Día: 16 de junio de 2026

El jurista, enciclopedista y político francés Charles-Louis de Secondat, más conocido como Montesquieu, pensó que la libertad de las personas dependía de la separación del Poder Judicial, del Legislativo y del Ejecutivo y que esto implicaba que las sentencias de los tribunales deberían ser inalteradas, es decir, deberían ser siempre conforme a la letra exacta de la ley. Según Montesquieu, los jueces no debían ser más que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres incapaces de moderar siquiera su fuerza o rigor.

En esta caracterización del Poder Judicial, dentro de una Constitución democrática, hay tres requisitos fundamentales que están resumidos.

El primero, que no es explícitamente indicado por el intelectual francés pero que está en el concepto de la función judicial y expresa una virtud interna del rol, es que los jueces deben hacer justicia, que deben alcanzar decisiones justificables para el caso que se les presenta sin la interferencia de prejuicios o intereses personales o grupales, o de presiones de otros poderes del Estado.

El segundo requisito establece que los jueces deben administrar justicia en una dirección previsible y segura. De este modo, los individuos podrán saber por adelantado cuáles son las decisiones que podrán eventualmente darse si un caso es llevado a los tribunales.

El tercero y último es que los jueces deben hacer justicia en una dirección previsible a través de la aplicación estricta de la ley cumpliendo un rol de agentes pasivos. No existe una única caracterización posible de la noción de “ley”, según la cual su aplicación estricta sea garantizada lógicamente, sino que hay también otra caracterización posible según la cual la aplicación de la ley supone hacer justicia en una dirección previsible. Este último requisito expresa una condición básica de la política democrática: sólo a través de un procedimiento de discusión abierta, la decisión mayoritaria, transparente para los individuos, se establecen los estándares del bien y del mal a los cuales la sociedad debe someterse para ser establecidos y revisados. Los jueces, cuya estabilidad en el cargo les garantiza su independencia al juzgar, que son escasamente receptivos de las expresiones de la soberanía popular, deben, por ello, ser condescendientes a las leyes promulgadas según este tipo de expresiones.

Uno de los grandes desafíos de la Justicia actual es la cercanía con la ciudadanía. Cuando se discute sobre la eficiencia que debe tener la Justicia en estos tiempos, se habla de acercar los palacios de justicia a las periferias, se propone modificar el lenguaje técnico para hacerlo más comprensible al ciudadano y se reclama garantizar  el acceso de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

La garantía de acceso a la justicia, no se circunscribe solo a la posibilidad de “poder litigar”, sino que el acceso a la justicia debe ser aquel que brinde soluciones basales a los conflictos. Por eso, a la hora del diseño del Poder Judicial se debe poner la mirada en el receptor de la solución del conflicto y no solo en el decisor. Hoy ya no se puede pensar que el Poder Judicial garantiza el acceso a la justicia por contar tan solo con patrocinio gratuito mediante asesores letrados pertenecientes a los Ministerio Públicos encargados de la defensa. Sostener esto es no ver que muchos ciudadanos no tienen la posibilidad de llegar a los tribunales de los grandes centros urbanos donde se ubican estos funcionarios, por falta de medios económicos para viajar, por la logística y la organización familiar que requiere muchas veces abandonar sus pueblos y ausentarse varias horas de su hogar o trabajo.

En medio de este panorama complejo, la justicia de paz en pequeñas poblaciones permite allanar todas aquellas dificultades a las que se debe enfrentar un ciudadano que se ve obligado a trasladarse a las grandes ciudades para recién allí poder ser atendido y tener acceso a la justicia.

La transformación del Poder Judicial misionero

Misiones ha llevado adelante a lo largo de los últimas dos décadas la firme tarea de garantizar el acceso a la justicia a los ciudadanos. Pero acercar la justicia a la gente no se reduce solamente a garantizar el acceso a la jurisdicción, implica también que las resoluciones judiciales lleguen en tiempo y forma, y para eso es fundamental dotar al Poder Judicial de los recursos humanos necesarios para lograr tal fin.

Uno de los primeros hitos que abrieron paso a la transformación del Poder Judicial misionero fue creación del Consejo de la Magistratura mediante la Ley IV – Nº 32. Este órgano autónomo en sus decisiones e independiente de todo otro poder del Estado es el encargado de seleccionar los candidatos a cubrir los cargos de jueces inferiores, fiscales y defensores del Poder Judicial mediante un proceso de exámenes y entrevistas, para posteriormente remitir una terna vinculante al Poder Ejecutivo para su designación.

En el prólogo del libro “Dos décadas del Consejo de la Magistratura en Misiones” del historiador Pablo Camogli, Carlos Rovira expresó que la creación de ese órgano “marcó el inicio de una transformación de una Misiones que emerge nítida ante los ojos de nuestros coprovincianos y de la Argentina toda. Aquella propuesta, que apuntó a la modernización de los servicios de justicia, resultó ser el primer paso de un proceso mucho más amplio y extendido que se consolidó en el tiempo por decisión soberana del pueblo de la provincia.”

La vida institucional del Consejo de la Magistratura comenzó en el año 2000 y a lo largo de más de dos décadas ha permitido que se lleven a cabo más de un centenar de audiencias públicas, en el ámbito de la Comisión de Poderes de la Cámara de Representantes de Misiones, para prestar acuerdo legislativo a diferentes postulantes para ocupar cargos vacantes en el Poder Judicial y cumplir así con los pliegos solicitados por los distintos gobernadores que se fueron sucediendo. Gracias al rol fundamental del Consejo de la Magistratura, la provincia ha logrado mantener de manera sostenida la tarea de asegurar y ampliar el servicio de justicia en cada rincón de la provincia para dar respuesta a los justiciables.

Tal como se ha expresado de forma introductoria, la justicia de paz cumple un rol fundamental a la hora de garantizar el acceso a la justicia. En la actualidad, el Poder Judicial de Misiones cuenta con 75 juzgados de paz distribuidos en toda la provincia, un número muy por encima de la media nacional, que demuestra la alta descentralización que tiene la provincia.

Otro de los grandes hitos de la justicia misionera fue la sanción en el año 2022 de una ley impulsada por Carlos Rovira que estableció que las sentencias emanadas del Poder Judicial deben ser redactadas en lenguaje claro y de fácil comprensión. En los fundamentos del  proyecto, Rovira explicó que la iniciativa “obedece a que los ciudadanos tienen derecho a comprender las comunicaciones que provengan de un poder del Estado como el Poder Judicial de la Provincia, como condición necesaria para el verdadero cumplimiento de un derecho humano inalienable como es el acceso a la justicia.” Y agregó: “la importancia es máxima no sólo por ser un derecho humano en sí mismo sino también por tratarse de una vía, un medio, una herramienta para gozar de otros derechos que se garantizan por la vía judicial”.

A principios de 2023, el Poder Judicial misionero dio un paso fundamental para la modernización con la implementación de los expedientes electrónicos para todos los procesos judiciales de la Primera Circunscripción Judicial, que tiene como cabecera a la ciudad de Posadas, y alcanza a Garupá, Candelaria y Apóstoles. Esta medida se extendió posteriormente hacia la Cuarta Circunscripción que abarca Puerto Rico, Montecarlo y zonas aledañas.

La digitalización es fundamental para la agilización de los procesos y hace ya un tiempo el Poder Judicial implementó el Sistema de Gestión de Expedientes Digitales (Siged).

Reforma del Código Procesal Penal: una transformación histórica

En la Previa del último jueves, Carlos Rovira adelantó que esta semana tomará estado parlamentario el proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de Misiones, lo que constituye una de las reformas institucionales más importantes de la historia de la justicia penal misionera. Se trata de un cambio de paradigma que busca construir una justicia más transparente, eficiente, cercana al ciudadano y mejor preparada para enfrentar los desafíos actuales.

Al momento del anuncio, Rovira expresó que “hace tiempo venimos trabajando con un think tank con el Poder Judicial, con la facultad que tiene el Legislativo de sancionar leyes con una visión que asegure mejor justicia”.

Con esta trascendental reforma, se introducirán importantes cambios en el sistema penal de la provincia, que abandonará el sistema mixto, que combina elementos del sistema inquisitivo (el juez ejerce la investigación y hay un predominio del expediente escrito) con características del sistema acusatorio (etapa del juicio oral, público y contradictorio), para pasar al sistema acusatorio que tiene como característica principal la oralidad del proceso. Esto permitirá que las decisiones más importantes se adopten en audiencias públicas.

Uno de los aspectos más importantes es el fortalecimiento de la víctima, que deja de ocupar un lugar secundario y pasa a convertirse en un actor central del proceso penal: se amplían sus derechos de información, participación, protección y acompañamiento. En materia de acceso a la justicia, se fortalecen los mecanismos de asistencia a las víctimas y se promueve una justicia más cercana a la comunidad.

Se trata de una modernización del procedimiento penal del alto impacto que permitirá agilizar la resolución de las causas y aportar más transparencia al proceso.

La Comisión encargada del Análisis y Elaboración del anteproyecto del Código Procesal Penal de Misiones, encabezada por el Procurador General de la Provincia Carlos Giménez, llevó adelante una serie de encuentros interdisciplinarios entre el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Colegio de Abogados de Misiones. Se trató de un proceso de carácter participativo en donde cada uno de los actores tuvieron la posibilidad de poder transmitir su idea, su visión y su trayectoria.

De esta forma, Misiones marcará un nuevo hito en el camino de la transformación de la justicia.

La Agencia Tributaria Misiones (ATM) presentó la tercera actualización anual de su apartado “Beneficios ATM”, incorporando los datos correspondientes a 2025 y los resultados de la moratoria del Impuesto a la Patente 2026. El informe refleja un importante volumen de alivio fiscal destinado a personas, sectores productivos y empresas, mediante exenciones impositivas, bonificaciones para contribuyentes cumplidores y planes de regularización tributaria.

La Agencia Tributaria Misiones (ATM) realizó la tercera actualización anual del apartado denominado “Beneficios ATM”, incorporando información correspondiente al ejercicio 2025 y a los resultados alcanzados por la Moratoria del Impuesto a la Patente 2026.

El informe detalla el impacto de las políticas de alivio fiscal implementadas por el organismo provincial, tanto a través de exenciones impositivas como de bonificaciones para contribuyentes cumplidores y programas de regularización de deudas.

En materia de exenciones, la ATM informó que durante 2025 se eximieron más de $26.376 millones anuales en distintos tributos contemplados por el Código Fiscal de la provincia. Los beneficios alcanzan a impuestos como Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotores.

Los sectores favorecidos incluyen a productores primarios, jubilados, personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), beneficiarios de viviendas del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), entre otros grupos contemplados por la normativa vigente.

De acuerdo con los datos difundidos, estas medidas alcanzan a más de 73.000 personas y empresas de toda la provincia, consolidándose como una de las principales herramientas de acompañamiento tributario impulsadas por el Estado provincial.

Por otra parte, la Agencia Tributaria destacó las bonificaciones aplicadas sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para contribuyentes cumplidores en la presentación de sus declaraciones juradas.

Según el informe, durante 2025 estas bonificaciones representaron más de $15.400 millones anuales. Desde el organismo señalaron que este ahorro financiero permite que los recursos permanezcan en la economía real, favoreciendo nuevas inversiones, el desarrollo de actividades productivas y la generación de empleo.

En cuanto a la Moratoria del Impuesto a la Patente 2026, los resultados también fueron valorados positivamente por las autoridades tributarias.

La iniciativa permitió regularizar un total de 18.730 patentes, alcanzando una recaudación de $6.041 millones a través de los distintos planes de adhesión.

Desde la ATM destacaron que la cifra superó ampliamente los resultados obtenidos durante la moratoria 2024/2025, cuando se habían suscripto alrededor de 14.000 planes.

El crecimiento en la cantidad de adhesiones fue interpretado como una muestra de la necesidad existente entre los contribuyentes de contar con herramientas de alivio fiscal que faciliten la regularización de obligaciones tributarias pendientes.

San Ignacio ya no es el paraíso jesuítico de los folletos turísticos. Detrás del mate en la vereda y la calma pueblerina, se esconden abusos, desapariciones sin respuesta y la detención de un docente que traiciona el espacio más sagrado del cuidado. ¿En qué momento naturalizamos vivir con el horror en el patio de casa?

La famosa frase “acá no pasa nada” tan escuchada, tan repetida y tan representativa, hoy ya no nos pertenece. En los últimos 10 años, San Ignacio conoció el horror en primera persona, el pueblo de las Reducciones Jesuíticas hoy cuenta con habitantes que tuvieron perdidas irreparables, desapariciones y desenlaces trágicos.

Hace algunos días, se hizo pública la noticia de un docente de nuestra ciudad, que fue detenido por almacenar material de abuso sexual infantil en sus dispositivos. Más tarde, en la investigación hallaron fotos de su sobrina y analizan un posible caso de Grooming. El joven de 28 años se desempeñaba como docente en un establecimiento educativo de nuestra ciudad, específicamente del tercer grado, es decir, de niños, de nuestros niños.

¿Cómo entra a un aula alguien que esconde el horror en sus dispositivos? Y peor aún: ¿Cómo reaccionamos como vecinos? Este informe duele porque habla de nosotros, los que nos quedamos callados.

San Ignacio, esta es la noticia más reciente de todas las que venimos naturalizando como ciudadanos de la misma. Esta noticia me lleva a narrar los sucesos que a todos nos duelen, pero que miramos para un costado. Quizá, por miedo, porque el poder político muchas veces es un vecino, porque nos conocemos entre todos, porque si hablamos, algún familiar se puede quedar sin trabajo, y hoy la situación no está para arriesgar ¿no? Este informe no busca culpables, este informe busca concientizar colectivamente a la comunidad, a los ciudadanos, a los que nos ponemos la camiseta de “Sanignaciense” cuando hay elecciones, cuando algún club de fútbol nos representa pero que miramos para un costado cuando una madre pide ayuda para encontrar a su hijo, desaparecido hace cinco años.

En el mapa del olvido, en las heridas abiertas, tenemos nombres:

Leonardo David Capli: desaparecido el 1 de octubre de 2021, tenía 16 años. Fue a pescar con sus amigos y nunca más regresó. Su mamá, Angelina Giménez, expresó: “No siento el apoyo del pueblo ni del municipio y me duele muchísimo. Vivir buscando un hijo es terrible, no se lo deseo a nadie”.

La desaparición de Leonardo llegó a medios de comunicación nacionales, como TN, Infobae, Crónica, entre otros. Incluso se realizó una Campaña de Missing Children, con la presencia de los mediáticos, Julieta Poggio y Gregorio Rosello, donde lucían remeras con la cara de Leonardo.

Los amigos de Capli, quienes fueron con él a pescar, nunca quisieron hablar y mencionaron que se sienten amenazados. ¿Por quién? ¿Quién puede sentirse amenazado en un pueblo dónde, según muchos vecinos, nunca pasa nada? ¿Qué hay detrás de ese silencio? ¿Se trata del temor a personas concretas? ¿A una organización? ¿A alguien con poder o influencia? ¿Existen redes de complicidad que permiten ocultar información durante años? ¿O estamos frente a una combinación de miedo, silencio y ausencia de respuestas que, hasta hoy, nadie ha logrado romper?

Hoy, hay una mesa donde falta un hijo, y ese hijo, amigo, hermano, es Leonardo.

Luis Otazo: desaparecido el 23 de mayo de 2023, tenía 56 años al momento de la desaparición, salió de su domicilio rumbo a su trabajo en la localidad de Santa Ana y nunca regresó.

Nuevamente, surge la incógnita, ¿Cómo puede una persona salir de su casa y desaparecer sin dejar rastros? Pero quizás la pregunta más inquietante sea otra: ¿En qué momento una sociedad se acostumbra a convivir con la ausencia? ¿Cuándo normalizamos que alguien deje de estar y qué, simplemente, nunca más se sepa de él?

Graciela Soto: falleció en la madrugada del 12 de enero de 2024.

En principio, se instauró la idea de que fue un suicidio, pero rápidamente quedó descartado, ya que la autopsia arrojó que la muerte se produjo por asfixia por ahorcamiento con una cuerda que fue encontrada en la casa. Además, se confirmó que un tercero participó en provocarle la asfixia.

Dos años después de este femicidio, no hay detenidos. Y es un caso, que, si no traemos a memoria, quedará en el olvido como tantos otros.

Joven de 18 años, victima de abuso sexual: Se despertó en un conocido camping de la Ciudad de San Ignacio y la escena fue de terror; cinco hombres a su alrededor, dolor y sangre.

Su padre, Sargento Primero de la Policía de Misiones, fue quien la rescato, gracias al aviso que la víctima pudo comunicar a través de WhatsApp. El relato de la joven y de su padre mencionan que había un rostro conocido en medio de esos cinco hombres. Se trata de un Sargento de la Policía que se desempeñaba como custodia/chofer del Intendente de San Ignacio.

La familia denunció el hecho como una red de tratas de personas con fines de explotación sexual. Sin embargo, la Coordinación Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Trata, aclaró que la causa se radicó bajo la carátula de abuso sexual.

¿Trata de personas? ¿San Ignacio? ¿Un pueblo con poco más de 10.000 habitantes?

Hay un patrón que se repite en estos casos mencionados, y es que la mayoría no tiene final, no hay detenidos, y siguen en búsqueda. La falta de respuestas de la justicia penalizó a las familias al olvido.

Conocemos sobre el manejo de la justicia en Argentina y sus fallas, pero no quiero hablar de ello, no nos compete, pero si, hablar de nuestro actuar. ¿Cómo nos acostumbramos a que estos actos atroces sean parte de la agenda diaria de un ciudadano de San Ignacio? ¿Cuándo nos dejó de doler lo que le pasa a un vecino? ¿Por qué el titular de DESAPARICIÓN no nos conmueve?

La anatomía del silencio parte de cómo el pueblo procesa la tragedia:

Primero llega el shock, el murmullo en la panadería o la plaza.

El “no te metas” por miedo a quién puede estar detrás. Y acá me detengo, porque a las personas que les comenté que quería realizar este informe, antes de apoyarme en mi labor periodística, me dijeron en un tono preocupante “¿Estás segura?”, me preguntaron, y también: “Tenes que tener mucho cuidado”, es como si colectivamente supiéramos que hay alguien o algo manejándonos, pero no sabemos quién o qué es, pero es una sombra que te atemoriza, hasta el punto de mirar para un costado ante el dolor de una familia con un desaparecido, o de muertes con cierres inconclusos.

Aparece el “rumor” que divide a los vecinos, porque la historia es contradictoria, porque hay cosas que no “cierran” en la escena, porque ponemos en duda el relato, porque la víctima andaba en “cosas raras”, porque la pollera era cortita, como si todo eso fuese una justificación para que alguien tenga el derecho a desaparecerte. Y por eso nosotros nos llamamos al silencio, porque no sabemos “cómo fue”. ¿Hay que entender cómo fue para saber que un abuso sexual está mal y penado por la Ley? ¿Dónde quedó la empatía ciudadana?

Y cuando deja de existir esa empatía, comienza el camino al olvido total. Y este informe tiene ese objetivo, recordar hoy a Leonardo, a Luis, a Graciela, a la joven de 18 años y a sus familiares. No solo les tocó atravesar el hecho aberrante en sí, sino una justicia lenta, un pueblo que no les abrazó, o que quizá tuvo la intención de abrazarlos, pero por temor no lo hizo.

¿Es cansancio, es miedo o es que, si el hijo derramado no es el nuestro, la sangre pesa menos?

En San Ignacio todos compartimos los mismos espacios. Los que deben investigar, los que deben proteger y los sospechosos cruzan las mismas miradas en las calles. ¿Cómo se pide justicia cuando el poder es un vecino más? El miedo a hablar es real, pero el costo de callar está siendo demasiado alto.

¿Qué pueblo le estamos dejando a los que vienen?

Seguimos siendo el pueblo del turismo y los estudiantes cruzando la plaza, pero hoy las madres del pueblo miran a sus hijos salir a la calle con un nudo en la panza. No podemos seguir usando la etiqueta de “pueblo tranquilo” como una manta para tapar los cadáveres y abusos.

La Justicia puede fallar, los expedientes pueden cajonearse, pero la condena social y la empatía dependen de nosotros.

San Ignacio no va a recuperar la paz escondiendo la basura debajo de la alfombra. La paz se recupera defendiendo a los nuestros. Que el silencio no sea nuestra próxima condena. Reaccionar ya no es una opción política o judicial; es un deber humano antes de que la indiferencia nos termine de borrar.

Desde mi lugar de periodista y sobre todo de ciudadana de esta localidad, siento la responsabilidad de contar la verdad, una verdad que alguien no quiere que se sepa. Guardar silencio nunca será una opción cuando lo que está en juego es la memoria, la justicia y el derecho de una sociedad a saber.

Nota: Davina Ibarra

Con la incorporación del sistema acusatorio, la reforma impulsada por el líder de Encuentro Misionero marcará un antes y un después en la administración de justicia en Misiones. Menos burocracia, más oralidad, mayor protagonismo de las víctimas y herramientas modernas para investigar delitos complejos son algunos de los cambios que buscan acercar respuestas más rápidas y transparentes a la sociedad.

La Justicia cumple su función cuando llega a tiempo. Una investigación que se extiende durante años, un expediente que no avanza o una resolución que tarda demasiado terminan generando frustración y desconfianza. Tanto para una víctima que espera respuestas como para una persona que necesita demostrar su inocencia, una Justicia lenta deja de ser justicia.

Por eso, el anuncio realizado por Carlos Rovira sobre la reforma del Código Procesal Penal de Misiones es un cambio histórico que satisface una demanda que lleva más de 30 años en nuestra provincia: transformar la manera en la que se investigan y juzgan los delitos en la Misiones para lograr procesos más rápidos, más transparentes y más comprensibles para los ciudadanos.

El sistema acusatorio

El principal cambio es la incorporación del denominado sistema acusatorio, un modelo que ya funciona en distintas provincias argentinas y que también se viene implementando en la Justicia Federal.

En el sistema acusatorio, cada actor cumple una función específica. El fiscal investiga los hechos, reúne las pruebas y sostiene la acusación. La defensa protege los derechos del imputado. Y el juez se encarga de controlar que todo se haga conforme a la ley y toma la decisión final, es decir, la sentencia.

La lógica es simple: cada uno hace lo que le corresponde. De esta manera, el juez no participa de la investigación. Su tarea es escuchar a las partes, evaluar las pruebas y decidir con imparcialidad.

¿Cómo es el sistema hoy?

En el sistema actual, gran parte de las actuaciones se desarrollan dentro de expedientes escritos y el juez tiene una participación mucho más activa durante la investigación. Muchas decisiones se toman a través de trámites, escritos y presentaciones que van acumulándose en un expediente y que hace que los procesos sean largos, excesivamente burocráticos e inaccesibles para los ciudadanos.

Por supuesto, la demora de una causa puede responder a múltiples factores. Sin embargo, existe un consenso cada vez más amplio sobre la necesidad de modernizar los procedimientos para que las respuestas lleguen en tiempos razonables.

Del expediente a la audiencia

Quizás la diferencia más importante para el ciudadano común sea que, en el sistema actual, gran parte del proceso ocurre dentro de un expediente mientras que en el sistema acusatorio la mayor parte del proceso tendrá lugar en audiencias con la presencia de todas las partes.

Allí, fiscales y defensores presentarán sus argumentos frente al juez de manera directa. Esto permite que el proceso sea más dinámico y más fácil de comprender. En lugar de una sucesión interminable de escritos y trámites, las pruebas se discutirán cara a cara y las decisiones importantes se van a adoptar en un ámbito público y a la vista de todos los implicados y de la comunidad.

Los beneficios de la Reforma

Uno de los principales objetivos es acelerar los tiempos de la Justicia. Al concentrar muchas actuaciones en audiencias y reducir trámites burocráticos, los procesos podrán avanzar con mayor rapidez.

También mejorará la transparencia. Porque las decisiones se tomarán en audiencias públicas, con un mayor control por parte de la sociedad y de los propios protagonistas del proceso, quienes tendrán más oportunidades de plantear sus argumentos de manera directa y en igualdad de condiciones.

Otro beneficio no menor es la imparcialidad. Como el juez no tiene a su cargo la investigación, llega al momento de decidir sin haber intervenido previamente en la construcción del caso, y por lo tanto se fortalece su rol como garante de equilibrio entre las partes.

Pero la reforma no se limita al funcionamiento de jueces y fiscales. También busca fortalecer a las víctimas. Muchas veces, quienes sufren un delito sienten que, después de realizar la denuncia, quedan al margen de lo que ocurre con la causa. El nuevo esquema apunta a que tengan más información, más acompañamiento y una participación más activa durante el proceso.

Además, se propone eliminar trabas y formalidades innecesarias que suelen dificultar el acceso a la Justicia. El objetivo es simple: dedicar menos tiempo a los trámites y más tiempo a resolver los problemas de las personas.

La Justicia ante los nuevos desafíos

La reforma también incorpora herramientas para enfrentar modalidades delictivas cada vez más complejas y tecnológicas. Las estafas virtuales, los delitos informáticos y los hechos que dejan rastros en teléfonos celulares, computadoras o redes sociales exigen nuevas capacidades de investigación.

Por eso, el proyecto fortalece el uso de evidencia digital y de herramientas tecnológicas que permitan producir pruebas más sólidas y dar respuestas más eficaces frente a las nuevas formas de criminalidad.

La idea no es reemplazar el trabajo de jueces, fiscales o defensores, sino brindarles mejores herramientas para investigar delitos que ya forman parte de la realidad cotidiana.

Una reforma pensada para los ciudadanos

Detrás de los términos jurídicos y de las reformas procesales, la discusión de fondo es mucho más sencilla de lo que parece. Los ciudadanos no quieren más expedientes ni más trámites. Reclaman respuestas. Quieren que los delitos se investiguen, que los responsables sean juzgados y que las respectivas decisiones para ello lleguen en tiempos razonables.

La reforma anunciada por Carlos Rovira este jueves en la Cámara de Representantes transita precisamente en esa dirección. Busca una Justicia más ágil, más transparente y más cercana a la sociedad. Cuando una respuesta judicial llega demasiado tarde, pierde su valor. Si la Justicia no es rápida, no es clara y no es transparente, se quiebra uno de los pilares fundamentales de la república: la confianza que los ciudadanos depositamos en la Justicia como el camino para resolver nuestras diferencias y para llegar a la verdad de los hechos.