El dirigente yerbatero y referente de APAM acusó al presidente de generar una «anarquía» en el sector yerbatero y responsabilizó a la desregulación por la crisis que atraviesan miles de productores misioneros. A horas del inicio de la zafra yerbatera 2026, el dirigente Hugo Sand, referente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y una de las figuras clave en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate y el histórico tractorazo, apuntó directamente contra el presidente Javier Milei por la crisis que atraviesa el sector. «Esto es un caos, esto es una anarquía producido por la irresponsabilidad del presidente Milei, que rompió ese contrato, esa ley que teníamos para que sus amigos, los grandes empresarios, llámese Las Marías, llámese Lievig, llámese como se llamen, se queden con 200 mil millones de pesos el primer año de gobierno, 200 mil millones de pesos el segundo año, y ya estamos empezando el tercer año», disparó Sand en diálogo con el periodista Sayas en Canal 4 de Posadas. La brecha entre lo que vale y lo que pagan Según detalló el dirigente, el kilo de hoja verde puesta en planchada de secadero debería valer 700 pesos. Sin embargo, denunció que actualmente se pagan entre 180 y 220 pesos. Para sustentar el reclamo, recordó que el año pasado el gobernador Hugo Passalacqua informó que el precio debería ser de 505 pesos. «Si a esos 505 pesos le ajustamos por inflación del año pasado, más la inflación que tenemos este año y que vamos a tener durante el invierno, que es cuando se cosecha, vamos a estar muy cercanos a los 700 pesos», explicó. Además, señaló que desde APAM siempre sostuvieron como referencia el valor de 50 centavos de dólar por kilo. Con un dólar rondando los 1.400 pesos, la cuenta cierra en los 700 pesos que reclaman. «Los productores merecen ganar, merecen vivir dignamente, y los obreros rurales merecen cobrar dignamente para no tener que irse a Brasil a trabajar allá», sostuvo.
Un mercado concentrado en pocas manos Sand explicó que el mercado yerbatero es lo que las ciencias económicas llaman un oligopsonio: de un lado hay entre 12.000 y 13.000 pequeños productores de hoja verde, y del otro, dos o tres grandes industriales. Según indicó, sumando apenas tres empresas se alcanza el 50 por ciento del mercado, lo que configura una posición dominante. «Estas empresas compradoras se ponen de acuerdo y fijan cada vez más bajo los precios. No es que compiten entre sí, como dice Milei. No, ellos se ponen de acuerdo para bajar cada vez más los precios», afirmó. Y advirtió que el perjuicio no se limita a los productores: alcanza a cooperativas, pequeños secaderos, obreros rurales y a la economía provincial en su conjunto. Citó como ejemplo la situación de Andresito, donde según señaló el 70 por ciento de la actividad económica depende de la producción yerbatera y la localidad estaría al borde del colapso.
«Va a haber un conflicto social muy grande» Consultado sobre la posibilidad de un nuevo tractorazo, Sand fue más allá. «Yo creo que no solamente de un tractorazo, sino que va a haber un conflicto social muy grande», anticipó. Recordó que en una visita anterior al programa había señalado que muchos productores que votaron a Milei sentían vergüenza de salir a protestar. Ahora, según su lectura, la situación se agravó al punto de no tener retorno. La crisis, según describió, excede a la yerba mate. El sector forestal también atraviesa una situación que calificó como «desastrosa», con el kilo de pino de árboles de más de 20 años pagándose a 15 pesos y la actividad concentrada en grandes multinacionales. «No puede existir en la economía agropecuaria misionera la libertad de mercado como pregona. El Estado debe intervenir, porque si no ocurren estas cosas que estamos viendo y sufriendo todos los días», reclamó. La propuesta de APAM y la salida política Sand confirmó que desde la asociación elaboraron un documento de más de 700 páginas con datos sobre el funcionamiento del INYM y la situación económica del sector. Intentaron entregárselo al presidente Milei, pero según denunció, no fueron recibidos. En cambio, se lo acercaron al gobernador bonaerense Axel Kicillof y adelantó que seguirán insistiendo con todos los dirigentes que los reciban. La propuesta de APAM plantea volver a la plena vigencia del Instituto Nacional de la Yerba Mate, crear un mercado consignatario nacional de yerba mate canchada, limitar las plantaciones, cupificar la producción, equilibrar oferta y demanda, y prohibir el ingreso de yerba extranjera. Rechazo al monocultivo Sobre el cierre, fue consultado sobre la propuesta de la Mesa Productiva que plantea la plantación de trigo como alternativa para el agro misionero. Sand se manifestó en total oposición. «Tenemos que tener una mirada holística, integradora de la chacra. Ir hacia la agroecología, donde podamos integrar muchísimas especies, tanto animales como vegetales, y al hombre. Una agricultura con agricultores», afirmó. Y sentenció: «Aquellos que quieren fomentar el monocultivo son los que apuestan a la muerte, porque necesariamente tienen que hacer uso y abuso de herbicidas, insecticidas, nematicidas. ‘Cida’ es muerte, y nosotros estamos totalmente del otro lado».
En el segundo semestre de 2025 la pobreza alcanzó al 41,3% de los menores de entre 0 a 14 años. Respecto al semestre anterior bajó 4,1 puntos porcentuales.
En su último informe sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que el 41,3% de las personas menores de 14 años eran pobres en el segundo semestre de 2025. Respecto a los primeros seis meses, implica una baja de 4,1 puntos porcentuales.
El registro de la pobreza infantil empeora en la franja etaria de adolescentes de 12 a 17 años, con un 42% de pobres. Le sigue el grupo de 6 a 11 años, con un 38,6%, y nenes hasta 5 años, con el 19,4%.
En cuanto a las personas adultas, el 24,6% de las personas de 30 a 64 años forman parte de los hogares bajo la línea de pobreza; mientras que la población de 65 años y más ronda el 9,7%. Por su parte, el 32,6% de los jóvenes de entre 15 y 29 años fue pobre en el periodo mencionado
Cómo mide la pobreza el INDEC
El relevamiento de datos se realiza en 31 aglomerados urbanos y se mide la pobreza a partir de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos, mientras que la indigencia se calcula por el acceso a la canasta básica alimentaria (CBA).
En el segundo semestre de 2025, el ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $783.493, mientras la CBT promedio del mismo grupo de hogares alcanzó $1.219.130. De acuerdo al INDEC, en promedio, el ingreso total familiar aumentó 18,3%.
El Gobierno nacional avanza con la reducción de subsidios, lo que encarece las facturas de luz en todo el país. El costo mayorista se disparó alrededor 500% en los últimos años, y aunque el impacto se aplica de manera segmentada según ingresos, provincias de alto consumo como Misiones sienten subas más fuertes. El cambio marca un ajuste estructural en el sistema eléctrico, trasladando a los usuarios una mayor proporción del costo real de generación y distribución.
Impacto directo en las facturas
El precio mayorista de la energía es el valor al que las distribuidoras compran la electricidad -en este caso a CAMMESA- antes de distribuirla a los hogares, comercios e industrias. El efecto combinado del aumento del precio mayorista y la quita de subsidios configura un doble impacto. A esto se suma un ajuste adicional estimado en torno al 2,4%, que se incorpora a la factura que llegará en mayo. El resultado final refleja subas acumuladas que modifican de forma significativa el gasto mensual en electricidad.
En zonas como Misiones, donde las temperaturas elevadas sostienen un alto consumo energético incluso en otoño, el nuevo esquema genera mayor presión sobre los usuarios. El límite de consumo subsidiado, fijado en torno a los 150 kWh mensuales, deja fuera a quienes superan ese nivel, quienes abonan el excedente a tarifa completa.
Sin incidencia provincial
Desde el sector energético provincial remarcan que el incremento no responde a decisiones locales. Tanto la empresa distribuidora como las cooperativas eléctricas actúan como intermediarias en la compra de energía a un costo definido a nivel nacional. El aumento, por lo tanto, se origina en la política energética nacional y en la reducción de subsidios.
En paralelo, otros servicios energéticos también registran ajustes. El gas presenta nuevas actualizaciones autorizadas por Nación y los combustibles acumulan subas cercanas al 20% en marzo, en un contexto internacional que continúa presionando sobre los precios.
Allá por el año 2018, el actor Alfredo Casero realizó un recordado sketch en el programa Animales Sueltos en donde escenificó una situación en donde los hijos exigían al padre flan de postre aún cuando su casa había sido destruída por un incendio. Entre gritos y gesticulaciones exageradas, el actor simbolizó la falta de conexión entre las demandas y la realidad económica del momento.
“El flan es la parábola de aquel que pide lo que no hay, en el momento donde no hay y cuando (satisfacer ese pedido) es lo justo para que todo se vaya al carajo», explicó en aquel momento Casero, y fue más allá: “queremos flan es Baradel. El gobierno dice ‘no tenemos el 21 de aumento, tenemos el 18’. ‘¡Ehh, queremos flan!’. ¿De dónde lo sacás? No hay plata, está todo quemado. ‘Bueno, le voy a pedir prestado a esta señora’. Así dejamos que el tiempo pase y nos vamos agujereando”.
Días atrás, el periodista Fernando Ortega Zabala escribió una interesante nota de opinión en donde se referió a la actualidad política en Misiones. Allí sostuvo que “en tiempos en el que el Cantón libra una batalla diaria por su supervivencia económica, la dirigencia política parece, por momentos, más ocupada en el espectáculo de las redes sociales que en la defensa estratégica del territorio”. Muy acertada tal apreciación, la compartimos.
Seguidamente analizó la postura del cabecilla del levantamiento policial de mayo de 2024 que puso en vilo al pueblo misionero, alterando la paz social y generando momentos de mucha zozobra en una sociedad acostumbrada a la tranquilidad: “su propuesta de derogar el cobro anticipado de Ingresos Brutos en los puestos de El Arco y Centinela suena, para el oído desprevenido, como una oda a la libertad de comercio y un alivio al bolsillo. Pero en la política real, los gestos no se miden por sus intenciones, sino por sus consecuencias. Y la consecuencia de la iniciativa es, lisa y llanamente, el desfinanciamiento de Misiones en su hora más crítica. Amarilla sigue disparando contra su propio cuartel.” Y continúa, “desarmar el sistema de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) hoy no es ‘liberar el comercio’; es dejar a la provincia sin el escudo necesario para pagar salarios docentes, mantener hospitales y sostener programas de consumo como el ‘Ahora Misiones’. Amarilla apela a la Constitución Nacional para hablar de aduanas internas, pero olvida que esa misma Constitución exige un reparto equitativo de la riqueza nacional que hoy se incumple sistemáticamente contra Misiones. Jugar a la “revolución fiscal” mientras la Nación nos mete la mano en el bolsillo es, en el mejor de los casos, una ingenuidad política; en el peor, una traición a la autonomía provincial”. Excelente el análisis Ortega Zabala sobre el bochornoso proyecto de ley del diputado Ramón Amarilla que plantea declarar la inconstitucionalidad de otra ley, arrogándose funciones del Poder Judicial y pisoteando la división de Poderes del Estado. El ex-policía, se argumenta erróneamente que su proyecto apela sentido común. Su planteo pierde toda lógica y sensatez desde el momento en que ignora la misma Constitución pretende usar como principal argumento para su disparatada propuesta legislativa. La aplicación de los principios constitucionales se encuentran fuera de cualquier tipo de sesgo.
Ahora bien, nos gustaría preguntarle a Ramón Amarilla ¿cómo pretende cubrir las demandas sociales, aumentos salariales por caso, cuando su proyecto implica un manifiesto desfinanciamiento del Estado? La parábola del flan, está más vigente que nunca. Con una crisis económica que no muestra, al menos en el corto plazo, signos de mejoría, Amarilla busca reventar la fuente de financiamiento del Estado, algo que traducido a la economía doméstica sería como dejarle sin ingresos al jefe de hogar. “Quiero flan!”
El rol de la política en las sociedades es claro, apunta a la búsqueda y generación de espacios de encuentro, de compromiso. En momentos tan sensibles como el que está viviendo el país no hay lugar para los planteamientos binarios, los discursos polarizantes y las visiones maniqueas que han degradado a la política a tan bajos niveles de calidad y con pésimos resultados a la vista. Observamos cotidianamente como gran parte de los políticos piensan mucho en cómo hacerse del poder y muy poco en qué hacer con él cuando gobiernan.
El brillante filósofo Baruch Spinoza, en su “Tratado Político”, sostiene que “para que un Estado pueda mantenerse, sus asuntos públicos deben estar organizados de tal modo que quienes los administran, tanto si se guían por la razón como por la pasión, no puedan sentirse inducidos a ser desleales o actuar de mala fe”.
La primera responsabilidad que tienen los dirigentes de todas las latitudes es proveer de certidumbre a la sociedad. Poner en práctica la buena política permite forjar acuerdos con todos los sectores de la sociedad y generar la sinergia necesaria para dinamizar transformaciones con una perspectiva estratégica y de futuro. También permite la conformación de sociedades más abiertas, pluralistas y tolerantes.
En un mundo invadido por el hartazgo, el desencanto y la desesperanza, sólo la buena política nos salvará.
Hablemos de plata: la administración del Estado en tiempos de crisis
El presupuesto provincial 2026 refleja las exigencias actuales del pueblo misionero, las cuales se pueden resumir en la necesidad imperiosa de un Estado más eficiente que les haga la vida más simple y que no los abandone. La señal es clara: más de 4 billones de pesos, de los cuales casi un 70% serán destinados a la inversión social (salud, educación y contención social), acompañado de obras de infraestructura estratégicas para potenciar el desarrollo de los pueblos. La hoja de ruta marcada por el presupuesto 2026 no es algo menor: en un escenario nacional marcado por el derrumbe de la coparticipación la decisión política de priorizar al pueblo por encima de los números fríos adquiere un valor aún mayor.
El contexto es por demás complejo, la Nación se lleva demasiado y aporta menos de los que le debe a Misiones: en números concretos, la Provincia recauda $500 mil millones en impuestos coparticipables por mes y el poder central le devuelve sólo $150 mil millones.
Misiones es una provincia castigada por el tratamiento del poder central, por lo que no se permite la generación de riqueza ni la mejor actuación en el sector público. El ejemplo más claro es la destrucción de las economías regionales, en donde vemos a diario el deterioro de los productores yerbateros, tealeros y el derrumbe fenomenal de industria forestal.
Esto se da porque hay un unitarismo fiscal en el que cada vez se reparten menos fondos a las provincias y municipios, que en la Argentina van a un escenario de crisis acelerado.
Misiones tiene las cuentas saneada, pero pueden ser escasas ante el nuevo escenario en el que hay que pivotar dos cuestiones: el panorama poco claro de la reforma tributaria y la ayuda a las Pymes por la inexistencia de acceso al crédito por parte de los bancos.
Dicho esto, centremosnos en el análisis de la administración del Estado provincial. El consultor Alejandro Pegoraro sostiene que la evaluación del gasto público provincial constituye una herramienta clave para comprender el alcance y la calidad de la intervención del Estado en las distintas áreas de enfoque.
El análisis del gasto según finalidad y función permite desagregar y clasificar las erogaciones de las administraciones provinciales en base a los objetivos perseguidos y las áreas específicas de acción, como educación, salud, seguridad, desarrollo económico, entre otras. Esta clasificación no solo facilita una visión más precisa de las prioridades de política pública y la priorización, sino que también permite identificar posibles desbalances, cambios en la asignación de recursos y tendencias estructurales en el uso del presupuesto. En un contexto de crisis económica, restricciones fiscales y creciente demanda social, analizar esto es clave para entender de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos.
Como es costumbre, la inversión social concentra la mayor porción de las erogaciones misioneras: el presupuesto 2026 destinará el 69,17% de las erogaciones a inversión social, con foco en educación, salud pública y contención social.
Para entender la importancia de estos datos: Misiones destina por día 2 mil millones de pesos para sostener el sistema de salud pública, más de 20 mil millones por mes sólo para pago de salarios docentes y 600 millones por día para garantizar el Boleto Educativo Misionero, sólo por citar algunos números.
La función de la salud representa uno de los pilares más sensibles y estratégicos del modelo misionerista: se trata de una expresión concreta del compromiso del Estado con el bienestar y la dignidad de los misioneros. Destinar una proporción significativa de las erogaciones a esta función da cuenta de las prioridades, en un contexto donde la inversión en salud no solo mejora los indicadores sanitarios sino que también tiende a fortalecer el tejido social.
Con un Estado nacional que desfinanció gran parte de los programas sanitarios a los provincias, una exagerada suba en los servicios de prepagas y un recorte en el poder adquisitivo de los hogares en términos generales, la inversión en salud cobra notoria relevancia.
La promoción y la asistencia social también ocupa un lugar central en la agenda del modelo misionerista, este año se destinaran alrededor de $800 mil millones de pesos al desarrollo social y $400 mil millones para desarrollo económico, que consiste en la distribución de recursos entre los municipios. Estos números adquieren especial relevancia sobretodo en contextos de crisis económica y de problemáticas laborales crecientes, al tiempo que expresa, en términos concretos, el grado de presencia y alcance del Estado en situaciones de mayor vulnerabilidad social.
La promoción social implica políticas activas que buscan no solo mitigar el impacto de la pobreza, sino también generar condiciones para la inclusión social.
En un escenario nacional caracterizado por una crisis económica que parece no tener freno, el ajuste fiscal, caída de la recaudación y el retiro del Estado nacional de los programas de desarrollo provincial, Misiones tomó la decisión de fortalecer las inversiones en salud, educación y promoción social, un dato que adquiere gran relevancia no sólo desde el punto de vista presupuestario, sino también en términos políticos y sociales.
Misiones tal vez no podrá darle flan a quienes lo reclaman, pero sí puede garantizar que en cada hogar misionero esté el pan de cada día.
Argentina atraviesa un tramo complejo de su historia económica, donde la macro se muestra ordenada, pero la micro exhibe grietas profundas. La brecha ya no es cambiaria sino entre el relato y la realidad: la producción no crece, las empresas cierran, el empleo se achica y los ingresos se estancan. Cada cierre reduce facturación, tributos y la masa coparticipable que luego llega a las provincias; jurisdicciones como Misiones, que recibe alrededor del 3,4%, sienten directamente el impacto en hospitales, escuelas y seguridad. La ortodoxia y la luna de miel electoral lograron estabilidad en los números, pero la distancia entre discurso y realidad se agranda día a día.
La administración nacional enfrenta también tensiones políticas internas: ruidos dentro del Ejecutivo, sospechas de corrupción y la constante y dubitativa defensa de su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reflejan fragilidad. En este contexto, las encuestas ya muestran descontento creciente, mientras la microeconomía exige soluciones concretas que aún no llegan, y el escenario internacional —con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán encareciendo la energía— agrega presión sobre la estrategia antiinflacionaria oficial, mientras que la resolución favorable en el caso YPF sirve como triunfo simbólico dentro de un panorama más amplio de dificultades.
En esta línea, la desaceleración local se evidencia en la caída del consumo, el aumento del desempleo —especialmente en zonas industriales— y la pérdida de competitividad que deriva en cierres de fábricas y reemplazo por importaciones. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), del centro de estudios Fundar, estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), información de la Secretaría de Trabajo (en base al SIPA) y relevamientos de la Unión Industrial Argentina, desde la asunción de Milei más de 22.600 empresas dejaron de operar, afectando empleo formal y recaudación tributaria, a pesar de que algunos indicadores macroeconómicos muestran crecimiento.
El caso de FATE funciona como un “caso testigo” del deterioro industrial. El cierre de su planta en San Fernando por pérdida de mercado frente al aumento de importaciones muestra que no solo las pymes sufren, sino también grandes empresas estratégicas para el entramado productivo. Los altos costos de producción, la caída del consumo y la dificultad para sostener ventas evidencian que la reforma laboral no alcanza y que el verdadero desafío es evitar un cierre masivo de firmas, con ejemplos concretos en Córdoba donde desaparecen entre cinco y siete empresas por día.
Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, alertó sobre la magnitud de la crisis. Señaló que más de 22 mil empresas dejaron de operar desde la asunción de Milei y que, si la tendencia continúa, podrían desaparecer hasta 50 mil, afectando hasta medio millón de empleos formales. Denunció que la baja inflacionaria se consigue debilitando la industria y el comercio y advirtió sobre la falta de un plan para reinsertar laboralmente a quienes pierden su trabajo, lo que incrementa la informalidad y la incertidumbre en todo el sector.
Cuando una empresa cierra, no solo se pierden empleos: se pierde facturación, recaudación y, finalmente, masa coparticipable. Cada pyme o industria que baja la persiana reduce impuestos, IVA y Ganancias que luego se distribuyen entre las provincias. Misiones, que recibe aproximadamente el 3,4% de esa masa coparticipable, sufre directamente la reducción de recursos, lo que impacta en hospitales, escuelas, seguridad y asistencia social. Cada cierre afecta a la caja de la provincia y a su capacidad de atender lo cotidiano. La prórroga de los programas Ahora hasta junio, con reintegros mayores y topes ampliados, la operatoria de alivio financiero para trabajadores públicos, jubilados y pensionados, la promoción de eventos comerciales como El Reventón Posadas y la Exposición Agroindustrial de Oberá, la continuidad de políticas de salud y la presencia territorial en distintos puntos de Misiones buscan amortiguar los efectos de la caída de la coparticipación y sostener la actividad económica.
La gestión provincial entiende que la crisis no distingue jurisdicciones ni colores políticos. Por eso, cada decisión se basa en equilibrar escasez y necesidades crecientes, porque la Nación produce menos, vende menos y distribuye menos. La estrategia misionera se centra en amortiguar el golpe con medidas concretas, y al mismo tiempo reforzar la explicación al ciudadano sobre cómo el cierre de empresas nacionales afecta directamente el día a día provincial.
Nada de esto alcanza para resolver la crisis estructural. Ningún alivio financiero reemplaza un salario, ninguna feria compensa la caída de poder adquisitivo y ningún programa suple la contracción de la economía real. La sociedad lo sabe, y la paciencia se agota al ritmo del achicamiento de la coparticipación. La política enfrenta su obligación más básica: cuidar, sostener, escuchar, priorizar y explicar, mientras los recursos escasean y la demanda social crece.
El efecto del cierre de FATE y de las más de 22 mil empresas en los últimos dos años revela la profundidad del problema. Cada cierre implica menos actividad económica formal, menos recaudación y menos coparticipación, un círculo que golpea directamente a Misiones. Con menos recursos, todo se vuelve más difícil: pagar sueldos, sostener hospitales, financiar escuelas, reforzar seguridad y mantener políticas públicas que amortigüen la crisis.
En este escenario, la atención territorial, la continuidad de políticas sociales y la presencia en la provincia se convierten en la única forma de responder a un país que ajusta, recorta y enfría.
La conclusión es clara y dura. Cada empresa que cierra no pierde solo su lugar de trabajo: pierden las provincias en su conjunto. Cada caída de actividad y cada reducción de coparticipación profundizan la crisis local y condicionan todo lo que depende de recursos nacionales. El pequeño triunfo estratégico en YPF evita un pago millonario y fortalece la narrativa oficial, pero no alcanza para revertir la caída de la actividad industrial ni los cierres de empresas.
La Cámara de Ópticas de Misiones resolvió suspender la atención a afiliados de PAMI en toda la provincia debido a un atraso en los pagos que ya alcanza, al menos, dos meses, y responsabilizó al Gobierno nacional por la falta de respuestas y la demora en regularizar la situación. Desde la entidad señalaron que el escenario se volvió insostenible para el sector.
El secretario de la cámara, Franco Oviedo, explicó que la medida fue tomada de manera conjunta por toda la comisión directiva en representación de las ópticas adheridas. Según indicó, el sector venía absorbiendo demoras previas, pero el actual desfasaje impide sostener la cadena de pagos y el funcionamiento normal de los comercios.
Además del retraso en los pagos, uno de los principales reclamos es la falta de comunicación institucional. Desde la entidad aseguraron que no reciben respuestas desde principios de marzo, lo que genera incertidumbre y dificulta la planificación financiera, la reposición de insumos y el cumplimiento de compromisos.
La suspensión del servicio impacta de manera directa en los jubilados, ya que en algunos locales representan hasta el 40% de la clientela mensual. Hasta ahora, la cobertura de PAMI permitía acceder a anteojos sin costo adicional, incluyendo opciones bifocales o monofocales según la necesidad de cada afiliado.
A pesar del corte, desde las ópticas intentan brindar alternativas a los usuarios, ofreciendo opciones más económicas o registrando los datos de los afiliados para retomar los trámites cuando se normalice la situación. Desde la cámara señalaron que la prestación podría reanudarse de inmediato si se establece un canal de diálogo y un cronograma claro de pagos.
Este nuevo método se encuentra integrado a la pasarela de pagos de Helipagos y puede utilizarse directamente desde la web de la Agencia, permitiendo realizar pagos de forma digital, simple y segura.
El sistema se encuentra habilitado para todos los tributos administrados por la Agencia Tributaria Misiones, con excepción del Impuesto Automotor, y puede utilizarse con o sin clave de acceso al portal.
Para realizar el pago, el contribuyente deberá seleccionar eCheq como medio de pago dentro de la pasarela, completar un breve formulario con sus datos y emitir el cheque electrónico desde su homebanking.
Una vez generado el eCheq, el sistema validará automáticamente la información del cheque con la solicitud de pago iniciada, permitiendo su procesamiento y posterior acreditación.
La incorporación de este nuevo medio constituye la primera implementación del sistema eCheq en la Agencia, ampliando las alternativas digitales disponibles para los contribuyentes y fortaleciendo el proceso de modernización y digitalización de los servicios tributarios en la provincia.
Se trata de Carlos Alberto Heppner. Desde el Gobierno provincial sostienen una “tolerancia cero” con este tipo de acciones en funcionarios públicos.
El gobernador Hugo Passalacqua echó al director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, Carlos Alberto Heppner, implicado en un posible caso de estafa de tipo piramidal. “Tolerancia cero para los funcionarios que no estén a la altura”, fue el mensaje que dejaron desde la Provincia.
Desde el Gobierno provincial anticiparon que el decreto que determina el despido del director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, ya está firmado por el gobernador Hugo Passalacqua y próximo a publicarse en Boletín Oficial de la Provincia.
El exfuncionario fue señalado como pieza clave en una operación del tipo ponzi presuntamente compatible con un esquema de estafa piramidal por más de 200 millones de pesos. Frente a los indicios que complicaban a Heppner, la decisión de la cúpula del Gobierno fue clara y rápida.
Caraguatay atraviesa una fuerte crisis institucional y de servicios desde la asunción de la intendenta interina Norma Graciela Gularte, de La Libertad Avanza, tras la licencia del intendente Mario Peyer. La gestión inicial de Gularte ha dejado al municipio prácticamente paralizado: la recolección de residuos está interrumpida, servicios básicos sufren retrasos y los vecinos deben enfrentar la acumulación de basura en las calles, mientras el personal municipal denuncia despidos y hostigamiento político.
El caso más visible es el despido de Nancy Lezcano, directora de Acción Social, notificado el 19 de marzo y comunicado al día siguiente. La exfuncionaria denuncia irregularidades y falta de explicaciones, calificando la medida como arbitraria. Desde el Concejo Deliberante, el presidente Gustavo Fleitas advierte sobre un clima de “cacería de brujas” y expresa su preocupación por posibles nuevas desvinculaciones en el municipio.
La recolección de residuos quedó suspendida el 20 de marzo debido a la imposibilidad de acceder a los camiones y herramientas necesarias. Esta interrupción afecta a toda la localidad y ha generado quejas de los vecinos por la acumulación de basura, que se amontona en calles y espacios públicos, agravando el malestar ciudadano en medio de un escenario político convulsionado.
La falta de servicios no se limita a la basura. Vecinos y empleados municipales alertan sobre dificultades en otras funciones esenciales, mientras crecen los rumores de tensiones internas y medidas de ajuste impulsadas por la intendenta interina. La comunidad se encuentra en un estado de incertidumbre ante un municipio que parece paralizado por conflictos políticos y administrativos.
La Libertad Avanza se abstuvo frente a un proyecto del Senado en defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia, exponiendo una contradicción difícil de ignorar: representantes que llegaron a sus bancas gracias a la democracia optaron por no acompañar una declaración que reivindica justamente ese sistema. En ese contexto, la Cámara Alta aprobó la iniciativa, impulsada días atrás, con el respaldo de 49 legisladores, dejando al oficialismo completamente aislado.
El proyecto fue presentado por el senador Eduardo ‘Wado’ de Pedro, integrante de H.I.J.O.S., quien pidió su tratamiento sobre tablas durante la sesión. El texto aprobado reafirma el compromiso con la memoria sobre la última dictadura cívico-militar, condena el terrorismo de Estado y sostiene la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, pilares del consenso democrático desde 1983.
Desde el oficialismo, la bancada encabezada por Patricia Bullrich intentó impulsar una versión alternativa del texto que eliminaba referencias a “Memoria, Verdad y Justicia” y evitaba mencionar el terrorismo de Estado. La propuesta fue rechazada por el resto de los bloques, lo que derivó en la abstención libertaria. La única excepción fue el senador Luis Juez, quien se apartó de su espacio y votó a favor.
La sesión estuvo atravesada por tensiones, cruces y un intento fallido de consenso que dejó al descubierto la distancia entre el oficialismo y el resto de las fuerzas políticas. Mientras la mayoría sostuvo una postura firme en defensa de la memoria histórica, la negativa a acompañar el texto original profundizó el aislamiento libertario en una votación cargada de simbolismo.
