El Ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, abordó las problemáticas que enfrenta el sector yerbatero en la provincia. El funcionario explicó que los productores están lidiando con dificultades debido a las decisiones del gobierno nacional, y una de las posibles soluciones es la creación de un nuevo organismo regulador de la yerba mate.
Sartori destacó que el cambio en la planificación gubernamental ha priorizado la oferta y la demanda, descuidando la intervención económica que históricamente beneficiaba al sector. “El gobierno nacional ha sido claro: no se intervendrá la economía como antes”, afirmó, lo que limitó la capacidad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para regular efectivamente los precios. Esta situación ha llevado a que los molinos impongan los precios de compra de la yerba, afectando a los productores.
Para enfrentar este escenario, Misiones está trabajando en la creación de un centro de negociación propio y en el desarrollo de herramientas institucionales que busquen promover precios justos. “Estamos buscando generar crédito para la compra de hoja verde y elevar el precio”, comentó Sartori.
A pesar de las limitaciones actuales, el ministro subrayó la relevancia del INYM y su herramienta de financiamiento, la estampilla, que es crucial para la promoción y control de calidad de la yerba mate. “Sin la estampilla, perderíamos capacidad de promoción y control”, advirtió.
Sartori también enfatizó la importancia de mantener la promoción de la yerba mate en mercados internacionales, dada la actual demanda limitada. Insistió en que la promoción debe ir de la mano del control de calidad para asegurar la trazabilidad del producto.
En cuanto a las propuestas para un futuro regulado, el ministro reveló que se está evaluando la creación de una cámara reguladora de la yerba mate en Misiones, similar a la antigua CRIM (Comisión Reguladora de la Yerba Mate), pero modernizada. Este nuevo organismo tendría como objetivo tomar decisiones y asegurar la trazabilidad desde la cosecha hasta el consumidor final, con una implementación prevista para 2024 y operación en 2025.
Finalmente, Sartori mencionó que la provincia está explorando diversas opciones para mejorar la situación de los productores, como incentivos fiscales y créditos, aunque advirtió sobre la complejidad de algunas medidas, como la posible suspensión de la cosecha durante seis meses. “Debemos ser cuidadosos, ya que no todos los productores tienen la misma capacidad económica para afrontar el inicio de una zafra”, concluyó.
