Día: 5 de marzo de 2026

El proyecto de alta tensión beneficiará a más de 100 mil familias y 30 municipios de la zona centro. Tras la apertura de ofertas en diciembre, el Gobierno nacional oficializó ahora el financiamiento con garantía y contragarantía.

La Provincia de Misiones dio un paso decisivo para concretar una de las obras energéticas más importantes de los últimos años: la construcción de la línea de alta tensión de 132 kV que unirá Leandro N. Alem y Oberá. El proyecto, que beneficiará a más de 100 mil familias y empresas en al menos 30 municipios, se financiará con un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El 15de diciembre pasado, el gobernador Hugo Passalacqua encabezó el acto de apertura de ofertas para la obra, destacando que se trata de una inversión crucial para garantizar un suministro confiable y estable en la zona centro de la provincia. En esa oportunidad, el ministro de Hacienda Adolfo Safrán subrayó que las condiciones del crédito eran favorables para Misiones, gracias al orden de las cuentas públicas y el bajo nivel de endeudamiento provincial.

Este jueves, el Gobierno nacional oficializó el financiamiento mediante el Decreto 131/2026, que aprueba el Contrato de Garantía entre la República Argentina y la CAF y el Contrato de Contragarantía entre la Nación y Misiones. El esquema prevé que la Nación se constituya en codeudor solidario e irrevocable de las obligaciones de pago, mientras que la provincia autoriza la retención de fondos de coparticipación en caso de incumplimiento.

El préstamo alcanza los USD 75 millones y permitirá ampliar y modernizar el sistema de transporte de energía eléctrica, integrando fuentes renovables y reforzando la capacidad de las estaciones transformadoras de San Isidro, Alem y Oberá. El plazo de ejecución estimado es de entre uno y dos años, según el avance de las distintas etapas.

La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, quien quedó facultado para suscribir los contratos y realizar las gestiones necesarias para su implementación.

La presidenta del EPRAC, Soledad Bálan, se refirió a los reclamos presentados por vecinos contra SAMSA por presunta sobrefacturación y detalló las herramientas que el organismo ofrece para asistir a los usuarios. Recordó que quienes no puedan pagar la boleta no deben esperar al corte del servicio —cuya reconexión ronda los 200 mil pesos— sino acercarse al ente para gestionar planes de pago y reestructuración de deuda. “Somos la policía de SAMSA”, afirmó, al remarcar que la función del EPRAC es controlar a la empresa y defender a los usuarios, en una entrevista brindada a Loop Stream.

El principal cuestionamiento apunta al esquema de cobro por un consumo mínimo de 15 metros cúbicos mensuales, volumen que —según sostienen los vecinos— muchas familias no alcanzan. Bálan explicó que ese piso está establecido por ley y que, cuando el consumo es inferior, igualmente se abona la categoría mínima. Además, aclaró que cuando se superan los 15 metros cúbicos el valor por metro cúbico aumenta, por lo que recomendó prestar atención al cuadro de consumo más que al monto total de la factura.

La titular del EPRAC señaló que el mínimo de 15 metros cúbicos fue fijado en la ley provincial de concesión sancionada en 1999, normativa que tiene una vigencia de 30 años. Si bien indicó que debe respetarse el marco legal actual, manifestó su disconformidad con dicha ley y reconoció que contempla intereses por mora que pueden perjudicar a usuarios en situación de atraso.

En relación a la tarifa, aseguró que la boleta se mantuvo congelada durante este año y que no hubo aumentos. También explicó que, según el esquema vigente, una eventual reducción del mínimo a 7 metros cúbicos podría implicar que cerca del 70% de las familias termine pagando más por el excedente, ya que el sistema —según sostuvo— busca incentivar el consumo eficiente.

Asimismo, indicó que desde el año pasado la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) retiró el subsidio destinado a familias relocalizadas por decisión de lineamientos nacionales. Finalmente, destacó que la Provincia mantiene un esquema de subsidios que actualmente alcanza a más de 3 mil usuarios, aunque admitió que la asistencia no logra cubrir a todos los hogares que la necesitan, e invitó a los vecinos a acercarse al organismo ante cualquier duda o reclamo.