La incidencia de los tributos en lo que cuestan los consumos hará que la ciudadanía vea con cuánto se quedan los fiscos.
Desde el 1 de abril, los consumidores que reciban la factura por las compras que realicen en un comercio, conforme a la Ley 27.743, de Transparencia Fiscal, podrán saber el detalle de cuánto pagan en cada uno de los bienes y servicios en concepto de impuestos, como el IVA, y otros gravámenes nacionales indirectos, más ingresos brutos y tasas municipales, en la medida en que las provincias adhieran.
Ya desde el 1 de enero la medida está vigente para las grandes empresas de todo el país, luego de la reglamentación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.
También los precios publicados desde ahora deberán discriminar el importe neto de los impuestos indirectos, junto con la leyenda “PRECIO SIN IMPUESTOS”, en el importe final,
En los servicios públicos no podrá utilizarse el término “gratuito”.
Deberá aclararse que están financiados por la recaudación de tributos.
El cambio, que aparece en una línea específica en las facturas electrónicas bajo la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)”, busca fortalecer la confianza pública a través de una mayor claridad en los costos de cada transacción.
Pero al mismo tiempo concientizar a la ciudadanía sobre la carga impositiva en la economía doméstica.
La implementación, sin embargo, no podrá estar extendida en lo inmediato, si bien se espera que impacte en la operación de las compañías, ya que requiere un corto plazo de adaptación que conlleva ajustes en los sistemas de facturación y la formación del personal.
Proveedores
Empresas proveedoras de facturación electrónica tanto para tiendas online como para comercios físicos ya se abocaron, junto a sus clientes, al cumplimiento de la norma sin costos adicionales.
Grandes firmas como Puma, Quilmes, YPF, Distrinando y Vision+, entre otras, ya pusieron en práctica esta actualización de manera satisfactoria, informaron.
No obstante, para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, la obligatoriedad dentro de unos tres meses plantea un desafío técnico y financiero, “aunque puede verse como una oportunidad para profesionalizar aún más sus procesos internos”, como sostuvo Lorena Comino, CEO de Facturante.
Destacó asimismo que la nueva exigencia fomentará la transformación digital en las empresas y conllevará un beneficio a largo plazo: “Aunque hay un costo inicial significativo, la estandarización puede simplificar las operaciones y fomentar la transparencia”.
La firma se ofrece para liberar a los clientes del estrés de las adaptaciones técnicas, y permitirles concentrarse en el crecimiento de su negocio.
Formalización de la economía
La expectativa es que esta ley no solo fortalezca la transparencia fiscal, sino que también incentive la formalización de la economía y abra el debate público sobre la carga de impuestos en el país.
Se espera que a largo plazo la iniciativa consolide prácticas más claras en la relación entre comercios, consumidores y el Estado, contribuyendo así a un sistema tributario más eficiente y equitativo.
Lógica, una asociación apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad, fue la que comprometió a los candidatos presidenciales a impulsar dicho cambio, logrando las adhesiones de Javier Milei, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti.
El Presidente lo incluyó en la reciente Ley 27.743 que introdujo reformas en el ámbito fiscal, sumada ahora esta reglamentación.
