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Argentina es uno de los países con mayores disparidades territoriales del mundo. El ingreso por habitante de la Ciudad de Buenos Aires es seis veces mayor que el de las provincias del norte. De esta forma, son muy diferentes las oportunidades para un niño que nace en un lugar u otro.

Dicho esto, las provincias relativamente menos ricas enfrentan un enorme desafío a la hora de proveer de bienes y servicios en la cantidad y calidad equiparable al país central.

Además de desigual, nuestro país es el más descentralizado en términos de gasto del mundo. Esto significa que las provincias y municipios se hacen cargo del 44% del gasto público total, mientras que recaudan el 17% de los recursos totales del Estado consolidado. Esta brecha se cubre con la coparticipación.

La coparticipación, para que se entienda, es el sistema de reparto de los recursos que recauda el gobierno nacional hacia las provincias. Ahora, es importante que no se confunda la recaudación con la propiedad de esos recursos. Si bien los recauda la Nación, no son recursos nacionales. Por el contrario, la Constitución Nacional establece que los recursos se generan de manera concurrente entre el gobierno federal y los gobiernos subnacionales (provincias y municipios) y asigna distintas potestades a cada nivel.

Queda claro que Argentina arrastra desde hace décadas un régimen de coparticipación federal de impuesto que, lejos de fortalecer el federalismo, ha promovido un sistema de dependencia, ineficiencia y gasto descontrolado. Lo que debería ser una herramienta de coordinación armónica entre Nación y provincia, se ha convertido en un mecanismo perverso que fractura la solvencia fiscal y reproduce desigualdades estructurales.

Las fuertes desigualdades territoriales del país, la brecha existente entre los gastos que realizan los gobiernos subnacionales y lo que recaudan directamente, y el hecho de que las potestades de impuestos sean compartidas entre el Gobierno Nacional y las provinciales hace ineludible contar con un sistema de coordinación tributaria y reparto de recursos.

El problema no es nuevo, pero se ha agravado. El administrativista Juan Carlos Cassagne ya lo advertía, el actual régimen mezcla lo peor de dos mundos: un centralismo recaudador en la Nación con una coparticipación mal diseñada.

La brecha limita el desarrollo de las provincias

En un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), de autoría del economista Nadin Argañaraz, analiza en profundidad la distribución de los recursos federales en la Argentina y pone el foco en la capacidad de gasto por habitante derivada de las transferencias automáticas que la Nación envía a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El completo estudio, que abarca la evolución de estos giros durante los años 2010, 2023 y 2024, confirma una estructura de reparto desigual donde las jurisdicciones con menor densidad poblacional y menores ingresos propios se mantienen como las principales beneficiarias en recursos per cápita.

El informe da cuenta de que las transferencias automáticas, que constituyen el objeto central del análisis, están compuestas por la coparticipación federal de impuestos, diversas leyes especiales y la compensación por el Consenso Fiscal.

Del relevamiento de los datos correspondientes al año 2024 se desprende que las provincias que lideraron la recepción de fondos por habitante fueron Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa.

La disparidad entre los extremos del ranking resulta significativa al cuantificar los recursos recibidos. Según detalla el informe de la IARAF, la brecha entre la jurisdicción de mayor recaudación y la de menor recaudación fue del 809% en el último año analizado.

En términos de evolución temporal, el trabajo de Argañaraz expone una dinámica de crecimiento seguida de una retracción reciente. El análisis indica que las transferencias automáticas reales por habitante promedio de las 24 jurisdicciones argentinas experimentaron una suba del 19% entre los años 2010 y 2023. Sin embargo, la tendencia se revirtió entre 2023 y 2024, período en el que se registró un descenso del 12% debido a la caída real de la recaudación nacional coparticipable.

La matemática del desequilibrio que padece Misiones

Misiones es una de las más castigadas en cuanto a reparto de la coparticipación. El informe de la IARAF advierte un retroceso persistente en la provincia, que continúa recibiendo montos inferiores a sus pares regionales y evidencia un deterioro relativo frente a otras jurisdicciones.

Entre 2010 y 2024, Misiones registra una caída acumulada de 4,2% en los ingresos automáticos por habitante, según los números publicados. Es una baja que ubica a la provincia entre las cinco con mayor deterioro en todo el período.

Dentro del Norte Grande, Misiones aparece como la provincia con menor nivel de transferencias automáticas por habitante. Dentro del NEA, la comparación directa con Chaco y Formosa refuerza el deterioro relativo que atraviesa Misiones: ambas lograron variaciones positivas en el período total. Corrientes, por su parte, tuvo una merma del 1,6%.

El esquema actual es el reflejo de una flagrante inequidad en la distribución de recursos por habitantes, siendo Misiones la más perjudicada en una región que en general está desfinanciada por la Nación.

Para hablar en términos concretos, Misiones pierde cerca de $84.000 millones de pesos mensuales comparado con lo que recibe Chaco, quien ostenta la alícuota más alta de la región, siendo que nuestra provincia ostenta la mayor cantidad de habitantes del NEA y en términos de actividad representa a la séptima economía de Argentina. Esta escandalosa diferencia de fondos se traduce directamente en servicios públicos deficientes y menor capacidad de desarrollo regional. Frente a este difícil contexto, el Gobierno de Misiones apela al equilibrio fiscal como bandera política y al uso eficiente de los recursos para poder cumplir con las necesidades más elementales de la población.

Queda claro que la Argentina debe debatir enserio un Régimen de Coparticipación más justo. La dilación de esta reforma, que por mandato constitucional debía haberse llevado a cabo en 1996 y que fue ratificada en el Pacto de Mayo al comienzo de la presidencia de Javier Milei, tiene un costo tangible. La merma de ingresos y la distribución inequitativa genera un desfinanciamiento que obliga a las provincias a limitar aumentos salariales para docentes, policías y personal de salud, situación que afecta directamente a miles de familias misioneras. No sólo eso, también limita la ejecución de infraestructura vital como hospitales, caminos y la necesaria ampliación de red eléctrica para la provincia, por caso la línea de 132 kw Alem – Oberá.

Un verdadero debate sobre la coparticipación no es sólo una disputa por números, es la exigencia de soberanía económica. Los fondos coparticipables son automáticos e intocables, en efecto, recibir lo que corresponde es crucial para la provincia y representa un acto de justicia.

La corrección de esta injusticia fiscal es la madre de todas las prioridades para el desarrollo de Misiones enserio. Es hora de que los misioneros dejemos de recibir menos por el solo hecho de vivir en un provincia condenada a una ley obsoleta.

Diputados juraron en una sesión con presencia de Milei. Martín Menem fue ratificado y anticipó un período legislativo de reformas profundas.

La Cámara de Diputados de la Nación reunió a los legisladores electos el 26 de octubre para celebrar la sesión preparatoria y tomar juramento a los 125 futuros integrantes del cuerpo. El acto se realizó este miércoles 3 de noviembre y marcó el inicio del proceso de transición hacia el nuevo período parlamentario, que comenzará el 10 de diciembre.

La jornada contó con la presencia del presidente Javier Milei, acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Ambos siguieron la ceremonia desde los palcos mientras el diputado Gerardo Cipollini condujo la sesión por ser el legislador de mayor edad.

En el recinto juraron 64 representantes de la alianza integrada por La Libertad Avanza, la UCR y el PRO, además de 45 legisladores de Unión por la Patria. También lo hicieron integrantes de bloques provinciales, espacios federales e izquierda.

Por la provincia de Misiones, juraron los legisladores de Innovación Federal, Oscar Herrera Ahuad y de La Libertad Avanza, Diego Hartfield y Maura Gruber.

Cómo fue la dinámica posterior a la jura

Luego del juramento, el plenario designó las autoridades que conducirán la Cámara durante el próximo año. Con apoyo mayoritario, Martín Menem fue ratificado como presidente del cuerpo. Comenzará así su tercer año de gestión al frente de Diputados.

En su discurso, Menem destacó que “los primeros dos años fueron tiempos de transición, de reordenamiento y de enormes desafíos”. Señaló además que el actual escenario permite “hablar de resultados concretos y, sobre todo, de un rumbo que empieza a consolidarse”. Por ello afirmó que “estamos construyendo una Argentina próspera, estable y segura”.

Luego, adelantó que 2026 podría convertirse en “el año más reformista de la historia”, según la visión del presidente Milei. Aseguró que asumirá nuevamente la responsabilidad “con la determinación de honrar ese objetivo”.

El plenario también eligió a las nuevas autoridades de la Cámara. Cecilia Moreau ocupará la Vicepresidencia 1°, mientras que Luis Petri asumirá la Vicepresidencia 2°. En materia administrativa, Adrián Pagán fue ratificado en la Secretaría Parlamentaria, Laura Oriolo continuará en la Secretaría Administrativa y Mercedes Piscitello asumirá funciones en la Prosecretaría Parlamentaria.

Con más de 200 productores vinculados, la CAUL fortalece su capacidad productiva y abre nuevas oportunidades comerciales gracias al acompañamiento del Ministerio de Industria y REDVAM.

La Cooperativa Alto Uruguay Limitada (CAUL) continúa consolidándose como un actor clave para el desarrollo económico del Alto Uruguay Misionero. Con más de 200 productores asociados, la cooperativa integra cadenas productivas esenciales para la región, entre ellas la elaboración de lácteos, dulces, encurtidos y frutas abrillantadas, además de la gestión de servicios estratégicos como supermercados y estaciones de servicio. Durante una recorrida por las instalaciones en Colonia Aurora, el ministro de Industria, Federico Fachinello, destacó la importancia del trabajo cooperativo y el potencial de crecimiento de la planta. La CAUL produce diariamente 4.000 litros de queso, elaborados a partir de la leche provista por 50 productores. Cada pieza atraviesa un proceso cuidado que permite que, en apenas seis días, esté lista para su comercialización.
Además, la cooperativa cuenta con una de las pocas fábricas de la provincia dedicadas a la producción de fruta abrillantada, un producto con alto potencial para expandirse en el mercado nacional. En este sentido, desde el programa REDVAM (Red de Valor Agregado Misionero) se inició el proceso de asistencia técnica, además del acompañamiento del programa de Inteligencia Comercial, para impulsar la apertura de nuevos mercados y posicionar estos productos en distintos puntos del país.
“Seguimos acompañando el esfuerzo de cada sector productivo, porque su crecimiento se traduce en más desarrollo para Misiones”, destacó Fachinello. El objetivo es generar más oportunidades comerciales, mejorar los precios para los productores, fortalecer la cadena de valor y promover la creación de empleo en toda la zona del Alto Uruguay.

El programa económico de Milei es nocivo para las distintas jurisdicciones del país. Desempleo, salarios bajos, caída de la actividad económica, son algunas de las características del mileismo gobernante.

Marco Lavagna corrigió esta semana la serie del EMAE (Estimador Mensual de la Actividad Económica) para evitarle al gobierno el título negativo de “Argentina entra técnicamente en recesión”. Luego de la oportuna intervención del titular del INDEC, Argentina continúa su coqueteo con el abismo.

Por si no bastara con los cierres cotidianos de empresas a lo largo y ancho del país, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo, ingresos por el piso, servicios que no paran de subir, abrupta caída del consumo, se le agregó esta semana una bizarra y peligrosa exposición de grupos antivacunas en el Congreso de la Nación. El contexto no podría ser peor: la caída en la vacunación infantil es muy fuerte, han retornado enfermedades como el sarampión o la tos convulsa, causa de muerte de al menos 7 niños en el país.

Un caso que ilustra el andamiaje económico del programa de Milei, ejecutado por Caputo, es el del turismo. Precisamente, durante la semana que acaba de concluir el INDEC informó un déficit de divisas por 365 millones de dólares, una caída de casi seis puntos en el ingreso de turistas de otros países y un incremento en más de 10 puntos en la salida de argentinos hacia el exterior. El fenómeno ha sido hartamente analizado: Argentina es un país caro tanto para quienes tienen la intención de visitarlo, así como para sus habitantes.

Por más campañas que hagan las distintas provincias; Misiones trabaja hace años muy bien en ese sentido -cuya muestra más reciente es la Feria de Turismo que se está realizando en el Parque Paraguayo de la capital provincial-, no manejan ninguna de las variables que influyen en el turismo internacional. En el mismo sentido, los vuelos de cabotaje se han reducido un 10%.

Las provincias hacen lo que pueden, literalmente. El gobierno nacional las ha sometido de una manera que no tiene registro desde la vuelta democrática: recortes de todo tipo de fondos ya comprometidos, retención indebida de partidas presupuestarias, caída en las transferencias automáticas, desregulaciones varias que afectaron fuertemente a las economías regionales -un caso paradigmático es el del INYM-, apertura importadora sin planificación, transferencias de responsabilidades de Nación a provincias sin los correspondientes fondos -tal como sucedió en la década del ’90-.

Sube todo, menos el salario

Argentina es un caso extraño, según voceros oficiales la inflación es un problema del pasado, aunque todas las semanas aumenta el combustible, se preparan nuevos aumentos de luz y gas a partir de enero, los alimentos registran fuertes incrementos, el transporte sube en los distintos puntos del país.

El programa económico del experto en crecimiento con y sin dinero consta de dos ítems: tomar y pagar deuda y reducir la inflación, aunque se lleve puesto al país en el medio. Eso explica la férrea intervención en los acuerdos paritarios, no autorizando pautas salariales mayores a 1%, porque más allá de su dogma monetarista, considera que una de las causas del aumento de precios es el incremento salarial y de la actividad económica.

Entonces, una inflación que corre por encima del 30% interanual con salarios que en los mejores casos pueden ubicarse por encima del 12%, registran una fuerte disminución en su poder adquisitivo. Nos estamos refiriendo a salarios registrados, en el trabajo informal la situación es aun peor. El salario real cayó más de 13% en el último año.

Además, el salario mínimo -clave para negociar pautas salariales- es el más bajo de toda Latinoamérica.

A partir de la asunción de Milei, más de 17 mil empresas cerraron y más 224.000 empleos registrados se perdieron

Industria y consumo masivo en caída libre

Los pocos sectores que pueden considerarse ganadores del modelo mileista -minería, hidrocarburos, intermediación financiera- no son generadores de fuentes de trabajo. En cambio, si lo son el comercio, la industria, el transporte, la construcción y la hotelería y gastronomía. Estos sectores atraviesan severas complicaciones.

El caso industrial es dolorosamente gráfico: opera en niveles de pandemia, exhibe una altísima capacidad ociosa, su caída no encuentra piso. Los despidos, suspensiones, reconversiones, se multiplican semana a semana. Hay ramas como la textil que arrastra una caída del 17%. La construcción, por su parte, sector que funciona siempre como un indicador de la economía, sigue deprimida: se desplomó 18% interanual.

Misiones, provincia asediada por asimetrías internas y externas, sirve como ejemplo de lo que estamos desarrollando. Las ventas de combustible cayeron 10,2% -con un 7,6% en nafta súper y 15,4% en gasoil-. Lo cual muestra una provincia con dificultades para llegar a fin de mes en cuanto a las familias y una parálisis productiva alarmante.

Otro dato que marca la compleja realidad cotidiana es el aumento en la mora de la energía eléctrica: 4 de cada 10 usuarios está retrasado en el pago de luz. Esto se conoce en el mismo momento que el gobierno nacional anuncia una fuerte quita de subsidios en luz y gas a partir de enero. No solo no existe la sensibilidad social, sino que abunda el desconocimiento de las realidades provinciales, las políticas públicas se diseñan a partir de una planilla de Excel en una oficina de Puerto Madero.

Para completar el cuadro de situación, debemos referirnos a la brutal caída de ventas en supermercados, de casi el 10% interanual, la más alta del país. Lo cual se refleja en despidos, precarización y cierre de comercios.

La crisis se replica en otros sectores: el empleo forestal cayó 13%, los aserraderos del Alto Uruguay venden 40% menos, la obra privada se derrumbó 45% y la obra pública está prácticamente paralizada. En Iguazú, los hoteles registran ocupación inferior al 40% en semanas que deberían ser de temporada media. Y en los hogares, la señal más clara: el endeudamiento familiar crece, con un 18% más de atrasos en tarjetas de crédito.

Origen y responsabilidad

Esta situación no es un fenómeno climático pasajero cuya responsabilidad excede al ser humano. Al contrario, el profundo deterioro de la calidad de vida de los argentinos tiene nombre y apellido: Javier Gerardo Milei. Tuvo y tiene variados apoyos para ejecutar su plan de gobierno sin interferencias, no hay ninguna excusa válida -riesgo kuka, pesada herencia, etc.-.

El trabajo de las provincias es loable, si el país no arribó a una crisis de grandes magnitudes es por el trabajo cotidiano, en las distintas geografías nacionales, que realizan los diferentes gobiernos provinciales. Los ejecutivos de las 24 jurisdicciones argentinas se dedican a administrar la escasez y soportan extorsiones de Nación, exigiendo un acompañamiento total -que es prácticamente un sometimiento- a cambio de nada.

También está claro lo que debe modificarse para superar esta profunda crisis. Lo grave es que el gobierno nacional considera que está haciendo el mejor gobierno de la historia, por lo que nada indica que vaya a cambiar su hoja de ruta.

La visita del ministro del Interior Diego Santilli a la provincia dejó varias conclusiones: Passalacqua puso sobre la mesa cuestiones concretas, no fue una simple reunión protocolar para la foto: regularizar los fondos de la caja previsional no transferida, recuperar de manera efectiva los ATN y la porción de recursos vinculados al impuesto a los combustibles, reactivar obras nacionales frenadas —rutas, escuelas, viviendas—, avanzar con el financiamiento de la línea de 132 kV San Isidro–Alem–Oberá, actualizar la deuda por el consenso fiscal y destrabar el reclamo histórico por las regalías de Yacyretá. Detrás de cada ítem no hay un tecnicismo: hay jubilados, usuarios, productores, municipios que dependen de esas decisiones que sólo puede tomar la Nación.

Rovira, por su parte, explicitó algo que parece obvio, pero para el gobierno nacional no lo es: el diálogo siempre está abierto, pero del otro lado tiene que haber la misma disposición, sino es una imposición. El conductor del Frente Renovador planteó modificaciones en el Presupuesto Nacional 2026: reducir la alícuota del ARCA del 1,9% al 1%, devolver el 0,9% restante a la masa coparticipable, garantizar que la caja previsional y los ATN figuren con cifras reales y no simbólicas, y poner en el radar nacional la situación yerbatera y la inclusión efectiva en la Hidrovía Paraná–Paraguay. Ese es el tablero donde se juega buena parte del futuro de la provincia, y no el de las peleas menores que a veces entretienen la discusión pública.

Gestiones cotidianas

Como decíamos, el delicado equilibrio que tiene un país al borde del estallido es merced a las provincias. Por ejemplo, veamos la agenda del gobernador de Misiones durante la semana que pasó.

Se relanzó el programa “Ahora Fiestas”, con reintegros de hasta el 25% y cuotas sin interés entre el 20 y el 31 de diciembre, es un ejemplo de política anticíclica a escala local: sostener el consumo cuando el ingreso cae, ayudar a las familias a llegar a las fiestas y darle aire a los comercios que vienen de un año durísimo. La misma lógica se observa en otras áreas del Estado provincial. Mientras la economía se enfría, el sistema de salud pública se expande: el Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Madariaga cierra el año con más de 2.000 intervenciones y una red que se articula con los hospitales de Eldorado y Oberá, formando especialistas y acercando atención compleja al interior.

En paralelo, la Vicegobernación, a cargo de Lucas Romero Spinelli, sale a territorio con señales de una provincia que no se resigna. La inauguración del CITECH en Eldorado, un centro tecnológico pensado para fortalecer la producción hortícola con innovación, capacitación y financiamiento para invernaderos, apunta a resolver un problema estructural: la falta de escala y continuidad productiva frente a la competencia de otras provincias. Tecnología, formación y asistencia técnica para que los productores puedan sostener la oferta todo el año, reducir costos y ganar mercados: otra forma de administrar la escasez, mirando al futuro.

Como hemos argumentado, el cuadro de situación es grave, en lo social, económico y político. Pero, si tenemos que establecer un pequeño horizonte de optimismo, hay que señalar que Misiones no queda en el lamento, si en el reclamo firme y la gestión que permite crear redes de contención para que no vuele todo por los aires. Esa contención es la que proveen los programas de consumo, el fortalecimiento de la salud en general, la apuesta a la innovación productiva.

No es poca cosa preocuparse por estas cuestiones, cuando en Olivos están pensando en ir o no ir al sorteo del mundial o si viene Scott Bessent.

La vida económica de las provincias está marcada por decisiones nacionales que definen el marco en el que deben actuar. Cuando la política económica del gobierno central impulsa un rumbo de recesión y caída del consumo, ninguna provincia logra revertir la corriente que desciende desde arriba, y sus efectos se sienten con particular crudeza en el interior. De hecho, la crisis no se origina en las provincias, aunque allí es donde golpea con mayor fuerza, y se podría decir que ningún esfuerzo local —por más ordenado o responsable que sea— alcanza para contrarrestar una política nacional que avanza en sentido contrario al crecimiento. Por ello, la ciudadanía necesita comprender de dónde proviene el problema, para no exigir a las provincias soluciones que únicamente puede brindar la Nación.

En este marco, la visita del ministro del Interior, Diego Santilli, adquirió un peso político que excede el protocolo. Fue el escenario en el que Misiones, sin ambigüedades, volvió a presentar una agenda que responde a necesidades concretas del territorio, y el gobernador Hugo Passalacqua la llevó a la mesa: regularizar los fondos de la caja previsional no transferida, recuperar los ATN adeudados, actualizar los recursos vinculados al impuesto a los combustibles, reactivar rutas, escuelas y viviendas paralizadas, financiar la línea de 132 kV San Isidro–Alem–Oberá y avanzar en el reclamo por las regalías de Yacyretá. Estos puntos no son tecnicismos administrativos: cada uno involucra a jubilados, productores, municipios y usuarios que dependen de decisiones que no se toman en Posadas, sino en Buenos Aires.

Con Carlos Rovira liderando el Frente Renovador Neo, la conducción política provincial impulsó esta agenda con una combinación de firmeza en los reclamos y apertura al diálogo institucional. Misiones no asume como inevitable un presupuesto nacional que retrae recursos para el interior, y por eso plantea correcciones estructurales: reducir la alícuota del ARCA del 1,9% al 1%, devolviendo el 0,9% restante a la masa coparticipable; garantizar que la caja previsional y los ATN figuren con cifras reales y no simbólicas; y poner en la agenda federal temas estratégicos como la situación yerbatera y la plena incorporación a la Hidrovía Paraná–Paraguay. El debate trasciende lo contable: interpela directamente al tipo de federalismo que el país necesita para evitar que las asimetrías sigan profundizándose, y refleja con claridad la línea de acción de Misiones: reclamar con firmeza los recursos que le corresponden, pero al mismo tiempo mantener la disposición al diálogo y la construcción de consensos en el plano nacional.

Los ejemplos son elocuentes. Las provincias pueden promover el turismo, sostener programas de crédito, administrar sus cuentas con equilibrio o acompañar a sus principales sectores productivos, pero no pueden evitar que el consumo caiga cuando la Nación seca la plaza de pesos, ni que se frene la construcción cuando la obra pública nacional se paraliza, ni que se derrumbe el precio de la yerba cuando el Estado nacional desregula el mercado y deja sin funciones al INYM.

En otras palabras, las provincias gestionan, pero la macroeconomía nacional define el clima. Ninguna controla las variables que determinan el rumbo económico: no fijan el tipo de cambio, no imprimen moneda, no regulan el sistema financiero, no administran la Aduana, ni establecen el nivel de gasto del Tesoro o los impuestos nacionales. Se podría decir que ningún esfuerzo local —por más ordenado o responsable que sea— alcanza para revertir una crisis que no se originó en su territorio, y deben actuar dentro de un marco que les viene dado.

Cuando la macroeconomía nacional se ordena, todas las provincias crecen; cuando entra en turbulencia, todas la sienten. Hoy, esa presión se refleja directamente en el bolsillo de la ciudadanía: la inflación supera el 30% interanual, mientras la Nación autoriza paritarias de apenas 1% mensual (equivalente a 12% anual), con un salario real que cayó más de 13% en el último año. En paralelo, las ventas de alimentos en supermercados bajaron 12% en términos reales. La industria opera con capacidad instalada similar a la de la pandemia y sectores como el textil registran caídas del 17%; la construcción cayó 18% interanual; y el turismo interno muestra un descenso del 10% en vuelos de cabotaje. Mientras tanto, más empresas cierran o abren procesos preventivos de crisis. Todo esto no ocurre en las provincias de manera aislada: sucede arriba, y abajo se siente multiplicado.

En Misiones, los efectos son palpables y afectan a todos los sectores productivos, por más que la provincia intente protegerlos. La caída del 10,2% en ventas de combustibles —con desplomes del 7,6% en nafta súper y del 15,4% en gasoil— evidencia que menos hogares llegan a fin de mes y menos empresas se mueven. La morosidad en energía eléctrica se duplicó: cuatro de cada diez usuarios están retrasados en el pago de la luz. En supermercados, las ventas cayeron hasta un 30%, generando despidos o reemplazos por modalidades más precarias, mientras cientos de comercios cerraron a lo largo del año.

Otros sectores de la economía provincial también sufren la presión de la macro. El empleo forestal cayó 13%, los aserraderos del Alto Uruguay venden 40% menos, la obra privada se derrumbó 45% y la obra pública está prácticamente paralizada. En Iguazú, los hoteles registran ocupación inferior al 40% en semanas que deberían ser de temporada media, y los hogares muestran un endeudamiento creciente, con un 18% más de atrasos en tarjetas de crédito. Estos datos reflejan con claridad que, aunque la gestión provincial sea ordenada y responsable, no puede revertir por sí sola los efectos de una política económica nacional contractiva.

Los datos más recientes del Indec completan este panorama. En septiembre de 2025, se registraron caídas en supermercados (–0,8% interanual), autoservicios mayoristas (–13,1%) y shoppings (–3,4%), mientras que un 55,8% de los comercios identificó la caída de la demanda como su principal limitante y un 67,9% prevé que la situación se mantendrá igual o empeorará. Aunque el empleo en supermercados mostró un leve crecimiento (+1,1% interanual, con 99.552 puestos), otras ramas retroceden y el consumo se sostiene cada vez más con crédito (44% de las ventas).

Misiones activa su estrategia frente a la recesión nacional

Frente a la política económica nacional que impulsa la recesión, el gobierno provincial ha demostrado que es posible actuar con creatividad y responsabilidad dentro de los márgenes disponibles. En lugar de resignarse, aplica medidas contracíclicas a su escala: incentivos al consumo, apoyo a sectores estratégicos y fortalecimiento de la infraestructura productiva y social. Un ejemplo claro es el relanzamiento del programa “Ahora Fiestas”, con reintegros de hasta el 25% y cuotas sin interés entre el 20 y el 31 de diciembre, que busca sostener el consumo cuando el ingreso de las familias cae y dar aire a los comercios tras un año muy difícil.

Al mismo tiempo, la provincia refuerza otros sectores clave: el sistema de salud pública se expande, con más de 2.000 intervenciones en el Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Madariaga, articulando atención compleja con los hospitales de Eldorado y Oberá y formando especialistas para acercar servicios al interior. En paralelo, la Vicegobernación, a cargo de Lucas Romero Spinelli, lleva la acción a territorio con proyectos como el CITECH en Eldorado, un centro tecnológico destinado a fortalecer la producción hortícola mediante innovación, capacitación y financiamiento para invernaderos. Esto permite a los productores sostener la oferta todo el año, reducir costos y ganar mercados, afrontando un problema estructural que otras provincias no logran resolver.

Estas acciones muestran que, aunque la llave maestra de la economía siga estando en manos de la Nación, Misiones traza un camino distinto: no se limita a lamentar la crisis, sino que gestiona, reclama y construye redes de contención. La combinación de políticas de consumo, fortalecimiento de la salud, atención a la formación de especialistas, apoyo a la innovación productiva y cuidado de la salud mental de los jóvenes refleja una estrategia integral, pensada para amortiguar los efectos de la recesión nacional y preparar a la provincia para crecer cuando la macroeconomía se estabilice.

En un país donde la tormenta baja desde arriba, tener un Estado provincial que, aun sin controlar el clima, actúa todos los días para que el barco no se hunda, no es poca cosa. Misiones demuestra que se puede combinar firmeza política con gestión eficiente y visión de futuro, defendiendo a sus ciudadanos mientras exige al gobierno nacional que tome las decisiones necesarias para ordenar la economía.

Desde este jueves 27, alrededor de las 20 horas, se confirmó el cierre del local emblemático de Electro Misiones en la histórica esquina de Bolívar y Colón, en pleno centro de Posadas. La postal es contundente: el comercio está completamente vacío, con las góndolas sin productos y apenas un empleado visible desde la vereda. Este cierre no solo marca el fin de un local histórico, sino que también refleja cómo la caída del consumo, derivada de las políticas económicas nacionales, está afectando a negocios tradicionales en el centro de la ciudad.

Las luces encendidas dejan ver con claridad el espacio desocupado, confirmando lo que desde temprano comentaban los dueños de negocios de la zona: el local cerró sus puertas definitivamente en ese punto de venta. Por lo que explican estos mismos, este cierre afecta únicamente a la sucursal céntrica, mientras que otros dos locales de la cadena continúan abiertos y funcionando con normalidad.

En este contexto, la caída del poder adquisitivo, la inflación y el ajuste económico impactan de manera directa en la actividad comercial, afectando sobre todo a negocios locales y medianas cadenas.

El cierre de un comercio tan emblemático se convierte en una radiografía de la economía misionera. Pequeños empresarios y locales tradicionales sienten el efecto de la incertidumbre y de las políticas económicas nacionales, que se traducen en señales visibles en el centro posadeño.

En la esquina de Bolívar y Colón, la imagen del local vacío se suma a otras señales de alerta para el comercio local, marcando un escenario cada vez más complejo para los comerciantes y reforzando la percepción de que la baja del consumo sigue siendo un factor clave en la economía nacional.

Las ventas en supermercados volvieron a mostrar retrocesos en todo el país durante septiembre, pero Misiones quedó en el centro de la escena al registrar la caída más profunda entre las 25 jurisdicciones medidas por el INDEC. Los datos confirman un deterioro que se arrastra desde hace meses y que golpea con fuerza al consumo interno de la provincia, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo derivada de las políticas económicas nacionales.

Según el informe elaborado por Politikon Chaco en base a la Encuesta de Supermercados, las operaciones nacionales totalizaron $1,96 billones en septiembre y exhibieron una baja real del 0,8% interanual. Fue el primer descenso de este tipo desde diciembre de 2024 y el sexto mes consecutivo con caída mensual desestacionalizada, un signo claro de debilidad en el consumo masivo a nivel nacional.

Dentro de ese panorama, Misiones encabezó los números negativos del NEA y del país. Las ventas reales en la provincia se desplomaron 9,3% interanual y retrocedieron 2,9% respecto de agosto, en ambos casos muy por encima del promedio nacional. Ninguna otra jurisdicción mostró un deterioro tan marcado en la comparación con septiembre del año pasado, lo que subraya el impacto diferencial que está teniendo el ajuste sobre la economía misionera.

El análisis acumulado tampoco trae buenas noticias. Entre enero y septiembre, Misiones registra una caída real del 2,7% frente al mismo período de 2024. Sin embargo, la comparación más alarmante es la de los últimos dos años: contra 2023, antes del cambio de gobierno, la provincia exhibe una merma del 27,7%, ubicándose como la segunda con peor desempeño del país, solo detrás de Formosa.

El informe también revela retrocesos generalizados en rubros esenciales como Almacén, Lácteos, Bebidas, Limpieza y Verdulería, mientras que categorías como Carnes, Indumentaria y Panadería muestran leves subas. Este comportamiento disperso refleja modificaciones en los hábitos de consumo, impulsadas por la pérdida de ingresos reales. Aunque desde el Gobierno nacional destacan ciertos indicadores de estabilización, el deterioro del consumo sigue siendo uno de los factores más sensibles para las economías provinciales, especialmente en el NEA.

Asimetrías que agravan el panorama

La Fundación Ecosur ubicó a la Argentina como el segundo país más caro de América Latina para llenar el changuito, según un relevamiento regional realizado en abril de este año, que ya mostraba un fuerte encarecimiento de la canasta básica. En ese estudio, el costo mensual de alimentos y bebidas para una familia tipo alcanzaba USD 557, sólo por debajo de Uruguay (USD 646) entre diez países analizados. El informe atribuía el alto valor en dólares a la combinación de inflación persistente, estabilidad del tipo de cambio nominal, presión impositiva y restricciones al comercio exterior, factores que siguen presentes y explican por qué esta brecha regional continúa vigente hacia fin de año.

Dentro de la canasta argentina, la carne vacuna representaba el gasto más elevado, con USD 138 mensuales, seguida por el pan blanco (USD 72), la carne de pollo (USD 56) y un conjunto de verduras que sumaban USD 93. En bebidas y lácteos, la familia tipo destinaba unos USD 41 a la leche y montos similares a gaseosas y vino. Según Ecosur, estos tres grandes grupos —carne, pan y verduras— concentraban más del 50% del gasto total. La comparación con el resto de la región también mostraba una brecha amplia: mientras en Paraguay la misma canasta costaba USD 342 (un 38% menos que en Argentina), países como México (USD 547), Chile (USD 502) o Brasil (USD 399) también registraban niveles inferiores. El estudio advertía que, con un tipo de cambio oficial estable y una inflación interna elevada, los precios en dólares tienden a escalar, fenómeno que sigue condicionando el poder de compra de las familias argentinas. Y en un territorio como Misiones, que limita directamente con Paraguay —el país con una de las canastas más baratas de la región—, estas asimetrías profundizan aún más la pérdida de competitividad comercial y agravan el deterioro del consumo local.

El mes de noviembre dejó un panorama sombrío en la industria argentina, con una sucesión de cierres de plantas, suspensiones y despidos que distintos sectores atribuyen al llamado “efecto motosierra”: la caída del consumo, la apertura importadora y el ajuste en distintas áreas de la economía. A lo largo de las últimas semanas, empresas de rubros tan diversos como electrodomésticos, metalmecánica, textil, alimentos y tecnología anunciaron medidas drásticas para sostener su estructura o directamente cesaron operaciones.

El impacto más reciente se produjo el 26 de noviembre, cuando Whirlpool confirmó el cierre de su planta en Pilar con 220 despidos, el mismo día en que Essen informó 35 desvinculaciones en Venado Tuerto. La semana ya había comenzado con la decisión de Georgalos, que anunció la suspensión de 600 trabajadores en Victoria, mientras que TN Platex dispuso el cierre de un sector en su establecimiento de Monte Caseros, afectando temporalmente a 20 operarios.

La cadena de anuncios continuó con casos de peso industrial. La autopartista Dana, en San Luis, dispuso el cierre de su planta el 20 de noviembre con 50 despidos, en paralelo al cierre de una sucursal de Frávega en Temperley. En La Rioja, Luxo y Vulcalar confirmaron el cierre de plantas con despidos, y en Bahía Blanca la mayorista Yaguar clausuró una de sus sucursales. Antes, el 13 de noviembre, Textilana había suspendido a 175 trabajadores, mientras que La Suipachense, histórica firma láctea de Suipacha, tuvo su quiebra decretada.

La crisis también golpeó a grandes jugadores del sector electrodoméstico y tecnológico. El 6 de noviembre, Electrolux suspendió a 400 trabajadores en Rosario; un día antes, Newsan aplicó 150 despidos en Tierra del Fuego. A esto se sumaron cierres de sucursales de Easy en el Conurbano y nuevos recortes en el sector tech, que incluyeron despidos en Globant, Salesforce y Tienda Nube. Entre fines de octubre y principios de noviembre, Ualá también formalizó más de 100 desvinculaciones, consolidando un retroceso significativo en el ecosistema digital.

Empresarios, sindicatos y analistas coinciden en que la oleada de ajustes responde a un contexto de fuerte caída del mercado interno, encarecimiento del crédito, recorte estatal y una competencia importada que empieza a desplazar producción nacional. Mientras tanto, el Gobierno nacional sostiene que se trata de un reacomodamiento “necesario” para estabilizar la economía y que la recuperación llegará en una segunda etapa. Para miles de trabajadores, sin embargo, noviembre quedará marcado como uno de los meses más duros desde la pandemia.

La semana pasada no fue buena para el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. El prestigioso Wall Street Journal informó el pasado jueves que la banca privada había decidido dar de baja el plan de ayuda financiera para el gobierno argentino consistente en un préstamo de 20 mil millones de dólares y ahora se negocia una repo por 5 mil millones de dólares, sin el cual, el BCRA no tendría los fondos necesarios para hacer frente a los vencimientos del mes de enero de 2026.

Pero eso no es todo, tampoco hay reservas para afrontar los pagos al FMI. De acuerdo a las estadísticas del Tesoro de Estados Unidos, el último vencimiento de intereses ante ese organismo se afrontó con Derechos Especiales de Giro norteamericanos (DEGs). Ninguno de los dos gobiernos brindó información al respecto. Si tuviéramos que explicar cuál es el plan de Scott Bessent y Caputo, con total sinceridad deberíamos decir que es poner parches sobre parches hasta que en algún momento se abra el mercado de capitales para la Argentina. El detalle saliente es que cada parche cuesta carísimo y la cuenta la paga todo el pueblo argentino que, hasta ahora, no ve ninguno de los beneficios.

A esta altura queda claro que el esquema económico diseñado por Toto Caputo sólo se sostiene sobre una aspiradora de dólares que vaya uno a saber adónde van a parar: 20 mil millones del FMI, 20 mil millones del swap con el Tesoro norteamericano, casi 25 mil millones de otros organismos multilaterales de crédito, el dinero ingresado por el blanqueo, la cosecha del campo de este año, incluyendo la liquidación extraordinaria por la baja de retenciones (que duró 24 horas) en septiembre, y los 5 mil millones del oro de las bóvedas del BCRA que no sabemos adónde fue a parar. Lo cierto es que todavía no aparece la luz al final del túnel y Caputo sigue buscando nuevas fuentes de financiamiento externo, es decir, más deuda sobre la espalda de los argentinos.

Al punto que queremos llegar en el presente análisis es que existe un correlato lineal entre el aumento de la deuda externa del país y el endeudamiento cada vez más pronunciado de los hogares argentinos en el marco de la segunda recesión en dos años de este gobierno.

El economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), Leonardo Anzalone, planteó en una reciente entrevista publicada en el portal de Ámbito Financiero que “el crédito puede volver a ser un motor de crecimiento, pero hay una condición clave: los salarios tienen que volver a ganarle a la inflación. Sin mejora del ingreso real, el crédito crece en volumen nominal, pero no en capacidad de tracción sobre la actividad”.

El economista profundizó: “los último datos oficiales muestran que la dinámica salarial perdió ritmo frente a la inflación, y ese es el principal freno hoy. Si esa relación vuelve a darse vuelta –tasas a la baja, inflación en descenso y recuperación del salario real- entonces sí podríamos ver una segunda etapa de expansión crediticia más sólida y con impacto directo sobre el mercado interno”.

Por su parte, el director de CP Consultores, Pablo Moldovan, manifestó que “no solo vemos un cambio significativo en este plano, sino que el Gobierno Nacional sigue operando de forma sostenida, poniéndole un límite a la recuperación de ingresos salariales y no salariales”. Según datos del INDEC, los salarios registrados aumentaron apenas 1,3% promedio durante septiembre y perdieron frente a la inflación de ese mes que dio 2,1%. En consecuencia, la baja del salario real formal fue del 0,8% en el noveno mes del año.

Cada vez son más los hogares endeudados en la Argentina

El estudio “Estrategias de manutención: ¿cómo organizan su economía los hogares argentinos?” del INDEC reveló que “en el primer semestre de 2025, uno de cada cuatro hogares se endeudó y, dentro del estrato de bajos ingresos, lo hizo uno de cada tres”. Se trata de una tendencia que también hallaron distintos relevamientos privados y que inquieta al Gobierno Nacional.

En un estudio sobre el comportamiento de los usuarios financieros, la consultora D’Alessio IROL halló que el 44% de los encuestados se siente más endeudado que el año pasado, una situación que se incrementa a medida que se baja en el escalafón de ingresos: los encuestados de nivel medio-alto afirmaron en el 26% de los casos, en el nivel intermedio un 39% y en el nivel medio-bajo 59%.

El relevamiento también se encontró con que el 40% de los hogares encuestados destina más de la mitad de sus ingresos mensuales para pagar deudas: 16% en el nivel medio-alto, 37% en el nivel intermedio y 55% en el nivel medio-bajo.

La CEO de la consultora, Nora D’Alessio, advirtió en diálogo con el periodista Juan Marcos Pollio de Ámbito Financiero que “la morosidad está subiendo. Cuando miro la data que están generando los clientes y veo que aumenta el pago en cuotas en los supermercados es lo más probable que comience a aumentar la morosidad”.

Sobre este punto, de acuerdo a números del INDEC, el 50,9% de los hogares durante el primer semestre del año recurrió a compras en cuotas o de fiado con tarjeta de crédito o libreta como estrategia de manutención.

Más datos, de acuerdo a un informe publicado por el Banco Central, la morosidad en el sistema financiero prácticamente se triplicó en el último año. Mientras que en el mes de septiembre de 2024 sólo el 2,6% del crédito destinado a familias estaba en mora, un año más tarde ese número se disparó hasta el 7,3% del total de deudas.

La consultora Mercier publicó un estudio que da cuenta que siete de cada diez argentinos sufren estrés financiero. Uno de cada cinco encuestados, prácticamente admite que a menudo necesita pedir dinero prestado para llegar a fin de mes. Otro parte importante siente que perdió el control de sus cuentas. Para el 28% de los consultados, un gasto imprevisto de un promedio de 250 mil pesos los arrastra al borde de la crisis. El 31% afirma que paga actualmente un préstamo. Entre ellos, casi la mitad debe pagar por mes, más dinero del que efectivamente le ingresa.

Por otra parte, informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA revela que el uso de la tarjeta de crédito para pagar compras en supermercados trepó del 39 al 46 por ciento entre diciembre de 2023 y mayo de este año. El uso de billeteras virtuales, que es otra forma de acceder al crédito, se incrementó del 7% al 13%. Mientras tanto, cayó fuertemente el uso de tarjetas de débito (del 34% al 16% de las operaciones) y del efectivo (del 20% al 16%). La sumatoria de todos estos datos nos brinda un panorama completo de la frágil situación que atraviesan los argentinos en un contexto de crisis económica que parece no tener salida al menos en el corto plazo. Mientras el Gobierno Nacional exhibe logros en materia macroeconómica, los hogares argentinos padecen los coletazos del enfriamiento de la economía, la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo.

La jueza Marcela Leiva impuso penas en suspenso a Mónica Gurina y Leandro Sánchez por los bloqueos de junio de 2024. La sentencia judicial fija reglas de conducta estrictas.

La Justicia misionera dictó este miércoles un fallo histórico que marca posición frente a los cortes de calle realizados durante el conflicto docente del año pasado. En una resolución considerada inédita en la provincia, la jueza Marcela Leiva condenó a los dirigentes Mónica Gurina yLeandro Sánchez por los bloqueos registrados en la avenida Uruguay entre el 1 y el 4 de junio de 2024.

Según lo establecido en la sentencia, Gurina recibió 10 meses de prisión en suspenso y Sánchez, 8 meses, al ser considerados penalmente responsables de desobediencia judicial y entorpecimiento del transporte. Si bien las penas no se harán efectivas, ambos deberán cumplir reglas de conducta estrictas y la condena quedará asentada en sus antecedentes.

El expediente se originó tras denuncias de comerciantes de la zona, quienes aseguraron que el acampe docente provocó pérdidas económicas, reducción de ventas, daños en mercadería expuesta y dificultades en el acceso vehicular y peatonal. Estos testimonios, junto con actas policiales y constataciones oficiales, formaron parte de la prueba valorada por la magistrada.

Los fundamentos del fallo por el acampe de la avenida Uruguay

Para la Jueza, el corte prolongado sobre una vía estratégica de la ciudad excedió el marco de la protesta legítima y afectó de manera directa el funcionamiento comercial y la circulación. La sentencia, en ese sentido, será interpretada como un mensaje institucional sobre los límites en la ocupación del espacio público durante reclamos gremiales.

Tras la lectura del fallo, las defensas adelantaron que evaluarán posibles recursos dentro de los plazos procesales. La resolución será notificada de manera formal en las próximas horas y quedará habilitada la instancia de revisión si las partes lo consideran pertinente.

Con esta decisión, Misiones suma un precedente penal relevante en torno a los cortes de calle prolongados, un debate que en los últimos años se volvió central en la agenda pública por su impacto social, económico y urbano.