Día: 16 de septiembre de 2026

El diputado nacional por Misiones de La Libertad Avanza, Diego Hartfield, participó del plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor que analizó distintos proyectos vinculados al sobreendeudamiento y la morosidad. Advirtió que cualquier medida que se adopte debe preservar el crecimiento del crédito y generar mayor competencia para reducir las tasas. Representantes del sector bancario coincidieron en advertir sobre los riesgos de regulaciones que puedan restringir el financiamiento.

El diputado nacional por Misiones de La Libertad Avanza, Diego Hartfield, participó este martes del plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, convocado para analizar distintas iniciativas vinculadas al sobreendeudamiento en el sistema de crédito.

Durante su intervención, Hartfield planteó la necesidad de diferenciar el incremento de la morosidad de una crisis generalizada de endeudamiento y remarcó que la Argentina continúa teniendo un nivel de crédito reducido en comparación con otros países de la región.

“Argentina no tiene una crisis de endeudamiento. Nuestro nivel de crédito es bajo, es muy bajo”, sostuvo el legislador misionero, quien señaló que el crédito pasó de representar aproximadamente el 5% del PBI al inicio de la actual gestión a alrededor del 13%, todavía lejos de los niveles observados en otros países de la región.

En ese sentido, Hartfield advirtió que cualquier respuesta legislativa frente a los problemas de morosidad debe contemplar la necesidad de continuar ampliando el acceso al financiamiento. “Cualquier solución que planteemos tenemos que tener mucho cuidado de no volver a afectar el crédito”, afirmó.

El diputado también sostuvo que el crecimiento de la mora debe analizarse en un contexto en el que se produjo una recuperación del financiamiento. “También hay que reconocer que si sube la mora, de alguna manera es porque está subiendo el crédito. Los niveles de mora eran muy bajos porque prácticamente no había crédito algunos años atrás”, explicó.

La necesidad de preservar el acceso al financiamiento también fue planteada durante el plenario por representantes del sistema bancario. Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), destacó al crédito como una herramienta para el progreso económico de las familias y el desarrollo de las empresas, y señaló como uno de los desafíos de la Argentina incrementar sus niveles de bancarización y financiamiento.

Bolzico advirtió, además, sobre las consecuencias que podrían generar mecanismos de refinanciación compulsiva o una intervención estatal sobre contratos privados, al considerar que medidas de esas características podrían afectar las condiciones necesarias para el desarrollo del crédito, entre ellas la seguridad jurídica de los contratos.

En igual sentido, Paz Adrogué, gerenta de Técnica y Consejo Asesor de la Presidencia de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), sostuvo que el sector comparte la preocupación por acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, aunque advirtió que algunas de las iniciativas bajo análisis podrían provocar un resultado contrario al buscado: “menos crédito, más caro y más exclusión financiera”.

Hartfield se refirió también al costo del financiamiento y sostuvo que la reducción de impuestos constituye una de las herramientas para continuar disminuyendo las tasas. En ese marco, recordó la reducción de la carga tributaria nacional durante la actual gestión y planteó la necesidad de seguir avanzando progresivamente sobre tributos que inciden en el costo del crédito, siempre preservando el equilibrio de las cuentas públicas.

Asimismo, el legislador de La Libertad Avanza planteó que una mayor competencia entre quienes ofrecen financiamiento puede contribuir a generar mejores condiciones y tasas más bajas para los consumidores.

“Tenemos que dar las herramientas para que haya competencia”, afirmó Hartfield, y explicó que la existencia de más actores disputando el mercado debería permitir que distintas entidades compitan ofreciendo tasas cada vez menores.

En contraposición, advirtió sobre las consecuencias que podría tener una regulación directa de las tasas: “Si vamos a regular otra vez la tasa, ¿qué va a hacer aquel que presta? Se va a retirar del mercado y termina perjudicando justamente a quienes más necesitan tomar un crédito”.

Finalmente, Hartfield llamó a abordar la problemática de la morosidad con responsabilidad, buscando respuestas para quienes atraviesan dificultades financieras sin afectar la recuperación del financiamiento.

“Cualquier decisión que tomemos para solucionar o trabajar este tema tiene que ser muy responsable para no romper el crecimiento del crédito”, concluyó.

«Qué asco que da esta negrada». Eso dijo, tal cual, una referente juvenil de La Libertad Avanza en Oberá, Ari Godoy, al pasar en un colectivo frente a una movilización de colonos y tareferos en Puerto Iguazú. No fue un lapsus ni un exabrupto que se le escapó en caliente: fue una definición ideológica, dicha con la comodidad de quien no espera consecuencias.

Y ahí está la primera pregunta que hay que hacerse, sin anestesia: ¿a quién estaba llamando «negrada»? A los tareferos que se levantan a las cuatro de la mañana para cosechar yerba a mano, kilo por kilo, muchas veces sin obra social ni aportes. A los colonos que sostienen, junto con el turismo, buena parte de la economía misionera. Gente que reclamaba, ni más ni menos, un precio justo por su trabajo, mientras el valor de la hoja verde se desplomó a casi la mitad en apenas un par de años.

Ese es el dato que no se puede tapar con relato: el desprecio no fue contra un enemigo abstracto, fue contra la mano de obra que hace posible el mate que toma todo el país. Reclamar un salario digno se convirtió, para una parte de la militancia libertaria, en sinónimo de ser «negro de mierda». Y no es un caso aislado ni una anécdota de redes: es la consecuencia lógica de un discurso que lleva meses instalando la idea de que pedir derechos es una molestia, un capricho, una falla moral de quien no supo «hacerse solo».

En este clima de época, la sensibilidad social parece haber sido anulada por un mecanismo perverso de encasillamiento automático. Hoy resulta imposible expresar una postura crítica o señalar una injusticia sin ser inmediatamente etiquetado. Basta con sostener que la situación de los jubilados es inaceptable, defender la universidad pública o remarcar la pérdida del poder adquisitivo para que esa simple apreciación ciudadana te convierta, de forma preventiva, en «kuka», «zurdo», «vago» o «resentido». Se redujo el pensamiento a una lógica binaria donde no hay lugar para la mirada propia: la preocupación legítima por el prójimo es despojada de su valor ético y categorizada forzosamente dentro de una identidad partidaria. Plantear que una familia no llega a fin de mes o que un trabajador merece un salario digno no es una declaración de fe política; es el ejercicio del sentido común y la empatía elemental.

Ese discurso de la libertad y la propiedad privada suena impecable en la teoría. En la práctica, produjo una generación de jóvenes que lo repiten de memoria hasta convertirlo en personalidad, en bandera identitaria, en excusa para mirar con desprecio al que reclama. Hoy los jubilados salen a la calle a juntar plata entre vecinos para comprar remedios que su obra social dejó de cubrir, y a quien lo denuncia le bajan la etiqueta enseguida. Los docentes, los trabajadores de la salud, los empleados públicos, los tareferos: la gran mayoría la está pasando mal. El odio funciona así: no discute datos, disuelve a la persona.

Porque el ajuste, el de verdad, nunca fue parejo. No tocó los sueldos ni los privilegios de la dirigencia política. Tocó al maestro, al tarefero, al jubilado, al que menos tiene para perder. Esa es la trampa: te venden un relato de esfuerzo compartido mientras el costo lo pagan siempre los mismos. Y la indignación no debería quedarse en un video que se viraliza y se olvida en cuarenta y ocho horas. Alcanza con imaginar, sin necesidad de anticipar nada, qué destino tendrían derechos y servicios como el acceso a la vivienda a través del Iprodha o el boleto subsidiado de la Sube, si ese mismo desprecio por «la negrada» llegara algún día a manejar los recursos de una provincia que se sostiene, justamente, gracias al trabajo de la gente a la que hoy insultan desde la ventanilla de un colectivo.

Acá no estamos discutiendo banderas ni siglas de partidos políticos. Lo que está en juego es la calidad del discurso público, la liviandad con la que nos referimos al otro y el respeto por los valores humanos más elementales. Se trata de entender si es posible construir un proyecto común desde el desprecio hacia el que trabaja y menos tiene. La historia —también la de Misiones, también la de sus luchas obreras y campesinas— ya mostró varias veces adónde conduce ese camino. La pregunta, entonces, sigue abierta: ¿se puede gobernar, o simplemente convivir en sociedad, desde el odio o la falta de empatía?

En una jornada de trabajo en Posadas, el Ministerio de Industria de Misiones y la Secretaría de Desregulación de la Nación abrieron un espacio de diálogo institucional y articulación directa junto a los principales referentes PYME de la provincia. La mesa permitió trasladar las inquietudes operativas del entramado privado local, evaluar medidas tributarias y analizar propuestas nacionales orientadas a la logística de cabotaje, el agregado de valor y la desregulación de procesos productivos.

POSADAS.- La sede del Ministerio de Industria de la Provincia de Misiones fue escenario de una jornada de articulación institucional entre el Gobierno provincial, Eugenio Marí, subsecretario de Reformas Estructurales de la Secretaría de Desregulación, del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina; y los principales entramados empresariales de la región. El encuentro tuvo como propósito central canalizar la voz de los sectores productivos locales, identificar las trabas normativas u operativas que dificultan la producción y evaluar las propuestas que impulsa la Nación para dinamizar la economía regional.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por el ministro de Industria de Misiones, Federico Fachinello, y contó con la participación del subsecretario de Reformas Estructurales de la Nación, Eugenio Marí, en representación de la Secretaría de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina.

Durante el intercambio, las cámaras empresariales expusieron los principales obstáculos que impactan en la cotidianeidad de las empresas locales. Entre los puntos remarcados, se abordó la necesidad de resolver trabas administrativas que frenan la actividad comercial e industrial en la provincia.

Por su parte, el representante de Nación, presentó iniciativas orientadas a mejorar la productividad regional. La agenda incluyó el análisis de esquemas para optimizar la logística de cabotaje fluvial —aspecto clave para reducir los costos de flete en la tierra colorada— y el impulso a programas destinados al agregado de valor e industrialización de subproductos derivados de la madera, la yerba mate y la producción agroalimentaria.

El espacio reunió a dirigentes y empresarios de la Confederación Económica de Misiones (CEM), la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y el Norte de Corrientes (APICOFOM), la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) la Cámara de Comercio e Industria de Iguazú y la Cámara de Molineros de Yerba Mate, además de empresarios independientes del sector privado.

Respecto al balance de la reunión y la visión estratégica del Gobierno provincial, el ministro de Industria de Misiones, Federico Fachinello, expresó: «Esta jornada representa una instancia fundamental de diálogo directo y coordinación entre la Provincia y la Nación. Nuestra responsabilidad desde el Ministerio de Industria es ser un puente receptivo y firme para trasmitir la realidad de nuestras PYMES a las autoridades nacionales. Escuchamos de primera mano las inquietudes de los sectores maderero, comercial y yerbatero para trabajar en soluciones puntuales —como la flexibilización de medidas financieras o las mejoras en la logística regional—, garantizando que cada propuesta de desregulación nacional tenga en cuenta la competitividad y el desarrollo del aparato productivo misionero.»

Las actividades entre ambas jurisdicciones continuarán con mesas de trabajo sectoriales junto a organismos técnicos nacionales para dar seguimiento formal a los temas planteados en la industria yerbatera, forestal y de comercio transfronterizo.