Autor: Fernando Romero

Con la desregulación del mercado en marcha el gobierno provincial busca potenciar el fortalecimiento del mercado interno para garantizar un precio justo para el productor. Es decir, no propiciar una oposición a la medida, sino encontrar una solución inteligente.

Las políticas económicas que ejecuta el gobierno nacional fueron acompañadas por la mayoría de los argentinos, así como por buena parte de los misioneros, por ejemplo la desregulación del sector de la Yerba Mate. Este 1 de abril entró en vigencia uno de los efectos del DNU 70, la eliminación de la potestad del INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) de acordar el precio de la materia prima, por lo cual el sector industrial de la actividad no tendría ninguna regulación para pagar por la hoja verde y eventualmente por el paquete en góndola.

La principal preocupación del productor yerbatero es esa precisamente, que el precio percibido por su trabajo sea insuficiente y decidido arbitrariamente por el eslabón más fuerte de la cadena productiva del sector. Por lo tanto, trascendió esta semana que la posición del gobierno misionero no será la de oposición a la medida, sino la de la búsqueda de una solución inteligente, como el fortalecimiento del mercado interno a través de la intención que el kg. de hoja verde valga entre un tercio y un quinto del paquete del mismo peso que se puede encontrar en la góndola de cualquier comercio.

Para graficar la cuestión: si un paquete de un kilo de yerba cuesta 4000 pesos, el productor debe recibir al menos 800 pesos por kg. de hoja verde para de esa manera garantizar la rentabilidad entre todos los eslabones de la cadena sin ponerle tope al precio, alineándose de esta manera con la política establecida por el gobierno nacional. El factor determinante que fije el kg de hoja verde será el precio del paquete en góndola, a partir de allí el productor recibirá entre un tercio y un quinto de dicho valor.

En suma, este modo de propiciar una solución inteligente que beneficie a todos los actores del sector de la yerba mate está en línea con el accionar histórico del Frente Renovador: apostar siempre a la resolución de problemas con la participación de la población y evitar la oposición por la oposición misma, dado que en esa situación el único perjudicado es el misionero.

El registro de antecedentes y prontuarios data de principios del 1800 y el proceso digital ayuda a que sea más accesible en el mundo actual. Desde la Policía de Misiones destacaron que avanzan con un ambicioso plan de digitalización.

La Policía de Misiones trabaja en la actualización de datos y más precisamente, la digitalización de antecedentes y prontuarios. Se trata de información importante a partir de la cual se generan los certificados de antecedentes.

Este registro no involucra únicamente a personas que cometieron un delito, sino a todos los ciudadanos que realizan algún trámite en alguna de las dependencias. El Subcomisario Gustavo Sposato informó que la Dirección General de Judiciales posee un amplio registro de personas. “Contamos (con material) desde el año 1806 a la actualidad” especificó.

Asimismo, explicó: “estamos constantemente digitalizando la información que tenemos, que no es poca. Tenemos más de un millón de prontuarios impresos”. Esto permite tener acceso más directo a todos los datos de las personas registradas a través de estos instrumentos. “Actualmente, somos una de las policías del nordeste que posee mayor cantidad de personas identificadas”, resaltó.

Cómo realizar el certificado de antecedentes

Por otro lado, informó cómo realizar el trámite de registro a través de la página web de la Policía. Se comienza el trámite a partir de esta página oficial, donde el ciudadano podrá registrarse y solicitar un turno online. “Esto evita esperas innecesarias” resaltó, por lo que el último paso es acercarse a la dependencia indicada.

Una vez allí, se completa el trámite en mesa de entrada, donde se entregan los papeles correspondientes y se abonan los aranceles pertinentes. “Allí el civil es identificado a través del sector de fichero con el sistema dactiloscópico argentino”, especificó. Una vez que se completa este paso, buscan en el archivo para poder informar al organismo requirente o a la persona que solicita su antecedente personal.

El ministerio de Gobierno de Misiones se ha asociado con Wildlife Conservation Society (WCS) de Argentina para combatir el tráfico ilegal de especies y proteger la rica biodiversidad de la provincia.

Esta colaboración incluye capacitación para fuerzas de seguridad, cooperación regional y monitoreo constante del tráfico de fauna. Desde ambos organismos priorizaron la gestión ética de animales rescatados para el cuidado de la biodiversidad misionera.

La provincia de Misiones se caracteriza por su gran biodiversidad, una de las más ricas de Argentina, y sus fuertes acciones de concientización y protección de la misma. Bajo esa premisa, recientemente, el Ministerio de Gobierno acordó con WCS Argentina implementar acciones concretas para combatir el tráfico ilegal de especies y garantizar la preservación de animales en peligro de extinción.

Vale destacar que una parte crucial de esta iniciativa es la capacitación de las fuerzas de seguridad, así como la cooperación con países vecinos. Esto permitirá fortalecer las estrategias preventivas y mejorar los protocolos de actuación para abordar eficazmente el tráfico ilegal de fauna silvestre. Además, se está trabajando en el monitoreo y control constante de este tráfico, con el compromiso de varias instituciones involucradas en la conservación de la vida silvestre en la región.

El manejo ético de los animales rescatados y decomisados también es una prioridad en estas acciones, algo que incluye su adecuada disposición y cuidado, asegurando su bienestar mientras se enfrenta a esta problemática.

Todas estas acciones fueron delineadas esta semana en una reunión entre el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, el subsecretario de Seguridad y Justicia Ariel Marinoni, y el director de Asuntos Jurídicos de la mencionada cartera Pedro Armando Duarte con la coordinadora del programa de Prevención del Tráfico de Vida Silvestre de WCS Argentina, Carina Righi y otra representante de la misma organización, Laila López Roudar.

Desde el Ministerio de Gobierno señalaron que esta colaboración interinstitucional es fundamental para lograr resultados efectivos en la protección de la fauna de Misiones. Ya que este enfoque coordinado permite optimizar recursos, implementar estrategias más sólidas y enfrentar de manera integral los desafíos asociados con el tráfico ilegal de especies y la conservación de animales en peligro.

Asimismo, resalta el compromiso compartido de todas las partes involucradas en preservar la biodiversidad única de la provincia.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Jair Dib, presentó los avances obtenidos durante el primer trimestre de su gestión, destacando importantes medidas en favor de la transparencia, eficiencia y sostenibilidad en el funcionamiento del órgano legislativo.

Antes del inicio de la sesión de este jueves, Dib resaltó la implementación de la innovación integral en los procesos del HCD como uno de los logros más significativos: “Trabajamos en la transformación digital para la eficiencia, transparencia y sostenibilidad de este Concejo. Lo podemos ver reflejado en los expedientes que estamos llevando adelante”, afirmó.

En este sentido, el proyecto de ordenanza presentado por Samira Almirón y Horacio Martínez fue mencionado como una pieza clave para estos cambios, porque “han permitido avanzar en la reducción del uso de papel y agilizar trámites”, añadió Dib.

El titular del HCD mencionó que el sistema biométrico para los agentes, y la trazabilidad para los expedientes con la implementación de la ticketera, colaboran con la labor legislativa. Además, anticipó que próximamente se integrará la inteligencia artificial, a través de los programas informáticos conocidos como chatbots.

En el cierre de su intervención, Dib agradeció el apoyo y compromiso de los concejales y del equipo de trabajo. “Sin su colaboración, estos avances no hubieran sido posibles. Seguimos comprometidos con la eficiencia, transparencia y sostenibilidad en cada proceso que realizamos dentro del Concejo Deliberante”, concluyó.

Integrantes del Parlamento de la Mujer han presentado sus propuestas, las cuales serán evaluadas el 19 de abril en el recinto del Concejo Deliberante.

Las temáticas incluyen ambiente, seguridad alimentaria, obras públicas, cuidado de la niñez, educación, trabajo, salud y derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Esta diversidad de enfoques refleja el compromiso de las participantes, buscando soluciones y alternativas para el desarrollo de la ciudad.

Flavia Morel, presidente de la Chacra 141, expresó: “Mi interés radica en que, siendo la titular de la comisión vecinal, gestioné soluciones para mi barrio. Ahora, como Parlamentaria, quiero hacer lo mismo por los posadeños”. Sus propuestas abarcan obras, ambiente y la mejora de la ordenanza de comisiones vecinales.

Vale mencionar que las protagonistas de este Parlamento fueron seleccionadas mediante un sistema de votación aleatoria, para garantizar así la representatividad y la diversidad en el Parlamento, que incluye 14 ediles, una Defensora del Pueblo, una Secretaria, una Prosecretaria Legislativa y una Prosecretaria Administrativa con sus respectivas suplentes. Todas comprometidas en promover la equidad de género y la inclusión en este espacio democrático.

Los jueces también señalaron que en el caso de la AMIA, con 85 muertos, se trató de un crimen de lesa humanidad.

La Cámara Federal de Casación Penal determinó este jueves en un fallo histórico que los atentados a la Embajada de Israel, en 1992, y la mutual judía de la AMIA, en 1994, fueron organizados por Irán y llevados a cabo por la organización terrorista Hezbollah.

Además, los jueces decidieron declarar crimen de lesa humanidad al atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la AMIA y confirmar la calificación del atentado como “graves violaciones a los derechos humanos” y, por lo tanto, imprescriptibles.

La sentencia se dio en el marco de la revisión del expediente que investigó el encubrimiento de la investigación inicial y de la absolución de Carlos Telleldín, el primer detenido de la causa. Casación ratificó su decisión al argumentar que no hay pruebas suficientes que lo vinculen a la organización del crimen.

Conclusiones

En la causa donde se investigaron las irregularidades ocurridas en la investigación judicial llevada a cabo a partir del atentado a la AMIA, el Tribunal de Casación reafirmó la responsabilidad criminal del ex juez Juan José Galeano (pero redujeron su condena a 4 años de cárcel), del ex director de la SIDE, Hugo Alfredo Anzorreguy (lo absolvieron por el encubrimiento pero no por el peculado), del ex subdirector de Contrainteligencia de esa secretaría, Patricio Miguel Finnen, y del entonces imputado en la causa, Telleldín, en la maniobra de sustracción de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado, a cambio de que prestara una nueva declaración de los hechos, previamente consensuada con el entonces juez de la causa.

Concretamente, es el pago efectuado por u$s 400 mil para que cambie su declaración y apunte a un grupo de policías bonaerenses para acusarlos de haber sido el nexo local del ataque. La ex esposa de Telleldín, Ana Boragni fue absuelta.

En la sentencia , los camaristas Mahiques, Ledesma y Barroetaveña coincidieron en encontrar probada la participación de quienes debieron controlar la legalidad del proceso y no lo hicieron, los ex Fiscales Eamon Gabriel Müllen y José Carlos Barbaccia, en las cuatro privaciones de la libertad sufridas por los ex funcionarios policiales bonaerenses.

Fueron condenados a dos años de prisión condicional. El ex comisario Carlos Castañeda fue absuelto. La jueza Ledesma, por su parte, confirmó que consideraba todo este proceso como una maniobra de encubrimiento.

Por otro lado, Casación absolvió a todos los involucrados en la denominada “pista Siria”, lo que despertó la reacción de asociaciones de familiares que expresaron su desacuerdo con esa posición.

Finalmente, el Tribunal de Casación Federal fue contundente en la necesidad de investigar toda irregularidad que haya ocurrido en la investigación judicial de la que fue considerada la causa más importante en la historia de la administración de justicia, para lo cual exhortó a los tribunales inferiores a imprimir celeridad a las pesquisas pendientes.