El frigorífico Pico, establecimiento pampeano creador de la hamburguesa Paty —marca que se convirtió en un genérico del medallón de carne picada— suspendió a sus 450 empleados y encendió las alarmas en la industria cárnica. La empresa atribuyó la medida a la caída de las ventas y a una deuda superior a los $30.000 millones, en un contexto de consumo interno estancado en mínimos históricos y una fuerte retracción de las exportaciones impulsadas por la política económica nacional.

La paralización de la planta refleja la magnitud de la crisis: el frigorífico pasó de faenar cerca de 600 cabezas de ganado vacuno por día a apenas 50. La merma del mercado externo fue determinante, con una caída general del 7,3% en las exportaciones de carne durante 2025 y una contracción del 12,3% en los envíos a China, principal destino del producto argentino.

Como Pico dependía en buena medida del comercio exterior para sostener su estructura operativa, la baja de los envíos impactó de lleno en sus ingresos y comprometió su funcionamiento. La situación se agravó en un escenario de costos crecientes y menor demanda interna.

En la localidad pampeana de Trenel, donde el frigorífico es uno de los principales motores económicos, crece la preocupación por un eventual cierre definitivo. La suspensión de actividades no solo afecta a los trabajadores directos, sino también a comerciantes, transportistas y productores vinculados a la cadena cárnica.

El conflicto se inscribe en un contexto sectorial más amplio. En distintas provincias se multiplican las tensiones en la industria de la carne, con casos como el del frigorífico santafesino Euro —tomado por sus trabajadores desde hace más de dos meses por salarios impagos— y los recientes reclamos en empresas como Granja Tres Arroyos y el frigorífico Bernasconi.

El frigorífico Pico, propiedad de la familia Lowenstein, funciona desde los años 60 y fue desarrollado por tres generaciones en la Argentina. En los últimos años venía atravesando dificultades financieras y productivas, y hace aproximadamente un año inició un proceso de achique que afectó a cerca de un centenar de trabajadores, antecedente de la suspensión masiva actual.

La delicada situación financiera quedó expuesta con una deuda cercana a los $9.000 millones con el Banco de La Pampa y más de mil cheques rechazados, según datos del Banco Central. El intendente de Trenel, Horacio Lorenzo, aseguró además que la empresa adeuda varios meses de pagos a productores de la zona y de la vecina localidad de Eduardo Castex. Mientras tanto, la compañía informó a su personal que abonará una suma de $500.000 correspondiente al mes en curso y entregará la carne semanal habitual, como medida paliativa para los trabajadores suspendidos.

El contexto se extiende a las industrias yerbatera, forestal y ganadera. En ese marco, resaltó que “hay preocupación porque la industria forestal produce a gran escala y el consumo interno se encuentra detenido”.

En diálogo con la prensa, el gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés, advirtió sobre el impacto del actual contexto económico en distintos sectores productivos de la provincia y expresó su preocupación por la situación de la industria yerbatera, forestal y ganadera. En este marco, resaltó que “hay preocupación porque empieza a colapsar el sector, la industria forestal produce a gran escala y el consumo interno se encuentra detenido”.

Durante la entrevista, el mandatario también brindó detalles sobre la situación económica y laboral, mientras abordaba la deuda que mantiene la Nación con la provincia, el cierre de la empresa textil Alal en Goya, la posibilidad de otorgar aumentos salariales a los empleados estatales y el debate en torno a una eventual reforma laboral.

Por otra parte, Corrientes espera la visita del ministro del Interior, Diego Santilli, aunque aún se espera la confirmación de la fecha del encuentro. Según explicó Valdés, la intención es trasladar al Gobierno nacional las principales preocupaciones de la provincia vinculadas al funcionamiento del sector productivo.

Sobre la deuda que mantiene la Nación con Corrientes, el gobernador precisó que el reclamo incluye más de 200 mil millones de pesos correspondientes a la Caja previsional, otros 50 mil millones por el consenso fiscal y un reclamo judicial de 30 mil millones en concepto de regalías. En ese sentido, remarcó que se trata de “deudas importantes” que tienen impacto directo en la gestión provincial.

Corrientes se mantiene estancado en el sector privado y público

El gobernador también se refirió al cierre de la planta textil de Alal en la ciudad de Goya, que dejó a más de 260 trabajadores sin empleo. Según explicó, la empresa atraviesa dificultades para sostener su actividad en el actual escenario económico. “La empresa manifiesta que no tiene ventas y que es difícil competir con las importaciones. Estamos siguiendo de cerca la situación, trabajando y viendo las alternativas posibles”, expresó.

Valdés añadió que el contexto internacional y la apertura de importaciones generan mayores complicaciones para la industria local. En ese marco, apuntó contra la competencia externa. “Productos que ingresan de China e India, con mano de obra más barata, hacen difícil competir”, señaló.

En cuanto a la situación salarial, el mandatario indicó que se evalúa un posible aumento para los empleados estatales, aunque reconoció que la caída de la coparticipación limita el margen de acción del Gobierno provincial. “Tenemos que encontrar el punto de equilibrio para hacer un anuncio certero y dar tranquilidad al sector estatal”, concluyó.

El presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macias, reunió a los espacios políticos por la crisis del sector yerbatero. La desregulación nacional y el impacto en los productores marcaron la agenda. La ausencia de La Libertad Avanza fue el dato político central.

El presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macias, convocó a una reunión extraordinaria a todos los bloques en la Legislatura provincial. El objetivo fue abordar la crisis yerbatera provocada por la desregulación impulsada por el Gobierno nacional y su impacto directo en pequeños productores y cooperativas.

La convocatoria tuvo como objetivo abrir un espacio de diálogo político ante la grave crisis que atraviesa el sector. La caída de precios, la pérdida de rentabilidad y la incertidumbre en la cadena productiva encendieron alertas en toda la provincia.

Participaron representantes de todos los espacios con presencia parlamentaria: Héctor “Cacho” Bárbaro, Cristian Castro y Elvani Göring, del PAyS; Walter Ríos, de Por la Vida y los Valores; Analía Labandoczka, del PRO; Santiago Koch, de la UCR; Juan Ahumada, ex Activar y Ramón Amarrilla. Sin embargo, un hecho llamó especialmente la atención: la ausencia total de los legisladores de La Libertad Avanza, que no enviaron ningún representante al encuentro.

De los demás bloques hubo al menos un legislador presente. Esto permitió avanzar en un diagnóstico común sobre la situación del mercado yerbatero y las consecuencias de la desregulación dispuesta a nivel nacional.

Desde el Frente Renovador de la Concordia remarcaron la necesidad de sostener el diálogo institucional y de defender a los productores misioneros frente al nuevo escenario económico.

La crisis yerbatera se consolidó así como uno de los temas centrales de la agenda legislativa y política de la provincia, en un contexto de fuerte preocupación social y productiva.

Los productores yerbateros tienen una vida muy sufrida, con muchos sinsabores y que está marcada por una batalla permanente en desigualdad de condiciones frente a una bestia magnífica que siempre hizo uso y abuso de su posición dominante para someterlos y darles migajas a cambio de su producción. La industria nunca vio a los productores como un aliado, como alguien a quien hay que proteger por ser el eslabón más débil de la cadena, todo lo contrario, los ve como alguien a quien hay que someter, maltratar y hasta esclavizar. Cuando decimos que la vida de los productores está marcada por una batalla permanente, historia lo confirma: en el año 1935 se produjo la primera gran crisis yerbatera en nuestra provincia, que dio lugar a la creación por ley nacional de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM). Con su entrada en vigencia, la cosecha de yerba sólo podía realizarse con la autorización del organismo. A poco de su creación, la CRYM fijó mediante una resolución el pago de un impuesto que obligaba a los colonos a pagar 4 pesos por cada planta que incorporen a sus plantaciones. En medio de una creciente crisis agrícola, a principios de 1936, se llevó adelante una movilización histórica de productores de la zona centro de la provincia que derivó en una feroz represión policial, tristemente recordada como “La Masacre de Oberá”, el 15 de marzo de 1936, con un triste saldo de cuatro colonos muertos según las cifras oficiales, aunque algunos historiadores afirman que la cifra fue mucho mayor.

La CRYM se mantuvo con vida durante décadas, hasta que en el año 1991 se escribió una de las páginas más negras en la historia de los pequeños productores yerbateros de nuestra provincia, ya que el presidente Carlos Saúl Menem y el Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, con la complicidad del gobernador misionero de aquella época, Ramón Puerta, quien además ostentaba una posición privilegiada en la industria yerbatera por ser uno de los grandes empresarios dueño de molinos, decidieron ponerle fin a lo que se había constituido en una herramienta vital para evitar desequilibrios en el sector. La desaparición de la CRYM significó el surgimiento de un funesto oligopsonio que sometió a los pequeños productores y los transformó en esclavos de los grandes molinos en manos de unos pocos capangas.

Tal vez pocos recuerdan que en la Argentina de los noventa comandada por Menem en la Nación y Puerta en la provincia casi todas las actividades agropecuarios se desregularon por completo. En 1992 se dio inicio al plan maestro ideado por Domingo Cavallo, quien impuso estas reformas en toda la economía y eliminó, además de la CRYM, la Junta Nacional de Granos y Carnes. Lo cierto es que, desde entonces, ninguna actividad productiva del país revertir esta situación, a excepción de la yerbatera.

Muchos se preguntarán, ¿cómo lo lograron en el sector yerbatero? Hace algo más de 20 años, en mayo de 2001 para ser exactos, los colonos misioneros impulsaron un histórico tractorazo que significó el inicio de la lucha contra los grandes terratenientes y molineros de la provincia, entre los que se destacan Puerta, Navajas Artaza y Urrutia. Esa gesta propició la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), una verdadera herramienta en poder de los productores para enfrentar al poder hegemónico y destructivo de los grandes molineros. Desde sus inicios, en un trabajo articulado con el Gobierno Provincial, se ha venido corrigiendo el gran desequilibrio generado por la desregulación de 1992 que hundió en la pobreza a los pobreza a los pequeños productores misioneros. Desde el INYM se llevó adelante una batalla ardua y constante contra los poderosos molineros que persistieron con sus artimañas para no cumplir con los precios que fijaba el instituto para equilibrar la balanza y evitar la concentración económica en manos de los zares de la yerba mate.

El objetivo de este nefasto sector de la industria yerbatera siempre fue, además de pagar menos a los productores por la materia prima, destinar grandes extensiones de tierra para plantar yerba mate y generar exceso de producción con el objetivo de que el precio de la hoja verde se hunda.

El INYM le devolvió la dignidad a los productores

El instituto logró posicionarse como un verdadero reivindicador del pequeño productor yerbatero y, al mismo tiempo, demostró su compromiso con los consumidores elevando estándares para garantizar la calidad del producto.

Uno de los hechos históricos fue la firma del convenio entre el INYM y el Gobierno de Misiones con el objetivo de brindar cobertura integral de salud a los productores yerbateros y sus familias. En una primera etapa, benefició a más de 4.500 productores de hasta 5 hectáreas de yerba mate o que cosechaban hasta 25 mil kilos anuales.

Mediante esta cobertura, los productores misioneros pudieron acceder a atención en los hospitales, sanatorios y clínicas privadas que mantienen convenio con el Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS). El convenio tiene una vigencia por 10 años con la posibilidad de ser renovador automáticamente.

Por otro lado, la calidad de la yerba mate se ha convertido en una de las prioridades, una clara muestra de compromiso con los consumidores del producto. Dan cuenta de ellos los controles que llevaba adelante el instituto, que intervenía e inutilizaba grandes cantidades de palo de yerba mate. Mediante el trabajo meticuloso del Área de Fiscalización se logró preservar la calidad del producto y promover la mejora continua en los establecimientos elaboradores.

Por su parte, el Gobierno misionero, desde el año 2017, tomó la decisión de no cobrar Ingresos Brutos a los productores primarios misioneros, entre los que se encuentran los yerbateros. Esto pudo ser posible luego de la firma del Consenso Fiscal firmado de 2017, que habilitaba a las provincias a aplicar Ingresos Brutos a la producción primaria, y que Misiones decidió no hacer uso de la facultad. La decisión fue explicada en su momento por Hugo Passalacqua: “las decenas de miles de familias de nuestras chacras son el motor de Misiones y necesitan apoyo de un Estado eficiente para allanarles el camino”, manifestó.

Al día de hoy, son más de 15 mil los productores de las chacras misioneras -entre ellos yerbateros- que están exentos del pago de este tributo. Un verdadero acto de justicia si los hay.

Cronología del desmantelamiento del instituto

El tristemente célebre Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 marcó el comienzo de una nueva crisis en el sector yerbatero y una verdadera pesadilla para los productores. Al igual que en la década del ‘90, quienes impulsaron la desregulación lo hicieron sosteniendo que el productor iba a poder vender más. Una gran mentira. La realidad indica que hoy la provincia tiene alrededor de 13 mil productores rehenes de los cada vez más poderosos molineros, una especie de “casta yerbatera”.

En diciembre de 2023, por instrucción del gobernador Passalacqua la Fiscalía de Estado de Misiones presentó una medida cautelar no innovativa con la finalidad de que el Estado Nacional “se abstenga de aplicar en su texto integral el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 y, en especial, que se abstenga y/o cese de aplicar, emitir, realizar, resolver y/0 ejecutar toda norma o acto que derive de su vigencia o que fuere dictado en su cumplimiento, en relación a las modificaciones introducidas al texto de la Ley Nº 25.564 de creación del INYM conforme lo dispuesto en los artículos 164, 165, 166, 167 y 168 del Capítulo I de dicho DNU. Según el planteo esbozado por la Provincia, las modificaciones incorporadas por el DNU 70/2023 en el capítulo referente al INYM dejaba al organismo sin el manejo de recursos y le impedía fijar precios.

El juez federal Alejandro Gallandat, subrogante del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, habilitó la feria y dictaminó que al estar involucrada una provincia contra el Estado Nacional debe ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que decida sobre la cuestión de fondo: si el DNU es constitucional o no.

Al día de la fecha, no hay una sentencia definitiva de fondo que resuelva si esos artículos del DNU son constitucionales, ni una decisión firme de la Corte Suprema sobre el tema. El expediente continúa en trámite, pero hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo la medida cautelar impulsada por la Provincia de Misiones sigue vigente e impide la aplicación de los artículos del controvertido DNU que recortan las funciones del INYM.

Pese esto, el Gobierno Nacional continuó arremetiendo contra el desmantelamiento del INYM: sin presidente designado, el Instituto dictó una serie de resoluciones que continuaron con la desregulación la actividad como el caso de la Resolución 42/2025 que derogó la Resolución 170/2021, que imponía límites a la cantidad de nuevas hectáreas de yerba mate que los productores podían plantar anualmente (limitaba a 5 hectáreas por año o al 2% de la superficie declara, además de imponer obligaciones de registro y fiscalización). Pero, sin dudas, el golpe más duro vino a través del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 812/2025, que dentro de los cambios desregulatorios más importantes, eliminó las facultades que tenía el organismo para fijar el precio de la materia prima.

El día 11 de diciembre, por medio del Decreto 873/2025 que lleva la firma del presidente Javier Milei y del Ministro de Economía Luis Caputo, se designó presidente del INYM al empresario libertario del rubro de la carne y contador Rodrigo Correa tras dos años de acefalía en el instituto.

Una de las primeras medidas tomadas por el libertario fue el despido de 21 trabajadores del área de control de calidad, justo un día antes de Año Nuevo. Seguidamente, en una reunión de directorio impulsó el aumento del 28% del precio de la estampilla y un incremento del presupuesto para el instituto en más de 8.500 millones de pesos.

Comenzó el año 2026 y el panorama es realmente preocupante. Hace pocos días atrás, más precisamente el 8 de enero, el organismo al mando Correa dictó la Resolución 2/2026 que con la excusa de la “simplificación normativa”, deroga normas vigentes, modifica artículos centrales del Reglamento de Control de Calidad y redefine exigencias técnicas, con impacto directo en secaderos, depósitos y comercializadores de la cadena yerbatera.

El Directorio del organismo presidido por el libertario Correa dejó expresamente aclarado que este proceso no está concluido y que aún resta analizar resoluciones de mayor complejidad.

Hoy la situación es por demás compleja: estando vigente una medida cautelar que suspende la aplicación de los artículos del DNU 70/2023 que tenían por objeto desregular la actividad yerbatera, el Gobierno Nacional decidió designar al presidente del instituto para desmantelarlo desde adentro con resoluciones internas que derogan normas claves. La misión de Correa está clara, su desembarco tiene por fin impulsar la desregulación que quedó frenada tras la cautelar contra el DNU 70/2023. ¿Cómo lo va a hacer? La respuesta es simple y clara: a través del uso de las facultades y funciones establecidas en la misma Ley 25.564 para el Directorio del organismo.

Rebelión en las chacras

Si algo le faltara a este complejo escenario, el consumo de yerba mate en el país está en picada. Según datos del propio INYM a noviembre de 2025, las salidas de molino destinadas al mercado interno cayeron a su nivel más bajo de los últimos años y mostraron una retracción cercana al 19% respecto de octubre.  En la comparación interanual, la baja fue aún más marcada, reflejando un freno en el consumo que contrasta con los años previos, cuando la demanda doméstica mantenía un crecimiento sostenido. En números, el mercado interno perdió entre 20 y 30 millones de kilos en relación con los mejores registros de 2022 y 2023.

La combinación de consumo retraído y precios deprimidos profundizó el desequilibrio en la cadena, especialmente para los pequeños productores, el eslabón más débil, que continúan vendiendo por debajo de sus costos.

En contraste, el 2025 quedará registrado como el mejor año de la historia para las exportaciones de yerba mate en Argentina, tanto en volumen como facturación. De acuerdo a los datos, el sector exportó más de 60 millones de kilos por un valor total cercano a los 116 millones y medio de dólares, con un promedio de 1.938 dólares por tonelada (casi 2 dólares por kilo). Mientras tanto, los productores siguen reclamando por un precio justo que debería estar cercano a los 50 centavos de dólar. Con estos datos, la gran pregunta que surge es adónde va a parar esa abismal diferencia entre el valor que le pagan al productor y el valor de exportación.

Uno de los referentes yerbatero, Hugo Sand, explicaba hace poco que la transferencia de ganancias al sector industrial en desmedro de los productores es de unos 200 millones de pesos. Una cifra obscena que causa escalofríos cada vez que pensamos en el sacrificado trabajo que llevan adelante los productores en las chacras trabajando de sol a sol por migajas.

La semana pasada no fue una más y podría ser considerada bisagra en este nuevo capítulo de la lucha encarada por los productores en búsqueda de la dignidad. El pasado viernes tuvo lugar una reunión entre algunos directivos del INYM y un importante número de trabajadores del sector provenientes de distintas localidades de la provincia como Oberá, Andresito, San Pedro, Apóstoles, Jardín América y Campo Grande. El encuentro, marcado por un profundo malestar por parte de los productores y por la ausencia del presidente del INYM Rodrigo Correa, tuvo como eje central la discusión sobre la falta de un precio justo para la hoja verde.

Frente a la ausencia de propuestas y ante el escenario de incertidumbre, los productores y representantes de entidades y cooperativas presentes en la reunión firmaron un acto acuerdo en la cual decidieron emplazar por 14 días hábiles al directorio del instituto, incluyendo a su presidente, para que convoque a una reunión con el único objetivo de definir un precio justo para la hoja verde de yerba mate; y por otro lado, establecer el cese total de cosecha de yerba en toda la provincia hasta que se convoque a la nueva reunión, pero que en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio sobre el precio de la materia prima, se extenderá por tiempo indeterminado. Finalmente, solicitaron la recuperación de todas las facultades del INYM. Los productores consideran que el organismo fue despojado de sus herramientas de regulación y defensa del sector, lo que limita su capacidad de acción, situación que genera marcadas asimetrías en donde los más perjudicados son los productores frente a los molinos que son los grandes ganadores de la desregulación.

Para terminar, cabe recordar que La Libertad Avanza se impuso en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, lo que permitió que Diego Hartfield y Maura Gruber se conviertan en legisladores y accedan a la Cámara de Diputados de la Nación. Estos dos representantes de Milei en Misiones hoy brillan por su ausencia, cuando podrían servir de puente con la Nación para hacer llegar el reclamo de los tan castigados productores a Buenos Aires y ayudar a encontrar una solución a la peor crisis de la historia yerbatera de la provincia.

La situación autoinfligida por el gobierno nacional impacta en todas las jurisdicciones argentinas, la diferencia es como se amortigua el impacto con las herramientas disponibles.

El combo tiene de todo: caída de consumo, cierre de empresas, reducción y despido de personal, turnos de trabajo más cortos, endeudamiento récord de familias, mora en pagos de pymes, obra pública nacional extinta, más deuda del estado nacional y de algunos provinciales, salarios por el piso, una inflación todavía alta para una actividad económica muy retraída, quita de subsidios al transporte, el gas y la electricidad, aumento de combustibles. Ese es el país que Milei fue a exponer al Foro Económico Mundial de Davos esta semana.

La enumeración parcial realizada se encuentra en todas las provincias del país, la diferencia es como aminoran los distritos el impacto de la crisis: las herramientas disponibles, la acción anticipatoria, el acompañamiento, la escucha a los distintos actores de la sociedad, la participación in situ.

Ejemplos disímiles sobre como afrontar la situación existen en abundancia: En Chaco, el gobierno del radical Leandro Zdero eliminó el Fondo Estímulo Productivo para trabajadores del área de Producción y el gremio denunció recortes extremos en los ingresos. Varias provincias no pudieron pagar el aguinaldo, otras se endeudaron para hacerlo. En paralelo, los datos de salarios muestran tres meses seguidos de retroceso real en todo el país. Y, como si faltara una señal más, la actividad económica volvió a caer en noviembre: industria, comercio y construcción —sectores intensivos en empleo— empujan hacia abajo. El bolsillo y la economía real siguen sintiendo el ajuste. El crecimiento prometido por el presidente no llega y no muestra señales. Los únicos sectores que permiten que la caída no sea mayor son, según el INDEC, los impuestos -otra promesa incumplida de Milei-, el sistema financiero, minería y transporte -a costa de los usuarios-. Por lejos, son más los perdedores que los ganadores en el modelo pergeñado por Caputo, Sturzenegger y cía.

Se desprende de lo anterior que Misiones no es la excepción ni una isla fuera de la realidad nacional. Aunque posee diferencias con algunas otras provincias. Por ejemplo, asume que la inmovilidad es nociva, no se puede esperar que la situación cambie como quien espera un cambio de clima. El recambio de figuras en distintos niveles de gobierno no fue simplemente un cambio de nombres, los nuevos actores le imprimen mayor energía, presencia y cercanía en el territorio. Se entiende por una cuestión racional: en épocas de incertidumbre, la acción política se mide mayoritariamente por el nivel de respuesta a los problemas inmediatos y para ello es imprescindible la presencia en el lugar de los hechos.

Otro aspecto a destacar es, con todos los matices y siempre pasible de mejora, el de la seguridad: el trabajo conjunto con la policía brasileña para la recuperación de las camionetas robadas en el vecino país debe destacarse ya que Misiones tiene la particularidad de tener una amplia frontera internacional, por lo que no puede quedarse esperando simplemente a que otros solucionen los problemas que aparecen en el territorio compartido. En zona de frontera no hay slogans que alcancen, se valoran los resultados.

A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, donde no se redujo ningún impuesto y se acentuó el sistema tributario regresivo imperante en el país, en la provincia se pudo apreciar en los últimos meses una sostenida política de alivio: prórrogas, bonificaciones, regímenes de regularización, descuentos por pago anual, beneficios para profesionales e incentivos a la actividad.

Esta batería de medidas de alivio fiscal no modifica la macro nacional, pero son un claro ejemplo del núcleo argumentativo de esta columna: la actuación de las provincias ante la crisis. Aquí apreciamos el accionar del estado provincial para que el impacto sea menor. En el mismo sentido se inscriben la continuidad de los programas Ahora, columna fundamental para el consumo del ciudadano de a pie y para el mantenimiento de muchos comercios en la provincia, y el Boleto Estatal Estudiantil Gratuito. Ambas iniciativas tienen fuertes costos fiscales, que redundan en inversión social, además de funcionar como una red de contención para evitar la caída de miles de ciudadanos del sistema.

La existencia de esta red de contención, en un marco donde las transferencias nacionales a las provincias fueron el principal factor de ajuste, se produce por una política sostenida de orden fiscal, sin toma de deuda. Este último factor es central dado que nuevamente se alienta desde Nación, al igual que bajo el mandato de Macri, el endeudamiento por parte de las provincias. En su mayoría para gastos corrientes en pesos. Repasemos brevemente como funciona la operatoria, más en este momento de toma de deuda por parte de las jurisdicciones y las empresas privadas -lo que permite, en parte, la calma financiera reinante-, todo dólar que ingresa al país pasa por el MULC -Mercado Único Libre de Cambios- donde los dólares quedan y las provincias/empresas reciben pesos. Dicho de manera coloquial: tenés pesos para gastar, pero la deuda es en dólares.

Una discusión productiva a partir de la forestoindustria

Uno de los temas de la semana fue el intercambio entre el diputado nacional Diego Hartfield y el ingeniero forestal Nicolás Ocampo. Este último le pidió medidas concretas para competir: bajar IVA y Ganancias, aliviar energía y combustibles, frenar importaciones hasta tener reglas parejas, pero no recibió respuestas concretas, solamente una evasiva: “lleva tiempo y debate”. A lo que el profesional le replicó que se hicieron muchas reformas de manera inmediata sin consultar a nadie, pero para poder modificar la estructura tributaria se necesitan años.

Además de la discusión técnica, se encuentra el contenido político del debate: las frases hechas, las respuestas de manual, el repartir culpas ya no tienen el mismo efecto que antes. Pasados más de dos años la paciencia se agota, queda cierta expectativa, pero el marketing político pierde potencia. Como muestra global el mejor ejemplo es la intervención de Milei en Suiza ante un auditorio vacío y con pocas reproducciones en la transmisión en vivo.

Cuando el debate entra en el terreno de lo concreto: costos, impuestos, empleo, salarios, actividad económica, poder adquisitivo, el discurso libertario cruje porque no pueden asumir responsabilidades. Volvemos a Milei en tierras suizas, cuando fue consultado por un periodista de Bloomberg sobre porque todavía existen regulaciones e intervenciones en el mercado cambiario, el presidente replicó con una cita del economista Robert Lucas Jr., nombre que lleva en su honor uno de sus perros. A lo que recibió una ingeniosa repregunta: ¿Robert Lucas Jr. ladra preguntándole por qué no libera el mercado cambiario?

Otro ejemplo práctico del fin del efecto de ciertos paradigmas libertarios es el de la lucha contra la “casta”, ese caballito de batalla viene perdiendo fuerza hace tiempo y esta semana tuvo otro golpe. El caso de designaciones en delegaciones del PAMI Misiones con figuras que fueron en listas de LLA funciona como ejemplo fácil de explicar y difícil de justificar: se critica el Estado, pero se usa el Estado para construir poder. Se promete una cosa y se hace otra. Ese doble estándar erosiona la credibilidad.

El plan no puede ser esperar sin hacer nada

¿Qué recibe Misiones de la Nación además de lo que por ley corresponde? ¿Dónde está el compromiso con una provincia fronteriza, con costos logísticos altos, que compite contra Paraguay y Brasil? ¿Dónde está la agenda productiva para pymes y chacras, más allá de tuits y frases de manual? Cuando lo que se ofrece es solo “esperen”, la sensación de vacío crece.

Por eso, en una etapa donde el país discute ajustes, reformas y desinflación, Misiones enfrenta un desafío doble: seguir sosteniendo orden y cercanía, y al mismo tiempo no dejar que se instale una mirada injusta sobre su realidad fiscal. La presión impositiva nacional —IVA, combustibles, cheque, retenciones, Ganancias y el resto del paquete— pesa más que cualquier simplificación local. Y la economía real lo sabe. La encuesta que difundió el INDEC esta semana lo certifica el factor más importante para aumentar la producción es -y por mucho- la falta de demanda interna. Y eso es responsabilidad pura y exclusiva del gobierno nacional.

La épica, los grandes relatos, las consignas han caído en saco roto a partir de una crisis que no muestra signos de tener un final. Lo que demanda la sociedad es soluciones concretas, tener un norte, poder vivir en paz y llegar a fin de mes. Menos discursos grandilocuentes y más soluciones cotidianas.

Misiones viene atravesando una crisis que no nació en nuestra tierra, pero que exige gobernar con responsabilidad y decisiones claras. En un contexto nacional donde la economía se enfría, el consumo cae y muchas provincias ven deteriorarse sus cuentas, nosotros elegimos un camino distinto: administrar con prudencia, contener el gasto y sostener una presencia inteligente Estado. Esa decisión nos permitió cerrar el tercer trimestre de 2025 con superávit fiscal, siendo la provincia con el menor crecimiento del gasto del país y con resultado positivo tanto primario como financiero. No resolvemos la crisis nacional, pero evitamos que su impacto recaiga sobre nuestra gente, pese a la presión impositiva nacional del IVA y Ganancias, con alivios fiscales concretos de la provincia que protegen la economía y los hogares del ajuste indiscriminado.

Por otro lado, los ejemplos del deterioro en otras provincias sobran. En Chaco, el gobernador radical con peluca Leandro Zdero eliminó el Fondo Estímulo Productivo para los trabajadores del área de Producción, lo que derivó en denuncias gremiales por recortes extremos en los ingresos. En otros distritos directamente no se pudo pagar el aguinaldo sin recurrir al endeudamiento. Todo esto ocurre mientras los salarios reales acumulan tres meses consecutivos de caída en el país y la actividad económica volvió a retroceder en noviembre, con industria, comercio y construcción empujando hacia abajo.

El consumo masivo es quizás la señal más clara de esta recesión nacional. Según datos del Indec, las ventas en supermercados cayeron 2,8% interanual en noviembre y casi 4% respecto de octubre, la mayor caída desde diciembre de 2023. Aunque en términos nominales los números muestran incrementos, lo hacen muy por debajo de la inflación, lo que confirma una pérdida real del poder de compra y una contracción efectiva del consumo cotidiano.

La situación se vuelve aún más preocupante cuando se observan los autoservicios mayoristas, donde las ventas a precios constantes se desplomaron más del 8% interanual y acumulan una caída cercana al 8% en lo que va del año. Incluso en los shoppings, que exhiben subas interanuales, aparece una baja mensual que confirma un consumo más restringido y selectivo.

En este contexto, Misiones no es una excepción, pero sí decide no quedarse quieta. Elegimos estar en el territorio, renovar energías, fortalecer segundas líneas y acompañar a quienes producen y trabajan. En tiempos de incertidumbre, sabemos que la sociedad no evalúa discursos grandilocuentes, sino la capacidad de resolver lo inmediato. Y ahí, la cercanía y la gestión cotidiana hacen una diferencia concreta.

Un área donde esa presencia se nota es la seguridad. Con discusiones abiertas y con margen de mejora, sostenemos un estándar que en muchas provincias se observa con atención. La recuperación de camionetas robadas en Brasil durante enero, mediante operativos conjuntos con fuerzas del país vecino, es una muestra concreta de una policía que trabaja y responde. También existe un consenso interno alrededor de la figura del subjefe Asencio, bien valorado dentro de la institución. En una frontera compleja, los resultados pesan más que los slogans.

En el plano fiscal, seguimos sosteniendo una política de alivio enfocada en lo concreto: prórrogas, bonificaciones, regímenes de regularización, descuentos por pago anual, beneficios para profesionales e incentivos a la actividad económica. Sabemos que estas herramientas no revierten la macro nacional ni detienen por sí solas la caída del consumo, pero sí ayudan a amortiguar el golpe sobre hogares, comercios e industrias.

A este esquema se suma la continuidad de programas de estímulo al consumo como los AHORA y el esfuerzo económico provincial por sostener beneficios sensibles, como el boleto educativo, que permite que miles de familias puedan enviar a sus hijos a estudiar sin costo. Son decisiones que asumimos como gobierno, porque entendemos que el ajuste no puede ser una caída libre para quienes viven y producen en Misiones.

Si podemos sostener estas políticas es porque hace tiempo ordenamos nuestras cuentas con responsabilidad. No nos endeudamos como si el futuro fuera infinito ni ajustamos sin criterio. Incluso en un escenario donde los ingresos reales no lograron recomponerse, contenemos el gasto como ninguna otra jurisdicción, lo que nos permite sostener superávit y previsibilidad.

Ese contraste abre una discusión que la política nacional muchas veces esquiva. La presión que más pesa sobre el consumo y la producción no se define en Misiones, sino en el nivel nacional. IVA, Ganancias, costos energéticos, combustibles y reglas de importación siguen condicionando a las economías regionales y achicando márgenes a quienes producen en el interior.

En ese marco, también queda en evidencia la fragilidad del discurso de La Libertad Avanza cuando se pasa del slogan a la realidad concreta de las provincias. La promesa de alivio impositivo y crecimiento convive con datos que muestran caída del consumo, retroceso de la actividad y deterioro de los ingresos subnacionales. Frente a ese escenario, las respuestas siguen siendo generales y sin definiciones claras para el interior productivo.

El intercambio del diputado nacional Diego Hartfield con un referente forestal, expuso esa contradicción. Cuando planteamos medidas concretas para competir —como la baja de IVA y Ganancias, el alivio de costos de energía y combustibles y reglas de importación más parejas— no hubo definiciones, solo la apelación al “tiempo y al debate”. La pregunta sigue vigente: si se avanzó con miles de reformas a gran velocidad, ¿por qué la baja de impuestos nacionales, promesa central del discurso libertario, necesita ahora una paciencia infinita? Desde Misiones seguimos dando esta discusión con datos, presencia y gestión, porque gobernar también es hacerse cargo cuando la realidad ya no admite relatos.

Un reciente informe sobre el ranking de precios de combustibles por provincia confirmó que Corrientes registra valores más altos que Misiones en naftas y gasoil, una diferencia que se explica, en parte, a las medidas fiscales adoptadas por el gobierno misionero para sostener precios más accesibles, como la reducción de Ingresos Brutos en la venta mayorista de combustibles. El relevamiento vuelve a poner en evidencia las asimetrías regionales que persisten en el mercado energético argentino.

El estudio fue elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA–Conicet) y analizó los precios promedio en surtidor durante enero. A nivel nacional, la nafta premium promedió $1.835, la nafta súper $1.577, el gasoil premium $1.901 y el gasoil común $1.655, aunque esos valores generales esconden importantes diferencias entre provincias.

En el segmento de nafta premium, Corrientes aparece entre las más caras del país, con un precio promedio de $1.926 por litro, superando a Misiones, donde el valor se ubicó en $1.913. La diferencia, aunque moderada, confirma que cargar combustible resulta más costoso del lado correntino.

La brecha se amplía en la nafta súper, donde Corrientes lidera el ranking nacional con un promedio de $1.682 por litro, por encima de Misiones, que registró $1.664. Este posicionamiento vuelve a dejar a Misiones en una situación relativamente más favorable para consumidores y actividades comerciales.

En cuanto al gasoil premium, Corrientes volvió a superar a Misiones con $1.976 por litro frente a $1.973. Si bien en este caso la dispersión de precios es menor, el patrón se repite: Corrientes mantiene valores más elevados que su provincia vecina.

La misma tendencia se observa en el gasoil común. Corrientes alcanzó un promedio de $1.764 por litro, ubicándose entre las provincias más caras del país, mientras que Misiones quedó por debajo de ese nivel, reforzando la diferencia regional en un combustible clave para el transporte y la producción.

El informe también señala que en enero se registraron leves bajas mensuales en todos los segmentos, aunque la comparación interanual sigue mostrando aumentos muy fuertes. En un año, la nafta súper subió 30,8%, la premium 52,18%, el gasoil común 40,57% y el gasoil premium 57,7%.

En este contexto, Misiones logra mantener precios más bajos que Corrientes gracias a un esquema tributario orientado a mejorar la competitividad del sector. La reciente reducción de la alícuota de Ingresos Brutos al 1% para la venta mayorista de combustibles, vigente desde enero de 2026, busca aliviar costos logísticos y comerciales, contribuyendo a que el precio final en surtidor sea relativamente más accesible para los consumidores misioneros.

El organismo provincial intensificó las inspecciones sobre la ocupación real de las casas adjudicadas. Las viviendas recuperadas por el IPRODHA se reasignan mediante sorteo a familias inscriptas, con prioridad social.

El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) reforzó los controles sobre la ocupación efectiva de las viviendas adjudicadas en Misiones. La medida apunta a recuperar casas que no son habitadas por sus beneficiarios y reasignarlas a familias que esperan una solución habitacional. La política se aplica en toda la provincia, en el marco de una alta demanda y bajo el criterio de tolerancia cero ante irregularidades.

Así lo explicó el presidente del organismo, Juan Carlos Pereira. Señaló que, una vez otorgada una vivienda, la familia debe habitarla de manera real y cumplir con el pago de las cuotas. También indicó que cada adjudicación tiene plazos formales y que, vencidos los mismos, la Gerencia Social realiza recorridas para verificar la ocupación.

Cuando se detectan irregularidades, se inicia un proceso administrativo. Incluye informes sociales, intervención jurídica y el respeto de los tiempos legales. Puede derivar en la quita de la adjudicación y la recuperación del inmueble. “Cada persona tiene su instancia de defensa”, remarcó.

Pereira aclaró que no se trata de decisiones automáticas. Existen situaciones excepcionales. Mencionó casos de enfermedades graves que obligan a una familia a trasladarse a otra provincia o al exterior. En esos casos, se puede solicitar una guarda temporaria, que es evaluada por el Instituto.

Cómo es el proceso de readjudicación de las viviendas

El funcionario indicó que las irregularidades representan un porcentaje mínimo. En la provincia hay alrededor de 50 mil viviendas adjudicadas. La mayoría de los casos se registran en casas con más de 15 o 20 años de antigüedad. Los controles son permanentes y se activan por denuncias o relevamientos propios.

Una vez recuperada, la vivienda no queda fuera del sistema. “La casa se vuelve a sortear”, explicó. El proceso incluye evaluación social y notarial. Se prioriza a familias con discapacidad, situaciones de urgencia o alta vulnerabilidad. Participan en sorteos con cupos reducidos.

Pereira fue enfático: “Las viviendas no se venden ni se entregan de manera informal. Vuelven al sistema para garantizar equidad y transparencia”. Recordó además que cualquier irregularidad puede denunciarse por los canales oficiales del IPRODHA.

El Centro Tecnológico de la Madera Misiones (CTMMi), ubicado en Salto Encantado, comenzó el 2026 con una agenda activa de trabajo, consolidando su rol como espacio estratégico de formación, asistencia técnica y prestación de servicios para las industrias forestales de la zona centro de la provincia.

Con casi tres años de funcionamiento, el CTMMi se posiciona como un aliado clave para el desarrollo del sector forestal, promoviendo la transferencia tecnológica, la capacitación en oficios y la vinculación entre el sector público, privado y académico. El espacio fue inaugurado en marzo de 2023 y desde entonces impulsa acciones orientadas a fortalecer la cadena de valor de la madera en la región. El predio cuenta con aulas para el dictado de capacitaciones y un sector productivo equipado con aserradero, depósitos de madera, playa de rollos, planta de secado, silos y báscula. Asimismo, dispone de equipamiento técnico como descortezadora, línea de aserrado, astilladora, planta de secado con caldera, sala de afilado y maquinaria rodante, lo que permite brindar servicios concretos a las industrias locales. Entre los principales servicios que ofrece el Centro se destacan el afilado de herramientas y el secado de madera, prestaciones fundamentales para mejorar la eficiencia productiva y la calidad de los procesos industriales, especialmente en pequeñas y medianas empresas del sector.

El Ministerio de Industria lidera las actividades que se desarrollan en el CTMMi y, con el acompañamiento de Silicon Misiones, coordina capacitaciones durante todo el año en oficios estratégicos para la región, como operario de aserradero, afilado y secado de madera. Las formaciones se dictan bajo un modelo de formación dual, que combina prácticas en los sectores productivos con instancias teóricas en las aulas del Centro, garantizando una capacitación alineada a las demandas reales del sector. Además de las actividades en Salto Encantado, las propuestas formativas del CTMMi se replican en distintos puntos de la provincia, de acuerdo a la demanda de los municipios, ampliando el alcance territorial de la política de capacitación industrial.
De esta manera, el Centro Tecnológico de la Madera Misiones continúa fortaleciendo el desarrollo productivo de la provincia, acompañando a las industrias forestales, promoviendo empleo calificado y generando nuevas oportunidades para la comunidad. Quienes deseen comunicarse o acercarse al Centro pueden hacerlo en Ruta Nacional 14, Progresiva Km 939 (ex Km 1215), Salto Encantado, Misiones, de lunes a viernes de 7:30 a 17:00 horas. También se encuentra disponible el correo electrónico ctm.misiones@gmail.com y el contacto vía WhatsApp al 3755 449570.

El Parque Nacional Iguazú recibió en 2025 más de 95 mil turistas europeos, con España a la cabeza en cantidad de visitantes y gasto diario. La estadía promedio fue de 2,5 noches y las actividades culturales, la gastronomía y la naturaleza se consolidaron como los principales atractivos.

El turismo internacional es uno de los motores económicos más importantes de Misiones. En 2025, el Parque Nacional Iguazú recibió más de 95 mil visitantes europeos, con un impacto económico que superó los 11 millones de dólares en la provincia, según datos oficiales.

Los turistas españoles encabezaron el ranking de ingresos y gasto. En 2023 habían llegado 22.144 viajeros, cifra que ascendió a 23.748 en 2024 y alcanzó los 24.724 en 2025. Con una estadía promedio de 2,5 noches y un gasto diario de 128 dólares por persona, se consolidaron como los europeos que más dinero dejaron en Misiones. El 32% se alojó en hoteles de 4 y 5 estrellas, mientras que un 28% optó por establecimientos de entre 1 y 3 estrellas, y un 12% por alquileres temporarios.

En segundo lugar se ubicaron los franceses, con 21.591 ingresos en 2025 y un gasto diario de 105 dólares. Su perfil de alojamiento mostró diferencias con los españoles: el 32% eligió hostels, el 23% hoteles de alta gama y el 22% hoteles de 1 a 3 estrellas.

Los alemanes ocuparon el tercer puesto, con 19.120 visitantes en 2025, tras un crecimiento sostenido respecto a los años anteriores. Su gasto diario promedio fue de 110 dólares, y se destacaron por preferir hoteles de 4 y 5 estrellas (38%).

El cuarto lugar fue para los ingleses, con 15.820 ingresos al Parque Nacional Iguazú, un incremento notable frente a 2024 (13.681) y 2023 (13.319). Con un gasto diario de 120 dólares, se ubicaron como los segundos europeos que más dinero dejaron en la provincia, detrás de los españoles.

Finalmente, los italianos completaron el listado con 13.715 visitantes, también en alza respecto a años anteriores. Su gasto diario promedio fue de 120 dólares, con una estadía de 2,5 noches.

En todos los casos, tres factores resultaron determinantes en la decisión de viajar: actividades culturales, gastronomía y contacto con la naturaleza, que consolidan a Misiones como uno de los destinos más atractivos de Sudamérica.

Misiones vive el turismo

La provincia cuenta con una capacidad hotelera de 21.781 plazas distribuidas en 435 establecimientos de alojamiento, evidenciando una oferta diversificada para el turismo. Complementando esta infraestructura, operan 136 agencias de viajes en todo el territorio, concentradas principalmente en Posadas (40%) y Puerto Iguazú (35%). Estas cifras reflejan el dinamismo del sector turístico provincial, donde conviven grandes polos de atracción con destinos emergentes.

En cuanto a la distribución de las plazas por tipo de alojamiento, en la provincia los hoteles representan el 35 por ciento de las plazas, seguidos por cabañas (20%), y residenciales (19%). Los apart hotels aportan el 13% y los hostels el 10%. En tanto que lodges y hosterías tienen menor participación.

Esa relación en Puerto Iguazú se destaca por mayor presencia de grandes complejos, de esta manera, la Ciudad de las Cataratas concentra el 61 por ciento de sus plazas en hoteles (6,709), liderando la oferta turística. Seguido por cabañas (14%) y residenciales (9%), como alternativas secundarias, mientras hostels y hosterías representan el 5 y 2 por ciento respectivamente.