Comenzaron las negociaciones abiertas entre el Banco Central con los bancos para analizar el nuevo esquema de costos.
El gobierno de Javier Milei relanzará el plan “Ahora 12” a comienzos del próximo año. El actual programa vence el próximo 31 de enero y el Gobierno pretende empalmarlo con el nuevo plan.
Para eso ya hay negociaciones abiertas entre el Banco Central con los bancos para analizar el nuevo esquema de costos y el reparto de esa carga entre las instituciones financieras, el Estado y los comercios que adhieran.
Esta última parte de la cadena -la relación con las cadenas comerciales- la negocia directamente la secretaría de Comercio.
Las claves del “nuevo Ahora 12”
Los técnicos de la secretaría, además de negociar las pautas financieras del nuevo plan, están evaluando distintos nombres para reemplazar el “Ahora 12”.
Los funcionarios quieren que el relanzamiento sea con una disminución de la tasa de interés. Hasta noviembre, el último mes en el que estuvo activo, el “Ahora 12” tenía una tasa nominal anual del 71,5%. El costo financiero total superaba el 140% anual.
La idea es que ese costo se reduzca en forma sensible, en línea con lo aplicado por Luis Caputo y el Banco Central en las últimas semanas.
Según los datos oficiales, el “Ahora 12” computó un total de 6,4 millones de operaciones durante el mes pasado. Además de las 12 cuotas con una tasa preferencial, la idea de los funcionarios es que haya promociones con 6 cuotas “sin interés”.
Para el relanzamiento, la Secretaría de Comercio y el Banco Central encabezan las negociaciones con las cadenas comerciales y con los bancos. Buscan acordar el reparto de las cargas financieras entre el Estado y el sector privado.
Nuevo “Ahora 12”: qué productos se podrían incluir
El incentivo, dicen, es que el nuevo “Ahora 12” abrirá las puertas a una mejora de las ventas durante el ciclo recesivo de la economía.
De acuerdo a la visión oficial, la caída en las ventas va a impactar en especial sobre rubros como el de línea blanca y el de los pequeños electrodomésticos. Hacia ellos se apuntará con la implementación de las seis cuotas sin interés.
La idea, no obstante, es que el relanzamiento del “Ahora 12” incluya a otros rubros: bicicletas, motos de baja cilindrada y televisores.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica, dictado por el Gobierno de Javier Milei, entrará en vigencia este viernes sin que la Justicia haya aún dado curso de manera favorable a reclamos de medidas cautelares que lo suspendan, en el marco de una treintena de amparos presentados por organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares.
En el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires había hasta el mediodía del jueves al menos 25 amparos y otros dos de la CGT y la CTA ante la justicia del Trabajo, según un relevamiento.
El DNU 70 fue firmado por el presidente Javier Milei e integrantes del Gabinete nacional y publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último y por Ley entrará en vigencia ocho días más tarde, es decir, desde este viernes 29, salvo medida cautelar judicial que lo suspenda.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari rechazó disponer una precautelar de suspensión de los efectos del DNU en el proceso colectivo iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad porque «al día de la fecha, las disposiciones del DNU 70/2023 no han entrado en vigencia (cfr. arts. 5º y 6º CCyCN)», según la resolución.
Por su parte, la CGT apeló este jueves la decisión del juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet que desestimó el dictado de una medida cautelar «interina» que suspenda el capítulo IV del Decreto vinculado a la reforma laboral porque aún no entró en vigencia.
El magistrado concedió la apelación, habilitó días y horas inhábiles del 28 y 29 de diciembre y ya giró el expediente a la sala ocho de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
En el escrito de apelación, firmado por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña como secretarios generales de la CGT. se advirtió que «se trata de conjurar un acto de autoridad que impone una reforma laboral peyorativa sin recurrir al Congreso y que los afecta en los aspectos individuales y colectivos», según el texto.
Con esta presentación intervendrá por primera vez un Tribunal de Apelaciones en relación al DNU, aunque sólo en lo referido a las normas de índole laboral.
«Debe tenerse en cuenta, asimismo, que el DNU 70/23, pretende introducir modificaciones permanentes y no de coyuntura o de emergencia temporal (en derecho individual del trabajo y derecho colectivo) y esta circunstancia es relevante porque no se trata de implementar remedios temporales para una alegada crisis, lo que constituye otro motivo de invalidez ostensible», argumentaron los sindicalistas al reclamar una medida cautelar de «no innovar» y la suspensión de la puesta en vigencia del Título IV del DNU 70.
Ramonet concedió la apelación ante «la innegable trascendencia de la presente causa» y también a raíz de fallas del sistema judicial LEX registradas hoy que «no permiten que la causa sea despachada con la premura que requiere» por lo cual habilitó «días y horas inhábiles para la tramitación de la misma los días 28 y 29 de diciembre del corriente año, debiendo estarse a lo ya dispuesto en cuanto a la posibilidad de habilitar la feria judicial», si alguna de las partes lo requiere.
En tanto, en el fuero Contencioso Administrativo Federal, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez reclamó el dictado de una medida precautelar para suspender el DNU en su totalidad, mientras tramita su amparo contra esa norma.
Como hecho novedoso, explicó ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 7 que al presentar el miércoles el proyecto de Ley para sesiones extraordinarias, el Gobierno incluyó «una cláusula de ratificación» del DNU, algo que implica el «reconocimiento» por parte del Poder Ejecutivo de que no hay motivos para que las reformas propuestas no se traten en el Congreso Nacional.
En ese mismo fuero ingresaron durante la jornada otras dos demandas contra el DNU, uno del CELS y otro de la Confederación Argentina de Deportes, que resultaron sorteados en diferentes juzgados.
El Centro de Estudios Legales y Sociales reclamó la inconstitucionalidad del DNU porque «se aparta del principio de división de poderes, así como suprime y restringe derechos, garantías individuales y colectivas de amplios sectores sociales».
En otro de los amparos iniciados esta semana, la demandante Betina Stein presentó un recurso de revocatoria ante el rechazo por parte del juzgado interviniente, el Contencioso Administrativo Federal 8, a dictar la medida cautelar de suspensión a la espera de un informe «sobre la existencia de otro proceso colectivo».
Stein reclamó que revoque esa decisión y «se ordene en forma urgente la suspensión».
El proceso colectivo en cuestión es el iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad junto a Hugo Godoy, Claudio Lozano y Rodolfo Aguiar, aceptado por el juez Furnari e inscripto así en el Registro de Procesos Colectivos.
Finalmente, en La Plata, el juez federal Alberto Recondo rechazó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el DNU al argumentar que «solo el carácter de ciudadano no otorga legitimación activa».
El Comité Central Confederal (CCC) de la CGT declaró un paro general nacional a partir de las 12 del miércoles 24 de enero, que incluirá una masiva movilización al Congreso, en rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica dictado por el Gobierno, informaron fuentes gremiales.
La central obrera realizará el 10 de enero en el Salón Felipe Vallese de Azopardo al 800 un plenario nacional de delegaciones regionales, informaron los voceros de la CGT.
El máximo órgano ejecutivo de la central sindical sesionó desde el mediodía de este jueves para analizar la instrumentación de un plan de lucha y, ante la presión de la mayoría de las organizaciones confederadas, convocó a una huelga nacional para el 24 de enero.
Hasta el miércoles las fuentes gremiales habían señalado a Télam que la aplicación de ese plan de acción iba a ser “gradual” e iba a comenzar con “el ejercicio de la presión sobre la totalidad de los bloques parlamentarios de ambas cámaras legislativas”.
También habían asegurado que la CGT iba a “monitorear” el clima social durante todo el mes de enero y, probablemente, declarar una huelga nacional para febrero próximo, pero la presión de las entidades sindicales determinó fijar la fecha para el 24 de enero.
Tanto el cotitular de la central obrera, Héctor Daer, como el jefe de la Asociación Bancaria (AB) e integrante del consejo directivo de la CGT, Sergio Palazzo, habían sin embargo anticipado al ingresar a la sede de Azopardo respecto de la posibilidad de declarar este jueves un paro nacional a partir de “las consecuencias nocivas de este DNU”.
Palazzo reclamó a la justicia que observe “con mucho detenimiento” esa iniciativa del presidente Javier Milei, porque la medida atenta contra “la situación de los trabajadores”, a la vez que denunció que “arrogarse las facultades de legislar durante dos años, con posibilidad de extenderlo otros dos más, significa eliminar prácticamente el Congreso”.
Daer había señalado a la señal TN que “la incorporación del DNU a la Ley ómnibus aumentó la maldad de forma exponencial”, y aseguró que “el Presidente reclamó facultades muy amplias hasta declarar una guerra total durante dos años”.
“El Presidente pide facultades amplísimas hasta declarar una guerra, por dos años”, dijo Daer en esa oportunidad, al tiempo que sostuvo que las iniciativas “van en contra de toda la sociedad”.
“Uno puede transformar un país pero debe hacerse con un gran acuerdo con base de sustentación política, proponiendo debate. Acá estamos deshaciendo la administración del Estado, convirtiéndola en la nada misma y a partir de eso alguien nos dice que vamos a estar mejor pero las consecuencias que son tarifazo y devaluación”, argumentó.
Si bien está todavía pendiente la audiencia pública del 4 de enero, el intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto, adelantó que en enero habrá un nuevo “boletazo” de colectivos y que habrá aumentos “prácticamente mensuales”.
“Seguro va a haber un incremento en enero. No quiero ser negativo, pero estamos estimando una inflación, que aumenta el combustible y acompaña a todo el resto de las actividades como también del servicio de colectivos. Entonces ahí tenemos que entender que seguramente va a haber algún incremento (del boleto) en enero, y, de acuerdo a cómo marche toda la economía, ver cada cuánto se tenga que ir redeterminando los valores para que se pueda brindar el servicio”, anticipó.
Stelatto remarcó que “primero vamos a hacer esta audiencia públicay viendo la situación que se va a ir dando en este nuevo contexto nacional de cómo van a impactar la quita de subsidios si es que realmente se produce. Entonces, no vamos a tener un valor determinado todavía seguramente, vamos a estar estudiando día a día la tarifa técnica para ver cuánto se puede cubrir con lo que el usuario puede acompañarnos. Es imposible hoy predecir, pero seguramente vamos a estar aproximadamente entre 400 y 600 pesos, y hacer una previsión escalonada de incrementos“, que podrían irse en los próximos meses hasta las cuatro cifras.
“El valor real que tiene que tener el costo del transporte hoy está prácticamente alrededor de las cuatro cifras: todo se ha incrementado, no solamente el costo de las unidades, el costo operativo del recurso humano que tiene que estar trabajando, como también los insumos que han subido notoriamente. Entonces hay una tarifa técnica que es la que va a marcar un poquito el costo que hay que abonar ¿Y cómo se va a abonar? Si se quitan los subsidios, habrá que ver cómo se puede brindar un servicio a un costo determinado y tratar de acomodarnos”, argumentó Stelatto.
En ese sentido, adelantó que “seguramente va a haber menos frecuencias y vamos a tener que buscar otras alternativas, vamos a tener que ir cambiando también hábitos, como el horario corrido, para ver la posibilidad de que el trabajador se traslade una sola vez en el día y regresa a su casa”.
“Tenemos que cambiar la planificación de los hábitos individuales, comerciales, laborales, educativos, todo para hacer más eficientes los movimientos, en función de los recursos que disponemos para gastar o para invertir. Vamos a tener que planificar todo, desde la reubicación de los lugares donde los chicos van a los colegios, cambios en los recorridos de los colectivos… Hoy hay una incertidumbre, todavía no impactaron las medidas (nacionales) en el día a día de la gente o están impactando muy levemente y seguramente con el correr de los primeros días del año que viene vamos a tener ya una realidad de lo que puede llegar a suceder”, dijo el jefe comunal.
Recarga de la SUBE
En lo que hace a la prometida y cada vez más necesaria actualización del límite de recarga de la tarjeta SUBE, Stelatto planteó que “la administradora siempre aducía algunos inconvenientes de inversión que había que hacer para poner nuevos validadores, etcétera, pero hoy creo que estamos próximos a lograr ese objetivo de incrementar. No quiero adelantarme, pero seguramente los primeros días de enero ya vamos a tenerlo en funcionamiento”.
Respecto a los nuevos montos que se podrán cargar como crédito, deslizó que “si hoy estamos en 600 pesos, sería agregarle casi 2 ceros más, o no poner un límite”.
Boleto gratuito
También se le consultó a Stelatto sobre la gratuidad del pasaje para los jubilados, de los discapacitados y el boleto estudiantil: “Son cuestiones que seguramente va a ir evaluando la provincia en la medida de las disponibilidades de fondos para cubrir a través de los recursos provinciales, así que hoy es muy difícil predecir algo en esta situación”, insistió.
Un abrupto cambio se produciría en el transporte público de Posadas. La empresa Bencivenga reconocio públicamente que se encuentra en una “situación límite” y dejará de prestar servicio en Posadas.
El representante legal Juan Manuel Fouce indicó que la empresa tuvo que reducir las frecuencias y no tuvo otra alternativa que endeudarse para pagar los sueldos debido a una supuesta deuda que mantiene el Estado con ella
Desde Bencivenga aseguraron que pudieron mantener hasta ahora el servicio con financiamiento propio, pero ahora ya no pueden afrontar los gastos operativos, entre ellos el salario de más de 150 trabajadores que prestan servicio allí.
Fouce lamentó que el Estado provincial no haya podido extender la concesión del servicio como si pasó con las empresas del grupo Zbikoski. Se desconocen las razones de por qué concedieron la extensión a uno si y a otro no.
Ahora se hará una licitación pública de las líneas 14, 16, 23 y 28 que explotaba Bencivenga. También trascendió que se hará lo propio con dos ramales que estaban a cargo de Don Casimiro.
“Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para prestar el servicio. Modernizanos las unidades con aire acondicionado y tenemos todos coches nuevos”, recalcó Fouce.
