Según un estudio de la Universidad Católica Argentina, las cifras aumentan al 25% si los trabajadores son informales y cuentapropistas. Advierten sobre el avance de la inseguridad alimentaria en todos los sectores.
El 15% de los trabajadores asalariados del país no logra alimentarse adecuadamente, y la cifra aumenta al 25% cuando el análisis se centra sobre los informales y cuentapropistas, según el último relevamiento de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la universidad, la inseguridad alimentaria es una preocupación estructural que atraviesa a diversos grupos sociales y afecta incluso a trabajadores asalariados formales, pero que poseen bajos ingresos o condiciones laborales precarias.
Si bien la inserción laboral es un factor clave, la inseguridad alimentaria «trasciende la mera inserción laboral». Una proporción significativa de trabajadores asalariados se encuentra afectada (15,2% de incidencia total), aunque lo más preocupante es que el problema llega a los sectores formalizados: el 7% de los trabajadores asalariados con empleo formal (con aportes) sufren inseguridad alimentaria. En cambio, los ocupados no asalariados y trabajadores de servicio doméstico alcanza un 25,3%, la proporción más alta registrada entre los segmentos evaluados.
El estudio de la UCA identificó brechas marcadas que demuestran que la inseguridad alimentaria se agudiza en función de variables socioeconómicas, demográficas y laborales. El nivel educativo impacta directamente: los asalariados hasta secundario incompleto presentan una incidencia de inseguridad alimentaria total del 34,0% (38,6% entre los que no tienen aportes), mientras que aquellos con nivel universitario incompleto o más registran solo un 4,6% (1.6% entre los que tienen aportes).
Al analizar las condiciones laborales y la afiliación sindical, el estudio aporta nuevas claves. Dentro de los asalariados, la inseguridad alimentaria afecta al 24% de quienes trabajan en el sector informal, mientras que en el sector formal el porcentaje baja al 9,8%. En el ámbito público, en tanto, alcanza el 14,1%. Estas diferencias se explican principalmente por la estabilidad laboral, el acceso a derechos sociales y la existencia de mecanismos de protección.
También se observa una relación entre la cantidad de horas trabajadas y las dificultades para alimentarse. Entre los subocupados, el 21,1% tiene problemas para acceder a una alimentación suficiente. Entre quienes tienen empleo pleno, la cifra desciende al 12%, y entre los sobreocupados, asciende al 13,3%. En definitiva, el tipo de jornada influye en la posibilidad de mantener una dieta adecuada, aunque el impacto más fuerte se da entre quienes no perciben ingresos suficientes debido a su tiempo de trabajo reducido.
En cuanto a las variables demográficas, se observa mayor vulnerabilidad en los grupos más jóvenes (18 a 34 años), con una incidencia del 17,1%. Las mujeres también presentan una vulnerabilidad superior en algunos casos (15,5% de IA total, frente al 15,0% de los varones).
