Primero el DNU 70 dejó a los productores yerbateros sin precio de referencia. Ahora el proyecto de reforma de tierras flexibiliza la compra de campos por parte de capitales extranjeros. Dos medidas que, por separado, ya son un problema. Juntas, dibujan una pesadilla, otra más, para el interior productivo.
Por Sergio Fernández
Hay fenómenos que, por separado, ya son un problema. Pero cuando ocurren al mismo tiempo, dejan de ser una suma de preocupaciones para convertirse en algo mucho más difícil de controlar. Los meteorólogos lo llaman «tormenta perfecta». En política también sucede. Y pocas veces esa imagen resulta tan apropiada como para describir lo que hoy ocurre con la producción misionera.
No se trata de una única decisión. Se trata de una secuencia.
Primero llegó el DNU 70/ 2023. Entre cientos de artículos, una modificación pasó casi inadvertida para gran parte del país, pero cambió por completo el funcionamiento del mercado yerbatero. La desregulación impulsada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado (uno no se cansa de mencionar lo irracional que suena un ministerio con semejante nombre) dejó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sin una de sus principales herramientas: la posibilidad de fijar un precio de referencia para la hoja verde. La teoría era conocida: el mercado, sin intervención del Estado, encontraría su propio equilibrio. La práctica, claro, mostró otra cosa.
Los productores comenzaron a recibir valores cada vez más bajos, muy lejos de cubrir sus costos. Las protestas se multiplicaron. La cadena productiva entró en tensión. Y una actividad que sostiene a miles de familias quedó librada a una negociación profundamente desigual entre quienes producen y quienes concentran la capacidad de compra. Dicho de otro modo: los que ponen el cuerpo, otra vez, perdiendo.
Lejos de corregir ese rumbo, el mismo funcionario vuelve a aparecer ahora con otra iniciativa que también impacta de lleno sobre el interior productivo del país. El proyecto de reforma que impulsa contempla, entre otros puntos, cambios en el régimen de tierras rurales y flexibiliza las restricciones para que ciudadanos o capitales extranjeros puedan adquirir campos en la Argentina.
Cada discusión, tomada por separado, puede admitir posiciones distintas. Pero juntas cuentan otra historia. Primero se debilitó al productor. Después se debilitó su capacidad de negociación. Y ahora se propone modificar las reglas sobre la propiedad de uno de los recursos más estratégicos que tiene cualquier país: la tierra. No hace falta estar en contra de la propiedad privada para advertir que ambas discusiones pertenecen al mismo modelo económico.
De hecho, el propio misionerismo viene sosteniendo una posición que marca esa diferencia. La defensa de la propiedad privada forma parte de una concepción institucional que nadie discute. Pero otra cosa muy distinta es aceptar que las tierras rurales, especialmente en provincias de frontera como Misiones, queden sujetas a una lógica exclusivamente comercial. La tierra no es un bien cualquiera. Es producción. Es alimento. Es trabajo. Es arraigo. Y en una provincia como Misiones, también es soberanía.
No es casual que los representantes misioneros anticipen que acompañarán los artículos vinculados a la protección de la propiedad privada, pero votarán en contra del capítulo referido a las tierras rurales. No se trata de una abstención para evitar el costo político. Es una decisión explícita que busca diferenciar dos debates que el Gobierno nacional pretende presentar como si fueran uno solo. Porque no lo son.
La Argentina tiene una larga historia de concentración económica. Y buena parte de esa historia comenzó cuando los pequeños productores fueron perdiendo capacidad para competir. En Misiones esa realidad se conoce demasiado bien. La yerba mate, el té, la forestoindustria y buena parte de las economías regionales dependen de miles de productores que viven y trabajan sobre esas tierras. Si el mercado ya los dejó en una situación de mayor vulnerabilidad, resulta razonable preguntarse quién tendrá más posibilidades de adquirir esos campos si las reglas vuelven a modificarse.
La discusión, entonces, deja de ser jurídica. Pasa a ser política. Y también estratégica. ¿Qué modelo de desarrollo pretende construir la Argentina? ¿Uno donde la tierra sea considerada simplemente un activo financiero o uno donde siga siendo la base sobre la cual se sostiene buena parte de la producción nacional?
Hay una contradicción que el Gobierno de los hermanos Karina y Javier Milei todavía no logra explicar. Prometió liberar las fuerzas del mercado para que todos pudieran crecer. Sin embargo, las primeras consecuencias de esa libertad irrestricta las están pagando justamente quienes menos espalda tienen para soportarla. El productor chico vende más barato. El consumidor paga más caro. Y ahora aparece una iniciativa que vuelve a colocar a la tierra en el centro del debate. Como si el libreto estuviera escrito en otro idioma.
Las tormentas perfectas rara vez se anuncian con un único trueno. Empiezan con señales dispersas que, vistas por separado, parecen manejables. El problema aparece cuando alguien entiende demasiado tarde que todas esas nubes pertenecían al mismo cielo. Y que, mientras tanto, los productores ya se quedaron sin paraguas.
