El Ministerio de Trabajo de Misiones revocará la concesión del Hotel Urbano ubicado en pleno centro de Posadas y será el Instituto de Previsión Social (IPS) el que administrará interinamente el edificio.
Luego de que se detectaran irregularidades, de las que el Ministerio de Trabajo provincial no quiso dejar pasar debido a la relación directa con las leyes laborales y previsionales; hace 11 años que la concesión del edificio céntrico pertenece a la empresa privada de Álvarez Argüelles, que también supo administrar el Maitei Posadas Hotel & Resort, que ya cerró sus puertas.El IPS aseguró que se haría cargo interinamente del Hotel Urbano de la ciudad de Posadas, sin embargo, luego que se detectaran anomalías en la empresa hotelera, esta sostiene que no se le respetó el plazo ni el derecho de defensa, la resolución del Instituto no tiene dictamen jurídico y que no hubo arquitecto en la inspección donde detectaron las supuestas fallas laborales.El IPS gestionó durante muchos años ese lugar hasta el 2011 cuando dejó de estar en manos de la obra social y pasó a la empresa HA Hoteles Álvarez Argüelles, que lo convirtió en el “Hotel Urbano”.La titular del Juzgado Laboral Nº 4 ordenó, de esta manera, “suspender los efectos del artículo 2 de la Resolución 4443/2022 del Directorio del IPS hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente acción”.De esta manera, con la decisión del Ministerio de Trabajo, el IPS volverá a hacerse cargo del hotel ubicado en Bolívar y Junín, pleno corazón de la capital de Misiones. Para esta nueva etapa se estima mejorar el edificio y su servicio para potenciar el desarrollo turistico de la capital provincial. Entre los argumentos de la empresa presentados ante la Justicia al momento de solicitar la cautelar, se informó que la Resolución del IPS no tiene dictamen jurídico; que el Ministerio de Trabajo realizó una inspección donde observó supuestas irregularidades otorgando diez días de plazo al hotel para contestar, pero a los siete días el IPS determinó el fin de la concesión en forma unilateral y arbitraria.También sostiene la cadena hotelera que el IPS no le otorgó un plazo de defensa para responder a los supuestos incumplimientos, condición que estaría incluida en el contrato de concesión para alguna ocasión en que se presente una disputa. Y afirman que “el año pasado, al vencer el contrato, si había incumplimientos no lo iban a prorrogar por otros diez años”.Y finalmente, otro de los elementos del hotel para defender su concesión, es que no hubo ningún arquitecto que se presente entre los integrantes de la inspección, y esa era una condición que se había acordado para el caso en que se tomara la decisión de rescindir.De acuerdo a la información a la que accedieron medios locales, el hotel funciona actualmente con un plantel de 48 empleados y mantuvo su plan de inversiones en varias áreas. Antes de recibir la inspección y la posterior decisión de finalizar la concesión, no hubo ninguna denuncia ni comunicación previa que anticipara la medida. Hubo algunas reuniones entre las autoridades del IPS y del Ejecutivo provincial con propietarios de la cadena hotelera donde la única respuesta del Gobierno fue que era “una decisión tomada y no había forma de volver atrás”.Ahora con la decisión de la Justicia se abre una instancia donde el Gobierno deberá comprobar los incumplimientos o negociar con el hotel una indemnización por finalizar la concesión en forma unilateral. Según fuentes del Gobierno provincial, los hechos que desencadenaron la medida del IPS surgieron a partir de una inspección del Ministerio de Trabajo donde supuestamente se encontraron irregularidades en el manejo del alojamiento.“El Instituto de Previsión Social de Misiones se hará cargo momentáneamente del hotel situado en Bolívar y Junín de la capital provincial y, así, este lugar histórico iniciará un nuevo período en su rica historia de hospedar a varias generaciones”, confió un funcionario de la “Rosadita” misionera sobre los planes oficiales para el edificio.No hubo detalles ni precisiones acerca de cuáles fueron las irregularidades detectadas. Desde el Gobierno sólo se explicó que “luego de aquella intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia, se habría detectado una serie de irregularidades para proceder a la clausura por el presunto incumplimiento de leyes laborales y previsionales, para que todo funcione reglamentariamente para el bienestar de los huéspedes”.En esa línea, se habría ordenado el proceso de desvinculación de HA Álvarez Argüelles y, paralelamente, ordenar la administración provisoria del IPS.
