El proyecto impulsado desde Misiones para reducir la alícuota del 21% al 10,5% tendría un costo fiscal de unos U$S 2,8 millones anuales, casi 400 veces menor al de la última baja de retenciones al agro. La decisión final quedó en manos del Gobierno nacional.
La iniciativa que busca reducir el Impuesto al Valor Agregado sobre el almidón de mandioca representaría una erogación mínima para las cuentas públicas nacionales: equivaldría al 0,00056% del Producto Bruto Interno, según los cálculos que acompañan el proyecto de ley que ya circula en la Cámara de Diputados.
En números concretos, la rebaja implicaría resignar alrededor de 3.893 millones de pesos por año, una cifra que al tipo de cambio mayorista del Banco Nación —cotizado en $1.368— se traduce en poco menos de 2,85 millones de dólares anuales. La proyección toma como referencia un PBI nominal estimado en 688,3 billones de pesos para 2026.
Para dimensionar la magnitud, basta con una comparación: la reducción de retenciones al campo dispuesta a fines del año pasado tuvo un costo fiscal calculado en 511 millones de dólares por año, unas 373 veces superior al que demandaría este beneficio para un cultivo concentrado mayoritariamente en suelo misionero.
Un pedido que ya lleva más de diez años
El reclamo tiene historia. Desde el clúster mandioquero de Misiones vienen golpeando puertas en la Casa Rosada desde hace más de una década, sin distinción de signos políticos. Elevaron el pedido durante la gestión de Cristina Fernández —con gestiones directas ante el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno—, volvieron a intentarlo bajo la administración de Mauricio Macri y repitieron la solicitud durante el mandato de Alberto Fernández. Ninguna de esas instancias prosperó.
El escenario cambió recientemente con la combinación de dos factores: la gestión del gobernador Hugo Passalacqua ante el Ministerio de Economía nacional y la presentación formal del proyecto de ley por parte del diputado nacional Oscar Herrera Ahuad. La modificación requiere tratamiento legislativo porque implica incorporar al almidón de mandioca dentro del inciso a), punto 10, de la ley del IVA, para que pase a tributar el 10,5% en lugar del 21% actual.
Un alivio para los celíacos de todo el país
Aunque la producción se concentra en la tierra colorada, el consumo de harina de mandioca se extiende por toda la Argentina. El derivado se utiliza no solo para elaborar chipá o como insumo en la industria farmacéutica, sino también como uno de los reemplazos más habituales del trigo en la alimentación de personas con enfermedad celíaca.
Allí radica uno de los argumentos centrales de quienes impulsan la medida: los productos libres de gluten tienen hoy un precio de góndola que golpea fuerte el bolsillo de las familias que, por razones de salud, no pueden optar por harinas tradicionales. Una alícuota reducida permitiría descomprimir esa carga en hogares de todo el país.
Blanqueo e impulso para la economía regional
Desde el sector productivo suman otro argumento. Sostienen que una alícuota diferenciada facilitaría el blanqueo de una actividad que hoy opera con una marcada brecha entre la comercialización formal y las operaciones por fuera del circuito declarado, algo que distorsiona la competencia dentro del mercado interno.
En la provincia, la producción primaria de mandioca ya está exenta del pago de Ingresos Brutos para los productores inscriptos en el registro correspondiente, de modo que el paso provincial para aliviar la actividad fue dado tiempo atrás. Lo que falta es el acompañamiento desde el orden nacional.
Con un impacto fiscal que los propios números describen como marginal, un beneficio directo para una economía regional históricamente postergada y un alivio concreto para miles de consumidores celíacos, la pelota quedó del lado del Gobierno nacional y de sus representantes en el Congreso, que deberán definir si traducen el proyecto en ley.
