Día: 23 de enero de 2024

El texto a debatir introdujo modificaciones respecto al proyecto original. También elimina jubilaciones de privilegios para presidentes y vicepresidentes.

El Gobierno introdujo una modificación clave en la fórmula de movilidad jubilatoria respecto al texto original del proyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida como Ley Ómnibus.

Como cambio principal, la formula actual seguirá hasta abril y luego los haberes jubilatorios se actualizarán de acuerdo al número de la inflación publicada por el INDEC.

“El Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual. A partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”, informó el Poder Ejecutivo.

Se indicó que “a partir de abril de 2024, el índice de movilidad se obtendrá mensualmente conforme al último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes”.

A su vez, se aclara que “la inflación se definirá como la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)”.

Y agrega: “En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria. La primera actualización sobre la base de la movilidad dispuesta en este artículo se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024”.

 Se eliminan jubilaciones de privilegio

En el nuevo texto del proyecto de Ley Ómnibus se indica que se eliminarán las jubilaciones de privilegio para expresidentes y exvicepresidentes. Según el nuevo proyecto, “se le pone fin a un privilegio de la casta en donde los Presidentes accedían a una jubilación millonaria y vitalicia”.

Cuando culminen sus mandatos, a presidentes y vicepresidentes se les aplicará las previsiones de la Ley 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

El texto definitivo fue acordado tras las conversaciones encabezadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de La Libertad Avanza, y funcionarios del Gobierno durante el fin de semana.

La intención del oficialismo es incorporar estas propuestas al dictamen de mayoría que se debatirá mañana en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

Tras la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero, en estas horas se oficializará la convocatoria al plenario de mañana que tendrá que analizar los dictámenes de mayoría y de minoría, que luego se discutirán en el recinto en la extensa sesión que comenzará en la mañana del jueves y podría extenderse entre 48 y 72 horas, con lo cual se convertiría en el debate más largo de la historia del Congreso.

De concretarse, los salarios de más de $ 1.350.000 en bruto pagarían el impuesto, se actualizará por escalas trimestralmente por el Indice de Precios al Consumidor, y se delegará al Poder Ejecutivo las facultades para modificar los montos de las escalas.

El Poder Ejecutivo enviará este martes al Congreso un proyecto de ley de impuesto a los ingresos personales con el que buscará reemplazar al denominado Impuesto a las Ganancias a la IV Categoría, según anticiparon esta tarde fuentes gubernamentales.

Ante una consulta, las fuentes se limitaron a detallar que los salarios de más de $ 1.350.000 en bruto pagarían el impuesto, se actualizará por escalas trimestralmente por el Indice de Precios al Consumidor, y se delega al Poder Ejecutivo las facultades para modificar los montos de las escalas.

En septiembre del año pasado, un mes antes de las elecciones generales, el ministro de Economía, y candidato a la presidencia por Unión por la Patria, Sergio Massa, impulsó un proyecto para modificar la Ley del Impuesto a las Ganancias que consistió, entre otras cuestiones, en eliminar la cuarta categoría y por lo tanto, eximió del pago a unos 700.000 empleados en relación de dependencia.

Este proyecto fue aprobado por 135 a 103 votos en Diputados y contó, entre otros, con el apoyo de los diputados de La Libertad Avanza: el propio Javier Milei y su compañera de fórmula presidencial, Victoria Villarruel.

Luego, en el Senado, fue aprobado por la mayoría del por entonces oficialismo en el Senado.

Pero una vez que asumió la presidencia Milei, varias provincias pidieron coparticipar conocido como el impuesto al cheque porque habían perdido ingresos por la modificación que en ese momento habían apoyado.

El 19 de diciembre pasado, ocho gobernadores peronistas destacaron la necesidad de buscar “herramientas de compensación” para las arcas provinciales frente a la fuerte devaluación del peso y la “pérdida de recursos coparticipables”, aunque consideraron que “la reversión del Impuesto a las Ganancias no sería el camino adecuado”, sino la coparticipación “de un 70%” del impuesto al cheque.

Así lo manifestaron en un documento difundido por redes sociales y firmado por los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

El pronunciamiento se realizó luego de una reunión de gobernadores con el presidente Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y otras autoridades nacionales.

La respuesta no se hizo esperar y el jefe del Estado afirmó que “de ninguna manera” se va a “coparticipar el impuesto al cheque”.

“Ir para atrás con Ganancias es la solución que permite que las provincias puedan reencauzar sus cuentas”, dijo Milei luego en una entrevista.