El mes de noviembre dejó un panorama sombrío en la industria argentina, con una sucesión de cierres de plantas, suspensiones y despidos que distintos sectores atribuyen al llamado “efecto motosierra”: la caída del consumo, la apertura importadora y el ajuste en distintas áreas de la economía. A lo largo de las últimas semanas, empresas de rubros tan diversos como electrodomésticos, metalmecánica, textil, alimentos y tecnología anunciaron medidas drásticas para sostener su estructura o directamente cesaron operaciones.
El impacto más reciente se produjo el 26 de noviembre, cuando Whirlpool confirmó el cierre de su planta en Pilar con 220 despidos, el mismo día en que Essen informó 35 desvinculaciones en Venado Tuerto. La semana ya había comenzado con la decisión de Georgalos, que anunció la suspensión de 600 trabajadores en Victoria, mientras que TN Platex dispuso el cierre de un sector en su establecimiento de Monte Caseros, afectando temporalmente a 20 operarios.
La cadena de anuncios continuó con casos de peso industrial. La autopartista Dana, en San Luis, dispuso el cierre de su planta el 20 de noviembre con 50 despidos, en paralelo al cierre de una sucursal de Frávega en Temperley. En La Rioja, Luxo y Vulcalar confirmaron el cierre de plantas con despidos, y en Bahía Blanca la mayorista Yaguar clausuró una de sus sucursales. Antes, el 13 de noviembre, Textilana había suspendido a 175 trabajadores, mientras que La Suipachense, histórica firma láctea de Suipacha, tuvo su quiebra decretada.
La crisis también golpeó a grandes jugadores del sector electrodoméstico y tecnológico. El 6 de noviembre, Electrolux suspendió a 400 trabajadores en Rosario; un día antes, Newsan aplicó 150 despidos en Tierra del Fuego. A esto se sumaron cierres de sucursales de Easy en el Conurbano y nuevos recortes en el sector tech, que incluyeron despidos en Globant, Salesforce y Tienda Nube. Entre fines de octubre y principios de noviembre, Ualá también formalizó más de 100 desvinculaciones, consolidando un retroceso significativo en el ecosistema digital.
Empresarios, sindicatos y analistas coinciden en que la oleada de ajustes responde a un contexto de fuerte caída del mercado interno, encarecimiento del crédito, recorte estatal y una competencia importada que empieza a desplazar producción nacional. Mientras tanto, el Gobierno nacional sostiene que se trata de un reacomodamiento “necesario” para estabilizar la economía y que la recuperación llegará en una segunda etapa. Para miles de trabajadores, sin embargo, noviembre quedará marcado como uno de los meses más duros desde la pandemia.
La semana pasada no fue buena para el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. El prestigioso Wall Street Journal informó el pasado jueves que la banca privada había decidido dar de baja el plan de ayuda financiera para el gobierno argentino consistente en un préstamo de 20 mil millones de dólares y ahora se negocia una repo por 5 mil millones de dólares, sin el cual, el BCRA no tendría los fondos necesarios para hacer frente a los vencimientos del mes de enero de 2026.
Pero eso no es todo, tampoco hay reservas para afrontar los pagos al FMI. De acuerdo a las estadísticas del Tesoro de Estados Unidos, el último vencimiento de intereses ante ese organismo se afrontó con Derechos Especiales de Giro norteamericanos (DEGs). Ninguno de los dos gobiernos brindó información al respecto. Si tuviéramos que explicar cuál es el plan de Scott Bessent y Caputo, con total sinceridad deberíamos decir que es poner parches sobre parches hasta que en algún momento se abra el mercado de capitales para la Argentina. El detalle saliente es que cada parche cuesta carísimo y la cuenta la paga todo el pueblo argentino que, hasta ahora, no ve ninguno de los beneficios.
A esta altura queda claro que el esquema económico diseñado por Toto Caputo sólo se sostiene sobre una aspiradora de dólares que vaya uno a saber adónde van a parar: 20 mil millones del FMI, 20 mil millones del swap con el Tesoro norteamericano, casi 25 mil millones de otros organismos multilaterales de crédito, el dinero ingresado por el blanqueo, la cosecha del campo de este año, incluyendo la liquidación extraordinaria por la baja de retenciones (que duró 24 horas) en septiembre, y los 5 mil millones del oro de las bóvedas del BCRA que no sabemos adónde fue a parar. Lo cierto es que todavía no aparece la luz al final del túnel y Caputo sigue buscando nuevas fuentes de financiamiento externo, es decir, más deuda sobre la espalda de los argentinos.
Al punto que queremos llegar en el presente análisis es que existe un correlato lineal entre el aumento de la deuda externa del país y el endeudamiento cada vez más pronunciado de los hogares argentinos en el marco de la segunda recesión en dos años de este gobierno.
El economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), Leonardo Anzalone, planteó en una reciente entrevista publicada en el portal de Ámbito Financiero que “el crédito puede volver a ser un motor de crecimiento, pero hay una condición clave: los salarios tienen que volver a ganarle a la inflación. Sin mejora del ingreso real, el crédito crece en volumen nominal, pero no en capacidad de tracción sobre la actividad”.
El economista profundizó: “los último datos oficiales muestran que la dinámica salarial perdió ritmo frente a la inflación, y ese es el principal freno hoy. Si esa relación vuelve a darse vuelta –tasas a la baja, inflación en descenso y recuperación del salario real- entonces sí podríamos ver una segunda etapa de expansión crediticia más sólida y con impacto directo sobre el mercado interno”.
Por su parte, el director de CP Consultores, Pablo Moldovan, manifestó que “no solo vemos un cambio significativo en este plano, sino que el Gobierno Nacional sigue operando de forma sostenida, poniéndole un límite a la recuperación de ingresos salariales y no salariales”. Según datos del INDEC, los salarios registrados aumentaron apenas 1,3% promedio durante septiembre y perdieron frente a la inflación de ese mes que dio 2,1%. En consecuencia, la baja del salario real formal fue del 0,8% en el noveno mes del año.
Cada vez son más los hogares endeudados en la Argentina
El estudio “Estrategias de manutención: ¿cómo organizan su economía los hogares argentinos?” del INDEC reveló que “en el primer semestre de 2025, uno de cada cuatro hogares se endeudó y, dentro del estrato de bajos ingresos, lo hizo uno de cada tres”. Se trata de una tendencia que también hallaron distintos relevamientos privados y que inquieta al Gobierno Nacional.
En un estudio sobre el comportamiento de los usuarios financieros, la consultora D’Alessio IROL halló que el 44% de los encuestados se siente más endeudado que el año pasado, una situación que se incrementa a medida que se baja en el escalafón de ingresos: los encuestados de nivel medio-alto afirmaron en el 26% de los casos, en el nivel intermedio un 39% y en el nivel medio-bajo 59%.
El relevamiento también se encontró con que el 40% de los hogares encuestados destina más de la mitad de sus ingresos mensuales para pagar deudas: 16% en el nivel medio-alto, 37% en el nivel intermedio y 55% en el nivel medio-bajo.
La CEO de la consultora, Nora D’Alessio, advirtió en diálogo con el periodista Juan Marcos Pollio de Ámbito Financiero que “la morosidad está subiendo. Cuando miro la data que están generando los clientes y veo que aumenta el pago en cuotas en los supermercados es lo más probable que comience a aumentar la morosidad”.
Sobre este punto, de acuerdo a números del INDEC, el 50,9% de los hogares durante el primer semestre del año recurrió a compras en cuotas o de fiado con tarjeta de crédito o libreta como estrategia de manutención.
Más datos, de acuerdo a un informe publicado por el Banco Central, la morosidad en el sistema financiero prácticamente se triplicó en el último año. Mientras que en el mes de septiembre de 2024 sólo el 2,6% del crédito destinado a familias estaba en mora, un año más tarde ese número se disparó hasta el 7,3% del total de deudas.
La consultora Mercier publicó un estudio que da cuenta que siete de cada diez argentinos sufren estrés financiero. Uno de cada cinco encuestados, prácticamente admite que a menudo necesita pedir dinero prestado para llegar a fin de mes. Otro parte importante siente que perdió el control de sus cuentas. Para el 28% de los consultados, un gasto imprevisto de un promedio de 250 mil pesos los arrastra al borde de la crisis. El 31% afirma que paga actualmente un préstamo. Entre ellos, casi la mitad debe pagar por mes, más dinero del que efectivamente le ingresa.
Por otra parte, informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA revela que el uso de la tarjeta de crédito para pagar compras en supermercados trepó del 39 al 46 por ciento entre diciembre de 2023 y mayo de este año. El uso de billeteras virtuales, que es otra forma de acceder al crédito, se incrementó del 7% al 13%. Mientras tanto, cayó fuertemente el uso de tarjetas de débito (del 34% al 16% de las operaciones) y del efectivo (del 20% al 16%). La sumatoria de todos estos datos nos brinda un panorama completo de la frágil situación que atraviesan los argentinos en un contexto de crisis económica que parece no tener salida al menos en el corto plazo. Mientras el Gobierno Nacional exhibe logros en materia macroeconómica, los hogares argentinos padecen los coletazos del enfriamiento de la economía, la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo.
La jueza Marcela Leiva impuso penas en suspenso a Mónica Gurina y Leandro Sánchez por los bloqueos de junio de 2024. La sentencia judicial fija reglas de conducta estrictas.
La Justicia misionera dictó este miércoles un fallo histórico que marca posición frente a los cortes de calle realizados durante el conflicto docente del año pasado. En una resolución considerada inédita en la provincia, la jueza Marcela Leiva condenó a los dirigentes Mónica Gurina yLeandro Sánchez por los bloqueos registrados en la avenida Uruguay entre el 1 y el 4 de junio de 2024.
Según lo establecido en la sentencia, Gurina recibió 10 meses de prisión en suspenso y Sánchez, 8 meses, al ser considerados penalmente responsables de desobediencia judicial y entorpecimiento del transporte. Si bien las penas no se harán efectivas, ambos deberán cumplir reglas de conducta estrictas y la condena quedará asentada en sus antecedentes.
El expediente se originó tras denuncias de comerciantes de la zona, quienes aseguraron que el acampe docente provocó pérdidas económicas, reducción de ventas, daños en mercadería expuesta y dificultades en el acceso vehicular y peatonal. Estos testimonios, junto con actas policiales y constataciones oficiales, formaron parte de la prueba valorada por la magistrada.
Los fundamentos del fallo por el acampe de la avenida Uruguay
Para la Jueza, el corte prolongado sobre una vía estratégica de la ciudad excedió el marco de la protesta legítima y afectó de manera directa el funcionamiento comercial y la circulación. La sentencia, en ese sentido, será interpretada como un mensaje institucional sobre los límites en la ocupación del espacio público durante reclamos gremiales.
Tras la lectura del fallo, las defensas adelantaron que evaluarán posibles recursos dentro de los plazos procesales. La resolución será notificada de manera formal en las próximas horas y quedará habilitada la instancia de revisión si las partes lo consideran pertinente.
Con esta decisión, Misiones suma un precedente penal relevante en torno a los cortes de calle prolongados, un debate que en los últimos años se volvió central en la agenda pública por su impacto social, económico y urbano.
La visita de Diego Santilli a Misiones sumó un gesto político clave: Carlos Rovira recibió al ministro del Interior y respaldó el pedido del gobernador Hugo Passalacqua para que Nación incorpore en el Presupuesto 2026 las demandas centrales de la provincia. Misiones ratificó su voluntad de diálogo y planteó temas como cajas previsionales, ATN, combustibles, regalías de Yacyretá, situación yerbatera e inclusión en la Hidrovía.
La llegada del ministro del Interior, Diego Santilli, a Misiones dejó una foto política de peso. Carlos Rovira, presidente del Frente Renovador Neo, lo recibió para ratificar la voluntad de la provincia de seguir trabajando en la construcción de consensos con Nación y avanzar en acuerdos que se traduzcan en beneficios concretos para los misioneros. El gesto también implicó un respaldo explícito al pedido del gobernador Hugo Passalacqua para que las demandas provinciales sean contempladas en el Presupuesto 2026.
Entre los temas planteados al funcionario nacional se destacó la regularización de los fondos de la caja previsional, un punto que Misiones remarcó como urgente: aunque está prevista en el Presupuesto Nacional 2026, la partida asignada es simbólica y no se corresponde con lo que la provincia debería recibir.
Otro punto fuerte fue la incorporación efectiva de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución del impuesto a los combustibles dentro del Presupuesto 2026. Desde la conducción política provincial insisten en que estos recursos son esenciales para equilibrar las cuentas y sostener obras y servicios.
Misiones también manifestó su disposición plena al diálogo presupuestario, acompañando la discusión del Presupuesto 2026 con una propuesta concreta: reducir la alícuota del ARCA del 1,9% al 1%, establecida en la Ley 26.546, y reincorporar el 0,9% restante a la masa coparticipable de las provincias.
Tras el encuentro, Rovira subrayó que «Misiones está para ayudar y construir juntos”, en línea con la postura que viene expresando el Frente Renovador Neo, como partido de gobierno, de sostener un diálogo institucional firme pero colaborativo con Nación por el bien de todos.
Si la economía está presentando complicaciones de Ushuaia a Bernardo de Irigoyen, seamos serios: claro que hay intendentes que duermen la siesta y gobernadores que no están a la altura. Pero cuando el empleo cae, el consumo se plancha, los comercios bajan la persiana y las obras se frenan al mismo tiempo en todos los mapas, el problema principal ya no es barrial ni provincial. El problema está donde siempre estuvo: en un programa económico que se escribe en Buenos Aires y se cobra en el interior.
Se está gobernando el país “a pelo”, sin protección, sin cuidarnos. Confiando en que el cuerpo social aguante lo que ningún organismo aguanta eternamente. Miremos Misiones, yerba, té, tabaco, mandioca, forestoindustria: casi todos los sectores están pasando uno de los peores momentos de las últimas décadas. La desregulación del mercado yerbatero y la parálisis del INYM dejaron a los pequeños productores a la intemperie: sin precio de referencia, negociando solos contra una industria cada vez más concentrada. Y encima les dicen que “antes era igual”.
No, no era igual. El productor llegó a cobrar cerca de 50 centavos de dólar por kilo de hoja verde; hoy muchos apenas arañan los 15 centavos, con una caída real superior al 70% desde la desregulación. Eso no es “costo de la libertad económica”, es la diferencia entre sostener la chacra o rematarla. Entre mandar al hijo a la escuela técnica o decirle que tiene que quedarse a ayudar a carpir.
El comercio cuenta otra parte de la misma historia. En cadenas nacionales se multiplican los retiros “voluntarios”, los sueldos en cuotas, los locales achicados. En empresas históricas, te echan al tipo con veinte años de laburo para reemplazarlo por un esquema precario disfrazado de cooperativa. No es que en Misiones “no entienden el esfuerzo”: se desplomó el consumo interno y los importados baratos entran como si acá no produjera nadie.
En paralelo, cada vez más hogares dependen de la tarjeta para comprar comida. Pagás el mínimo, pateás el problema, rezás que no te bloqueen el plástico. El salario mínimo medido en dólares es hoy el más bajo de la región y ya perforó los niveles posteriores a 2001: el poder de compra se vino al piso y la gente vive colgada del resumen del banco.
Llenar el tanque pasó a ser un lujo casi aspiracional. La gente se adapta como puede: carga de puchitos, baja de calidad de nafta, recorta viajes, vuelve a caminar donde antes iba en moto. Cada “poné hasta la mitad nomás” es una encuesta económica en vivo: la macro no está funcionando para la gente común.
Los jubilados aportan la memoria y también la bronca. Comparan esto con los noventa y ven la misma matriz: desempleo, ajuste, medicamentos que se dejan de comprar, dependencia económica de los hijos. Cuando una generación que vivió el 1 a 1 te dice “esta película ya la vimos”, capaz que en lugar de bardearlos habría que escucharlos un ratito.
Y mientras tanto, afuera pasa otra cosa. El mundo no se está volviendo más ingenuo, se está volviendo más proteccionista. Estados Unidos, que durante décadas dio cátedra de “mercado libre”, vuelca cientos de miles de millones de dólares en subsidios e incentivos fiscales para reindustrializarse y cuidar sus cadenas de valor, básicamente, una política industrial a gran escala para que las fábricas y los laburos se queden adentro del país.
Mientras las potencias juegan a cuidar lo suyo, pasan cosas como lo de Nueva York. En una de las ciudades más capitalistas del planeta, el nuevo alcalde electo es Zohran Mamdani, un demócrata socialista de 34 años que ganó la elección con una agenda centrada en congelar alquileres, avanzar hacia transporte público gratuito, subir el salario mínimo local y ponerle más impuestos a los ultra ricos para financiar vivienda social, guarderías y servicios públicos. No estamos hablando de La Habana: estamos hablando de Nueva York, la ciudad de Wall Street.
No hace falta ser “kuka” para ver hacia dónde se están moviendo algunos centros del capitalismo: Estados Unidos subsidia y protege a lo bestia a sus industrias y Nueva York elige a un alcalde que dice que la ciudad tiene que ser más vivible para los que pagan alquiler, no sólo para los dueños de fondos de inversión. Lo mínimo que podemos exigir acá es coherencia: si el mundo se protege y discute cómo repartir mejor los costos del modelo, no tiene sentido que Argentina se tire de cabeza a la pileta del mercado totalmente desregulado, sin casco y sin salvavidas para el interior productivo.
Y ojo: nada de todo esto es una defensa del kirchnerismo. Ese modelo también fue nefasto en muchos sentidos: inflación giga alta, privilegios y una acumulación de causas de corrupción. Pero Cristina Fernández de Kirchner tiene hoy una condena firme y cumple esa pena en prisión domiciliaria con tobillera electrónica. La jefa política del kirchnerismo no está dando clases de republicanismo desde un estudio de un canal de streaming: está cumpliendo una condena.
Del otro lado del Río Uruguay y del mapa ideológico, Jair Bolsonaro, ídolo de buena parte de la ultraderecha continental, fue condenado por liderar una trama golpista destinada a desconocer la derrota electoral de 2022 en Brasil. Y este mismo sábado terminó en prisión preventiva porque, según el Supremo, intentó romper su tobillera electrónica con una soldadora, en plena vigilia convocada por su hijo, con sospechas de que podía fugarse a una embajada. Bolsonaro lo admitió ante las autoridades: dijo que lo hizo “por curiosidad”. La tobillera terminó chamuscada; él, detenido. ¿Se imaginan el escándalo mediático y en X si un «zurdo empobrecedor» intentaba sacarse la tobillera para escapar a una embajada y evitar la cárcel?
Con la Argentina dividida, aterriza en Misiones Diego Santilli, flamante ministro del Interior. ¿Por qué Misiones? Porque el partido de gobierno provincial tiene 4 diputados nacionales, uno de ellos es un exgobernador, porque Misiones tiene fama de ser una provincia ordenada, con diálogo institucional y con un CV que la deja parada como cumplidora. ¿A qué viene? A pedir acompañamiento, respaldo y “responsabilidad”. Sin presupuesto propio ni herramientas concretas para ofrecer, Santilli es una especie de ministro-mochilero: trae mucha charla, guitarra y algunas fotos, pero la billetera se queda en Buenos Aires.
No es un tema personal con Santilli. Es la versión cool de la misma lógica que antes encarnó Guillermo Francos: un federalismo donde la Nación recorta recursos, estira la discusión presupuestaria, usa obras y fondos como premio o castigo, y al mismo tiempo señala con el dedo a los gobernadores cuando la cosa explota. Si sale bien, es mérito de la Casa Rosada; si sale mal, “los gobernadores no ayudan”. Cómodo.
Misiones, mientras tanto, no se hace la distraída ni se sube al show del “todo es culpa de Buenos Aires”. Defiende la regulación en el mercado yerbatero para proteger a los pequeños, pelea en el Norte Grande por una distribución más justa de recursos y sostiene programas concretos. No porque le sobre la plata. Sino porque es lo que corresponde.
Ahí es donde el misionerismo deja de ser etiqueta y se vuelve método. Carlos Rovira lo resumió con una frase sencilla allá por 2023: “la mejor manera de solucionar los problemas del país es viniendo al terreno, palpando el problema porque es el principio de la solución”. No se gobierna desde el escritorio, el Excel ni desde el trending topic: se gobierna poniendo el cuerpo donde duele. Y hoy duele, sobre todo, en el interior productivo.
La pregunta incómoda es sencilla y no entra en un reel: ¿hasta cuándo se va a seguir actuando como si el problema fuera provincial mientras las decisiones de fondo se toman a metros de Plaza de Mayo? No creo, sinceramente, que haya 24 inútiles y un iluminado. Creo que hay un programa económico que no entrega lo que prometió y que necesita una revisión seria, aunque sea menos marketinera.
La Argentina necesita una macro pensada para el interior productivo y para las familias que laburan, no sólo para cerrar con el Excel o para que aplaudan en Washington. Necesita provincias con margen para desplegar su potencial, no administradores prolijos de ruinas ajenas. Y eso exige algo bastante básico: que el Gobierno nacional se haga cargo de la parte que le toca, corrija el rumbo y apague, aunque sea un rato, el modo campaña permanente.
Porque gritar “motosierra”, vetar leyes y recortar partidas sirve para mantener eufórica a la tribuna propia, pero no para llenar heladeras ni reabrir persianas. La gente votó un cambio para recuperar la economía y la esperanza, no para perfeccionar el arte de sobrevivir a la próxima crisis. Porque si se sigue gobernando a pelo y desde Buenos Aires, la factura la van a seguir pagando Misiones, todo el interior productivo y a las familias trabajadoras.
