Cierto es que en las democracias consolidadas se confrontan ideas, programas o modelos opuestos de sociedad, y que abundan las pugnas entre los diferentes espacios políticos.
En los últimos años se han realizado muchos análisis sobre el extremismo y el odio en internet. Particularmente, han tenido una especial atención el alcance de las campañas y los grupos destinatarios de las mismas. Estas personas tienen algo en común: todas se ven en la necesidad de luchar con una crisis de identidad. En tal estado, todos son susceptibles a la radicalización. En estos grupos, la frustración individual se eleva a un nivel colectivo y se le ofrece una explicación. Tiene lugar un proceso de socialización al cual la radicalización y el adoctrinamiento ideológico están subordinados.
En algunos casos se reclutan específicamente teóricos de la conspiración, o bien personas que, según los estudios, tienen mentalidad conspirativa. Por otro lado, las teorías conspirativas también pueden transmitirse como un proceso sutilmente progresivo, que los académicos lo han denominado “redpilling”, donde el componente ideológico es agregado paso a paso.
Se puede vislumbrar un desplazamiento de los límites, una modificación de época marcada por el regreso de viejas metodologías aggiornadas a la era de las redes sociales. Estas se convierten el recurso ideal para la propagación de mentiras, medias verdades, acumulación de miedo, odio y revancha.
Este escenario presenta dos cuestiones centrales: en primer lugar, el sujeto político moldeado por estas claves político-mediáticas. Y en segundo lugar, el gran desafío de gobernar con este volumen de ataques y corrimiento de límites, como así también la capacidad de no dejarse arrastrar al terreno de un adversario, que incesantemente perpetra golpes que tienen como objetivo la desestabilización política y la generación de un clima de mal humor social continuo.
Estos grupos de poder han logrado instalar en el inconsciente colectivo la idea de la “antipolítica”, la desideologización de la política. En el campo político ya no se combate por ideas, se construyen carreras. A decir del reconocido historiador italiano Enzo Traverso, lo impolítico devela la realidad material subyacente a la representación política. Lo que actualmente se define como “antipolítica” es el rechazo de la política reducida a su “constitución material”. La “antipolítica” surge por el vaciamiento de contenido llevado adelante por los críticos a ultranza.
Dentro de esta nebulosa generada con ayuda de las redes sociales, no se ven en los espacios opositores figuras intelectuales que aporten racionalidad, tan necesaria en épocas de crispación social, tal vez porque ello impediría seguir llevando adelante la campaña de malhumor y desánimo de la ciudadanía que tanto rédito les da en cuanto a construcción del poder se refiere. El escenario político se encuentra marcado por una extrema beligerancia producto de las frecuentes confrontaciones y la polarización permanente.
El reconocido politólogo Mario Riorda sostiene que “las campañas electorales han muerto y los debates en torno a las propuestas han sido suplantados por plebiscitos emocionales que se ponen en juego a partir de las dicotomías”.
Lo expuesto por Riorda desnuda con crudeza lo que sucede en la actualidad. A las claras, esta dinámica ha destruído toda posibilidad de debate y de presentación de propuestas de cara a la sociedad. Esta mutación hacia la cuestión emocional ha transformado el voto en un elemento para expresar descontento y hostilidad dejando en un segundo plano el análisis de propuestas, programas y proyectos políticos. Esta coyuntura facilita la aparición de personajes descontextualizados, sin un peso específico de las ideas y los argumentos. El voto responde más a una postura “anti” que a “favor de”.
En este orden de ideas, queda claro que los grandes ganadores en este contexto son aquellos que no tienen ideas ni argumentos, y sus discursos se basan en frases envasadas y por lo general asociadas con un relato nacional disociado de los verdaderos intereses y necesidades del ámbito local. Los mismos de siempre, reciclados detrás de nombres nuevos.
Cuando la incoherencia atenta contra la calidad democrática
En el último tiempo, se ha podido observar que sectores de la sociedad han sido arrastrados a burbujas ideológicas y de intereses que afectan la normal convivencia en un contexto de extrema polarización y de proliferación de discursos de odio que nada tienen que ver con la idiosincrasia y la esencia del pueblo misionero.
Dentro de las distorsiones de la democracia, también puede ocurrir que los grupos minoritarios ejerzan una presión sobredimensionada que no corresponde a sus votos reales ni a su presencia social, y que, de alguna manera, se produzca un chantaje ante el gobierno.
La construcción de sesgos muchas veces lleva a la sociedad a una falsa percepción que distorsiona la realidad y afecta notablemente la calidad democrática.
En el caso particular de Misiones, el famoso Teorema de Baglini está más vigente que nunca y es el mejor recurso para entender la irracionalidad de una oposición que bajo la falsa excusa de la defensa de la democracia y de las instituciones, pretenden desestabilizar de manera incesante a los gobiernos elegidos democráticamente por el pueblo.
La hipótesis del dirigente radical planteaba que las posiciones de responsabilidad que asume la oposición son directamente proporcionales a sus posibilidades de acceder al poder. Es decir, a menos posibilidad electoral de ser gobierno, más ligereza en los planteamientos.
Lo sucedido en última sesión ordinaria de la Cámara de Representantes de Misiones sirve como ejemplo más cabal para la aplicación práctica del Teorema de Baglini. Se trató de una jornada atravesada por el contraste entre la solidez institucional de un gobierno que sigue gestionando y una oposición que, sin rumbo ni coherencia, parece haber perdido definitivamente la bruja política.
La sesión legislativa tuvo su punto alto cuando se prestó acuerdo para designar a la Dra. Valeria Fiore Cáceres como ministra del Superior Tribunal de Justicia. La votación volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la coherencia política. En ese marco, sorprendió una vez más la postura del radicalismo misionero, que decidió votar en contra apelando a argumentos que no resisten ni el más mínimo análisis histórico. La defensa de la institucionalidad y la independencia necesita, ante todo, coherencia. Algo que le faltó a la UCR en su última experiencia de gobierno provincial en la década del 80.
En el año 1987, el gobierno radical designó como ministro del Superior Tribunal de Justicia al Dr. Ismael Carlos Acosta, que dejó su banca de diputado para asumir la magistratura judicial. En aquel momento nadie cuestionó su independencia ni su idoneidad. Muy por el contrario, fue celebrado como un gesto de confianza en la capacidad profesional y el compromiso democrático.
Al día de hoy resulta contradictorio que el vocero de la oposición radicalizada Ariel “Pepe” Pianesi intente plantarse en una postura de guardián de una pureza institucional que el espacio al que representa nunca practicó. Sorprenden los fundamentos del legislador saliente del radicalismo, máxime cuando proviene del ámbito del derecho: la figura del Defensor del Pueblo en Posadas (cargo que ejercía la Dra. Fiore Cáceres) fue creada por Carta Orgánica Municipal en 1988 y entró en vigencia con las elecciones dee 1991 donde asumió el primer Defensor del Pueblo de la ciudad. Este organismo de control autónomo e independiente fue incorporado a la Carta Orgánica de Posadas con el objetivo de proteger y defender los derechos humanos, individuales y sociales de los vecinos de ciudad; supervisar y garantizar que las instituciones y funcionarios cumplan con sus deberes, y controlar que las empresas de servicios públicos brinden sus prestaciones de manera adecuada a toda la comunidad. Asimismo, puede proponer ordenanzas ante el Concejo Deliberante, presentarse en los tribunales en representación de los ciudadanos y tiene capacidad para iniciar investigaciones.
El fundamento de Pianesi se centró en que la ministra Fiore ocupaba un cargo electivo “al cual fue electa en las últimas elecciones ejecutivas”, como si la decisión popular para semejante cargo encargado de la defensa de los derechos de los posadeños fuese un limitante. Todo lo contrario, realza el perfil de alguien que es propuesto para integrar el más alto Tribunal de la justicia misionera. Nada más antidemocrático y tramposo que intentar argumentar con una falacia que desvirtúa el concepto de la independencia de poderes.
Tras el advenimiento de la democracia en el país, al radicalismo misionero no le tembló el pulso ni se puso colorado a la hora de incorporar a sus cuadros al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.
Basta con recurrir a la historia para encontrar a juristas que fueron respetados por su labor, como el caso del Dr. Manuel Márquez Palacios, que pasó de ser abogado de la empresa proveedora de energia EMSA durante el gobierno radical a integrar el Máximo Tribunal durante 27 años, o los Dres. Alberto Primo Bertolini, Raúl Fernández y Juan Carlos Sorrentino que accedieron al cargo de ministros del Superior Tribunal de Justicia el 31 de enero de 1984 a propuesta del entonces gobernador radical Ricardo Barrios Arrechea. Todos magistrados que demostraron que el compromiso institucional no se mide por la pertenencia, sino por los valores. Sin embargo, la oposición actual sin el más mínimo grado de honestidad intelectual prefiere ignorar estos antecedentes y seguir atrapada en una lógica de obstrucción permanente y oportunismo que la aleja cada vez más del pueblo que dice representar. Ya no se de una discusión jurídica, en este caso, sino de una actitud política ruín que busca deslegitimar todo lo que no provenga de su espacio.
