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Cerca de Javier Milei señalaron que el criterio para definir las invitaciones a los gobernadores estará dado, fundamentalmente, por lo que ocurra en la Cámara alta, que es donde el Gobierno está más complicado con los votos.

Colaboradores de la secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, viajaron a la “Docta” para evaluar posibles locaciones. Por ahora pica en punta el Centro de Convenciones “Juan Bautista Bustos” que se destaca por su capacidad (tiene una sala para 4.900 personas) y está cercano al aeropuerto. Personal de seguridad del Presidente ya visitó el lugar.

La advertencia sobre el Pacto de Mayo funciona como una estrategia de presión de cara al dificilísimo test que debe pasar el oficialismo en las próximas semanas, cuando llegue la hora de las definiciones en ambas cámaras del Congreso. Sembrar la duda sobre las invitaciones a Córdoba sirve para mimar a los aliados, para presionar a los dudosos y para marcar distancia sobre los mandatarios kirchneristas que ya se exhibieron en contra de las leyes oficiales.

En su convocatoria al Pacto de Mayo, Milei había dicho que serían convocados “gobernadores, ex presidentes y líderes de los partidos políticos”.

Si el criterio está marcado por los apoyos a la ley Bases y al paquete fiscal, se descuenta que quedarán excluidos desde Cristina Kirchner -que ayer reapareció en un acto para hacer durísimas críticas al Gobierno- hasta mandatarios como Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja). Podrían sentir la presión otros mandatarios, como Gerardo Zamora (Santiago del Estero) o Claudio Vidal (Santa Cruz) cuya actitud hoy es una incógnita y es crucial porque controlan a varios senadores.

Gobernadores de Juntos por el Cambio como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut) ya celebraron la convocatoria al acuerdo nacional, pero ahora en la Casa Rosada están esperando que esa buena voluntad se traduzca en votos

Más allá de que la Casa Rosada quiere fijar para el Pacto de Mayo, las gestiones para la puesta en escena están verdes a solo un mes del evento.

La Libertad Avanza contó con el apoyo de la oposición dialoguista. Tras intensas negociaciones, se excluyó al Banco Nación del listado empresas a privatizar.

Tras excluir al Banco Nación de la lista de empresas a privatizar, el oficialismo logró dictamen de mayoría para la Ley Bases con el apoyo de la oposición dialoguista. La iniciativa se tratará en el recinto a partir del lunes 29 de abril.

Con la eliminación del Banco Nación, el listado de privatizaciones se redujo a once empresas. El proyecto original de Ley Ómnibus, de diciembre de 2023, contenía 41 empresas.

La Ley Bases es una versión reducida de lo que fue su antecesora. De los más de 600 artículos pasó a 346. Respecto del paquete fiscal, quedó con 112 artículos. Allí se amplía el beneficio por buen contribuyente en el impuesto sobre los bienes personales y se pasa de anual a semestral la actualización del mínimo no imponible del impuesto a los ingresos personales.

Los últimos días estuvieron cruzados por intensas negociaciones entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el vicejefe de Gabiente, José Rolandi, y los legisladores de bloques dialoguistas, para acercar posiciones y acelerar la firma del dictamen que por estas horas parece un hecho. Uno de los acuerdos centrales es que eliminarán el artículo 143, que facultaba al Ejecutivo a derogar o cambiar cualquier normativa que distorsione los precios, genere escasez o cause sobre costos.

Asimismo, hubo consenso para modificar el plazo de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. El Gobierno buscaba la actualización anual por inflación, pero la oposición reclamaba que sea trimestral. Finalmente, será actualización trimestral durante este año (en septiembre) y luego pasará a ser semestral.

Además, el Gobierno tomó el reclamo opositor de incluir la reforma laboral dentro de la Ley Ómnibus. En este sentido, reformuló el capítulo laboral del DNU 70/23, suspendido por la Justicia. Entre los principales cambios, se extenderá el período de prueba a seis meses, se eliminarán las multas por trabajo no registrado, se pondrán penas por bloqueo y se implementará de forma opcional por convenio el fondo de cese laboral.

Sin embargo, el Gobierno accedió a la presión de la CGT y quitó el ítem que habla de las cuotas solidarias y pretendía que fueran optativas.

El Ejecutivo necesita un triunfo legislativo en medio de un contexto de creciente tensión social ante el ajuste, potenciado por el efecto que generó la masiva marcha en defensa de la universidad pública de este martes. Si bien Milei todavía conserva un alto porcentaje de aceptación, debe apaciguar los frentes de confrontación.

Con sustanciales modificaciones en el capítulo laboral de la Ley Ómnibus para permitir que avance su tratamiento, ingresó el proyecto a la Cámara de Diputados luego de una negociación entre sindicalistas y el asesor Santiago Caputo.

El Gobierno finalmente aceptó eliminar del capítulo laboral de la Ley Bases los artículos más cuestionados por distintos sectores de la oposición dialoguista, que coincidentemente, eran los que rechazaba la CGT.

Tras una jornada donde por momentos pareció que la posibilidad de tratar el proyecto se caía, finalmente las gestiones llegaron a buen puerto y todo está dado para que el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emita dictamen mañana sobre la Ley Bases y del proyecto fiscal.

El proyecto se tratará en el recinto entre lunes y martes y así poder sancionarlas antes del anunciado Pacto de Mayo.

El nuevo borrador contiene la propuesta de modernización laboral del Gobierno, que quedó en 17 de los 58 artículos iniciales.

Quedó fuera la penalización de las asambleas de trabajadores que terminan en medidas de fuerza encubiertas y el artículo que consideraba los bloqueos sindicales como “grave injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo”. Pero aquí se mantiene el artículo que alivia las penas contra quienes bloqueen una empresa: el DNU 70 decía que esa acción será reprimida con 3 a 6 años de prisión y el borrador, con 6 meses a 3 años de prisión.

Otro artículo eliminado, que figuraba en el DNU y el anterior borrador, era el que ponía en jaque dos puntos de la Ley de Contrato de Trabajo: el principio de que en caso de duda se debe aplicar la norma más favorable al trabajador y la irrenunciabilidad, es decir, la habilitación a que los empleados renuncien de manera voluntaria a derechos adquiridos que surgen de leyes o convenios colectivos.

El Gobierno también quitó los cambios en el régimen de teletrabajo que estaban en sintonía con la postura empresarial y la derogación del Régimen del Viajante de Comercio, dos de los artículos que estaban en el DNU 70.

Siguen en el proyecto la modificación de las multas por trabajo no registrado o mal registrado, la reducción de 8 a 6 meses del período de prueba de los trabajadores (podrá ampliarse hasta 8 meses en las empresas de 6 y hasta 100 trabajadores, y hasta 1 año en las empresas de hasta 5 trabajadores) y la habilitación a que empresarios y sindicalistas acuerden en la negociación colectiva una nueva indemnización basada en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.

Con la consigna “En defensa de la universidad pública argentina”, organizaciones sociales, estudiantes, docentes, personas autoconvocadas y más, se marchó en distintos puntos del país.

Las provincias de todo el país adhirieron y se movilizaron en la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública a raíz de la crisis presupuestaria que enfrentan todas las universidades nacionales.

Con la consigna “En defensa de la universidad pública argentina”, organizaciones sociales, estudiantes, docentes, personas autoconvocadas y más, se marchó en distintas provincias.

En varios puntos de la Provincia de Buenos Aires como Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, y también en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucuman, Misiones, La Rioja, Jujuy, entre otras, se unieron a la movilización federal.

La Marcha Federal Universitaria planteó cinco reclamos principales: 1) presupuesto universitario relegado y no actualizado; 2) atraso salarial de los docentes; 3) becas y apoyo estudiantil; 4) ciencia y técnica (que incluye el financiamiento de la investigación universitaria); 5) obras de infraestructura paralizadas.

El paquete fiscal se debatirá en simultáneo con la Ley Ómnibus. El oficialismo espera tener ambos proyectos aprobados en la Cámara de Diputados para principios de mayo.

El Gobierno envió al Congreso, con entrada por Diputados, el proyecto de paquete fiscal, que incluye cambios en el Impuesto a las Ganancias, Monotributo, Bienes Personales, moratorias, y prevé un blanqueo de capitales.

El paquete fiscal, que el Gobierno había decido retirar de la ley de Bases original, ahora se llama “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes“.

Uno de los ejes de este proyecto marcha sobre la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. De aprobarse esta ley, el mínimo no imponible será de $1.800.000 para los solteros, mientras que para los casados con hijos será de 2.200.000 pesos.

Además, el tributo pasará a llamarse Impuesto a los Ingresos Personales y se actualizarán a partir de 2025 anualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La iniciativa comenzará a ser tratada este jueves, casi en simultáneo con la nueva versión de la Ley Bases que será tramitada la semana próxima en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

El documento contiene el Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social; y el de Regularización de Activos. Además de la cuestión tributaria referida a Ganancias (ahora llamado Ingresos Personales), el proyecto elimina el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, y modifica las cargas sobre los contribuyentes alcanzados por Bienes Personales.

Asimismo, el proyecto de Medidas Fiscales introduce modificaciones en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y crea un Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

El Gobierno confirmó el robo, pero advirtió que “no hay información sensible comprometida”. En la base de datos aparecen figuras del espectáculo, la política y hasta Javier Milei.

En las últimas horas, comenzó a circular por Internet la posible filtración de la base de datos con más de cinco millones de las licencias de conducir de la Argentina, entre las que se incluyen las del presidente Javier Milei, y los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri. Desde el Gobierno confirmaron el hackeo pero aclararon que “no se encuentran comprometidas ni la base de datos, ni la información sensible”.

Según reportó el grupo de expertos en ciberseguridad, birminghamcyberarms.co.uk, la base de datos de las licencias de conducir nacionales fue robada y puesta a la venta.

Así, en la dark web se ofrece a 3.700 dólares la base de datos completa con casi seis millones de licencias registradas en la Dirección Nacional de Registro de Propiedad del Automotor (DNRPA).

Dentro de los datos filtrados, sobresale información de los registros de conducir de personalidades del mundo del espectáculo y también políticos. Entre ellos, el propio presidente de la Nación, Javier Milei, Luis Petri, ministro de Defensa, y Patricia Bullrich, titular de la cartera de Seguridad. Mientras que dentro de los famosos sobresalen nombres como los de Guillermo Francella, Chino Darín, Marcelo Tinelli, Tini Stoessel y Peter Lanzani.

Las negociaciones de la letra chica del borrador que hizo llegar el Gobierno al Congreso atraviesa sus horas finales.

La Cámara de Diputados terminará de constituir esta semana sus 46 comisiones permanentes y la semana que viene podría volver al recinto la votación de la Ley Ómnibus, ahora en una versión recortada tras el revés del primer intento de aprobarla en febrero pasado.

La idea, según pudo saber Noticias Argentinas de fuentes parlamentarias, es convocar al recinto el próximo miércoles 24 o jueves 25 de abril.

Con este norte, no se descarta que este miércoles pueda haber un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, las mismas que deliberaron durante el período de sesiones extraordinarias.

Gabriel Bornoroni es el presidente de Legislación General, que es cabecera del debate, pero ahora deberá deberá lidiar con una doble responsabilidad, ya que fue proclamado nuevo jefe del bloque de La Libertad Avanza, tras la caía en desgracia y descabezamiento de Oscar Zago.

Es muy inhabitual que un presidente de bloque oficialista sea también quien coordine el debate de la ley más importante del Gobierno, por lo que hay rumores de una posible sustitución.

Las negociaciones de la letra chica del borrador que hizo llegar el Gobierno al Congreso atraviesa sus horas finales. En una entrevista televisiva concedida anoche, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacó que las partes están “más cerca” de un acuerdo de lo que estaban antes.

“Vamos a puntear artículo por artículo antes de ir al plenario. Tenemos muy poquitas diferencias, sigo siendo optimista”, afirmó el riojano.

Entre los puntos en discusión se encuentra el capítulo de privatizaciones de empresas públicas. Al respecto, Menem reconoció hay “una o dos empresas que generan algún tipo de duda”. Entre ellas se encuentra indudablemente el Banco Nación.

El otro punto de discusión es la reforma laboral, que será incorporada a la ley Bases. El Gobierno tiene sobre la mesa una propuesta del bloque de la UCR que propone incluir como opcional el fondo de cese laboral, extender los períodos de pasantía a seis meses y reducir las multas por no registración laboral.

También proponen eliminar la cuota solidaria que es el descuento compulsivo de parte de los sindicatos a los trabajadores.

Sin embargo, ese es un punto que en este etapa el Gobierno no se inmiscuiría para no abrir un frente de conflicto irreversible con la CGT.

La central obrera se mueve en zigzag y da señales ambiguas, ya que mientras hacia afuera simula endurecimiento y convoca a un paro general para el 9 de mayo, hacia adentro le dice al Poder Ejecutivo que está dispuesta a aceptar algunos de los cambios en este diálogo a tres bandas con los operadores de la UCR.

En paralelo a la ley ómnibus, se va a tratar y votar la ley de “Medidas Fiscales”, que contiene reformas como la rebaja en Bienes Personales, el blanqueo de Capitales y la resistida reposición de la cuarta categoría de Ganancias, que volvería bajo la forma de un mínimo no imponible de 1.800.000 pesos.

Este último tributo, rebautizado “impuesto a los ingresos personales”, es otro vector de controversia y el Gobierno está buscando ablandar a los gobernadores y bloques amigables para que voten en sintonía a la propuesta. No están lejos de un entendimiento.