El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, adelantó que el Gobierno analiza la posibilidad de que se vuelva a poner en funcionamiento el servicio militar obligatorio.
El funcionario de Javier Milei se refirió al tema en el marco de los festejos de la Vendimia, en donde apuntó que el principal objetivo de su gestión es “jerarquizar las Fuerzas Armadas”.
“Lo que queremos claramente es modificar las condiciones del servicio (militar) voluntario para garantizar terminalidad educativa. Hoy tenemos un servicio voluntario que va entre los 18 y 28 años de edad y no garantiza terminalidad”, expresó.
Petri remarcó que quienes realizan el servicio “no tienen herramientas para incorporarse al mercado laboral”, por lo que buscarán “reformular los liceos para volver a los viejos liceos que tanta calidad supieron tener en toda la República Argentina”.
El Gobierno oficializó este lunes cambios en la estructura del Gabinete Nacional, que de ahora en adelante quedó configurado con ocho Ministerios, ya que Infraestructura quedó reducido a Secretaría, y estas modificaciones dieron cuenta de que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, sumaron poder al absorber nuevas áreas de gestión.
A partir de los Decretos 194 y 195/2024 publicados este lunes en el Boletín Oficial se dispuso la eliminación del Ministerio de Infraestructura (su titular Guillermo Ferraro fue desplazado el mes pasado), cuyas funciones pasan a Economía.
En tanto, la tutela de los derechos de las acciones de organismos estatales como Corredores Viales S.A., Agua y Saneamientos SA (AySA) y la Administración General de Puertos (AGP) se traspasan a la órbita de la Jefatura de Gabinete.
También pasan a Jefatura de Gabinete las competencias relacionadas a telecomunicaciones, servicios de comunicación audiovisual, desarrollo satelital y servicios postales.
La iracunda retórica de Milei comienza a afectar la construcción de consensos que le permitan impulsar los cambios que pretende. El presidente dinamitó el vínculo con las provincias y le declaró la guerra a los gobernadores, quienes reclaman sensatez y apertura al diálogo. Misiones se sumó a las provincias que acuden a la Corte Suprema para exigir fondos que por derecho les corresponde.
Cuando hablamos de la relación entre conflicto y política es menester recurrir inexorablemente a los pensadores de la corriente deliberativa.
El modelo deliberativo ilustrado discutido, entre otros, por el alemán Jürgen Habermas considera que los conflictos políticos (entendidos como toda situación en la que dos o más grupos sociales se enfrentan) pueden resolverse a través de un diálogo argumentativo dirigido a hallar la solución correcta basada en razones. El supuesto fundamental de esta posición es que la mejor forma de resolver los conflictos políticos es a través de un procedimiento deliberativo que, por atenerse a ciertas exigencias formales, se hace acreedor de lo que se denomina “presunción de racionalidad”.Habermas sostiene que existe un núcleo de valores y principios políticos que parecen sustraerse a la discusión, y también la noción de que no podemos determinar racionalmente cuál es la mejor concepción del bien. Por eso opta por una noción procedimental del razonamiento práctico que se postula equidistante de los diferentes intereses y creencias enfrentadas.
No obstante, la “racionalidad procedimental” se ejercita de modos diversos, según los temas tratados. En la literatura especializada es usual distinguir dos «estilos» de deliberación, a los que corresponden otras tantas formas de solución de conflictos: los conflictos sobre valores (morales o éticos) suelen abordarse (al menos prima facie) mediante argumentaciones orientadas al logro de un consenso entre las partes, mientras que los conflictos de intereses se dirimen de ordinario en negociaciones que conducen a la formación de compromisos entre las partes.
Habermas analiza estos dos estilos de debate con algunos argumentos de Elster. Ambos autores identifican tres diferencias entre esos dos estilos de deliberación: 1)la capacidad de neutralización del poder social, 2) el tipo de argumentos que se aducen, y 3) la circunstancia de que los participantes compartan o no las razones que en cada caso conducen a la aceptación del acuerdo. Así, a diferencia de las argumentaciones, en las que se apela a la -a decir de Habermas- «coacción sin coacciones del mejor argumento», en las negociaciones las relaciones de poder entre los participantes no quedan neutralizadas, sino que se hacen explícitas.
Estas diferencias de «estilo» deliberativo son formales, independientes de los contenidos debatidos en cada caso. Por ejemplo, en una deliberación en torno a valores, sólo cuando resulta imposible convencer al contrario, el «estilo» deliberativo puede desplazarse hacia la negociación. De igual forma, las deliberaciones sobre distribución de beneficios, bienes escasos o cuotas de poder adoptan paradigmáticamente el modo de negociaciones, pero en ciertas circunstancias pueden adoptar la forma de argumentaciones sobre valores.
En su icónica obra “Pensar rápido, pensar despacio”, el psicólogo y Premio Nobel de Economía nacido en Israel Daniel Kahneman sostiene que en el habla cotidiana decimos que una persona es razonable si es posible razonar con ella, si sus creencias concuerdan por lo general con la realidad y si sus preferencias están en consonancia con sus intereses y valores. La palabra “racional” suscita la idea de una gran deliberación, con más cálculo y menos pasión, pero, en el lenguaje común, una persona racional es en realidad una persona razonable.
La definición de racionalidad como coherencia es sumamente restrictiva; demanda observancia de las reglas de la lógica, algo que una mente finita no es capaz de implementar. La gente razonable no puede ser racional por definición, pero no es razón para tildarla de irracional. “Irracional” es una palabra fuerte que connota impulsividad, emocionalidad y tozuda resistencia al argumento razonable.
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Ira desenfrenada
Milei está convencido de que su incursión en la política se debe a una misión profética, que no es otra cosa que salvar a la Argentina del maligno, de hecho, en varias entrevistas se ha referido a esa revelación divina.
Tras el fracaso de la ambiciosa Ley de Bases en el Congreso de la Nación, el Presidente publicó en su cuenta de Instagram un fragmento en hebreo del capítulo Éxodo, del segundo libro de la Biblia, donde Moisés castiga al pueblo hebreo por adorar a un “becerro de oro”.
Luego de ordenar el retiro del proyecto de ley, Milei decidió emprender el camino de la profundización de la batalla contra lo que él denominó “la casta”. En un principio, eligió como blanco a los legisladores con el objetivo de amedrentarlos para lograr que voten a favor. Con una postura inversa a la que indican los manuales de la alta política y de la construcción del poder, el Presidente de la Nación no se ahorró descalificativos contra los representantes de las provincias en el Poder Legislativo. Posteriormente, se sumaron los gobernadores a esa lista de objetivos, a quienes los considera “una banda de traidores” y los máximos responsables de la caída de la “Ley Ómnibus”. En un nuevo capítulo de la escalada de tensión, Milei comenzó a fustigar discursivamente con munición gruesa contra los mandatarios provinciales y al tiempo que los asfixiaba financieramente a través de una inédita política de recorte de transferencias, la eliminación del Fondo Compensador para el transporte público y el anuncio de la no renovación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Según un informe de IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), las provincias fueron las principales perjudicadas con la motosierra del economista anarcocapitalista con una recorte de fondos en orden al del 98,4%.
Al margen de la discusión fiscal, lo que está en juego es mucho más que eso. El uso de la intransigencia como método aglutinador para construir apoyo que puso en marcha el Presidente desde el inicio de su gestión comienza a mostrar serias falencias y pareciera estar en jaque.
El 23 de febrero de 2024 será recordado como una fecha bisagra en la era Milei. La peligrosa estrategia de la Casa Rosada de incorporar a “la casta” a todo aquél que no esté de acuerdo con lo que disponga el Presidente, sufrió un durísimo embate desde el interior del país. El gobernador chubutense, que integra las filas de Juntos por el Cambio, fue el encargado de encender la mecha de una bomba que terminó de destruir el vínculo de los gobernadores con Milei, tras la decisión del primer mandatario nacional de castigar a Chubut con la quita de coparticipación tras impedirle refinanciar una deuda, luego de que Torres demandara judicialmente a la Nación por la quita de subsidios y otros fondos que le corresponden a la provincia patagónica.
Gobernadores de Juntos por el Cambio contra Milei
Luego de estallar el conflicto con Chubut, Jorge Macri junto a los nueve gobernadores de Juntos por el Cambio emitieron un duro comunicado expresando su “total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut Ignacio Torres en este duro momento por el que están pasando los chubutenses” y exigiendo al Presidente de la Nación que le gire de inmediato los fondos a la provincia del sur del país.
Los mandatarios sostienen que “el Gobierno Nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia. No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”.
La firma de Macri en el documento emitido genera un gran impacto, habida cuenta de que el PRO es hasta ahora el principal sostén de los libertarios en el sistema político.
La posición ambivalente de la alianza de Juntos por el Cambio es extraña. Tanto el ex presidente Macri como Patricia Bullrich a nivel nacional, como los dirigentes misioneros de ese espacio a nivel local, promovieron el voto y defendieron la propuesta de Javier Milei en el balotaje, y ahora rechazan el ajuste. En este contexto de crisis, comienzan a tomar distancia para que el Presidente sea el único que pague el costo político.
Por su parte, un Milei desenfrenado en su pelea con los gobernadores por la administración de los fondos en medio del drástico ajuste que impulsa desde la Nación, no cesa con su furia en las redes sociales, escribiendo mensajes y reposteando otros del ejército de trolls libertarios volcado masivamente a destruir en el mundo digital a todo aquel que piensa distinto.
El jefe de Estado reposteó en sus redes una batería de mensajes que replicaban sus seguidores contra Torres y otros mandatarios provinciales. La catarata fue sin distinción, sin chequear las fuentes ni la veracidad de las afirmaciones, todo era válido para atacar a sus adversarios.
La postura ejemplar de Misiones
Con la gran ventaja de haber alcanzado hace más de una década el equilibrio fiscal y con una política de austeridad ejemplar, la provincia pudo hacer frente, con recursos propios, a los pagos adeudados de meses anteriores del FONID, que la Nación recortó pese a que son recursos garantizados por la Ley Nº 25.053. El pago por parte de la provincia implicó un gran esfuerzo y se pudo llevar adelante mediante la reasignación de partidas presupuestarias.
En este contexto, en donde la Nación también recortó los fondos del transporte que servían para cuidar el bolsillo de los usuarios del colectivo, Misiones avanzó con una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar al Estado Nacional el pago inmediato de los montos adeudados en concepto de FONID, además de Conectividad y Garantías Salarial que corresponden a los docentes misioneros.
Al ser prorrogado el Presupuesto Nacional 2023, el FONID continúa vigente y está contemplado en el mismo, es por ello que la Provincia de Misiones espera que el Gobierno Nacional cumpla con el compromiso asumido.
Cabe destacar que sólo en el caso del FONID, la Nación retiene a la provincia $1.574.950.605 por el período 2023 y $1.394.678.871 por el período 2024, es decir, casi 3 billones de pesos.
A diferencia de Misiones, otras provincias no pudieron pagarles el salario a los docentes y se encuentran en una crisis total que amenaza el inicio de clases.
El escenario de crisis actual refleja un marcado contraste, en donde la provincia actúa con altura y responsabilidad, aportando soluciones y cubriendo con recursos propios el brutal recorte impulsado por la administración nacional, mientras los aliados del Presidente Milei comienzan a ensayar una postura crítica con el objetivo de evadir la carga del fenomenal ajuste que está golpeando sin piedad el bolsillo de las familias argentinas.
Luego de que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, amenazara al Gobierno nacional con frenar la entrega de petróleo y gas, y reclamara que la gestión de Javier Milei recortó fondos de manera ilegal, los gobernadores del PRO emitieron un comunicado respaldando a su par chubutense.
“El Gobierno nacional debe respetar la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia”, señala el documento firmado por los referentes de CABA, Jorge Macri; de Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Jujuy, Carlos Sadir; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de San Juan, Marcelo Orrego; de San Luis, Claudio Poggi; y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Y añade: “No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores, sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”.
De este modo, los mandatarios del PRO manifestaron su “total respaldo” a Torres, quien aseguró que la nueva gestión nacional se quedó con 13.500 millones de pesos que su jurisdicción debería haber recibido.
En este contexto, fuentes de Casa Rosada aseguraron que “todo lo que la ley obliga, se está transfiriendo” a las provincias. El ministro del Interior, Guillermo Francos, le respondió anoche al gobernador de Chubut, Ignacio Torres: “No se retuvo nada ilegal”.
Ignacio Torres denunció que en febrero el Ministerio de Economía le retuvo “ilegalmente más de un tercio de su coparticipación mensual”. A partir de esta decisión, junto con otros gobernadores patagónicos, amenazaron al Gobierno con no entregar más gas y petróleo.
Durante un acto en su provincia, “Nacho” Torres aseguró: “Si no nos quitan la pata de encima, no sale un barril de petróleo más”. Y, en esa sintonía, publicó en sus redes sociales el documento firmado también por los otros gobernadores: Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), y Alberto Weretilneck (Río Negro).
En un texto titulado “Las provincias unidas del sur”, Torres publicó en su cuenta de X: “Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio”.
“En febrero el Gobierno nacional nos retuvo ilegalmente $13.500 millones. Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual. Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los Chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”.
El texto firmado por todos los gobernadores patagónicos, ratifica que “los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses”.
“Hoy la provincia del Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Ómnibus. En febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones; más de un tercio de su coparticipación mensual”, explicó el texto. Y detalló: “No es una revancha contra el gobernador de Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo”.
“Que me metan preso”
Conocida la dura respuesta del presidente Milei, el mandatario chubutense habló en el canal La Nación+ y redobló su advertencia.
“Que me manden a la gendarmería, que me metan preso. Me eligieron para defender los intereses de los chubutenses y es lo que estoy haciendo”, afirmó.
“Es una decisión tomada y no es algo que le pueda sorprender al Gobierno. Ya se lo manifestamos. Se lo manifestamos también a las operadoras, se lo dije al presidente de YPF la semana pasada y hablé con las principales operadores de la Cuenca, de nuestra Cuenca”, expresó el gobernador del PRO.
“¿Sabés cuál es la diferencia conmigo y esto se lo digo al Presidente: no creo que la política se vea por Twitter. A mí no me interesan los escraches de los trolls, no me interesan las frases hechas revanchistas, tribuneras”, dijo Torres y se preguntó:
¿Por qué por un capricho los chubutenses se tienen que quedar sin educación, salud y seguridad?”.
Dadas las circunstancias, se encuentra cortada Villate, desde Av. Libertador hasta Av. Maipú, donde trabajan las fuerzas de seguridad, según confirmaron fuentes policiales.
Una sorpresiva amenaza de bomba sacudió a la seguridad de la Quinta de Olivos, donde -por supuesto- se encuentra alojado el presidente de la Nación, Javier Milei.
Pasada las 19 del viernes, un fuerte operativo policial se llevó a cabo en torno a la posibilidad del siniestro intencional. En este sentido, una persona se encuentra demorada y custodiada por las autoridades desde hace una hora, según lo indicado por fuentes policiales.
Al momento, la Policía Federal, las autoridades de tránsito del partido bonaerense de Vicente López, Bomberos y Defensa Civil se encuentran trabajando en el lugar.
Después del exitoso estreno en el Parque Provincial Salto Encantado y de su puesta en escena en Aristóbulo del Valle, Garuhapé y Posadas en diciembre pasado, vuelve la obra de títeres de Kossa Nostra que llama a cuidar el monte de los incendios. La podrán disfrutar chicos de siete localidades misioneras durante el mes de marzo.
La actividad cultural-educativa-lúdica se enmarca en el Plan Institucional de Prevención de Incendios del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
Desde el humor, la diversión y la creatividad, la obra propone a los niños y adolescentes reflexionar acerca del grado de responsabilidad que le cabe a cada ciudadano a la hora de cuidar la selva del fuego.
“Kossa Llama, a cuidar el monte” tiene el sello de la cooperativa cultural misionera reconocida a nivel nacional a internacional. Las escenas que presenta ponen al público ante situaciones cotidianas que muestran cómo las pequeñas acciones contribuyen a la conservación de nuestros recursos naturales.
Los entrañables títeres llegarán con su mensaje a Puerto Iguazú, Wanda, Comandante Andresito, San Pedro, Pozo Azul, Aristóbulo del Valle y Puerto Libertad. Para llevar adelante las presentaciones, distintas áreas del Ministerio de Ecología (que tiene al frente al Arq. Martín Recamán) trabajan con las municipalidades correspondientes y con diferentes instituciones.
Para agendar
✅ Viernes 01/03 Puerto Iguazú (18:30 hs, plaza central, en caso de lluvia, será en la sede del ITUREM). ✅ Sábado 02/03 Wanda (18:00, Club Social). ✅ Domingo 03/03 Comandante Andresito (18:30, plaza central, en caso de lluevia, predio de la Fiesta del Agricultor). ✅ 15/03 San Pedro (17:30, Plaza de la Paz, si llueve, polideportivo). ✅ 16/03 Pozo Azul (Horario y lugar a confirmar). ✅ 17/03 Aristóbulo del Valle (Horario y lugar a confirmar). ✅ 22/03 Lago Urugua-í, Puerto Libertad (Horario a confirmar).
Varios municipios continúan con la celebración, en diferentes formatos y propuestas. El lunes 12 de realizará la instancia provincial en San Ignacio.
En esta temporada, seis municipios apuestan al desarrollo de los carnavales como un evento tradicional que forma parte de la identidad y cultura misionera.
El primer toque de tambores lo dio Apóstoles el 27 de enero, y continúan San Javier, San Ignacio, Corpus, Concepción de la Sierra y Posadas.
Al respecto, el ministro de Turismo, José María Arrúa, destacó el inicio y desarrollo de los encuentros. “Teniendo en cuenta que estamos atravesando un momento difícil en el plano económico y político a nivel nacional, con impacto en las provincias, es una alegría que tradiciones como éstas puedan seguir vigentes, ya que no solo se trata de una cuestión cultural, sino que consolida el calendario turístico de actividades y, por lo tanto, genera un movimiento económico”.
Desde las organizaciones de los carnavales en los diferentes municipios, coinciden en el carácter comunitario y colectivo de la propuesta, reconociendo que se trata de compartir un esfuerzo y compromiso asumido durante meses. “Se trabaja con los vecinos durante todo el año”, es una frase que se repite en los participantes, quienes también remarcan el acompañamiento de las Municipalidades y del Gobierno provincial.
Las comparsas misioneras brindarán sus shows con el foco puesto en ofrecer brillo y alegría a la temporada de verano, generar un clima de fiesta para sus comunidades y recibir la visita de turistas en este fin de semana XL para mostrarles parte de la identidad misionera a través de la música, el baile, la hospitalidad y el compromiso colectivo.
Cronograma de carnavales misioneros: • San Javier: viernes 9 y sábado 10 de febrero (Show de batucadas). • San Ignacio: viernes 9 y sábado 10 de febrero. El lunes 12 se realizará la edición N° 26 de la instancia provincial. • Corpus: viernes 9 y sábado 10 de febrero. • Posadas: viernes 9 (Miguel Lanús), sábado 10 (Parque de las Fiestas), domingo 11 (Itaembé Guazú y Villa Blosset), lunes 12 (Itaembé Miní) y martes 13 (Barrio Yohasá) • Concepción de la Sierra: sábado 10 de febrero (Festival de Carnavales).
El gobernador Hugo Passalacqua anunció este miércoles en la red social X (ex Twitter) que el próximo 20 de febrero estará acreditada la Ayuda Escolar Anual a hijos de trabajadores de la administración pública provincial.
El pago será de $30 mil por hijo; y de $75 mil por hijo con discapacidad, según el anuncio del mandatario. Para acceder al beneficio, se debe presentar el certificado de alumno regular.
La asignación se abona todos los años antes del 31 de marzo y corresponde a cada hijo que concurra regularmente a establecimientos de enseñanza pública o privada para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria en toda la provincia, según la ley provincial.
Incluye además a cada hijo con capacidades diferentes que concurra regularmente a establecimientos donde se imparta educación común o diferencial.
La Encuesta Nacional Inquilina confirmó entre los usuarios que los acuerdos de alquiler pactados durante el último mes son de menor extensión. con plazos de entre uno y dos años, atados a la inflación y con ajustes trimestrales.
Los alquileres se pactaron en el último mes de común acuerdo entre propietarios e inquilinos tras la derogación de la Ley de Alquileres, y en este período se observó una mayor tendencia a realizar contratos de corto plazo con incrementos atados a la inflación, mientras que los precios de publicación siguen en alza.
La entrada en vigencia del DNU 70/2023 el pasado 29 de diciembre dejó sin efecto la Ley de Alquileres que regulaba los contratos de locación y que se mantiene únicamente para los contratos que se firmaron con anterioridad.
Inquilinos Agrupados presentó el mismo 29 de diciembre un pedido de nulidad en el fuero Contencioso Administrativo, que luego el juez Enrique Lavié Pico envió a la justicia Civil, aún sin resolución.
Desde julio 2020 el mercado funcionaba bajo las condiciones de la Ley de Alquileres y desde entonces se registró una caída importante de propiedades en oferta y suba de precios, que de acuerdo con inmobiliarias y propietarios eran efecto de la regulación.
Transcurrido un mes de la derogación, Inquilinos Agrupados relevó cómo cambiaron las condiciones de los contratos y las exigencias a la hora de acceder a una vivienda en alquiler.
Actualizaciones trimestrales por inflación
Según la Encuesta Nacional Inquilina realizada en enero, en todo el país, los contratos de alquiler pactados durante el último mes son en su mayoría de corta extensión, con plazos de entre uno y dos años, en su mayoría con ajustes trimestrales o en el mejor de los casos cada seis meses.
La amplia mayoría (92,9%) de los inquilinos encuestados consideró que 2024 será peor que el año pasado.
En lo que respecta a los plazos, el 87,3% de los contratos que se firmaron tras la entrada en vigencia del DNU tienen una actualización por períodos menores a 6 meses, de los cuales el 25% es cada 3 meses.
Antes del DNU, el 69% de los contratos contemplaba actualización anual, 20% cada 6 meses y sólo el 4% actualizaba cada 3 meses.
Este último esquema se invirtió en el último mes: 45,6% de los nuevos contratos establecen actualización semestral, 24% cada 3 meses y sólo el 7,6% el plazo de anual.
A esto se suma que el 51% de los contratos firmados en el último mes tienen menos de un año de duración.
En relación a los sentimientos generados por la cuestión de la vivienda, predomina la angustia (78%), la ansiedad (75%) y el sentimiento de desesperanza (68%) entre los inquilinos que respondieron el cuestionario.
Inquilinos Agrupados indicó que «los alquileres, en su enorme mayoría, se están elaborando con actualizaciones trimestrales por inflación. Si alguien firmó en enero, en abril tendrá un aumento aproximado de 60%».
El sindicalista Pablo Moyano dijo que no se van a “quedar cruzados de brazos” y anticipó mayores conflictos sociales para marzo y abril. Además, pidió que el Congreso no apruebe el otorgamiento de las facultades delegadas al presidente Javier Milei.
La Confederación General del Trabajo (CGT) informó que se mantiene en estado de alerta y evalúa la posibilidad de convocar a un nuevo paro nacional. Así lo informó uno de sus triunviros, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quien sostuvo que “no se descarta nada”.
“Puede haber un paro y movilizaciones. En los próximos días, cuando haya una reunión del Consejo Directivo (de la CGT), se va a analizar cómo seguir”, subrayó el sindicalista. En la misma línea, Moyano remarcó que no se va a “quedar cruzado de brazos”, y vaticinó un aumento de la conflictividad social entre “marzo y abril” debido al incremento en el valor de “los colegios, las prepagas y los alimentos” y otros rubros.
Para el referente gremial, la central está “más unida que nunca”, por lo que evalúa una nueva medida de protesta: “No le voy a poner fecha ahora, pero si avanzan en contra del pueblo argentino, sobre los derechos laborales, las fuentes de trabajo y bajan los salarios, no me voy a quedar de brazos cruzados. No se descarta nada”.
En plena sesión de la Ley Ómnibus, el triunviro cegetista pidió que el Congreso no apruebe el otorgamiento de las facultades delegadas al presidente Javier Milei, al que calificó como “el gerente de las corporaciones nacionales e internacionales”.
“Si lamentablemente esta ley se aprueba en Diputados, espero que en el Senado, donde hay más legisladores peronistas, sea rechazada”, insistió.
“El modelo es ajuste, represión y violencia”
A través de un comunicado, la central obrera hizo referencia a los episodios represivos que tuvieron lugar durante la segunda jornada de sesión en las inmediaciones del Congreso y acusó al Gobierno de Milei de sembrar “violencia para generar miedo en la sociedad, a la que se propone degradar, desintegrar y seguir empobreciendo”.
“En la sesión del día de ayer, con un Congreso vergonzosamente vallado, cerrado a la gente y rodeado de un despliegue inusitado de Fuerzas de Seguridad y recursos (que confirman la inviabilidad política de lo que se está tratando de convalidar) se produjeron graves incidentes en los alrededores del edificio”, señaló.
Los dirigentes sindicales especificaron que los hechos fueron “generados y promovidos por las propias fuerzas policiales consignadas a la orden de la ministra Patricia Bullrich y desataron una absurda, injustificada y desproporcionada represión sobre manifestantes de diversas pertenencias: jubiladas/os, agrupaciones barriales, trabajadoras/es de prensa y hasta Diputadas/os Nacionales en ejercicio, como en el caso nuestro compañero Mario Manrique, de extracción sindical por el gremio de SMATA, salvajemente golpeado cuando intentaba interceder para apaciguar la grave situación”.
“Exigimos que cese el despliegue represivo del Gobierno Nacional, a fin de garantizar la libertad de protesta y la paz del pueblo argentino”, concluyó la CGT.
