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Ecuador declaró el estado de «conflicto armado interno» y movilizó a sus Fuerzas Armadas

El decreto ejecutivo, que reforma el estado de excepción vigente, busca neutralizar los hechos de violencia registrados en varias ciudades, entre ellos tiroteos cerca de la sede del Ejecutivo, un intento de toma de la Universidad de Guayaquil y el ingreso de un grupo armado a un canal de TV, entre otros.

Ecuador terminó de zambullirse este martes en su más severa crisis de seguridad, con la fuga de dos líderes de bandas criminales, ataques explosivos en varias ciudades, incendios de automóviles y motines multiplicados en varias cárceles con retención de agentes penitenciarios, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar al país en estado de “conflicto armado interno” y ordenar a las Fuerzas Armadas “ejecutar operaciones militares para neutralizar” el accionar de una veintena de organizaciones.

El decreto ejecutivo reforma el estado de excepción vigente desde ayer y reconoce la existencia de un conflicto armado interno, por lo que dispone la movilización e intervención inmediata de las Fuerzas Armadas y la Policía en el territorio nacional.

El texto pareció la respuesta al copamiento de un canal de televisiçón en Guayaquil por parte de una banda armada, pero en verdad fue el corolario de una jornada en la que se registraron episodios de violencia en al menos una decena de ciudades y el momento previo a otros gravísimos hechos posteriores, entre ellos tiroteos cerca del palacio de Carondelet -sede del Ejecutivo- y un intento de toma de la Universidad de Guayaquil por parte de encapuchados.

Las redes sociales mostraron, con una fluidez que hacía imposible verificar la información, imágenes de presos amotinados y amenazando a guardias, corridas en universidades, autos incendiados, explosiones en una estación policial y frente a la casa del titular de la Corte Suprema y hasta la voladura de un puente.

El agravamiento de la crisis pareció iniciarse con la fuga de Adolfo Macías, alias “Fito”, jefe de la banda Los Choneros, que estaba preso en Guayaquil, y se sumó el lunes la de Fabricio Colón Pico, uno de los líderes de Los Lobos, detenido el viernes por su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la fiscal general.

El programa de recompensas que Estados Unidos financia en Ecuador anunció dinero para quienes aporten información, pero no detalló la suma.

Macías cumplía una condena a 34 años en la cárcel Regional de Guayaquil por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato y estaba señalado como quien amenazó al candidato presidencial Fernando Villavicencio, muerto a balazos en agosto tras un acto de campaña.

La Fiscalía imputó cargos contra dos funcionarios penitenciarios por su presunta responsabilidad en la fuga del criminal de 44 años, quien obtuvo el título de abogado en prisión.

Los operativos en los penales, o más bien los intentos de revisarlos, dieron paso a motines, retención de guías penitenciarios y revueltas en al menos seis cárceles.

La información oficial señaló inicialmente que había siete policías secuestrados en Machala, Quito y la provincia de Los Ríos, pero el sitio Primicias elevaba por la tarde esa cifra a unos 130 y en las redes se multiplicaban los videos de asesinatos de algunos en paralelo a demandas y amenazas de reos encapuchados.

En uno de esos videos, cuya veracidad no fue verificada, aparecen tres agentes sentados en el piso. Uno de ellos es obligado a leer un mensaje dirigido al presidente: “Declaraste la guerra y guerra vas a tener (…) Declaraste estado de excepción; nosotros declaramos botín de guerra a policías, civiles y militares. Cualquier persona que se encuentre en las calles a partir de las once de la noche será ejecutado”.

En otro, un supuesto preso insulta a Noboa y después dispara seis veces sobre un penitenciario que está sentado delante de otros cuatro.

Según medios quiteños, en el penal de Turi (en Cuenca) hay 49 agentes retenidos y 12 empleados de la cocina; en el de Latacunga (en Cotopaxi) son 45; en el de Machala hay otros 16 guías retenidos; y en el centro de rehabilitación de Archidona (en Napo) en manos de los presos hay 10 agentes y un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

En Quito también se reportó el estallido de un auto y la explosión de un artefacto cerca de un puente peatonal. Su alcalde, Pabel Muñoz, pidió al Ejecutivo la “militarización” de instalaciones estratégicas ante la “crisis de seguridad sin precedentes”.

El nuevo decreto de Noboa dispone identificar a 22 grupos organizados como “organizaciones terroristas y actores estatales no beligerantes”, dado el conflicto armado interno y ordena a las Fuerzas Armadas que ejecuten operaciones militares para “neutralizar” a estas organizaciones delictivas enumeradas.

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Caputazo: la población paga el ajuste en cada compra

Los desmedidos aumentos impactan en el bolsillo de la gente día a día. Vecinos de Posadas sienten las medidas económicas del presidente Milei y su ministro de Economía Luis Caputo. La búsqueda de precios por sobre las primeras marcas se volvió un hábito para las compras.

La disparada de precios en supermercados, carnicerías y verdulerías se siente en cada rincón del país. Vecinos de la capital misionera mencionan que debieron ajustar sus gastos en productos básicos para poder realizar las compras. Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicará el primer informe inflacionario del nuevo Gobierno Nacional.

Desde la asunción de Javier Milei a la presidencia y las medidas de ajuste económico y financiero que anunció su ministro de Economía, Luis Caputo días más tarde, el país entero se vio sumergido en una búsqueda comparativa de precios en los distintos comercios.

Ajuste al bolsillo por las medidas de Caputo

El primero de los incrementos se dio en los combustibles -en un mes se produjeron dos-, que trajo consigo el incremento de precios en cada producto que podemos observar en las góndolas de los supermercados y comercios de cercanía. Por el efecto Caputo, alimentos y bebidas incrementaron en promedio un 40% desde el diez de diciembre.

En base a ese contexto, en dialogó con algunos vecinos de la ciudad a la salida de un reconocido supermercado capitalino. “Es un desastre, no vamos a comer más los pobres”, comentó una jubilada. La mujer agregó que por los aumentos en las tarifas de luz, tras la quita de subsidios “las personas tenemos que priorizar esos pagos y después ver cómo hacemos para comer”.

Por otro lado, una joven mencionó que “hace un mes podía hacer una compra mucho más grande. Hoy hice compras por 20 mil pesos y no llego a llenar dos bolsas”. Comentó también que “antes podía hacer la compra del mes y ahora solo alcanza para una compra semanal y después a ver como seguir”. 

Todos los días tenemos que recortar un poco algunos gastos”, señaló un hombre consultado en la puerta de un supermercado local. Y explicó que “lo que antes comprabas por una cantidad hoy no llega ni a la mitad. No sé a dónde vamos a llegar”.

Salir a comer se volvió un lujo. Ahora pagamos los servicios, con lo que queda tratamos de comprar la mercadería suficiente y esperamos que no surja ningún gasto extra”, comentó otra vecina de la ciudad. 

El ajuste lo está pagando la gente y lo hace de manera constante. Los incrementos de precios son más que evidentes y golpean al bolsillo de cada familia argentina. Incrementos en alimentos y bebidas, sumados al combustible, servicios básicos -agua, energía eléctrica y gas- son solo algunos de los “esfuerzos” que realiza la población.

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El Gobierno admitió que podría reducir la duración de las emergencias que propone la ley ómnibus

Lo dijo el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en el debate de Diputados.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, admitió que el Gobierno podría reducir la duración de las emergencias que propone en la ley ómnibus que presentó el presidente Javier Milei.

Según el funcionario, entre las modificaciones que aceptaría el Poder Ejecutivo estaría la de bajar el período de las emergencias económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.

“(La emergencia) tiene un plazo determinado y nos están sugiriendo que se acorte, algo que podríamos aceptar”, admitió Chirillo.

La Ley de Bases establece en su artículo 3 la declaración de las emergencias “hasta el 31 de diciembre de 2025″, con la posibilidad de prorrogarlas por dos años más, a consideración del Poder Ejecutivo.

La oposición fue muy crítica de ese punto y pidió que también se ponga una cláusula para que sea el Congreso el que autorice si hay prórroga o no.

A la vez, Chirillo rechazó las críticas de la oposición y aseguró que el Gobierno “no pretende que se cierre el Congreso”, al hablar en la primera jornada de debate de la ley ómnibus en la Cámara baja.

La ley ómnibus propone que el plazo de emergencia “podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de DOS (2) años”.

“Delégase en el Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley y en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación aquí establecidas y por el plazo arriba dispuesto”, establece la norma presentada por el Gobierno.

Y agrega: “Las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa. Los términos del presente capítulo de la ley y demás artículos concordantes, se aplicarán a todas aquellas disposiciones que se dicten posteriormente y hagan referencia expresa a la emergencia pública que se declara”.

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Se podrá cargar hasta $60.000 en la Sube en Posadas

Desde este 10 de enero se ampliará el límite de carga en la tarjeta Sube Misionero que se utiliza en el transporte público de pasajeros en el área metropolitana que incluye a Posadas, Garupá y Candelaria, según informaron de forma oficial desde la Secretaría de Movilidad Urbana de la capital misionera. Así, los pasajeros podrán colocar hasta $60.000 de crédito en el plástico que se usa para pagar el pasaje.

Se trata de un viejo reclamo de los usuarios, teniendo en cuenta que hasta hoy el límite de carga llega a los 600 pesos y cada viaje por Posadas con Sube vale 250 pesos.

La novedad llega días después de la audiencia pública que se celebró el jueves último en el Jardín Botánico donde las empresas informaron que el boleto técnico correspondiente al mes de diciembre e incluidos los atrasos de pagos de Nación -en subsidios- y la suba de insumos, correspondería a un total de $1.633. En tanto que desde el municipio aseguraron que el usuario abona actualmente solo el 25% de lo que vale el boleto realmente.

Por otra parte, en esa misma audiencia se conoció un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la ciudad hecho en diciembre que arrojó que el 66% de los pasajeros está poco o nada satisfecho con el servicio.

En este sentido, desde la Defensoría explicaron que los datos además arrojaron que un 55% usa tarjeta Sube, un 30% abona el pasaje en efectivo y solo un 15% paga a través de la aplicación del celular.

La caracterización de los usuarios relevados que utilizan el transporte público es que el 63% de los relevados son usuarios femeninos. En cuanto a las edades el 57% tiene un rango de edad entre 18 y 45 años y un 18% de los consultados fueron adultos mayores.

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Ecuador: un grupo armado entró a un canal de televisión y tomó de rehenes a los trabajadores

Luego de que el presidente Daniel Noboa declarara el estado de excepción, un grupo armado irrumpió en vivo en un estudio del canal TC y obligó al personal a tirarse al suelo. Todo quedó registrado por las cámaras.

Una emisión en directo de la cadena de televisión ecuatoriana TC fue interrumpida este martes por personas encapuchadas y armadas, que obligaron al personal a tumbarse en el suelo, mientras se oían disparos y gritos.

Más tarde se vio a algunos de los encapuchados salir de un estudio de grabación con parte del personal.

El incidente se produjo en medio de los secuestros de al menos siete policías y una serie de explosiones, un día después de que el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción en el país.

La señal en directo, que finalmente se cortó, mostraba al personal acurrucado en el suelo de los estudios de TC en Guayaquil, mientras figuras armadas hacían gestos a la cámara. Se escuchó a alguien gritar “policía no”.

La Policía Nacional informó en las redes sociales que sus unidades especializadas estaban desplegadas en el lugar para atender la emergencia.

Noboa, hijo de uno de los hombres más ricos del país, asumió el cargo en noviembre con la promesa de frenar una ola de violencia relacionada con el narcotráfico en las calles y en las cárceles que ha ido en aumento durante años.

Noboa declaró el lunes el estado de emergencia durante 60 días -una herramienta utilizada por su predecesor con escaso éxito-, habilitando patrullas militares, incluso en las prisiones, y estableciendo un toque de queda nocturno nacional.

La medida fue una respuesta a la aparente fuga de Adolfo Macías, líder de la banda criminal Los Choneros, de la prisión donde cumplía una condena de 34 años, y a otros incidentes carcelarios recientes, como la toma de guardias como rehenes.