La salida de Gustavo Velázquez del PRO y su incorporación al oficialismo provincial reaviva el debate sobre el modelo misionerista, el federalismo real y el impacto de la macroeconomía nacional en las economías regionales.

El escenario político de Misiones volvió a moverse. La decisión de Gustavo Velázquez, excandidato a intendente y concejal por el PRO en Oberá, de abandonar las filas del partido amarillo para incorporarse al oficialismo provincial no es un hecho aislado: es una señal de época. Hace poco hizo lo propio el intendente de Concepción de la Sierra.

Velázquez explicó su pase con una definición que resume el debate de fondo. Reivindicó el modelo misionerista y cuestionó con dureza la política económica nacional del presidente Javier Milei, a la que responsabilizó por la recesión y la caída del consumo. “Si el modelo provincial fuera fallido, Misiones sería una provincia dependiente del empleo público como tantas otras. Acá es el sector privado el que empuja”, afirmó en una nota publicada por Misiones Opina.

El planteo apunta al corazón del conflicto actual: mientras Nación ajusta y recentraliza, Misiones sostiene un esquema propio, con herramientas de alivio para el comercio y la producción. Programas como Ahora Misiones, el Boleto Educativo Misionero o el acompañamiento salarial a través del FOPID aparecen, en este contexto, como un dique de contención frente a una macro, ordenada en los papeles, pero que golpea con una fuerza brutal en el interior.

Velázquez también cuestionó a una oposición que, según señaló, “milita la crisis desde las redes” sin hacerse cargo del origen del problema. En ese contraste, comparó la situación fiscal de la provincia con la de distritos vecinos como Chaco o Corrientes, donde varios municipios enfrentan serias dificultades financieras. Para el dirigente obereño, el Estado provincial cumple hoy un rol de amortiguador frente a políticas nacionales que están “asfixiando” al comercio de cercanía.

La salida de Velázquez vuelve a dejar expuesta la fragilidad, no solamente, del PRO en Misiones, sino de los espacios prêt-à-porter en general. El partido fundado por Mauricio Macri atraviesa una crisis de identidad, atrapado entre la fuga de dirigentes y los intentos de convergencia con La Libertad Avanza.

Aunque referentes locales como Horacio Loreiro y la diputada Analía Labandoczka insisten en preservar la autonomía partidaria, el goteo constante de cuadros territoriales achica cada vez más el margen de maniobra. En la práctica, las terceras vías tradicionales parecen diluirse.

El 2026 encuentra a la provincia ante una polarización clara: un modelo misionerista que, aún con desaciertos, se presenta como pragmático, productivista y con anclaje territorial, frente a una gestión nacional de fuerte sesgo centralista. En ese escenario, los pases políticos no solo reordenan nombres y sellos: funcionan como termómetro de hacia dónde miran quienes realmente caminan el territorio.

Sin estridencias ni consignas, el mensaje de fondo pareciera que termina de consolidarse, aunque pase desapercibido para los players más nuevos. Para muchos actores políticos locales, la Renovación logró reinventarse tras su emblemático concepto: el misionerismo. Ya no estamos frente a un ejercicio de identidad política, sino ante una apuesta de futuro.

El mercado de venta de chacras y lotes productivos en la provincia de Misiones atraviesa un marcado crecimiento desde 2024, impulsado por la baja rentabilidad, el aumento sostenido de los costos y el impacto de políticas económicas nacionales que golpean a las economías regionales. En particular, la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) dispuesta por el Gobierno nacional profundizó la incertidumbre en el sector, debilitando los ingresos de los productores y acelerando la decisión de desprenderse de sus tierras como una salida ante un escenario económico adverso.

Rafael Oliveira, responsable del equipo de Tercios en Misiones, confirmó en una entrevista radial que el fenómeno comenzó a hacerse visible el año pasado y que la tendencia podría profundizarse en el corto plazo. “A partir de 2024 empezó. Creemos que este año va a seguir en aumento y el próximo capaz también”, señaló, al referirse al incremento sostenido de chacras en oferta en distintos puntos de la provincia.

Según explicó, la decisión de vender no responde a una zona geográfica en particular, sino a la falta de rentabilidad de las explotaciones. “No es un tema de zona, sino de que no les alcanza. Los que tienen baja productividad por hectárea son los que quieren vender”, indicó. No obstante, precisó que se observa una mayor cantidad de consultas por chacras ubicadas sobre las rutas nacionales 12 y 14, aunque el impacto se siente de manera generalizada en Misiones.

Entre los productores que optan por desprenderse de sus tierras predominan los vinculados al sector tealero y yerbatero, dos actividades fuertemente golpeadas por la coyuntura económica. Oliveira remarcó que el té es el cultivo más afectado, al punto de ofrecer márgenes casi inexistentes. “El té prácticamente no le da nada de ganancia, es muy poquito”, afirmó. En el caso de la yerba mate, explicó que aún permite subsistir, aunque resulta insuficiente cuando la producción por hectárea es baja.

El referente empresarial señaló que esta situación responde a una lógica propia del mercado productivo. “Es algo normal en cualquier negocio. Si no te da un rendimiento adecuado, tratás de vender o cambiar de ámbito. Los costos suben y no les dan el margen de ganancia que necesitan o que esperan”, expresó, al describir el escenario que enfrentan numerosos productores.

Del lado de la demanda, Oliveira indicó que la mayoría de los interesados en adquirir chacras son productores agropecuarios o inversores que buscan iniciar o ampliar su actividad. Destacó un fuerte interés desde otras provincias, principalmente Buenos Aires y Córdoba, donde buscan diversificar inversiones en producciones regionales típicas de Misiones, generalmente con la intención de continuar con los cultivos tradicionales.

Además, comenzó a detectarse un interés incipiente desde el exterior, con consultas provenientes de países europeos como Alemania y Suiza, aunque hasta el momento no se concretaron operaciones con compradores extranjeros. El aumento de chacras en venta refleja un cambio profundo en la dinámica productiva provincial, marcado por una crisis que empuja a muchos a vender y por la mirada de nuevos inversores que ven en Misiones un mercado con potencial a futuro.

En un contexto desafiante, el Ministerio de Industria acompañó la puesta en marcha de una nueva unidad productiva que apuesta al agregado de valor, la innovación y la expansión comercial.

POSADAS.- En el marco de las acciones de fortalecimiento del sector productivo, el Ministerio de Industria de Misiones realizó un recorrido por la nueva unidad productiva de la Pastelería Genovesa, una empresa familiar con diez años de trayectoria en el mercado que continúa consolidando su crecimiento dentro de la industria alimentaria provincial.

La puesta en funcionamiento de esta nueva unidad representa una apuesta al desarrollo industrial de Misiones, incorporando innovación, agregado de valor y mejoras en los procesos productivos. La firma elabora productos envasados y proyecta la expansión de sus puntos de venta, con el objetivo de ampliar su alcance comercial y posicionarse en nuevos mercados.

Dentro de su línea de elaboración, los alfajores se consolidan como el producto insignia de la marca y constituyen el eje central de su estrategia productiva, destacándose por su identidad, calidad y potencial de crecimiento.

Desde el Ministerio de Industria se destacó la importancia de acompañar a empresas familiares que apuestan a crecer y a generar valor agregado en origen. En ese sentido, se brindará acompañamiento mediante asesoramiento profesional y asistencia técnica orientada a la optimización de los procesos productivos y al fortalecimiento de los productos finales.

Este tipo de iniciativas refuerza el compromiso de la provincia de Misiones con la incorporación de nuevas unidades productivas, la diversificación industrial y el impulso a emprendimientos locales que generan empleo y fortalecen la economía regional.

La Agencia Tributaria Misiones informa que el próximo 10 de febrero vence la prórroga de la cuota anual del Impuesto Inmobiliario correspondiente al período fiscal vigente.
Aquellos contribuyentes que abonen la cuota anual antes de esa fecha podrán acceder a un descuento de hasta el 40% en la partida inmobiliaria.
Para acceder al beneficio, es importante tener los datos correctamente actualizados y pagar con cualquier método online. En ese sentido, desde la ATM recuerdan la necesidad de asociar la partida inmobiliaria de manera correcta, actualizar el e‑mail en el apartado “Mi perfil” ingresando con CUIT y Clave Fiscal, y realizar el pago online a través de los medios disponibles en la plataforma.
Todas las gestiones pueden realizarse de forma rápida, segura y sin necesidad de concurrir a una oficina, ingresando al sitio web oficial con clave fiscal:
https://atmisiones.gob.ar/

Informamos que desde el lunes 2 de febrero se encuentra depositado el Programa Intercosecha para trabajadores tareferos y tabacaleros, en sus cuentas del Banco Nación.

👉 El pago se realizó gracias a las gestiones del Gobierno de Misiones, a través del Ministerio de Trabajo, acompañando a las familias durante todo el proceso mediante el SITAMI.

ℹ️ Más información: https://sitami.com.ar/sitami/

El gobierno nacional dispuso una nueva actualización de los precios mínimos de los biocombustibles que se utilizan en la mezcla obligatoria con combustibles fósiles, una medida que vuelve a sumar presión sobre los costos del sistema energético y que, en los hechos, termina impactando en el bolsillo del consumidor. El aumento de los valores regulados encarece la estructura de costos de las petroleras y refinerías, lo que reduce el margen para absorber subas y aumenta la probabilidad de que esos mayores costos se trasladen —al menos en parte— al precio final de las naftas y el gasoil en los surtidores.

La decisión fue formalizada a través de las Resoluciones 24/2026 y 25/2026, publicadas el 2 de febrero de 2026 en el Boletín Oficial, en el marco del régimen regulatorio establecido por la Ley 27.640, que fija las condiciones para la producción y comercialización de biocombustibles en el mercado interno.

Para las operaciones correspondientes al mes de febrero, el precio mínimo del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar se estableció en $1.000,868 por litro, mientras que el bioetanol producido a partir de maíz fue fijado en $917,323 por litro. En tanto, el biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil quedó determinado en $1.842.796 por tonelada.

Además de la actualización de valores, las resoluciones incorporaron definiciones relevantes para la operatoria comercial del sector. En el caso del bioetanol, se dispuso que el plazo de pago no podrá superar los 30 días corridos desde la fecha de emisión de la factura correspondiente, una medida orientada a ordenar la relación entre productores y las empresas obligadas a realizar la mezcla con naftas.

Para el biodiesel, el plazo máximo de pago se fijó en 7 días corridos, una diferencia significativa respecto del bioetanol que impacta directamente en el flujo financiero de las plantas productoras y en la dinámica comercial del sector. Ambas disposiciones entraron en vigencia de manera inmediata con su publicación en el Boletín Oficial.

La actualización de los precios regulados tiene un impacto directo en la agroindustria, particularmente en las cadenas vinculadas a la producción de caña de azúcar, maíz y oleaginosas, insumos clave para la elaboración de los biocombustibles que se destinan al mercado interno.

Al mismo tiempo, las refinerías y empresas obligadas a cumplir con los cortes mínimos deben incorporar estos nuevos valores en su estructura de costos, lo que puede trasladarse al precio final de los combustibles en un contexto de alta sensibilidad inflacionaria. Desde el plano regulatorio, la medida vuelve a poner en evidencia el rol activo de la Secretaría de Energía como árbitro entre la sustentabilidad económica de los productores de biocombustibles y la necesidad de evitar mayores distorsiones en el mercado de combustibles líquidos.

El precio del Big Mac volvió a poner a la Argentina en el centro del debate cambiario. Según la última edición del Índice Big Mac de The Economist, comprar la clásica hamburguesa de McDonald’s en el país resulta hoy más caro que en Estados Unidos cuando se mide al tipo de cambio oficial, una señal de que la política económica nacional ha hecho que el país esté caro en dólares y enfrente dificultades de competitividad, mientras que los salarios aún no se han recuperado.

Durante buena parte de 2024 y comienzos de 2025, la política monetaria y cambiaria definida por el Gobierno nacional sostuvo un ajuste del tipo de cambio oficial cercano al 2% mensual, muy por debajo de la inflación. Este esquema profundizó el atraso cambiario y tuvo impactos directos en las provincias que limitan y compiten con economías vecinas como Paraguay y Brasil, donde la brecha de precios en dólares condiciona el consumo, la actividad comercial y el desempeño de las economías regionales en un contexto de recesión.

En ese escenario, la pérdida de poder adquisitivo y la caída del nivel de actividad refuerzan el comportamiento defensivo de los hogares. Con ingresos ajustados, los consumidores buscan maximizar el valor de cada peso que gastan, lo que reduce el consumo interno y deja a los comercios locales en una situación más frágil frente a la competencia externa, especialmente en las zonas de frontera.

Ese proceso llevó a que, a mediados de 2024, el peso argentino se ubicara entre las monedas más sobrevaluadas del mundo, junto con el franco suizo y el peso uruguayo. Si bien el escenario comenzó a mostrar correcciones en el segundo semestre y se consolidó a comienzos de 2025, el nivel de precios en dólares sigue siendo un factor central del debate económico.

De acuerdo con el relevamiento más reciente del semanario británico, que promedia los precios del Big Mac en cuatro ciudades argentinas, el sándwich cuesta alrededor de $8.000. En Estados Unidos, el mismo producto se vende a u$s6,12, una diferencia que vuelve a funcionar como referencia concreta del encarecimiento relativo de la Argentina al tipo de cambio oficial.

Bajo esta comparación, el tipo de cambio que igualaría los precios entre ambos países sería de $1.307,19 por dólar, por debajo del tipo de cambio oficial de $1.445,76 utilizado por el índice. A partir de ese cálculo, el peso argentino aparece subvaluado en torno al 9,6% frente al dólar en la medición tradicional del Índice Big Mac.

No obstante, The Economist también publica una versión “gourmet” del índice, que ajusta los resultados por nivel de ingresos y toma en cuenta el PBI per cápita. Bajo ese enfoque, el peso argentino aparece 19,8% sobrevaluado, lo que refuerza la idea de que, más allá de las correcciones recientes, la Argentina continúa siendo un país caro en dólares en relación con su nivel de desarrollo.

La reactivación económica prometida por el gobierno nacional está lejos de suceder. Recesión prolongada, actividad económica en baja, aumento en el costo de vida, salarios pisados, incendios que consumen la mitad de la Patagonia, son algunos de los acordes del rock que ensaya Javier Milei.

Los últimos días del primer mes del año sirven para graficar la situación argentina: ajuste sin fin ni propósito virtuoso alguno, recesión prolongada, cierre de fábricas y comercios, despidos, caída del consumo, retención indebida de recursos de las provincias, nuevas promesas que reemplazan a las anteriores incumplidas. El programa económico de Milei y Caputo no despega -básicamente se trata de apostar al crecimiento de los sectores de energía y minería, así como al crecimiento económico vía el crédito- y las consecuencias se sienten en toda la geografía nacional: distritos aliados, opositores, provincialistas.

Por ejemplo, Corrientes -jurisdicción que registró el porcentaje más alto del país de muertes infantiles en 2025-, provincia aliada a Nación y elogiada por el establishment argentino debido a su estructura tributaria, tuvo que tomar un préstamo para pagar los salarios estatales de diciembre y en enero anunció que no habrá aumentos para el sector, generando una crisis en los golpeados bolsillos de los empleados públicos.

Claro está que en Misiones la crisis golpea fuerte también, pero la gestión provincial prioriza la contención social, el sostenimiento de las fuentes de trabajo y el orden. Hacer, estar y coordinar en lugar de promesas irrealizables a través de discursos grandilocuentes. La semana que concluyó tuvo varios ejemplos en ese sentido.

La renovación de autoridades en la CODEIM, con el respaldo explícito del gobernador Passalacqua al trabajo colectivo de los intendentes, no fue un hecho menor. En un contexto de escasez de recursos, la articulación entre Provincia y municipios aparece como una herramienta clave para sostener obras, infraestructura y desarrollo local. No es un gesto político: es una necesidad concreta.

Passalacqua lo expresó con claridad al valorar a los intendentes como actores estratégicos del desarrollo territorial. Son ellos —los jefes comunales— quienes ponen la cara todos los días frente al vecino, quienes reciben el primer reclamo, la primera angustia y también la primera demanda de respuesta. En tiempos de crisis nacional, el proyecto político provincial reconoce y respalda a esa primera línea, porque sin territorio no hay política que se sostenga.

Otro caso que sirve para ejemplificar lo mencionado es el del alivio fiscal, en el esquema de descuentos y exenciones del Impuesto Provincial Automotor 2026. la Provincia optó por combinar responsabilidad fiscal con sensibilidad social: bonificaciones por pago anticipado, cuotas accesibles, exenciones para vehículos antiguos y estímulos a tecnologías más limpias. Esta batería de medidas es clara desde su denominación: es un alivio, no resuelve grandes problemas, pero amortigua el impacto de la crisis.

Lo mismo puede decirse del acuerdo alcanzado en la Mesa Tabacalera. En una Argentina donde muchas economías regionales quedaron libradas a su suerte, Misiones volvió a apostar al diálogo y al consenso para defender producción y empleo. El precio de referencia fijado para el tabaco Burley no solo brinda previsibilidad a miles de productores, sino que reafirma una idea central: defender lo propio no requiere gritar, sino trabajar con seriedad, datos y presencia del Estado.

La agenda ambiental y de prevención también ocupó un lugar central. Ante un escenario climático extremo, el Gobierno provincial activó la Mesa de Coordinación Preventiva de Incendios, reforzando monitoreos, patrullajes y concientización. No es casualidad que Misiones haya logrado reducir drásticamente los incendios en los últimos años: hay planificación, inversión y coordinación real entre organismos, municipios y fuerzas operativas. Gobernar también es anticiparse.

A nivel municipal, la ciudad de Posadas ofrece un ejemplo claro de esa cercanía que la sociedad valora. Bajo la gestión del intendente Leonardo Stelatto, la capital provincial combina orden administrativo con presencia territorial. Beneficios impositivos, prórrogas para facilitar el cumplimiento, acompañamiento en emergencias, apoyo a bomberos, jornadas deportivas en barrios y operativos de salud animal descentralizados no son grandes anuncios, pero sí políticas que impactan directamente en la vida cotidiana.

Esa es, quizás, una de las claves de este tiempo: la gestión concreta como antídoto frente a la bronca social. En un clima atravesado por el enojo y la desconfianza, la gente distingue rápido entre el relato y la acción. No espera milagros, pero sí respuestas. Y cuando el Estado actúa, ordena y acompaña, el cinismo baja y aparece, aunque sea de manera frágil, la credibilidad.

Misiones no está mejor que el resto del país, pero tampoco se desentiende. Funciona, en muchos aspectos, como un amortiguador frente a la crisis nacional. Contiene, media y responde con los recursos que tiene, sin desconocer las dificultades. La demanda social hoy no es ideológica: es que alguien se haga cargo. Y esa expectativa, en gran medida, recae sobre la gestión provincial y los gobiernos locales.

Gobernar, en este contexto, no es declamar. Es sostener. Sostener servicios, producción, vínculos sociales y convivencia. La estabilidad y la previsibilidad también son valores políticos, aunque no hagan ruido en redes sociales. El territorio sigue siendo la base de la legitimidad, y Misiones lo entiende: estar donde están los problemas, no comentarlos desde lejos.

En un país cansado del ruido y las promesas incumplidas, esta forma de gobernar —silenciosa, constante y realista— no soluciona todo, pero dialoga mejor con una sociedad que la está pasando mal y que, más que discursos, necesita hechos.

Hechos que parecieran no llegar ni intentar que lleguen: el gobierno nacional es un espectador de lujo mientras se queman hectáreas y hectáreas de bosque nativo en el sur, fascinado con hacer seguidismo a todo lo que haga Estados Unidos, ahora se plantea tener en suelo argentino un ICE -agencia anti inmigrantes yankee- autóctono y al mismo tiempo planea convertir al país en depositario de los migrantes deportados por el país del norte. Además, el Banco Central anunció la necesidad de ajuste extra del 0,5% del PIB y señaló que el ajuste podría concentrarse en salarios, subsidios, planes sociales y bienes y servicios.

Si no hay pan, que haya circo. ¡Quiero verla en el show!

Sabemos que la Argentina atraviesa un momento complejo, donde los discursos no alcanzan y lo que la gente necesita son soluciones concretas. En este marco, la provincia aplicó descuentos y facilidades en el Impuesto Provincial Automotor 2026, entendiendo que aliviar esta carga fija es una manera directa de acompañar a las familias. No se trata de un gesto aislado: refleja que sabemos que, en un país con recesión, ajuste fiscal y caída del consumo, cada peso cuenta, y que las decisiones de gestión deben priorizar lo que impacta de manera inmediata en la vida cotidiana. Esta medida también busca dar previsibilidad y acompañamiento en un contexto donde los gastos fijos, pesan cada vez más en los ingresos.

El escenario nacional es preocupante y los datos lo muestran claramente. Según el Instituto Argentina Grande, pese al superávit fiscal y cierta estabilidad nominal alcanzada en 2025, el ajuste impulsado por el gobierno nacional profundizó la caída del consumo, el empleo y la inversión. Las ventas en supermercados retrocedieron más de un 10% real y casi la mitad de las familias recurrió a ahorros o crédito para llegar a fin de mes, mientras que el aumento de tarifas y transporte reduce de manera sostenida el ingreso disponible.

Esta situación también se refleja en la actividad económica y el empleo. La industria y la construcción siguen en recesión, y se perdieron más de 220 mil puestos de trabajo registrados en el país, reemplazados en muchos casos por empleo informal. El fuerte recorte del gasto público, sobre todo en obra pública y transferencias a provincias, explica el superávit fiscal, pero limita la inversión y condiciona las perspectivas de crecimiento.

Incluso los hábitos cotidianos muestran el impacto de la crisis. El consumo de carne vacuna cayó un 42% en las últimas décadas, pasando de 52 kilos por habitante en 1990 a 30 kilos en 2025. Hoy, con lo que cuesta un kilo de asado se pueden comprar hasta cuatro kilos de pollo. Aunque el consumo total de carnes creció, cambió su composición, mostrando cómo los precios condicionan decisiones básicas de todos los hogares.

En este contexto, la provincia sabe que no puede quedarse al margen y, por ello, priorizamos sostener, contener y ordenar. Se busca acompañar a las familias y garantizar que las decisiones de gestión tengan un impacto real. El alivio fiscal en el impuesto automotor forma parte de esta estrategia: no resuelve todos los problemas, pero facilita el cumplimiento, ofrece opciones y reconoce que, hoy, los gastos fijos pesan más que nunca en la economía familiar.

Las bonificaciones por pago anticipado, las cuotas accesibles y las exenciones para determinados vehículos buscan dar previsibilidad y acompañar a quienes hacen el esfuerzo de cumplir. En tiempos de ajuste, entendemos que administrar también es cuidar la relación entre el Estado y los contribuyentes, evitando que la presión fiscal se convierta en un problema adicional.

Esta misma lógica se aplica a la relación con los municipios. Creemos en el trabajo conjunto y en la coordinación territorial. Por eso respaldamos el rol de los intendentes y fortalecemos espacios como la CODEIM, convencidos de que en contextos de escasez la articulación no es una opción política, sino una necesidad concreta. Passalacqua ha subrayado en varias oportunidades que los intendentes son actores estratégicos del desarrollo territorial, quienes están todos los días frente al vecino, recibiendo reclamos, demandas y angustias. Acompañarlos significa reconocer que la gestión se construye desde el territorio, con presencia y respuestas posibles, aunque los recursos sean limitados.

También sostenemos nuestras economías regionales. El acuerdo alcanzado en la Mesa Tabacalera, que fijó un precio de referencia para el tabaco Burley, brindó previsibilidad a miles de productores y defendió empleo en un contexto nacional adverso. Apostamos al diálogo y al consenso porque sabemos que sin producción no hay desarrollo posible.

La prevención es otro eje central de nuestra forma de gestionar. Frente a escenarios climáticos extremos, activamos mecanismos de coordinación para anticiparnos, como la Mesa de Coordinación Preventiva de Incendios. Los resultados de los últimos años, con una fuerte reducción de incendios, son fruto de planificación, inversión y trabajo conjunto entre organismos y municipios.

Sabemos que el malestar social existe y que la gente está cansada de promesas que no se cumplen. Por eso creemos que hoy gobernar es, sobre todo, hacerse cargo. Misiones no está mejor que el resto del país, pero tampoco se desentiende. Con los recursos disponibles, buscamos sostener servicios, producción y vínculos sociales. En tiempos difíciles, la gestión concreta y la presencia en el territorio siguen siendo nuestra principal respuesta.

En un contexto de inflación todavía elevada y con el consumo en retroceso, el Gobierno nacional volvió a recurrir a la suba de impuestos como herramienta fiscal y oficializó un nuevo aumento sobre los combustibles. A través del decreto 74/2026, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso un incremento parcial de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (CO₂), que se trasladará a los precios de la nafta y el gasoil a partir de febrero, sumando presión sobre uno de los costos más sensibles para la actividad económica y el bolsillo de los usuarios.

El nuevo esquema establece que, para los hechos imponibles que ocurran entre el 1 y el 28 de febrero, el impuesto sobre la nafta sin plomo de hasta 92 RON, la superior a 92 RON (súper) y la nafta virgen se incrementará en $16,773 por litro. En paralelo, el impuesto al dióxido de carbono aplicable a estos combustibles aumentará $1,027 por litro.

En el caso del gasoil, el impuesto a los combustibles líquidos se elevará en $14,372 por litro. Para las zonas alcanzadas por una alícuota diferencial —como la Patagonia y otras regiones del interior del país— el incremento será de $7,782, mientras que el impuesto al dióxido de carbono subirá $1,638 por litro.

La normativa vigente mantiene un tratamiento diferencial para el gasoil destinado al consumo en determinadas jurisdicciones, entre ellas Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, y el departamento Malargüe, en Mendoza. Este régimen busca amortiguar el impacto del tributo en zonas con mayores costos logísticos y climáticos.

El decreto toma como base la Ley 23.966, que regula los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono y fija un mecanismo de actualización trimestral en función de la inflación medida por el INDEC. Según esa normativa, los ajustes deberían aplicarse en enero, abril, julio y octubre de cada año, contemplando las variaciones acumuladas del Índice de Precios al Consumidor desde enero de 2018.