el intercambio de ideas de forma particular, aprobado en general el viernes pasado. Los legisladores anticiparon que «puede extenderse tranquilamente al miércoles y jueves también».
La Cámara de Diputados retomará este martes a las 14 la sesión especial para continuar con el debate en particular de la ley de «Bases», aprobada en general el viernes pasado, pero aún persisten las diferencias entre el oficialismo y bloques dialoguistas sobre facultades delegadas, deuda externa, Fondo de Garantía de Sustentabilidad y privatizaciones de empresas públicas.
En las últimas horas, los legisladores -incluso de la oposición dialoguista- anticiparon que si bien «el martes comenzará el tratamiento» del proyecto, el trámite «va a ser largo» y «puede extenderse tranquilamente al miércoles y al jueves también», ya que se tratará de un extenso debate que demandaría otras tres jornadas de discusión, como las que se necesitaron para sancionar el dictamen en general.
La Cámara de Diputados aprobó el viernes en general, por 144 a 109 votos, el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 14 para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.
De acuerdo con las fuentes, la intención de algunos diputados es iniciar la sesión el martes a las 14 -presidida por Martín Menem-, pasar a otro cuatro intermedio a la medianoche y retomar el miércoles para repetir esa estrategia, aunque no descartan seguir otro día más si no agotan las instancias de acuerdos.
Los bloques dialoguistas esperaban respuesta a sus pedidos de reformulación un conjunto de artículos, y no descartaban que mañana pueda haber nuevos contactos para buscar un consenso entre la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
A lo largo de toda la jornada, la UCR mantuvo una reunión de bloque por Zoom donde quedaron en aguardar algunos respuestas del Gobierno y también se reunieron los diputados de Hacemos, que mañana volverán a tener un nuevo encuentro a las 11 para analizar la marcha de las conversaciones con el oficialismo, señalaron fuentes parlamentarias.
El oficialismo necesita alcanzar un acuerdo con las bancadas que apoyaron en la aprobación del proyecto para votar en particular los 383 artículos del dictamen, ya que si una veintena de esos legisladores votan en contra y sumados a los 109 que ya rechazaron la iniciativa pueden caer artículos promovidos por el Gobierno nacional.
Los bloques de la oposición llamada «dialoguista» están de acuerdo en votar a favor la declaración de emergencia que quedó limitada a seis materias -administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética- y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura.
En cambio, una decena de diputados no quieren votar artículos sobre facultades delegadas referidos a las facultades administrativas que permite disolver o suprimir organismos públicos, con excepción de las Universidades Nacionales, e intervenir todos los entes o empresas públicas y las que están vinculados a los fondos fiduciarios provinciales.
Los legisladores que no quieren votar facultades delegadas son cuatro de Córdoba, los 6 de la Coalición Cívica, con lo cual sumados a los 109 que rechazaron la ley Bases y están dispuestos a votar en contra de todos los artículos, el oficialismo tiene los votos muy justos para imponer su postura, reconocieron fuentes parlamentarias.
Uno de los puntos donde hay más acuerdo es en el capítulo de privatizaciones de empresas públicas aunque aún faltan pulir algunos artículos sobre el control de esos procesos de venta de esas compañías y la evaluación patrimonial de las mismas.
Los legisladores señalan que hay un principio de acuerdo en este punto, pero tanto la UCR como Hacemos se oponen a las privatizaciones del Banco Nación, Nucleoelectrica y de Arsat donde se proponen ventas parciales, y piden que un organismo independiente haga su tasación y tenga un rol importante la Comisión Bicameral en oportunidad de su publicación.
Las empresas que no quedarán sujetas a privatización, según esa propuesta, son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
En tanto, otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, Yacimientos Carboníferos Fiscal, y los medios públicos (Télam y RTA), entre otras, quedarían sujetas a privatización.
Otro punto que no hay acuerdo es en la propuesta del Gobierno sobre endeudamiento ya que propone derogar el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, por el cual un futuro endeudamiento debe pasar por el Congreso; en cambio, sí se podría votar la reforma del artículo 65 de la ley de Administrativa referida a la nueva emisión para renovar la deuda (roll over).
Uno de los reclamos de las provincias era coparticipar el impuesto PAIS, que tiene una recaudación de unos 500 mil millones, pero la idea fue rechazada por el oficialismo que quiere terminar con ese gravamen a fin de año.
Los legisladores de los bloques dialoguistas aceptan diferir esa discusión cuando se analice el pacto fiscal y el paquete tributario, pero insisten en que el Gobierno asegure el flujo de fondos para aquellas cajas provinciales que están armonizadas con la Nación, como en el caso de Santa Fe y Córdoba, indicaron voceros parlamentarios.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó este lunes que el Gobierno nacional no discutirá «ningún punto que tenga que ver» con modificaciones en materia fiscal, entre ellas el impuesto a las ganancias y la coparticipación del impuesto PAIS, antes de que el Congreso sancione la llamada ley «Bases», que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados.
Por su parte, el presidente del bloque de la LLA, Oscar Zago, dijo que «no vamos a dejar presionarnos con el impuesto PAÍS. Se trata de sentarnos por ese impuesto, el impuesto a las ganancias y todo lo que quedó afuera y decir ‘bueno muchachos, por algún lado hay que ir’», apuntó.
El diputado agregó que «hay temas fiscales que quedaron afuera» del proyecto de ley ‘Bases’ que a partir del 1 de marzo, con el inicio de las sesiones ordinarias, se abordarán «ley por ley».
Además, los diputados radicales no quieren darle algunas facultades al ministerio de Seguridad luego de los serios incidentes de la semana pasada y piden cambios para limitar las penas sobre organización y participación en movilizaciones propuestas por el oficialismo al considerar que son «desproporcionadas».
También piden cambios en los artículos referidos a la Legítima Defensa y Resistencia a la Autoridad, informaron fuentes parlamentarias.
