Los combustibles en Misiones volvieron a registrar aumentos en las últimas horas, profundizando una secuencia de microajustes que, lejos de desacelerarse, configura un panorama cada vez más preocupante para los automovilistas, que ven cómo los precios avanzan casi a diario hacia la barrera psicológica — y económica— de los $2.000 por litro. La comparación entre los valores de hace una semana y los relevados ayer confirma que todas las petroleras aplicaron nuevas subas, consolidando un escenario en el que llenar el tanque se vuelve un gasto cada vez más difícil de afrontar.
En Axion, la nafta súper subió de $1.639 a $1.669, un incremento de $30 (1,8%), por lo que llenar 50 litros cuesta $83.450. La Quantium nafta pasó de $1.919 a $1.969, es decir $50 más (2,6%), y 50 litros demandan $98.450. El diésel común fue el que más aumentó en esta estación: trepó de $1.773 a $1.842, una diferencia de $69 (3,9%), y un tanque de 80 litros implica $147.360. Por último, el Quantium diésel avanzó de $1.979 a $1.999, un ajuste de $20 (1,0%), con 80 litros valuados en $159.920.
En la YPF ubicada en pleno centro de Posadas, la nafta súper pasó de $1.603 a $1.639, un salto de $36 (2,25%), lo que lleva el costo de 50 litros a $81.950. La Infinia aumentó de $1.822 a $1.864, una diferencia de $42 (2,31%), con un tanque de 50 litros estimado en $93.200. En cuanto al Infinia diésel, el valor subió de $1.855 a $1.903, es decir $48 (2,59%), por lo que cargar 80 litros significa $152.240.
En Shell, la tendencia fue similar. La nafta súper se elevó de $1.660 a $1.678, un incremento de $18 (1,08%), que lleva a $83.900 el valor de 50 litros. La V-Power nafta escaló de $1.927 a $1.950, es decir $23 (1,19%), y 50 litros equivalen a $97.500. Por su parte, la V-Power diésel pasó de $1.966 a $1.999, aumentando $33 (1,68%), y 80 litros representan $159.920. El diésel Evolux tuvo la menor variación, subiendo de $1.728 a $1.731, apenas $3 (0,17%), con 80 litros tasados en $138.480.
En tan solo siete días, las subas en las distintas marcas y tipos de combustible se ubicaron entre 0,17% y 3,9%, con incrementos por litro que van desde $3 hasta $69. Aunque los montos parecen reducidos, su impacto se multiplica al trasladarse a cargas habituales de 50 u 80 litros, generando aumentos mensuales cada vez más difíciles de absorber para los usuarios.
El avance de los precios se da en el marco del nuevo sistema de actualización por “micropricing”, implementado por YPF el pasado 1 de julio, que permite modificar los valores de forma remota y casi en tiempo real mediante inteligencia artificial. Aunque la petrolera había anunciado descuentos en estaciones de autodespacho y posibles bajas en horarios específicos, en la práctica lo que predominó fueron incrementos continuos. Con los valores actuales, varios combustibles premium —como la V-Power diésel y el Quantium diésel, ambos a $1.999— ya rozan los $2.000 por litro, mientras otras variantes superan holgadamente los $1.900.
La sucesión de incrementos registrados en todas las petroleras deja en evidencia un esquema de precios cada vez más inestable, donde los ajustes diarios generan una sensación de desgaste constante para los consumidores. La proximidad de varios combustibles a los $2.000 por litro no solo funciona como un nuevo umbral psicológico, sino que también anticipa un impacto directo sobre los costos de transporte, logística y actividades cotidianas. En este contexto, y con el “micropricing” operando en tiempo real, el mercado local queda expuesto a variaciones continuas que dificultan cualquier previsión y alimentan la percepción de que los valores podrían seguir escalando en las próximas semanas.
A lo largo de la historia, numerosos acontecimientos muestran el uso de la crueldad por parte de la naturaleza humana; el genocidio de los pueblos originarios de América, el de los armenios, el nazismo en Europa, la dictadura cívico-militar en Argentina. Sin embargo hay algo novedoso: los hechos citados fueron ocultados, muchas veces negados o justificados como consecuencias no deseadas. Es difícil encontrar ejemplos del uso desinhibido de la violencia y el odio, el regodeo obsceno y el goce sádico de la crueldad llevado a cabo públicamente por aquellos que deberían tener la responsabilidad del cuidado del pueblo. Lo más grave es que esta situación se va asumiendo y naturalizando en la sociedad al no contar con herramientas suficientes para contrarrestarla.
El jurista escandinavo Alf Ross, en su libro ¿Por qué democracia?, dice de la libertad que “difícilmente haya otra palabra utilizada tan extravagantemente, tan ensalzada y loada, pero que al mismo tiempo sea tan carente de un significado claro y preciso. La libertad es una de esas palabras sonoras cargadas de sugestión, a las que se recurre más bien para despertar sentimientos en el ánimo que pensamientos en la cabeza”.
La idea de libertad es antigua y casi nunca consideró la “igual-libertad”, una libertad ejercida desde el derecho ajeno. Siempre fue la libertad del poderoso, del noble, del esclavista, del capitalista para decidir por los vasallos, los esclavos de grilletes y los esclavos asalariados de hoy. El concepto de “igual libertad” estuvo sugerido entre los primeros cristianos, cuando eran perseguidos (no perseguidores), pero se articuló más de mil años después con la Ilustración, como consecuencia doble de los humanistas y del profundo impacto que tuvo entre los conquistadores el mundo más democrático, más libre e igualitario de los nativos americanos.
Hoy puede causar sorpresa observar cómo un presidente, un primer ministro, un legislador o un exitoso hombre de negocios, con un convencimiento seductor, toman decisiones que conducirán al dolor de millones de personas. Por lo general, se excusan en que se trata de un “sacrificio necesario”, que vale la pena para estar mejor en el futuro y recurren a invertir el significado de valores y emociones que llevan miles de años definidas de una forma simple y comprensible, como la compasión y la solidaridad.
Ante este escenario, surge una pregunta: “¿qué perfil psicológico calza en esta demanda funcional de crueldad, del sacrificio humano? La característica central del psicópata radica en su incapacidad por sentir empatía por el dolor ajeno. Esta incapacidad de emociones que explican la supervivencia, los lleva a lo contrario. De las pocas fuentes de placer a las que pueden recurrir para aliviar una existencia insoportable es el placer por el dolor ajeno.
Cuando hablamos de política de la crueldad para caracterizar a un gobierno, nos estamos refiriendo al modo en que la política institucional abandona deliberadamente, con disfrute, todo mecanismo de negociación y aplazamiento respecto a la violencia. Es ahí donde reaparece la crueldad.
Se dibuja una paradoja: la política de la crueldad marcaría el fin de las mediaciones políticas destinadas a mantenerla a distancia, produciendo, sin embargo, una política. Apuesta a gobernar sin gobernar y a la violencia directa, espectacularizada, como un mecanismo que produce insensibilización.
La política de la crueldad genera un padecimiento en el cuerpo, que se puede materializar en un déficit alimentario, la falta de acceso a medicamentos, vacunas, prótesis e insumos, pero también instala un sufrimiento psíquico, difícil de objetivar, un dolor moral que atraviesa el psiquismo, el estado de ánimo.
En este contexto, la antipolítica representa una amenaza letal para poder garantizar las funciones elementales del Estado. El culto al individualismo eficientista y mezquino, vulnera los lazos sociales que nos constituyen como sujetos inmersos en un colectivo de pertenencia. El otro, desde esta feroz perspectiva, representa una amenaza, un competidor, un potencial enemigo.
Para poder salir de esta situación angustiante se deben implementar políticas que acerquen el Estado al pueblo, pero con un Estado integrado y representado por personas, que tengan como eje a los individuos y a las familias con nombre propio. Que tienda puentes y no los destruya. Dicha retórica del Estado tendrá que ver con la solidaridad y la empatía, con políticas de reposición de derechos, que permitan a través de este cara a cara dar un rostro.
Un sacrificio que sigue sin dar frutos
La creencia de lo sacrificial, como etapa superior de la meritocracia, no sería posible si no se hubiera logrado instalar antes la idea y la experiencia de que los derechos son “privilegios” de ciertos sectores, beneficios que van contra la igualdad de oportunidades. La recesión y la inflación son un acelerador de la crisis, bajo un darwinismo económico que puede volatizar también las esperanzas de quieren le dieron crédito a la motosierra de Milei. Por eso, lo que le queda a la política de la crueldad es empujar la violencia horizontal entre los afectados, que dicho en términos criollos sería fogonear la pelea de pobres contra pobres.
Lo cierto es que Milei se transformó en Presidente de la República Argentina con una promesa tan simple como contundente: había que transitar por un año de sacrificio extremo para ordenar la macroeconomía para poder empezar a respirar de nuevo a partir de 2025.
La actualidad nos muestra que la Argentina atraviesa una realidad por demás compleja en donde no se avizora la posibilidad de que se materialice la promesa de Milei: la actividad económica está estancada, los salarios licuados, las jubilaciones en retroceso, existe una mayor informalidad laboral, hay un incremento de los niveles de endeudamiento familiar y crece la sensación de extrema fragilidad que atraviesa a todo, desde el changuito del supermercado hasta la economía de las provincias, como Misiones.
Lo que fue vendido con orgullo como un “ajuste ejemplar” por parte del Gobierno Nacional nunca se tradujo en expansión económica, todo lo contrario la Argentina transita un largo sendero en donde la actividad económica no repunta. Esta situación se hace tangible por ejemplo cada vez que miramos hacia una fábrica y vemos un parate que se refleja en reducciones de horas, suspensiones y despidos.
Un informe de los economistas Martín Pollera y Mariano Macchioli publicado en octubre reflejó que entre diciembre de 2023 y junio de 2025, en la Argentina cerraron 16.322 empresas, el equivalente a 28 por día, con una pérdida asociada de 236.139 empleos formales. Los economistas definen al momento actual como una “glaciación productiva”, donde la falta de una estrategia de desarrollo y de generación de divisas sostenida derivó en un estancamiento generalizado de la actividad económica. Se trata de “un proceso de enfriamiento prolongado de la actividad económica que erosiona su sabe empresarial, destruye el empleo y debilita la capacidad del Estado para impulsar el desarrollo”. Nunca antes, ni siquiera en pandemia, se había verificado un deterioro tan acelerado en el sector privado formal.
Otro aspecto a tener en cuenta es el tema del salario mínimo que permanece congelado en términos reales y acumula una caída superior al 30% respecto de finales de 2023. En el caso de los salarios registrados, aún contemplando las recomposiciones de 2025, siguen más de 5% por debajo del último mes completo de la anterior gestión. A esto se le debe sumar los sueldos de los estatales que se desplomaron más de 14%.
El documento advierte que el modelo económico actual muestra “fragilidad estructural: cada seis meses requiere de un shock extraordinario de dólares para evitar corridas cambiarias y mantener a flote el nivel de actividad”.
La construcción y la industria manufacturera son los sectores más castigados. La paralización de la obra pública, la caída de la inversión y la apertura de las importaciones explican una contracción del orden del 15% en la construcción. La industria, en tanto, opera con una utilización de la capacidad instalada del 57%, la más baja desde la pandemia.
“el recorte del gasto primario en torno al 4% del PBI – equivalente a 24.000 millones de dólares – concentrado principalmente en transferencias a las familias, salarios del sector público y obra pública, generó un efecto multiplicador negativo sobre el conjunto de la actividad”, advierte el informe.
El monitor de empresas en crisis elaborado por el Grupo Atenas, liderado por Pollera y Macchioli, relevó 100 casos representativos a nivel territorial y sectorial. De allí surge que más del 50 % de las pymes encuestadas cerraron o suspendieron personal; las medianas recurrieron a despidos parciales; y las grandes redujeron plantillas para sobrevivir. En todos los casos, la causa principal fue la caída de ventas y la pérdida de rentabilidad.
En el AMBA, Córdoba y Santa Fe se concentran los cierres más numerosos, sobre todo en industrias textiles, metalmecánicas y alimenticias. En la región de Cuyo, el ajusto impactó sobre la construcción y los materiales. Mientras que en el NEA y NOA, el golpe se dio sobre sectores dependientes del consumo local y la obra pública.
Los efectos de la motosierra en Misiones
La crisis que atraviesa la Argentina se refleja más allá de los números de los informes, vemos como golpea con particular fuerza a las provincias productivas y fronterizas, como el caso de Misiones que tiene un 90% de límites internacionales. El caso más emblemático de la provincia es lo que sucede con el sector yerbatero. La desregulación de la yerba mate y el abandono por parte del Gobierno Nacional de toda política sectorial dejaron al pequeño productor inmerso en un escenario de características dantescas: precios irrisorios para la materia prima, secaderos trabajando al límite, cooperativas endeudadas y tareferos atrapados entre la estacionalidad y la pérdida de programas de apoyo. El producto madre de la provincia sufre las consecuencias devastadoras de un modelo que sostiene que “el mercado solo y sin intervención del Estado” resolverá décadas de asimetrías.
El sector del comercio es otro de los más castigados por la crisis nacional y padece en carne propia los efectos de la recesión. La situación no discrimina ciudades, en todas por igual la postal se repite: locales vacíos, reducción de personal, retiros voluntarios y contratos que no se renuevan ya son parte del paisaje. La pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, sumado a la caída del turismo de compras y el encarecimiento frente a Paraguay y Brasil se convirtieron en una combinación explosiva de efectos devastadores.
El escenario es por demás complejo y las provincias tienen poco margen de acción: no controlan la política monetaria, no fijan el tipo de cambio, no definen el nivel de salarios y jubilaciones, y por si fuera poco, no reciben las partidas presupuestarias que les corresponden por parte del Gobierno Nacional. En la Era Milei, las transferencias a las provincias cayeron más de 90% y no hay explicación alguna que fundamente la decisión del poder central de retener el dinero que le corresponde a cada distrito.
Pese al complejo contexto económico, Misiones viene intentando, con recursos propios y un manejo eficiente, sostener un modelo que cuide la producción, el empleo y el tejido social frente a una Nación que se retira cada día más de sus obligaciones.
El desafío por delante es enorme e implica una tarea titánica. La resiliencia de las familias misioneras, de los productores, de los trabajadores y emprendedores, no puede seguir siendo la excusa para profundizar un modelo de exclusión desde el país central. Claro está que la salida de esta crisis no vendrá con más ajuste y más desregulaciones.
Mientras tanto, la gente ya empieza a preguntarse ¿hasta cuando hay que hacer el sacrificio?
La victoria de Javier Milei en las elecciones de medio término despertó un entusiasmo inmediato en los mercados financieros: subieron acciones y bonos, el riesgo país bajó. Pero este “veranito financiero” contrasta con la economía real, que permanece en recesión, marcada por tendencias como demanda interna deprimida, caída de la masa salarial, ajuste fiscal, elevada capacidad ociosa y hogares sobreendeudados.
La promesa era simple y contundente: un año de sacrificio extremo para ordenar la macroeconomía y, a partir de 2025, empezar a respirar. Sin embargo, la realidad argentina llegó a noviembre con otra postal: actividad estancada, salarios licuados, jubilaciones en retroceso, más informalidad, más endeudamiento familiar y una sensación de fragilidad que atraviesa todo, desde el changuito del supermercado hasta provincias como Misiones.
Tras el rebote de la segunda mitad de 2024, cuando la actividad económica repuntó desde el piso de abril, el país entró en una meseta incómoda. La economía real sigue debilitada: la industria cayó 6,9% interanual entre enero y septiembre de 2025, más de 18.000 empresas cerraron desde 2023 y sectores clave como el automotriz, textil y metalmecánica retroceden. La construcción apenas resiste gracias a obra privada e inversión pública focalizada.
El mercado laboral sintetiza la paradoja: entre diciembre de 2023 y julio de 2025 se perdieron más de 253.000 empleos registrados, mientras que la informalidad crece. Los salarios permanecen estancados frente a una inflación que promedia 2% mensual, reflejando el modelo del “sálvese quien pueda”: trabajadores atrapados en la informalidad, sin derechos ni protección.
El salario mínimo y los ingresos estatales muestran el mismo deterioro: los salarios registrados, aun con recomposición parcial, siguen más de 5% por debajo del último mes de la gestión anterior, mientras los sueldos estatales caen más de 14%. Para millones de familias, esto significa ingresos que no alcanzan para cubrir la vida cotidiana, con hogares obligados a recurrir al crédito solo para sobrevivir.
Los jubilados tampoco escaparon: casi la mitad perdió poder adquisitivo, y la jubilación mínima, pese a ajustes nominales, vale menos que hace un año y que en noviembre de 2023. En un país envejecido, con medicamentos caros y tarifas en alza, esto representa una condena silenciosa a la vejez pobre. La frase “Hay que pasar el invierno”, de Álvaro Alsogaray en 1959, resuena hoy: soportar un contexto económico duro con la esperanza de que llegue un alivio que, hasta ahora, parece no llegar nunca.
La respuesta de los hogares fue previsible: endeudarse para comer. El uso de tarjetas de crédito en supermercados crece, junto con la morosidad bancaria, mientras las familias patean hacia adelante lo que no pueden pagar al contado. La salida del cepo y la flotación “entre bandas” prometían estabilidad; el resultado fue un dólar que ya aumentó casi 40% desde abril, alimentando la incertidumbre y el miedo a nuevas sacudidas. Los cheques rechazados por falta de fondos marcaron récords históricos: 92.535 en septiembre, reflejando el estrés financiero que atraviesan los hogares.
No sorprende que los indicadores de confianza reflejen pesimismo: el Índice Líder de la Universidad Di Tella cayó 0,85% desestacionalizado y 1,52% interanual en septiembre, acumulando seis meses consecutivos de retrocesos, mientras el índice de confianza del consumidor también retrocedió. La política económica genera una “pinza recesiva”: salarios planchados y tarifas altas deprimen la demanda, mientras la apertura importadora desplaza producción local.
El resultado es un invierno que no termina, un ciclo de fragilidad que llega desde los supermercados hasta cada fábrica del país.
Misiones frente a la recesión nacional
La crisis económica no se limita a los indicadores: golpea con especial fuerza a las provincias productivas y fronterizas, como Misiones. La desregulación de la yerba mate y la ausencia de políticas sectoriales dejaron al pequeño productor vulnerable, enfrentando precios inestables, secaderos al límite, cooperativas endeudadas y tareferos afectados por la estacionalidad y la pérdida de programas de sostén. Este producto, que define la identidad de la provincia, refleja directamente las consecuencias de un modelo que confía exclusivamente en el mercado para resolver desigualdades históricas.
El comercio misionero también sufre los efectos de la recesión. Tanto en las grandes ciudades como en el interior, proliferan locales vacíos, reestructuraciones, retiros “voluntarios” y contratos que no se renuevan. La combinación de menor poder adquisitivo, caída del turismo de compras y encarecimiento relativo frente a Paraguay y Brasil genera menos ventas, más despidos y creciente incertidumbre para las familias que dependen del comercio, uno de los principales motores del empleo privado en la provincia.
La construcción actúa como otro indicador clave del ajuste económico. La paralización de la obra pública nacional detuvo proyectos, dejó sin trabajo a miles de albañiles y afectó a corralones, ladrilleras, transportistas y pequeñas empresas. Lo que en la macroeconomía se percibe como “recortes de gasto” se traduce en barrios sin asfalto, escuelas sin ampliar, hospitales inconclusos y salarios que desaparecen, afectando directamente la vida cotidiana de los misioneros.
Frente a estas limitaciones, las provincias tienen poco margen de acción sobre política monetaria, tipo de cambio, salarios y jubilaciones. Sin embargo, algunas, como Misiones, actúan como amortiguadores parciales de la crisis, usando recursos propios para sostener producción, empleo y tejido social mientras el Estado nacional se retira de su rol de apoyo.
Las exposiciones productivas y ferias provinciales se convierten en motores económicos y generadores de confianza. La Expo Eldorado –Feria Provincial del Trabajo-, con más de 300 stands, integra empresas, emprendedores, instituciones y turismo, permitiendo que el trabajo de los misioneros salga al mercado y se generen oportunidades de venta y desarrollo económico.
La Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate en Apóstoles es otro ejemplo de apoyo productivo y cultural. Con rondas de negocios y jornadas técnicas, el gobierno provincial y los municipios buscan impulsar la cadena yerbatera, promover la producción local y sostener empleos frente a la desprotección nacional.
Las obras de infraestructura cumplen un rol contracíclico vital. La perforación de pozos de agua en parajes rurales como Picada Yapeyú garantiza derechos básicos, salud y arraigo a casi cuarenta familias. En Puerto Iguazú, más de 650 cuadras asfaltadas con fondos provinciales muestran cómo el Estado local prioriza movilidad, seguridad vial y la integración urbana, contribuyendo al desarrollo estratégico para el turismo.
Además, la articulación público-privada se refleja en iniciativas como la Ronda de Negocios +Mercado del sector hotelero y gastronómico en Iguazú, que vincula directamente a productores con hoteles y restaurantes, fomentando que la economía circule dentro de la provincia. Aunque estas medidas no neutralizan completamente los efectos de una política nacional basada en ajuste y desprotección, muestran un modelo provincial que protege la producción, el empleo y la dignidad de sus habitantes, marcando un rumbo alternativo al enfoque de ajuste extremo del gobierno central.
