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Este lunes 2 de marzo inicia formalmente el ciclo lectivo 2026 en la provincia, con la mirada puesta en garantizar el regreso a clases con seguridad y en óptimas condiciones, el Gobierno misionero implementó un fuerte plan de de inversión para fortalecer la infraestructura escolar, de esta manera, alrededor de tres mil instituciones educativas se encuentran en condiciones para, junto a un plantel de 35 mil docentes, recibir a más de 400 mil alumnos de todos los niveles.

En ese marco, durante los meses previos, el Gobierno provincial destinó al sistema educativo misionero más de 1.150 millones de pesos a trabajos de mantenimiento, mejoras edilicias y equipamiento en establecimientos escolares de distintos municipios.

El plan forma parte de una estrategia que contempla infraestructura escolar (que continuará ejecutándose durante todo el año), sostenimiento del Boleto Educativo Misionero (BEM), la actualización salarial docente prevista para el primer tramo del año, entre otros.programas que garantizan el acceso al sistema educativo.

En ese contexto, el gobernador Hugo Passalacqua, dispuso una serie de medidas para garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje, con un retorno al aula seguro y que permitan garantizar el acceso a la educación y la inclusión de todos los niños, adolescentes y jóvenes misioneros.

Educación pública de gestión privada

Además, cabe destacar que Misiones cuenta con 263 establecimientos educativos públicos de gestión privada, de los de los cuales 247 son financiados a través del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), lo que representa el 96,47 por ciento del total.

Dentro de esas 263 instituciones, distribuidas en toda la provincia, se comprende a un plantel integrado por 13.400 educadores, para recibir este año a aproximadamente 135 mil alumnos.

Obras en establecimientos educativos

Respecto a la inversión del Gobierno de Misiones, de 1.150 millones de pesos, la misma es destinada a trabajos de mantenimiento, mejoras edilicias y equipamiento en establecimientos educativos de distintos municipios. El plan forma parte de una estrategia que contempla infraestructura, sostenimiento del Boleto Educativo Misionero (BEM), la actualización salarial docente prevista para el primer tramo del año, entre otros.programas que facilitan el acceso al sistema educativo.

Toda esta asignación presupuestaria se financia con recursos propios de la Provincia ante la baja recaudación, debido a la actual coyuntura que vive el país y afecta también a los misioneros, y la merma en el envío de fondos nacionales.

El Boleto Educativo Misionero, una herramienta clave

De acuerdo a las cifras oficiales, el BEM alcanza a alrededor de 400 mil usuarios que utilizan el beneficio cada año. La iniciativa permite a estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario acceder al transporte público sin costo. De ese modo, favorece la continuidad de los estudios y brinda un alivio fundamental para la economía de las familias.

De ese total, unos 250 mil alumnos utilizan diariamente el Boleto Educativo Misionero para ir a la escuela y regresar a sus hogares.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través de la web oficial. Por ello, el funcionario pidió realizar el trámite antes del inicio de clases para evitar demoras y contrastó que la alta demanda diaria refleja el alcance territorial de la política.

El ahorro para las familias resulta significativo. Si un pasaje cuesta 1.365 pesos con SUBE, y un estudiante de primaria requiere de dos pasajes diarios, lo que representa 40 pasajes al mes durante nueve meses, da un ahorro de $491.400 por estudiante.

En el caso de un hijo que esté cursando en una escuela técnica, donde los estudiantes pueden utilizar cuatro pasajes diarios, serían 80 viajes al mes durante nueve meses de clases, cada estudiante tendría un ahorro aproximado de $982.800, cálculo que muestra el verdadero impacto económico del BEM en las familias misioneras.

Medidas que aliviaron el bolsillo

Además de la disposición del Boleto Educativo Misionero, el gobierno de Misiones brindó una serie de medidas para que las familias puedan tener en cuenta en la previa al inicio a clases.

Una de ellas tiene que ver con los Programas Ahora, puntualmente los Ahora Escolar y Ahora Textos. El Ahora Escolar estará vigente los días jueves y viernes hasta el 13 de marzo de 2026. Ofrece financiación en 1 o 6 cuotas sin interés y un reintegro del 25% (20% en comercios no misioneros) con un tope de $37.200 por operación, sin límite de monto financiable. Están incluidos artículos de librería, uniformes, guardapolvos, indumentaria y calzado. El costo del reintegro se distribuye con un 10% a cargo del comercio y un 15% absorbido por el Banco y la Provincia (10% en comercios no misioneros), mientras que el costo financiero es asumido por ambas entidades.

Por su parte, el programa Ahora Textos, se extiende hasta el 30 de abril de 2026, también los jueves y viernes. La financiación alcanza 1, 3 o 6 cuotas sin interés, sin límite de compra. El programa está orientado exclusivamente a la compra de libros, revistas y publicaciones similares. En este caso, los comercios afrontan un 3% de costo financiero, mientras que el resto es cubierto por el Banco y la Provincia.

Otra cuestión no menor en este sentido fue la acreditación del pago de la Ayuda Escolar. El beneficio alcanzó a trabajadores con uno o más hijos en edad escolar.

El monto establecido es de $91.000 por cada hijo. En los casos de hijos con discapacidad, la suma ascendió a $227.500 por cada uno.

El pago de la Ayuda Escolar se enmarcó en un esquema de políticas educativas y de asistencia económica antes del inicio de clases

El gobierno nacional ahorca financieramente a las provincias mientras, en simultáneo, se desentiende de múltiples obligaciones sumiendo al país en un escenario recesivo y con una inflación en alza.

El país entra en un semestre que no asoma sencillo. No es una metáfora climática, sino una sequía de recursos. Caen la recaudación y la Coparticipación, la Nación profundiza el ajuste y la economía no muestra señales de crecimiento, no arranca. El consumo no despega, la inversión privada no aparece y el crédito sigue restringido. El resultado es un paisaje conocido: ahogo financiero, industrias que sustituyen producción local por importaciones más baratas y menos demanda de trabajo misionero y argentino.

En el preámbulo de la apertura de sesiones ordinarias los datos fiscales arrojados por IARAF son alarmantes, según el instituto, el mes de febrero de 2026, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5.443.000 millones en concepto de Coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $4.424.000 millones enviados durante igual período del año anterior. Es decir que se observó una variación nominal del 23%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una baja real del 7,4%. Por su parte, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habrían descendido un 8,8% real. Según la información suministrada por la DNAP, la caída de la coparticipación neta en febrero se debería principalmente a la disminución real interanual del 13% del IVA, mientras que el impuesto a las ganancias también mostró una variación negativa, del 0,8%. En conjunto la recaudación de IVA e IIGG habría registrado una baja real interanual del 8,3%. No obstante, la caída en la recaudación de impuestos internos de 16,6% generó que la coparticipación neta tuviera una variación negativa del 8,8%.

Al igual que en enero, una de las principales causas de esta baja de recaudación del IVA sería el impacto en la recaudación proveniente de Aduana (IVA DGA) de la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto. Dicho esto, es esperable que en febrero se de uno de los últimos impactos de esta medida de administración tributaria tomada inicialmente en el año 2023. Luego, en el acumulado de los primeros dos meses del año de la suma de estos tributos, la variación interanual real habría sido negativa por 8,1%.

Cuando una fábrica decide traer de afuera lo que antes hacía en casa, no es un dato técnico: es menos turnos, menos horas extra, menos empleo. Es una señal de recesión. En ese contexto, el Estado provincial también siente el impacto. Si la actividad cae, la recaudación se resiente. Y si la Nación recorta y elimina transferencias, el margen se vuelve todavía más estrecho.

Van más de dos años desde que asumió el Presidente Javier Milei con la promesa de ordenar la macroeconomía para que luego llegara el crecimiento. El Congreso le aprobó leyes, delegaciones y reformas profundas. La pregunta es ¿cuánto tiempo más hay que esperar para que la economía real despegue? Porque el empleo no crece si la economía no crece. Y cuando el consumo se retrae y la producción se achica, lo que aumenta es el endeudamiento de las familias. La tarjeta reemplaza al salario.

La reforma laboral fue la salida que presentó el gobierno nacional, pero si la economía sigue sin crecer, no tendrá ningún efecto. La imagen reciente de cientos de jóvenes compitiendo por un trabajo formal no es solo una postal urbana: es la expresión concreta de una economía que no absorbe mano de obra al ritmo que la sociedad necesita. En las últimas horas se hizo viral la extensa fila de personas buscando un empleo en un supermercado posadeño.

En cuanto a la reforma, uno de sus autores, el abogado Julián de Diego, lo señaló claramente: la reforma tiene otros propósitos, pero no el de crear empleo. Sin crecimiento económico y sin demanda no hay manera que se generen puestos de trabajo.

Repensarse

Así como la política, la sociedad también debe auto evaluarse. Muchos trabajadores —incluidos empleados públicos— acompañan el discurso del ajuste general y al mismo tiempo reclaman subas salariales por encima de la inflación. La contradicción es evidente: no se puede reducir de manera drástica el tamaño del Estado y esperar que los ingresos estatales crezcan en paralelo, exigiendo salud, educación, boleto gratuito, vivienda y servicios.

Uno de los aspectos salientes del clima de época es que el trabajador vota contra sus intereses: se piensa que el perjudicado será otro. Que el castigo es para “la casta”, “los ñoquis” o algún hombre de paja que se cree para la ocasión.

Todos los modelos económicos tienen ganadores y perdedores: el de Milei, Caputo y compañía no contempla a las mayorías. Les sobra gente.

Gestionando la escasez

Misiones, por su estructura productiva, siente con más fuerza estos ciclos. Las economías regionales dependen del transporte, del mercado interno, de la obra pública y del crédito. Cuando el engranaje nacional se frena, el golpe se amplifica en la periferia. Por eso se habla de un semestre seco. No por fatalismo, sino por realismo.

En ese escenario, el Gobierno provincial intenta sostener una estrategia distinta: administrar con prudencia y hacer lo posible con herramientas limitadas. En los últimos días se anunció la eliminación de 114 cargos jerárquicos para simplificar la estructura y cuidar recursos. No se trató de un gesto ruidoso sino de una decisión orientada a reducir gastos políticos y optimizar áreas sustantivas. La idea es clara: si los ingresos caen, hay que ordenar puertas adentro antes de pedir esfuerzos afuera.

Al mismo tiempo, se firmaron convenios con el Consejo Federal de Inversiones para canalizar financiamiento productivo y fortalecer infraestructura estratégica. Son 5.500 millones de pesos dirigidos a PyMEs, con foco explícito en sostener y generar empleo. En palabras del propio gobernador, en momentos de dificultad hay que poner los pocos recursos donde más impacto tengan sobre el trabajo.

La lógica es micro antes que declamatoria. Los programas Ahora volvieron a marcar récords de ventas en 2024 y 2025, inyectando casi 100 mil millones de pesos en el mercado local el año pasado. No resuelven la macro, pero sostienen comercio, consumo y empleo. Las inversiones en EFAs antes del inicio de clases, las recorridas por fiestas productivas como la del Té en Campo Viera, la presencia en territorio: son señales de una política que intenta no desentenderse de la crisis.

Hay una corriente que empieza a tomar forma entre referentes del gobierno, entendiendo el momento: bajar el tono, trabajar más y hablar menos. Despolitizar el gesto, cuidar cada peso, reenamorar desde la modestia. En tiempos donde sobran gritos y faltan certezas, la administración callada puede ser un activo. Gobernar como minoría aun estando en mayoría: con prudencia, sin despilfarros y con cercanía.

Nada de esto elimina las tensiones que se avecinan. Cuando faltan recursos, los conflictos aparecen. Los gremios presionan, los empresarios reclaman, la sociedad se impacienta. Pero también es cierto que Misiones parte de una cultura fiscal históricamente austera y de una estructura estatal que no está sobredimensionada en relación con su población.

Un dato que se suele soslayar es la ausencia de deuda pública en divisas por parte de la provincia. Esta semana se conoció que Entre Ríos colocó bonos por 300 millones de dólares a una tasa de casi 10% anual para financiar pasivos principalmente. Un despropósito en toda regla.

Es un ejercicio interesante pensar que dirían los actores que se celebran este tipo de colocaciones si Misiones hiciera algo similar: tomar deuda en dólares a una tasa de dos dígitos para refinanciar pasivos o para gastos corrientes en pesos.

El desafío del semestre será doble. A nivel nacional, que la promesa de crecimiento deje de ser expectativa y se convierta en realidad tangible, algo que parece casi imposible. A nivel provincial, resistir la sequía sin romper el tejido social. En un contexto adverso, la salida no parece estar en más consignas sino en más producción, más inversión y más trabajo.

Porque, al final, la economía no se ordena solo recortando. Se ordena cuando vuelve a crecer. Y crecer, en una provincia como Misiones, significa cuidar el empleo, sostener a quienes producen y no abandonar a quienes dependen del Estado para atravesar la tormenta.

La palabra “estanflación” vuelve a cobrar protagonismo al analizar la economía argentina, reflejando un fenómeno donde los precios continúan subiendo mientras la actividad económica se mantiene estancada. En enero, la inflación mensual alcanzó el 2,9 %, mientras el consumo y la producción siguen en franco retroceso, una señal de que el crecimiento no logra despegar. Economistas liberales como Domingo Cavallo y Carlos Melconian señalan que los desequilibrios en los precios relativos, combinados con la falta de recuperación económica, generan un escenario crítico donde, como advierten, “esté crujiendo todo por la estanflación”. Este cuadro plantea un desafío doble: contener la inflación sin frenar aún más la actividad productiva.

El impacto se siente en todos los niveles. Las fábricas traen productos importados en lugar de producir localmente: menos turnos, menos horas extra, menos empleo. El comercio no vende y los productores no producen. Las familias ven su capacidad de consumo reducida y los créditos se vuelven más caros o inaccesibles. Es un panorama de recesión con inflación, donde cada medida tiene efectos directos sobre el bolsillo y el empleo.

Misiones, por su estructura productiva, sufre con más fuerza estos ciclos. Economías regionales que dependen del transporte, el mercado interno, la obra pública y el crédito sienten el golpe más fuerte. Cuando el engranaje nacional se frena, la caída se amplifica: menor recaudación provincial y mayores restricciones para sostener servicios y salarios.

En ese contexto, el gobierno provincial implementa medidas concretas para resistir la crisis: eliminó 114 cargos jerárquicos para optimizar la estructura y cuidar recursos; firmó convenios con el Consejo Federal de Inversiones por 5.500 millones de pesos destinados a PyMEs; y fortaleció infraestructura estratégica, todo con foco en sostener y generar empleo. La lógica es clara: ordenar puertas adentro antes de pedir esfuerzos afuera.

La provincia también apuesta a políticas microeconómicas que sostienen el consumo y la producción local. Los programas Ahora volvieron a marcar récords en 2024 y 2025, inyectando casi 100 mil millones de pesos en el mercado local. Se hicieron inversiones en EFAs antes del inicio de clases, se recorrieron fiestas productivas como la del Té en Campo Viera y hubo constante presencia en territorio. Son medidas pequeñas pero concretas, que buscan mantener comercio, empleo y producción en medio de la crisis.

A nivel nacional, la inflación se aceleró incluso con un tipo de cambio estable, impulsada por aumentos en alimentos como carne y tomate, y en servicios regulados. La economía se mueve a dos velocidades: el sector primario crece, mientras la mayoría de los demás sectores muestran caídas o desempeños débiles. Esta combinación es la esencia de la estanflación: precios al alza en un marco de estancamiento productivo.

El empleo privado cayó durante todo el segundo semestre de 2025, y el salario real terminó por debajo del año anterior. Los créditos en mora se triplicaron. Empresarios como Camilo Alan denuncian competencia desleal de importaciones y advierten que la inversión realizada queda en riesgo si no se reactiva el consumo. La estanflación “es muy jodida”, afirma, y su experiencia refleja la presión que sufren empresas y familias.

La reforma laboral, impulsada por el gobierno nacional, no alcanza para revertir la situación si la economía sigue sin crecer. La pregunta que se repite es la misma desde hace años: ¿cuánto tiempo más hay que esperar para que la economía real despegue? Porque el empleo no crece si la economía no crece, y cuando el consumo se retrae y la producción se achica, lo que aumenta es el endeudamiento de las familias.

La salida de la estanflación requiere coordinación, prudencia fiscal y políticas concretas que protejan a familias, PyMEs y sectores estratégicos. En tiempos donde sobran gritos y faltan certezas, la administración callada y prudente puede ser un activo. Gobernar con recursos limitados implica cuidar cada peso, sostener empleo y producción, y no abandonar a quienes dependen del Estado para atravesar la tormenta.

Al final, la economía no se ordena solo recortando. Se ordena cuando vuelve a crecer. En una provincia como Misiones, eso significa cuidar el empleo, sostener a quienes producen y garantizar que la sociedad resista un semestre complejo sin romper el tejido social. La estanflación es real, y solo con acciones concretas se puede mitigar su impacto mientras se espera que la economía vuelva a arrancar.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP, puso el foco en los movimientos de dinero que realizan los monotributistas a través de billeteras virtuales. La medida implica que estos datos se incorporen a los sistemas de control y fiscalización con el objetivo de contrastarlos con la facturación declarada por cada contribuyente.

El crecimiento de las fintech y el uso masivo de aplicaciones como Mercado Pago, Naranja X o Ualá consolidaron a las billeteras digitales como uno de los principales medios de pago en el país. En ese contexto, ARCA amplió el universo de información que analiza, incluyendo transferencias y depósitos realizados en estas plataformas.

Según el esquema vigente, el organismo puede considerar la totalidad de los movimientos registrados, ya sean transferencias propias, de terceros o pagos recibidos, y compararlos con los ingresos declarados en el monotributo. Si detecta inconsistencias relevantes entre los montos facturados y los fondos acreditados, puede iniciar procesos de revisión.

Entre las posibles consecuencias figura la recategorización de oficio, un procedimiento mediante el cual el sistema ajusta automáticamente la categoría del contribuyente si entiende que superó los parámetros establecidos. En casos más graves, también podría evaluarse la exclusión del régimen simplificado.

Además, las billeteras virtuales actúan como agentes de información ante el fisco y, en determinadas operaciones, pueden aplicar retenciones vinculadas a impuestos como Ingresos Brutos. Esto refuerza el cruce de datos entre las plataformas digitales y el organismo recaudador.

Especialistas recomiendan a los monotributistas llevar un control detallado de sus movimientos y verificar periódicamente que los montos acreditados coincidan con la facturación declarada. El sistema informático utilizado para estos cruces permite detectar desvíos y aplicar ajustes automáticos, por lo que mantener la información actualizada resulta clave para evitar sanciones.

El Decreto N° 267 suprime más de 80 direcciones y niveles jerárquicos y fija 90 días para completar el rediseño administrativo del Estado provincial.

El gobernador Hugo Passalacqua firmó el Decreto N° 267 y puso en marcha un proceso de modernización que implica una reconfiguración profunda del organigrama del Poder Ejecutivo provincial. La norma, publicada este miércoles 25 de febrero en el Boletín Oficial N° 16542, dispone la supresión de más de 80 direcciones, coordinaciones, secretarías privadas y otros niveles jerárquicos distribuidos en 17 jurisdicciones del Estado.

La medida se apoya en las facultades otorgadas por la Ley I – N° 70 (Ley de Ministerios), que habilita al Ejecutivo a adoptar decisiones para garantizar el adecuado funcionamiento de la Administración Pública.

Rediseño estructural del Ejecutivo en 90 días

El decreto establece un plazo de 90 días para que ministerios y secretarías adecuen sus estructuras internas. Según se detalla en los considerandos, el Ejecutivo realizó un “análisis exhaustivo” de la organización vigente con el objetivo de racionalizarla, modernizarla y hacerla más ágil.

El diagnóstico oficial sostiene que muchos escalones jerárquicos creados hace muchos años dejaron de ser funcionales a la dinámica actual de gestión. La eliminación de esos niveles intermedios apunta a dotar de mayor coherencia interna y eficiencia operativa a las áreas.

El artículo 1° suprime las estructuras detalladas en los Anexos I a IX.
El artículo 2° dispone que las unidades que dependían de áreas eliminadas pasarán a depender directamente de la Unidad Superior de cada jurisdicción.
El artículo 3° fija el plazo de adecuación administrativa.

Gobernación y ministerios: qué áreas se eliminan

En la órbita de la Gobernación se suprimen subsecretarías, direcciones y coordinaciones vinculadas a gestiones interinstitucionales, economía social, prensa, seguimiento y evaluación, entre otras.

El Ministerio de Gobierno elimina direcciones de gestión administrativa, técnica, participación ciudadana, formación e informática, legal y técnica, servicios e información pública.

En Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos se suprimen secretarías privadas, direcciones de programas y proyectos, áreas de registraciones, rendiciones, despacho y organización logística.

La reorganización también alcanza a Desarrollo Social, Salud Pública, Agro y Producción, Educación, Ecología, Turismo, Deportes, Industria, Acción Cooperativa, Energía, Agricultura Familiar, Cultura, Prevención de Adicciones y Cambio Climático.

En varios casos se eliminan secretarías privadas y coordinaciones generales de asesores, concentrando las responsabilidades bajo conducción directa de las máximas autoridades de cada cartera.

Un plan de reordenamiento jerárquico

El decreto no dispone cesantías ni recortes salariales. Desde el Ejecutivo se aclara que la modificación es organizativa y jerárquica. Las funciones continuarán bajo nuevas dependencias directas.

En los fundamentos también se subraya que Misiones mantiene históricamente una de las menores relaciones de empleados públicos por habitante del país. El objetivo, según el texto oficial, es simplificar la estructura de conducción y evitar superposiciones.

Con esta decisión, el Gobierno provincial inicia un proceso de modernización que implica un rediseño administrativo que deberá completarse en un plazo de tres meses. La señal política es clara: avanzar hacia un esquema más compacto, con menos niveles intermedios y mayor concentración de responsabilidades en las máximas autoridades, en un contexto nacional donde la modernización del Estado está en el centro del debate público.

La Agencia Tributaria Misiones realiza otra edición del tradicional Sorteo de Consumidores Finales sobre los Ingresos Brutos, una iniciativa creada con el objetivo de reconocer y premiar la conducta responsable de los contribuyentes que solicitan los comprobantes respaldatorios en cada compra realizada en la provincia.

El programa busca promover una cultura tributaria basada en la responsabilidad ciudadana. Al pedir ticket o factura, los consumidores colaboran con la equidad tributaria, fortaleciendo la transparencia comercial y contribuyendo a que la Provincia pueda llevar adelante políticas públicas que benefician a todos los misioneros.

Cómo participar

Para formar parte del sorteo, los interesados deben reunir 10 facturas o tickets de comercios ubicados en Misiones y colocarlos en un sobre blanco. Es importante tener en cuenta que:

Los sobres deben ser exclusivamente blancos. Aquellos que sean de colores o presenten características distintivas quedarán automáticamente descalificados.

Cada sobre debe contener 10 tickets.

Se pueden repetir hasta 2 comprobantes del mismo comercio.

Participan los comprobantes emitidos desde el día del sorteo anterior (12 de marzo de 2025) hasta el 12 de marzo de 2026 inclusive.

En el dorso del sobre se deberán consignar los siguientes datos:

• Apellido y nombre completo
• Tipo y número de DNI
• Domicilio (calle, número y localidad)
• Teléfono y correo electrónico

Además, al dorso de cada comprobante deberá indicarse nombre y apellido, y la fecha en caso de que no sea legible.

En el frente del sobre deberá leerse claramente la leyenda:
“SORTEO CONSUMIDORES FINALES IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS”.

Los sobres pueden enviarse por correo postal a la sede central de la Agencia Tributaria Misiones, ubicada en calle San Martín N° 1754 de la ciudad de Posadas, o depositarse sin cargo en las urnas habilitadas en Posadas y en las Delegaciones del interior. En todos los casos, deben ser entregados hasta el día anterior al sorteo.

Publicación de ganadores y entrega de premios

La lista de ganadores será publicada en las redes sociales oficiales de la Agencia Tributaria Misiones y en su sitio web institucional: www.atm.misiones.gob.ar

Finalizado el sorteo, los ganadores serán contactados por personal de la ATM a través de los datos consignados en los sobres. Posteriormente, y una vez cumplimentados los trámites administrativos, se coordinará la entrega de los premios.

Las exportaciones misioneras registraron en enero su mejor desempeño para ese mes en más de una década, impulsadas principalmente por las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), que volvieron a ser el principal rubro exportado. Las ventas al exterior alcanzaron los US$ 34 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 14,7% y el mejor enero desde 2011. El inicio de 2026 confirma así la consolidación de un perfil productivo centrado en el valor agregado.

El dato más relevante es el marcado predominio de productos industrializados. El 95% de las exportaciones correspondieron a manufacturas, ratificando el sesgo industrial y agroindustrial de la matriz productiva provincial. Las MOA concentraron el 53% del total exportado, con ingresos por US$ 17,9 millones y una suba del 12% en comparación con enero del año pasado.

Por su parte, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) explicaron el 42% de las ventas externas, al sumar US$ 14,5 millones y mostrar el mayor dinamismo relativo, con un crecimiento interanual del 20%. En contraste, los Productos Primarios (PP) aportaron US$ 1,7 millones, equivalentes al 5% del total, y registraron una leve caída del 1% frente al mismo mes de 2025.

En términos físicos, la provincia exportó 49.231 toneladas, un 1% más que un año atrás. Las MOA totalizaron casi 23 mil toneladas (+2%), mientras que las MOI superaron las 21 mil toneladas, con un fuerte incremento del 29%. Los productos primarios rondaron las 5 mil toneladas y evidenciaron una caída del 47% en volumen. El precio promedio de exportación se ubicó en US$ 693 por tonelada, un 13% superior al de enero de 2025.

En el plano regional, Misiones volvió a liderar el NEA al concentrar el 42% de las exportaciones totales del bloque, que ascendieron a US$ 81 millones según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. La provincia se ubicó por encima de Corrientes (US$ 24 millones), Chaco (US$ 21 millones) y Formosa (US$ 2 millones). Además, fue el segundo distrito con mayor crecimiento regional, solo detrás de Chaco.

El rasgo distintivo misionero frente a sus vecinos volvió a ser el peso de las manufacturas: US$ 32 de los US$ 34 millones exportados provinieron de MOA y MOI. Con estos números, la provincia se posiciona como el principal motor industrial y agroindustrial del NEA en el arranque del año, consolidando un modelo exportador basado en el valor agregado.

Las empresas de medicina prepaga volverán a incrementar sus cuotas en marzo hasta un 3,2%, en una nueva actualización que se da bajo el esquema de desregulación del sistema de obras sociales y prepagas implementado por el Gobierno nacional. Aquella reforma eliminó el mecanismo de autorización previa y habilitó mayor libertad para fijar aranceles, un cambio que desde entonces derivó en ajustes periódicos. El nuevo aumento, alineado con la inflación de enero, vuelve a presionar el bolsillo de los afiliados y se suma a la inercia de precios.

Según informaron las compañías, los incrementos oscilarán entre el 2,85% y el 3,2%, tomando como referencia el 2,9% de inflación registrado en enero por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Si bien las prepagas ya no están obligadas a actualizar sus cuotas en función directa del índice oficial, la mayoría optó por mantener esa pauta como referencia.

Los nuevos valores fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde se detallan los aranceles según plan, franja etaria y región, conforme a la normativa vigente desde julio del año pasado.

Entre las principales compañías, Avalian aplicará un incremento del 3,2%. En tanto, Swiss Medical, Medifé, Omint, Accord Salud, Sancor Salud, Hospital Italiano y Hospital Alemán informaron subas del 2,9%, mientras que Luis Pasteur ajustará alrededor del 2,85%.

Desde el sector sostienen que las actualizaciones responden al aumento sostenido de los costos del sistema de salud, especialmente en insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados. A su vez, remarcan que la mayor autonomía tarifaria les permite adecuar con mayor rapidez sus estructuras de costos.

Los números de la ejecución presupuestaria educativa en Misiones al tercer trimestre de 2025 muestran un dato contundente: la mayor parte del financiamiento del sistema sale de recursos provinciales.

En total, la inversión en la finalidad “Cultura y Educación” alcanzó los $622.159.436.330 en la provincia de Misiones.

De ese monto, los fondos provenientes de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo (Ley 26.075) sumaron $239.328.788.361.

En términos simples:

• El 38% del gasto educativo proviene de Nación.
• El 62% restante es cubierto con recursos propios de la Provincia.

Es decir, de cada $10 que se destinan a educación en Misiones, aproximadamente $6 salen del presupuesto provincial.

No es solo salario:qué se paga con el presupuesto educativo

Cuando se habla de gasto educativo, muchas veces se lo asocia únicamente con sueldos docentes. Sin embargo, el sistema implica mucho más.

El presupuesto incluye:

• Funcionamiento general de las escuelas.
• Comedores escolares.
• Material didáctico.
• Compra y reposición de mobiliario.
• Construcción de edificios.
• Obras de mantenimiento y refacción.

Sostener la estructura educativa supone afrontar costos operativos permanentes, además del pago del personal.

$60.000 millones por mes en salario docente

En el componente salarial, la masa mensual destinada a docentes asciende a $54.800.448.970.

A ese monto se le suma el proporcional mensual del aguinaldo (SAC), que representa $4.566.704.081 adicionales.

En conjunto, el costo mensual supera los $59.367 millones solo para cubrir salarios docentes.

Se trata de una cifra que, por sí sola, da una dimensión del peso estructural que tiene la educación dentro del presupuesto provincial.

El viernes, la Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma laboral. En este escenario, la actuación de los legisladores nacionales se volvió una trampa perfecta: si acompañan al presidente, son acusados de “entregarse”; si se oponen, de “poner palos en la rueda”. La lógica del “antipolítica” no deja espacio para la racionalidad: cualquier postura es condenada, porque el problema ya no es la decisión, sino la política misma. Sin embargo, quienes cuestionan los votos de los legisladores misioneros rara vez consideran cómo la provincia sostiene cientos de programas que reactivan el consumo, garantiza un boleto sin costo para los estudiantes y mantiene otros programas sociales, incluso en un contexto de caída de la coparticipación y de discrecionalidad en la asignación de ATN. Quieren justicia social, pero no siempre comprenden las herramientas necesarias para sostenerla.

Los gobiernos provinciales, como el de Misiones, enfrentan una encrucijada inédita. Deben votar, negociar, gestionar y administrar en medio de una tormenta emocional donde el costo político está garantizado cualquiera sea el camino elegido. Si apoyan decisiones que puedan perjudicar a ciertos sectores, reciben reproches; si las rechazan para evitar ese perjuicio, también. Esa presión constante se combina con la falta de recursos que enfrentan todas las provincias debido a la caída de la coparticipación, lo que hace cada decisión aún más compleja y sensible.

El problema de fondo es que no se establece la relación directa entre las decisiones nacionales y la vida cotidiana de los ciudadanos. Las reducciones de recursos o las restricciones del margen de maniobra fiscal tienen consecuencias concretas: pueden resentirse los programas Ahora, el Boleto Educativo Misionero, la atención en hospitales públicos o las obras en escuelas. Detrás de cada votación, a menudo, hay un esfuerzo por proteger salarios, aguinaldos, ayuda escolar y políticas que amortiguan la crisis.

Cuando estas conexiones no se comprenden, el debate se simplifica en consignas y enojo. La ciudadanía aplaude o critica decisiones sin evaluar los efectos reales en la vida diaria. La antipolítica no solo cuestiona al gobierno nacional: también debilita la gestión provincial y, en última instancia, afecta a los propios vecinos y trabajadores que dependen de esos recursos y servicios.

La política es el arte de lo posible, y gobernar implica equilibrar aspiraciones sociales con limitaciones financieras y recursos disponibles. Sin embargo, en estos momentos, la sociedad muchas veces exige lo imposible: soluciones inmediatas y perfectas, sin tolerancia a la negociación, la moderación o los tiempos de la gestión. Mantener previsibilidad en salarios, servicios y programas requiere liderazgo y experiencia, aunque la emoción colectiva rara vez lo reconozca.

Además, muchas de estas decisiones se toman en un contexto de limitaciones objetivas. Los recursos son finitos y deben distribuirse entre múltiples demandas simultáneas: salarios de docentes y fuerzas de seguridad, programas de ayuda escolar, inversión en infraestructura educativa y sanitaria, y sostenimiento de servicios esenciales como el Banco de Sangre. Cada ajuste, cada negociación, busca minimizar impactos negativos, aunque la percepción pública rara vez lo reconozca.

En este escenario, la gestión de Misiones demuestra cómo se puede gobernar con responsabilidad aun frente a críticas y expectativas encontradas. Se confirmaron aumentos salariales para docentes y fuerzas de seguridad en dos tramos, se relanzaron los programas Ahora Escolar y Ahora Textos, se acreditará la Ayuda Escolar el 25 de febrero con $91.000 por hijo y $227.500 por hijo con discapacidad, se invirtieron más de 1.150 millones de pesos en escuelas y se mantiene el Boleto Educativo Misionero para 400.000 estudiantes.

La provincia también reforzó el Banco de Sangre con un nuevo móvil para el interior y mejoró su desempeño en el Índice de Transparencia Presupuestaria de CIPPEC. Estas acciones muestran que, aunque la política se perciba con desconfianza o enojo, es posible sostener derechos, servicios y programas esenciales mientras se navega un contexto de recursos limitados.

La dificultad actual no es solo técnica o financiera: es profundamente emocional. La antipolítica ha erosionado la confianza en cualquier mediación institucional. Como advertía José Ortega y Gasset, cuando la emoción colectiva desplaza a la reflexión, los puentes que sostienen la convivencia se debilitan. La prudencia se lee como sospecha y la moderación, como insuficiencia. Gobernar hoy es caminar sobre un puente en llamas: sin aplausos asegurados, pero con la obligación de que la estructura no se derrumbe sobre todos. La responsabilidad política sigue siendo indispensable, aunque muchas veces incomprendida.