Los números de la ejecución presupuestaria educativa en Misiones al tercer trimestre de 2025 muestran un dato contundente: la mayor parte del financiamiento del sistema sale de recursos provinciales.
En total, la inversión en la finalidad “Cultura y Educación” alcanzó los $622.159.436.330 en la provincia de Misiones.
De ese monto, los fondos provenientes de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo (Ley 26.075) sumaron $239.328.788.361.
En términos simples:
El 38% del gasto educativo proviene de Nación.
El 62% restante es cubierto con recursos propios de la Provincia.
Es decir, de cada $10 que se destinan a educación en Misiones, aproximadamente $6 salen del presupuesto provincial.
No es solo salario:qué se paga con el presupuesto educativo
Cuando se habla de gasto educativo, muchas veces se lo asocia únicamente con sueldos docentes. Sin embargo, el sistema implica mucho más.
El presupuesto incluye:
Funcionamiento general de las escuelas.
Comedores escolares.
Material didáctico.
Compra y reposición de mobiliario.
Construcción de edificios.
Obras de mantenimiento y refacción.
Sostener la estructura educativa supone afrontar costos operativos permanentes, además del pago del personal.
$60.000 millones por mes en salario docente
En el componente salarial, la masa mensual destinada a docentes asciende a $54.800.448.970.
A ese monto se le suma el proporcional mensual del aguinaldo (SAC), que representa $4.566.704.081 adicionales.
En conjunto, el costo mensual supera los $59.367 millones solo para cubrir salarios docentes.
Se trata de una cifra que, por sí sola, da una dimensión del peso estructural que tiene la educación dentro del presupuesto provincial.
El viernes, la Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma laboral. En este escenario, la actuación de los legisladores nacionales se volvió una trampa perfecta: si acompañan al presidente, son acusados de “entregarse”; si se oponen, de “poner palos en la rueda”. La lógica del “antipolítica” no deja espacio para la racionalidad: cualquier postura es condenada, porque el problema ya no es la decisión, sino la política misma. Sin embargo, quienes cuestionan los votos de los legisladores misioneros rara vez consideran cómo la provincia sostiene cientos de programas que reactivan el consumo, garantiza un boleto sin costo para los estudiantes y mantiene otros programas sociales, incluso en un contexto de caída de la coparticipación y de discrecionalidad en la asignación de ATN. Quieren justicia social, pero no siempre comprenden las herramientas necesarias para sostenerla.
Los gobiernos provinciales, como el de Misiones, enfrentan una encrucijada inédita. Deben votar, negociar, gestionar y administrar en medio de una tormenta emocional donde el costo político está garantizado cualquiera sea el camino elegido. Si apoyan decisiones que puedan perjudicar a ciertos sectores, reciben reproches; si las rechazan para evitar ese perjuicio, también. Esa presión constante se combina con la falta de recursos que enfrentan todas las provincias debido a la caída de la coparticipación, lo que hace cada decisión aún más compleja y sensible.
El problema de fondo es que no se establece la relación directa entre las decisiones nacionales y la vida cotidiana de los ciudadanos. Las reducciones de recursos o las restricciones del margen de maniobra fiscal tienen consecuencias concretas: pueden resentirse los programas Ahora, el Boleto Educativo Misionero, la atención en hospitales públicos o las obras en escuelas. Detrás de cada votación, a menudo, hay un esfuerzo por proteger salarios, aguinaldos, ayuda escolar y políticas que amortiguan la crisis.
Cuando estas conexiones no se comprenden, el debate se simplifica en consignas y enojo. La ciudadanía aplaude o critica decisiones sin evaluar los efectos reales en la vida diaria. La antipolítica no solo cuestiona al gobierno nacional: también debilita la gestión provincial y, en última instancia, afecta a los propios vecinos y trabajadores que dependen de esos recursos y servicios.
La política es el arte de lo posible, y gobernar implica equilibrar aspiraciones sociales con limitaciones financieras y recursos disponibles. Sin embargo, en estos momentos, la sociedad muchas veces exige lo imposible: soluciones inmediatas y perfectas, sin tolerancia a la negociación, la moderación o los tiempos de la gestión. Mantener previsibilidad en salarios, servicios y programas requiere liderazgo y experiencia, aunque la emoción colectiva rara vez lo reconozca.
Además, muchas de estas decisiones se toman en un contexto de limitaciones objetivas. Los recursos son finitos y deben distribuirse entre múltiples demandas simultáneas: salarios de docentes y fuerzas de seguridad, programas de ayuda escolar, inversión en infraestructura educativa y sanitaria, y sostenimiento de servicios esenciales como el Banco de Sangre. Cada ajuste, cada negociación, busca minimizar impactos negativos, aunque la percepción pública rara vez lo reconozca.
En este escenario, la gestión de Misiones demuestra cómo se puede gobernar con responsabilidad aun frente a críticas y expectativas encontradas. Se confirmaron aumentos salariales para docentes y fuerzas de seguridad en dos tramos, se relanzaron los programas Ahora Escolar y Ahora Textos, se acreditará la Ayuda Escolar el 25 de febrero con $91.000 por hijo y $227.500 por hijo con discapacidad, se invirtieron más de 1.150 millones de pesos en escuelas y se mantiene el Boleto Educativo Misionero para 400.000 estudiantes.
La provincia también reforzó el Banco de Sangre con un nuevo móvil para el interior y mejoró su desempeño en el Índice de Transparencia Presupuestaria de CIPPEC. Estas acciones muestran que, aunque la política se perciba con desconfianza o enojo, es posible sostener derechos, servicios y programas esenciales mientras se navega un contexto de recursos limitados.
La dificultad actual no es solo técnica o financiera: es profundamente emocional. La antipolítica ha erosionado la confianza en cualquier mediación institucional. Como advertía José Ortega y Gasset, cuando la emoción colectiva desplaza a la reflexión, los puentes que sostienen la convivencia se debilitan. La prudencia se lee como sospecha y la moderación, como insuficiencia. Gobernar hoy es caminar sobre un puente en llamas: sin aplausos asegurados, pero con la obligación de que la estructura no se derrumbe sobre todos. La responsabilidad política sigue siendo indispensable, aunque muchas veces incomprendida.
Hay momentos en los que un gobierno se define por los detalles, por las señales que manda. No por los grandes anuncios, no por los actos multitudinarios, sino por la reacción (o la falta de ella) frente a lo que parece chiquito. Esta semana el gobernador Hugo Passalacqua tomó una decisión que excede el hecho puntual: apartó a una funcionaria que publicó desde sus vacaciones en Cancún, mientras volaba en parapente, un video burlándose de amigos o familiares que eran los destinatarios de ese video, pero se burló de todos los misioneros cuando lo publicó en redes sociales.
No fue un error técnico. No fue una torpeza menor. Fue un síntoma.
En un país golpeado por la crisis económica, donde cada peso cuenta y cada familia ajusta, un funcionario público, de cabotaje o de primera línea, no puede permitirse ostentar pero mucho menos, ironizar sobre la pobreza. Aunque sea “en broma”. Aunque sea en el ámbito personal. Cuando se ocupa un cargo en el Estado, lo privado y lo público ya no son compartimentos estancos. Se representa algo. Se encarna algo. Se simboliza algo.
Y ahí está el punto.
El misionerismo no puede ser una narrativa política. Tiene que ser una conducta. No alcanza con llenarse la boca de identidad provincial, azul, rojo y blanco; la cara y lanza de Andresito y autonomía frente al escenario nacional si quienes integran la administración no entienden el peso simbólico de sus actos. A veces parece que no entienden nada. Gobernar también es dar ejemplo. O debería serlo al menos. Y ese ejemplo empieza por casa. Sino, que vuelen.
La decisión de Hugo fue rápida. No hubo relativización ni excusas. Voló. Hubo un mensaje claro, sobre todo, hacia adentro: ocupar un cargo público implica límites. Implica empatía. Implica entender el contexto social en el que se gobierna.
Este episodio marca, creo y espero, algo más profundo: el inicio de un período con mayor exigencia interna. Un cambio de tono. Una advertencia implícita al resto de los que decimos ser parte del proyecto político que gobierna Misiones. La responsabilidad no es opcional. La sensibilidad social no es un accesorio. El respeto no es negociable. La empatía es obligatoria. Sino, que vuelen.
El poder no es un privilegio para exhibir en redes. Es una carga institucional que obliga a medir cada gesto. Cuando esa conciencia se pierde, se rompe el contrato simbólico con la ciudadanía. Un contrato que ya venía bastante hecho pelota.
