A través de una agenda articulada con sectores productivos y cámaras económicas, la cartera industrial culminó con éxito dictados formativos orientados al secado de madera en el sector forestoindustrial, organizado por AMAYADAP, la optimización de procesos comerciales para emprendedores en San Javier y la certificación profesional de Operadores de Calderas en Comandante Andresito.
MISIONES.- Con el objetivo firme de potenciar el desarrollo productivo y dotar de herramientas competitivas a los trabajadores de la región, el Ministerio de Industria de la Provincia de Misiones ratificó su despliegue estratégico en todo el territorio misionero. Mediante la concreción de trayectos formativos específicos adaptados a las demandas sectoriales, la institución afianzó el crecimiento económico y técnico de los diferentes municipios del interior provincial.
En primera instancia, en las instalaciones de la Cooperativa Yerba Mate Andresito Ltda., se llevó a cabo el «Taller de Operador de Calderas». La actividad, desarrollada estuvo dirigida a operarios de calderas a biomasa con la finalidad de certificar sus competencias profesionales conforme a la Ley XVI N° 104. Durante la jornada formativa, los asistentes incorporaron saberes de identificación de componentes clave, pautas de funcionamiento seguro y protocolos de actuación ante fallas en equipos generadores. La iniciativa contó con la coorganización de APICSA, la Confederación Económica de Misiones (CEM) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Por otra parte, el fortalecimiento al sector emprendedor se trasladó al municipio de San Javier. Se dictó el trayecto formativo «De producto a negocio: claves reales para emprendedores». El encuentro, brindó herramientas comerciales simples orientadas a optimizar las ventas, ordenar procesos administrativos internos y propiciar el salto cualitativo de un artículo hacia una estructura de negocio sostenible. Esta acción se implementó de forma mancomunada junto a la CEM y a la CRAE. Asimismo, en el marco de las líneas de acción destinadas a las cadenas de valor estratégicas, concluyó el «Curso de Secado de Madera». Este espacio de capacitación técnica, diseñado en conjunto con la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), reunió a participantes del sector y al equipo técnico ministerial, consolidando un ámbito de intercambio de experiencias y actualización tecnológica esencial para garantizar la calidad de la producción forestoindustrial.
Con estas acciones ejecutadas, el Ministerio de Industria reafirma su compromiso de continuidad metodológica en el interior de Misiones, impulsando la idoneidad laboral y la competitividad estructural de las industrias locales mediante el conocimiento aplicado.
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este lunes que prohibirá el uso de las redes sociales a todos los menores de 16 años del país. De oficializarse, el Reino Unido se convertiría en el segundo país del mundo en forzar esta restricción, después de que Australia la implementase en 2025.
El objetivo de la iniciativa es proteger a los menores de edad de los peligros de la red. “Lo veo como padre. Conozco perfectamente los miedos que todos sentimos al pensar en este tema. Lo único que siempre he querido para mis hijos, con la mano en el corazón, es que sean felices y estén seguros, y creo que eso es lo que cualquier padre desea, pero ahora me pregunto: ‘¿De verdad creemos que las redes sociales crean un ambiente feliz para nuestros hijos?’, ha expresado Starmer en una rueda de prensa.
El primer ministro ha admitido que la medida no será fácil de implementar, principalmente por la oposición de las propias compañías digitales, que quieren hacer creer que sus plataformas son “inmutables, parte de un orden casi natural”. Sin embargo, Starmer ha defendido que su país tiene “la capacidad de decisión” y que “las redes sociales están haciendo infelices a los niños”. ”¿De verdad creemos que es un lugar donde pueden sentirse seguros? Creo que ni siquiera necesito responder a esas preguntas, ¿verdad?. Todos los padres pueden verlo con sus propios ojos», ha agregado.
La medida deberá ser aprobada por el Parlamento británico para hacerse efectiva, donde los laboristas tienen la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. La decisión, según Starmer, no se ha tomado a la ligera y ha venido motivada por una consulta pública sobre la prohibición de las redes sociales, que recibió más de 100.000 respuestas.
La encuesta evidenció que TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick. de 16 años para el uso de redes sociales, pues consideran que los riesgos de estas plataformas superan sus beneficios. De ser aprobada por el Parlamento, el veto afectaría previsiblemente a las mismas redes a las que afectó en Australia: TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick.
El Gobierno español tiene intenciones de seguir el mismo camino de Australia y Reino Unido. A inicios de 2026, el presidente Pedro Sánchez anunció que el Ejecutivo nacional prohibiría el acceso de los menores de 16 años a las plataformas digitales. La restricción se enmarcaba en un paquete de cinco medidas destinadas a reforzar la soberanía nacional.
“Vamos a devolver las redes sociales a esa tierra prometida que nunca debieran haber abandonado”, aseguró entonces el presidente del Gobierno. La iniciativa todavía no ha avanzado ni en el Consejo de Ministros ni en el Congreso de los Diputados, si bien el PSOE buscaría llevar el debate a las Cortes Generales una vez presenten el cuadro marco para los Presupuestos Generales del Estado, según informa ElPeriódico.
El programa estará vigente este viernes 19 y sábado 20 de junio, con hasta 6 cuotas sin interés y reintegros de hasta el 20% en comercios adheridos de la provincia.
El Gobierno de Misiones lanzó una nueva edición del programa Ahora Papá, una herramienta de estímulo al consumo que se activa este viernes 19 y sábado 20 de junio en el marco de la celebración del Día del Padre. La iniciativa ofrece hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Macro y reintegros de hasta el 20% en las compras, según el rubro y las condiciones establecidas.
La medida busca dinamizar el comercio local en una de las fechas más importantes del año para el sector, impulsando rubros como indumentaria, perfumería, tecnología y electrodomésticos.
Apoyo al comercio local
El programa forma parte del conjunto de políticas provinciales orientadas a sostener la actividad económica y fortalecer el consumo interno. En ediciones anteriores, el Ahora Papá mostró un impacto positivo en distintos rubros, consolidándose como una herramienta clave para acompañar a las familias en fechas especiales.
El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, destacó la relevancia de esta iniciativa: “En una fecha tan especial como el Día del Padre, celebramos que esta herramienta impulsada por el Gobierno provincial permita seguir potenciando nuestro comercio local y fortaleciendo la capacidad de compra de las familias de Misiones”.
Los programas Ahora registraron durante el primer bimestre de 2025 un crecimiento sostenido en el volumen de ventas. En enero, el incremento interanual alcanzó el 70%, mientras que en febrero trepó al 101%. En términos de volumen, las operaciones dentro de la provincia sumaron $16.682 millones, reflejando una expansión del consumo interno y del uso de las herramientas de financiación provincial.
Se realizó un recorrido por las instalaciones de la nueva planta industrial en Comandante Andresito, un proyecto liderado por Miguel Campos que iniciará operaciones a fines de junio. La iniciativa busca abastecer al mercado interno con productos de bambú de alto valor, ofreciendo una alternativa económica complementaria para la agricultura familiar de la zona norte y promoviendo un modelo de desarrollo sustentable.
COMANDANTE ANDRESITO. En respuesta a una estrategia enfocada en la radicación de capitales privados y la expansión productiva, se llevó a cabo una visita por las obras en la planta de procesamiento de bambú de esta localidad. El emprendimiento, impulsado por el empresario Miguel Campos, transita la etapa de ajustes técnicos finales en sus equipos con el objetivo de comenzar la producción antes de que concluya el mes de junio.
El establecimiento abarca todo el proceso de la cadena, uniendo la cosecha de la materia prima con su posterior industrialización en bienes complejos. La meta comercial está fijada en abastecer con eficacia a las industrias del país que actualmente recurren al mercado internacional para adquirir este recurso.
Un cultivo complementario para la agricultura familiar
Además de su relevancia a nivel macro, la propuesta funciona como un motor de arraigo para los agricultores del norte provincial. Debido a las destacadas particularidades del suelo y el clima en Andresito y San Antonio, es posible sostener un cultivo intensivo y continuo. De este modo, el bambú emerge como una opción financiera que complementa las actividades tradicionales de la región, tales como la yerba mate, el té o la explotación forestal.
El ministro de Industria, Federico Fachinello, formó parte de la comitiva y ponderó el establecimiento de la firma en el territorio: «El camino para el crecimiento de Misiones es la industrialización de nuestras materias primas. Por eso, celebramos esta nueva inversión que, además de generar muchos puestos de trabajo directos e indirectos en la zona norte, se convierte en una solución concreta para que los pequeños productores locales también tengan acceso a un cultivo de alto valor agregado y proyección a largo plazo».
Desarrollo sustentable y de triple impacto
La planta opera bajo los lineamientos de triple impacto, conjugando la rentabilidad del negocio con la creación de empleo técnico local mediante la instrucción en el manejo de maquinaria pesada, y un beneficio ecológico directo a través de la retención masiva de carbono. Con los testeos de los equipos en su recta final, Comandante Andresito se alista para poner en marcha una actividad fabril que busca modernizar y fortalecer el esquema productivo de la provincia
El titular de Hacienda, Adolfo Safrán, explicó en «El Show de los Impactos» cómo funciona el programa que certificó casi 11 millones de créditos de carbono por reducir la deforestación y aclaró que los productores privados sí participan y reciben fondos. El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, salió a responder con dureza a las declaraciones del diputado Miguel Núñez, quien había calificado de «farsa» el programa de bonos verdes provincial. En diálogo con «El Show de los Impactos», por FM Show, el funcionario se mostró indignado y sostuvo que el legislador «tergiversó totalmente» lo que significa la iniciativa. «Más que caliente estoy un poquito indignado», admitió Safrán, y recurrió a una frase de un viejo profesor de la facultad para describir las afirmaciones de Núñez: dijo que el diputado cometió «una barrabasada», con errores que, según consideró, podrían ser involuntarios o adrede. Qué es el programa y por qué es inédito Safrán explicó que Misiones es la primera provincia del mundo en salir con un programa jurisdiccional de este tipo, que no implica vender la selva, sino que reconoce la reducción de la deforestación. Según detalló, se trata de un programa JNR que premia a una jurisdicción —o a un privado— por bajar la tasa de desmonte. El ministro aportó las cifras centrales: la provincia demostró que entre 2017 y 2022 redujo la deforestación de 20.500 hectáreas por año a 5.400 hectáreas por año. Ese esfuerzo, indicó, el mundo lo reconoce con créditos de carbono, donde cada crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono capturada del medio ambiente al reducir la deforestación. La certificación estuvo a cargo de Verra, una certificadora internacional que, según comparó Safrán, cumple en los créditos de carbono un rol similar al de las calificadoras de riesgo crediticio en los bonos de deuda. El funcionario precisó que hace dos semanas, un martes, se certificaron 10.914.085 créditos de carbono emitidos entre 2017 y 2022. Consultado por las opciones disponibles, aclaró que existen dos certificadoras —Verra y Gold Standard— y que Misiones eligió la primera por el tipo de certificación buscada. Los privados sí participan, según el ministro Uno de los puntos centrales de la respuesta de Safrán apuntó a la afirmación de que el productor privado quedaría afuera del beneficio. El ministro lo negó de plano: sostuvo que el programa cuenta con privados y empresas de primera línea que participan, aunque aclaró que no puede nombrarlos por cuestiones legales. Explicó que el esquema puede desarrollarse bajo tres escenarios y que la provincia eligió el escenario dos, donde pueden participar tanto la provincia como los propietarios privados. Según detalló, un pequeño propietario que tenga selva nativa mapeada como tal puede inscribirse a través de la página oficial del programa, que nació en 2021 y que durante cinco años incluyó talleres de capacitación y difusión en toda la zona de selva misionera. El funcionario también señaló que el privado que no quiera sumarse al programa provincial puede hacer su propio proyecto —lo que llamó «anidamiento»—, aunque advirtió que eso tiene un costo, algo difícil de afrontar para un pequeño productor. Cómo se reparten los fondos Sobre el destino del dinero, Safrán aclaró otro de los señalamientos de Núñez: como los certificados se emitieron hace apenas dos semanas y todavía no se vendieron los créditos, los fondos aún no están disponibles. El trabajo, recordó, llevó cinco años, y Misiones fue la única provincia que llegó a la meta de emisiones. El ministro detalló que el producto de la venta se distribuirá en tres cuentas. Un 40% irá al Ministerio de Ecología para reforzar el control de la tala ilegal, la invasión de la frontera agrícola y el trabajo de los guardaparques. Un 30% irá a la cuenta dos, destinada a los privados que forman parte del programa. Y el 30% restante irá a la cuenta uno, para proyectos vinculados a reducir la deforestación. «Vuelve justamente al sector privado», remarcó, al señalar que los fondos no quedan para el Estado provincial. Safrán afirmó que el programa reconoció el trabajo sobre 1.500.000 hectáreas, casi la mitad del territorio misionero, donde hay selva nativa. El debate de fondo: frontera agrícola y producción Durante la entrevista, el conductor planteó la tensión que viven muchos pequeños productores misioneros, que deben decidir entre mantener una franja de monte nativo en pie o destinar esa tierra a producir, en una provincia que no es autosuficiente en producción alimentaria. La pregunta fue directa: cuál es el beneficio concreto para quien conservó el cedro, el lapacho o el pino Paraná. Safrán respondió que el programa fue pensado como un esquema de «ganar, ganar», que reconoce al privado el esfuerzo de cuidar la selva nativa durante años. También se planteó en el aire la necesidad de que Ecología difunda mejor la posibilidad de inscribir las franjas de monte nativo, ya que —coincidieron— falta difusión y mucha gente desconoce el programa. El ministro aprovechó además para corregir una idea que circuló: aclaró que el programa no premia la generación de oxígeno del bosque implantado por sobre el nativo, sino la preservación de la masa selvática natural de Misiones y la reducción de la deforestación. Cómo y cuándo se venderán los bonos Consultado sobre la colocación, Safrán explicó que la empresa que acompañó el proceso es Mercuria, una compañía suiza, y aclaró —marcando otro error atribuido a Núñez— que el empresario Manzano no es socio de Mercuria. Contó que en 2021 las primeras gestiones fueron con la inglesa BP (British Petroleum), pero al ver que el proceso avanzaba muy lento, se contactaron con Mercuria, con quien trabajaron los últimos cinco años. Según el convenio, Mercuria les compra el 80% de los créditos a valor de mercado, mientras que el 20% restante puede venderse a quien la provincia quiera. Safrán precisó que desde octubre gestionan con la Cancillería de Nación para que estos créditos se contabilicen en el NDC —Contribución Determinada a Nivel Nacional-, lo que permitiría salir del mercado voluntario al mercado regulado, donde el valor es mucho mayor.
En cuanto a los montos, el ministro estimó que en el mercado voluntario cada crédito ronda los 5 dólares, lo que sobre 10 millones de créditos representa una cifra significativa. En el mercado regulado, en cambio, cada crédito podría valer entre 30, 40 y 50 dólares, según dónde se logre colocar. Safrán agregó que los créditos fueron muy bien calificados por la consultora Sinergia, una calificación vinculada al trabajo social realizado con la comunidad, los privados y las comunidades aborígenes, y al compromiso de la provincia de seguir reduciendo la deforestación a futuro. Sin ese compromiso provincial, advirtió, los créditos no tendrían valor.
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El jurista, enciclopedista y político francés Charles-Louis de Secondat, más conocido como Montesquieu, pensó que la libertad de las personas dependía de la separación del Poder Judicial, del Legislativo y del Ejecutivo y que esto implicaba que las sentencias de los tribunales deberían ser inalteradas, es decir, deberían ser siempre conforme a la letra exacta de la ley. Según Montesquieu, los jueces no debían ser más que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres incapaces de moderar siquiera su fuerza o rigor.
En esta caracterización del Poder Judicial, dentro de una Constitución democrática, hay tres requisitos fundamentales que están resumidos.
El primero, que no es explícitamente indicado por el intelectual francés pero que está en el concepto de la función judicial y expresa una virtud interna del rol, es que los jueces deben hacer justicia, que deben alcanzar decisiones justificables para el caso que se les presenta sin la interferencia de prejuicios o intereses personales o grupales, o de presiones de otros poderes del Estado.
El segundo requisito establece que los jueces deben administrar justicia en una dirección previsible y segura. De este modo, los individuos podrán saber por adelantado cuáles son las decisiones que podrán eventualmente darse si un caso es llevado a los tribunales.
El tercero y último es que los jueces deben hacer justicia en una dirección previsible a través de la aplicación estricta de la ley cumpliendo un rol de agentes pasivos. No existe una única caracterización posible de la noción de “ley”, según la cual su aplicación estricta sea garantizada lógicamente, sino que hay también otra caracterización posible según la cual la aplicación de la ley supone hacer justicia en una dirección previsible. Este último requisito expresa una condición básica de la política democrática: sólo a través de un procedimiento de discusión abierta, la decisión mayoritaria, transparente para los individuos, se establecen los estándares del bien y del mal a los cuales la sociedad debe someterse para ser establecidos y revisados. Los jueces, cuya estabilidad en el cargo les garantiza su independencia al juzgar, que son escasamente receptivos de las expresiones de la soberanía popular, deben, por ello, ser condescendientes a las leyes promulgadas según este tipo de expresiones.
Uno de los grandes desafíos de la Justicia actual es la cercanía con la ciudadanía. Cuando se discute sobre la eficiencia que debe tener la Justicia en estos tiempos, se habla de acercar los palacios de justicia a las periferias, se propone modificar el lenguaje técnico para hacerlo más comprensible al ciudadano y se reclama garantizar el acceso de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
La garantía de acceso a la justicia, no se circunscribe solo a la posibilidad de “poder litigar”, sino que el acceso a la justicia debe ser aquel que brinde soluciones basales a los conflictos. Por eso, a la hora del diseño del Poder Judicial se debe poner la mirada en el receptor de la solución del conflicto y no solo en el decisor. Hoy ya no se puede pensar que el Poder Judicial garantiza el acceso a la justicia por contar tan solo con patrocinio gratuito mediante asesores letrados pertenecientes a los Ministerio Públicos encargados de la defensa. Sostener esto es no ver que muchos ciudadanos no tienen la posibilidad de llegar a los tribunales de los grandes centros urbanos donde se ubican estos funcionarios, por falta de medios económicos para viajar, por la logística y la organización familiar que requiere muchas veces abandonar sus pueblos y ausentarse varias horas de su hogar o trabajo.
En medio de este panorama complejo, la justicia de paz en pequeñas poblaciones permite allanar todas aquellas dificultades a las que se debe enfrentar un ciudadano que se ve obligado a trasladarse a las grandes ciudades para recién allí poder ser atendido y tener acceso a la justicia.
La transformación del Poder Judicial misionero
Misiones ha llevado adelante a lo largo de los últimas dos décadas la firme tarea de garantizar el acceso a la justicia a los ciudadanos. Pero acercar la justicia a la gente no se reduce solamente a garantizar el acceso a la jurisdicción, implica también que las resoluciones judiciales lleguen en tiempo y forma, y para eso es fundamental dotar al Poder Judicial de los recursos humanos necesarios para lograr tal fin.
Uno de los primeros hitos que abrieron paso a la transformación del Poder Judicial misionero fue creación del Consejo de la Magistratura mediante la Ley IV – Nº 32. Este órgano autónomo en sus decisiones e independiente de todo otro poder del Estado es el encargado de seleccionar los candidatos a cubrir los cargos de jueces inferiores, fiscales y defensores del Poder Judicial mediante un proceso de exámenes y entrevistas, para posteriormente remitir una terna vinculante al Poder Ejecutivo para su designación.
En el prólogo del libro “Dos décadas del Consejo de la Magistratura en Misiones” del historiador Pablo Camogli, Carlos Rovira expresó que la creación de ese órgano “marcó el inicio de una transformación de una Misiones que emerge nítida ante los ojos de nuestros coprovincianos y de la Argentina toda. Aquella propuesta, que apuntó a la modernización de los servicios de justicia, resultó ser el primer paso de un proceso mucho más amplio y extendido que se consolidó en el tiempo por decisión soberana del pueblo de la provincia.”
La vida institucional del Consejo de la Magistratura comenzó en el año 2000 y a lo largo de más de dos décadas ha permitido que se lleven a cabo más de un centenar de audiencias públicas, en el ámbito de la Comisión de Poderes de la Cámara de Representantes de Misiones, para prestar acuerdo legislativo a diferentes postulantes para ocupar cargos vacantes en el Poder Judicial y cumplir así con los pliegos solicitados por los distintos gobernadores que se fueron sucediendo. Gracias al rol fundamental del Consejo de la Magistratura, la provincia ha logrado mantener de manera sostenida la tarea de asegurar y ampliar el servicio de justicia en cada rincón de la provincia para dar respuesta a los justiciables.
Tal como se ha expresado de forma introductoria, la justicia de paz cumple un rol fundamental a la hora de garantizar el acceso a la justicia. En la actualidad, el Poder Judicial de Misiones cuenta con 75 juzgados de paz distribuidos en toda la provincia, un número muy por encima de la media nacional, que demuestra la alta descentralización que tiene la provincia.
Otro de los grandes hitos de la justicia misionera fue la sanción en el año 2022 de una ley impulsada por Carlos Rovira que estableció que las sentencias emanadas del Poder Judicial deben ser redactadas en lenguaje claro y de fácil comprensión. En los fundamentos del proyecto, Rovira explicó que la iniciativa “obedece a que los ciudadanos tienen derecho a comprender las comunicaciones que provengan de un poder del Estado como el Poder Judicial de la Provincia, como condición necesaria para el verdadero cumplimiento de un derecho humano inalienable como es el acceso a la justicia.” Y agregó: “la importancia es máxima no sólo por ser un derecho humano en sí mismo sino también por tratarse de una vía, un medio, una herramienta para gozar de otros derechos que se garantizan por la vía judicial”.
A principios de 2023, el Poder Judicial misionero dio un paso fundamental para la modernización con la implementación de los expedientes electrónicos para todos los procesos judiciales de la Primera Circunscripción Judicial, que tiene como cabecera a la ciudad de Posadas, y alcanza a Garupá, Candelaria y Apóstoles. Esta medida se extendió posteriormente hacia la Cuarta Circunscripción que abarca Puerto Rico, Montecarlo y zonas aledañas.
La digitalización es fundamental para la agilización de los procesos y hace ya un tiempo el Poder Judicial implementó el Sistema de Gestión de Expedientes Digitales (Siged).
Reforma del Código Procesal Penal: una transformación histórica
En la Previa del último jueves, Carlos Rovira adelantó que esta semana tomará estado parlamentario el proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de Misiones, lo que constituye una de las reformas institucionales más importantes de la historia de la justicia penal misionera. Se trata de un cambio de paradigma que busca construir una justicia más transparente, eficiente, cercana al ciudadano y mejor preparada para enfrentar los desafíos actuales.
Al momento del anuncio, Rovira expresó que “hace tiempo venimos trabajando con un think tank con el Poder Judicial, con la facultad que tiene el Legislativo de sancionar leyes con una visión que asegure mejor justicia”.
Con esta trascendental reforma, se introducirán importantes cambios en el sistema penal de la provincia, que abandonará el sistema mixto, que combina elementos del sistema inquisitivo (el juez ejerce la investigación y hay un predominio del expediente escrito) con características del sistema acusatorio (etapa del juicio oral, público y contradictorio), para pasar al sistema acusatorio que tiene como característica principal la oralidad del proceso. Esto permitirá que las decisiones más importantes se adopten en audiencias públicas.
Uno de los aspectos más importantes es el fortalecimiento de la víctima, que deja de ocupar un lugar secundario y pasa a convertirse en un actor central del proceso penal: se amplían sus derechos de información, participación, protección y acompañamiento. En materia de acceso a la justicia, se fortalecen los mecanismos de asistencia a las víctimas y se promueve una justicia más cercana a la comunidad.
Se trata de una modernización del procedimiento penal del alto impacto que permitirá agilizar la resolución de las causas y aportar más transparencia al proceso.
La Comisión encargada del Análisis y Elaboración del anteproyecto del Código Procesal Penal de Misiones, encabezada por el Procurador General de la Provincia Carlos Giménez, llevó adelante una serie de encuentros interdisciplinarios entre el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Colegio de Abogados de Misiones. Se trató de un proceso de carácter participativo en donde cada uno de los actores tuvieron la posibilidad de poder transmitir su idea, su visión y su trayectoria.
De esta forma, Misiones marcará un nuevo hito en el camino de la transformación de la justicia.
La Agencia Tributaria Misiones (ATM) presentó la tercera actualización anual de su apartado “Beneficios ATM”, incorporando los datos correspondientes a 2025 y los resultados de la moratoria del Impuesto a la Patente 2026. El informe refleja un importante volumen de alivio fiscal destinado a personas, sectores productivos y empresas, mediante exenciones impositivas, bonificaciones para contribuyentes cumplidores y planes de regularización tributaria.
La Agencia Tributaria Misiones (ATM) realizó la tercera actualización anual del apartado denominado “Beneficios ATM”, incorporando información correspondiente al ejercicio 2025 y a los resultados alcanzados por la Moratoria del Impuesto a la Patente 2026.
El informe detalla el impacto de las políticas de alivio fiscal implementadas por el organismo provincial, tanto a través de exenciones impositivas como de bonificaciones para contribuyentes cumplidores y programas de regularización de deudas.
En materia de exenciones, la ATM informó que durante 2025 se eximieron más de $26.376 millones anuales en distintos tributos contemplados por el Código Fiscal de la provincia. Los beneficios alcanzan a impuestos como Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotores.
Los sectores favorecidos incluyen a productores primarios, jubilados, personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), beneficiarios de viviendas del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), entre otros grupos contemplados por la normativa vigente.
De acuerdo con los datos difundidos, estas medidas alcanzan a más de 73.000 personas y empresas de toda la provincia, consolidándose como una de las principales herramientas de acompañamiento tributario impulsadas por el Estado provincial.
Por otra parte, la Agencia Tributaria destacó las bonificaciones aplicadas sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para contribuyentes cumplidores en la presentación de sus declaraciones juradas.
Según el informe, durante 2025 estas bonificaciones representaron más de $15.400 millones anuales. Desde el organismo señalaron que este ahorro financiero permite que los recursos permanezcan en la economía real, favoreciendo nuevas inversiones, el desarrollo de actividades productivas y la generación de empleo.
En cuanto a la Moratoria del Impuesto a la Patente 2026, los resultados también fueron valorados positivamente por las autoridades tributarias.
La iniciativa permitió regularizar un total de 18.730 patentes, alcanzando una recaudación de $6.041 millones a través de los distintos planes de adhesión.
Desde la ATM destacaron que la cifra superó ampliamente los resultados obtenidos durante la moratoria 2024/2025, cuando se habían suscripto alrededor de 14.000 planes.
El crecimiento en la cantidad de adhesiones fue interpretado como una muestra de la necesidad existente entre los contribuyentes de contar con herramientas de alivio fiscal que faciliten la regularización de obligaciones tributarias pendientes.
San Ignacio ya no es el paraíso jesuítico de los folletos turísticos. Detrás del mate en la vereda y la calma pueblerina, se esconden abusos, desapariciones sin respuesta y la detención de un docente que traiciona el espacio más sagrado del cuidado. ¿En qué momento naturalizamos vivir con el horror en el patio de casa?
La famosa frase “acá no pasa nada” tan escuchada, tan repetida y tan representativa, hoy ya no nos pertenece. En los últimos 10 años, San Ignacio conoció el horror en primera persona, el pueblo de las Reducciones Jesuíticas hoy cuenta con habitantes que tuvieron perdidas irreparables, desapariciones y desenlaces trágicos.
Hace algunos días, se hizo pública la noticia de un docente de nuestra ciudad, que fue detenido por almacenar material de abuso sexual infantil en sus dispositivos. Más tarde, en la investigación hallaron fotos de su sobrina y analizan un posible caso de Grooming. El joven de 28 años se desempeñaba como docente en un establecimiento educativo de nuestra ciudad, específicamente del tercer grado, es decir, de niños, de nuestros niños.
¿Cómo entra a un aula alguien que esconde el horror en sus dispositivos? Y peor aún: ¿Cómo reaccionamos como vecinos? Este informe duele porque habla de nosotros, los que nos quedamos callados.
San Ignacio, esta es la noticia más reciente de todas las que venimos naturalizando como ciudadanos de la misma. Esta noticia me lleva a narrar los sucesos que a todos nos duelen, pero que miramos para un costado. Quizá, por miedo, porque el poder político muchas veces es un vecino, porque nos conocemos entre todos, porque si hablamos, algún familiar se puede quedar sin trabajo, y hoy la situación no está para arriesgar ¿no? Este informe no busca culpables, este informe busca concientizar colectivamente a la comunidad, a los ciudadanos, a los que nos ponemos la camiseta de “Sanignaciense” cuando hay elecciones, cuando algún club de fútbol nos representa pero que miramos para un costado cuando una madre pide ayuda para encontrar a su hijo, desaparecido hace cinco años.
En el mapa del olvido, en las heridas abiertas, tenemos nombres:
Leonardo David Capli: desaparecido el 1 de octubre de 2021, tenía 16 años. Fue a pescar con sus amigos y nunca más regresó. Su mamá, Angelina Giménez, expresó: “No siento el apoyo del pueblo ni del municipio y me duele muchísimo. Vivir buscando un hijo es terrible, no se lo deseo a nadie”.
La desaparición de Leonardo llegó a medios de comunicación nacionales, como TN, Infobae, Crónica, entre otros. Incluso se realizó una Campaña de Missing Children, con la presencia de los mediáticos, Julieta Poggio y Gregorio Rosello, donde lucían remeras con la cara de Leonardo.
Los amigos de Capli, quienes fueron con él a pescar, nunca quisieron hablar y mencionaron que se sienten amenazados. ¿Por quién? ¿Quién puede sentirse amenazado en un pueblo dónde, según muchos vecinos, nunca pasa nada? ¿Qué hay detrás de ese silencio? ¿Se trata del temor a personas concretas? ¿A una organización? ¿A alguien con poder o influencia? ¿Existen redes de complicidad que permiten ocultar información durante años? ¿O estamos frente a una combinación de miedo, silencio y ausencia de respuestas que, hasta hoy, nadie ha logrado romper?
Hoy, hay una mesa donde falta un hijo, y ese hijo, amigo, hermano, es Leonardo.
Luis Otazo: desaparecido el 23 de mayo de 2023, tenía 56 años al momento de la desaparición, salió de su domicilio rumbo a su trabajo en la localidad de Santa Ana y nunca regresó.
Nuevamente, surge la incógnita, ¿Cómo puede una persona salir de su casa y desaparecer sin dejar rastros? Pero quizás la pregunta más inquietante sea otra: ¿En qué momento una sociedad se acostumbra a convivir con la ausencia? ¿Cuándo normalizamos que alguien deje de estar y qué, simplemente, nunca más se sepa de él?
Graciela Soto: falleció en la madrugada del 12 de enero de 2024.
En principio, se instauró la idea de que fue un suicidio, pero rápidamente quedó descartado, ya que la autopsia arrojó que la muerte se produjo por asfixia por ahorcamiento con una cuerda que fue encontrada en la casa. Además, se confirmó que un tercero participó en provocarle la asfixia.
Dos años después de este femicidio, no hay detenidos. Y es un caso, que, si no traemos a memoria, quedará en el olvido como tantos otros.
Joven de 18 años, victima de abuso sexual: Se despertó en un conocido camping de la Ciudad de San Ignacio y la escena fue de terror; cinco hombres a su alrededor, dolor y sangre.
Su padre, Sargento Primero de la Policía de Misiones, fue quien la rescato, gracias al aviso que la víctima pudo comunicar a través de WhatsApp. El relato de la joven y de su padre mencionan que había un rostro conocido en medio de esos cinco hombres. Se trata de un Sargento de la Policía que se desempeñaba como custodia/chofer del Intendente de San Ignacio.
La familia denunció el hecho como una red de tratas de personas con fines de explotación sexual. Sin embargo, la Coordinación Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Trata, aclaró que la causa se radicó bajo la carátula de abuso sexual.
¿Trata de personas? ¿San Ignacio? ¿Un pueblo con poco más de 10.000 habitantes?
Hay un patrón que se repite en estos casos mencionados, y es que la mayoría no tiene final, no hay detenidos, y siguen en búsqueda. La falta de respuestas de la justicia penalizó a las familias al olvido.
Conocemos sobre el manejo de la justicia en Argentina y sus fallas, pero no quiero hablar de ello, no nos compete, pero si, hablar de nuestro actuar. ¿Cómo nos acostumbramos a que estos actos atroces sean parte de la agenda diaria de un ciudadano de San Ignacio? ¿Cuándo nos dejó de doler lo que le pasa a un vecino? ¿Por qué el titular de DESAPARICIÓN no nos conmueve?
La anatomía del silencio parte de cómo el pueblo procesa la tragedia:
Primero llega el shock, el murmullo en la panadería o la plaza.
El “no te metas” por miedo a quién puede estar detrás. Y acá me detengo, porque a las personas que les comenté que quería realizar este informe, antes de apoyarme en mi labor periodística, me dijeron en un tono preocupante “¿Estás segura?”, me preguntaron, y también: “Tenes que tener mucho cuidado”, es como si colectivamente supiéramos que hay alguien o algo manejándonos, pero no sabemos quién o qué es, pero es una sombra que te atemoriza, hasta el punto de mirar para un costado ante el dolor de una familia con un desaparecido, o de muertes con cierres inconclusos.
Aparece el “rumor” que divide a los vecinos, porque la historia es contradictoria, porque hay cosas que no “cierran” en la escena, porque ponemos en duda el relato, porque la víctima andaba en “cosas raras”, porque la pollera era cortita, como si todo eso fuese una justificación para que alguien tenga el derecho a desaparecerte. Y por eso nosotros nos llamamos al silencio, porque no sabemos “cómo fue”. ¿Hay que entender cómo fue para saber que un abuso sexual está mal y penado por la Ley? ¿Dónde quedó la empatía ciudadana?
Y cuando deja de existir esa empatía, comienza el camino al olvido total. Y este informe tiene ese objetivo, recordar hoy a Leonardo, a Luis, a Graciela, a la joven de 18 años y a sus familiares. No solo les tocó atravesar el hecho aberrante en sí, sino una justicia lenta, un pueblo que no les abrazó, o que quizá tuvo la intención de abrazarlos, pero por temor no lo hizo.
¿Es cansancio, es miedo o es que, si el hijo derramado no es el nuestro, la sangre pesa menos?
En San Ignacio todos compartimos los mismos espacios. Los que deben investigar, los que deben proteger y los sospechosos cruzan las mismas miradas en las calles. ¿Cómo se pide justicia cuando el poder es un vecino más? El miedo a hablar es real, pero el costo de callar está siendo demasiado alto.
¿Qué pueblo le estamos dejando a los que vienen?
Seguimos siendo el pueblo del turismo y los estudiantes cruzando la plaza, pero hoy las madres del pueblo miran a sus hijos salir a la calle con un nudo en la panza. No podemos seguir usando la etiqueta de “pueblo tranquilo” como una manta para tapar los cadáveres y abusos.
La Justicia puede fallar, los expedientes pueden cajonearse, pero la condena social y la empatía dependen de nosotros.
San Ignacio no va a recuperar la paz escondiendo la basura debajo de la alfombra. La paz se recupera defendiendo a los nuestros. Que el silencio no sea nuestra próxima condena. Reaccionar ya no es una opción política o judicial; es un deber humano antes de que la indiferencia nos termine de borrar.
Desde mi lugar de periodista y sobre todo de ciudadana de esta localidad, siento la responsabilidad de contar la verdad, una verdad que alguien no quiere que se sepa. Guardar silencio nunca será una opción cuando lo que está en juego es la memoria, la justicia y el derecho de una sociedad a saber.
Con la incorporación del sistema acusatorio, la reforma impulsada por el líder de Encuentro Misionero marcará un antes y un después en la administración de justicia en Misiones. Menos burocracia, más oralidad, mayor protagonismo de las víctimas y herramientas modernas para investigar delitos complejos son algunos de los cambios que buscan acercar respuestas más rápidas y transparentes a la sociedad.
La Justicia cumple su función cuando llega a tiempo. Una investigación que se extiende durante años, un expediente que no avanza o una resolución que tarda demasiado terminan generando frustración y desconfianza. Tanto para una víctima que espera respuestas como para una persona que necesita demostrar su inocencia, una Justicia lenta deja de ser justicia.
Por eso, el anuncio realizado por Carlos Rovira sobre la reforma del Código Procesal Penal de Misiones es un cambio histórico que satisface una demanda que lleva más de 30 años en nuestra provincia: transformar la manera en la que se investigan y juzgan los delitos en la Misiones para lograr procesos más rápidos, más transparentes y más comprensibles para los ciudadanos.
El sistema acusatorio
El principal cambio es la incorporación del denominado sistema acusatorio, un modelo que ya funciona en distintas provincias argentinas y que también se viene implementando en la Justicia Federal.
En el sistema acusatorio, cada actor cumple una función específica. El fiscal investiga los hechos, reúne las pruebas y sostiene la acusación. La defensa protege los derechos del imputado. Y el juez se encarga de controlar que todo se haga conforme a la ley y toma la decisión final, es decir, la sentencia.
La lógica es simple: cada uno hace lo que le corresponde. De esta manera, el juez no participa de la investigación. Su tarea es escuchar a las partes, evaluar las pruebas y decidir con imparcialidad.
¿Cómo es el sistema hoy?
En el sistema actual, gran parte de las actuaciones se desarrollan dentro de expedientes escritos y el juez tiene una participación mucho más activa durante la investigación. Muchas decisiones se toman a través de trámites, escritos y presentaciones que van acumulándose en un expediente y que hace que los procesos sean largos, excesivamente burocráticos e inaccesibles para los ciudadanos.
Por supuesto, la demora de una causa puede responder a múltiples factores. Sin embargo, existe un consenso cada vez más amplio sobre la necesidad de modernizar los procedimientos para que las respuestas lleguen en tiempos razonables.
Del expediente a la audiencia
Quizás la diferencia más importante para el ciudadano común sea que, en el sistema actual, gran parte del proceso ocurre dentro de un expediente mientras que en el sistema acusatorio la mayor parte del proceso tendrá lugar en audiencias con la presencia de todas las partes.
Allí, fiscales y defensores presentarán sus argumentos frente al juez de manera directa. Esto permite que el proceso sea más dinámico y más fácil de comprender. En lugar de una sucesión interminable de escritos y trámites, las pruebas se discutirán cara a cara y las decisiones importantes se van a adoptar en un ámbito público y a la vista de todos los implicados y de la comunidad.
Los beneficios de la Reforma
Uno de los principales objetivos es acelerar los tiempos de la Justicia. Al concentrar muchas actuaciones en audiencias y reducir trámites burocráticos, los procesos podrán avanzar con mayor rapidez.
También mejorará la transparencia. Porque las decisiones se tomarán en audiencias públicas, con un mayor control por parte de la sociedad y de los propios protagonistas del proceso, quienes tendrán más oportunidades de plantear sus argumentos de manera directa y en igualdad de condiciones.
Otro beneficio no menor es la imparcialidad. Como el juez no tiene a su cargo la investigación, llega al momento de decidir sin haber intervenido previamente en la construcción del caso, y por lo tanto se fortalece su rol como garante de equilibrio entre las partes.
Pero la reforma no se limita al funcionamiento de jueces y fiscales. También busca fortalecer a las víctimas. Muchas veces, quienes sufren un delito sienten que, después de realizar la denuncia, quedan al margen de lo que ocurre con la causa. El nuevo esquema apunta a que tengan más información, más acompañamiento y una participación más activa durante el proceso.
Además, se propone eliminar trabas y formalidades innecesarias que suelen dificultar el acceso a la Justicia. El objetivo es simple: dedicar menos tiempo a los trámites y más tiempo a resolver los problemas de las personas.
La Justicia ante los nuevos desafíos
La reforma también incorpora herramientas para enfrentar modalidades delictivas cada vez más complejas y tecnológicas. Las estafas virtuales, los delitos informáticos y los hechos que dejan rastros en teléfonos celulares, computadoras o redes sociales exigen nuevas capacidades de investigación.
Por eso, el proyecto fortalece el uso de evidencia digital y de herramientas tecnológicas que permitan producir pruebas más sólidas y dar respuestas más eficaces frente a las nuevas formas de criminalidad.
La idea no es reemplazar el trabajo de jueces, fiscales o defensores, sino brindarles mejores herramientas para investigar delitos que ya forman parte de la realidad cotidiana.
Una reforma pensada para los ciudadanos
Detrás de los términos jurídicos y de las reformas procesales, la discusión de fondo es mucho más sencilla de lo que parece. Los ciudadanos no quieren más expedientes ni más trámites. Reclaman respuestas. Quieren que los delitos se investiguen, que los responsables sean juzgados y que las respectivas decisiones para ello lleguen en tiempos razonables.
La reforma anunciada por Carlos Rovira este jueves en la Cámara de Representantes transita precisamente en esa dirección. Busca una Justicia más ágil, más transparente y más cercana a la sociedad. Cuando una respuesta judicial llega demasiado tarde, pierde su valor. Si la Justicia no es rápida, no es clara y no es transparente, se quiebra uno de los pilares fundamentales de la república: la confianza que los ciudadanos depositamos en la Justicia como el camino para resolver nuestras diferencias y para llegar a la verdad de los hechos.
La Justicia Federal Electoral aprobó oficialmente la denominación del Partido Encuentro Misionero y ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Agrupaciones Políticas. El espacio quedó habilitado para elegir autoridades y consolidar su estructura política en el ámbito provincial y nacional.
Encuentro Misionero alcanzó uno de los hitos más importantes en la vida institucional de cualquier fuerza política al obtener la personería jurídico-política federal, convirtiéndose formalmente en el partido político más nuevo de Misiones y de la Argentina.
La resolución dictada por la Justicia Federal Electoral aprobó la denominación Partido Encuentro Misionero y ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Agrupaciones Políticas, otorgándole pleno reconocimiento dentro del sistema electoral argentino.
La obtención de la personería federal representa el paso más importante para la consolidación institucional de un partido político, ya que le permite participar plenamente de la vida democrática, elegir autoridades partidarias, organizar su funcionamiento interno y proyectar su crecimiento territorial.
A partir de este reconocimiento, Encuentro Misionero queda habilitado para avanzar tanto en el orden provincial como nacional en la conformación de sus órganos partidarios y en el fortalecimiento de su estructura política en todo el territorio.
La nueva etapa contempla además la incorporación de nuevos dirigentes y la formación de futuros concejales, intendentes, legisladores y gobernadores comprometidos con el desarrollo de Misiones y la construcción de propuestas para los desafíos del presente y del futuro.
Durante el proceso judicial, la Justicia Federal Electoral también desestimó las oposiciones presentadas y ratificó que la denominación Encuentro Misionero cumple con todos los requisitos establecidos por la legislación electoral nacional.
Con este reconocimiento, Encuentro Misionero inicia una nueva etapa de organización, crecimiento y participación política, consolidando una herramienta institucional destinada a ampliar la representación de los misioneros y fortalecer la construcción de una agenda de desarrollo para toda la provincia.
