Misiones oficializó la eliminación del pago anticipado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en controles ruteros, a través del decreto 713 publicado en el Boletín Oficial. La medida impacta sobre la gran mayoría de los contribuyentes y forma parte de una estrategia orientada a aliviar costos, simplificar trámites y mejorar la competitividad en un contexto económico complejo.
El cambio alcanza a cerca de 17 mil contribuyentes, con un beneficio directo para unas 16.500 PyMEs. En paralelo, para las empresas de mayor tamaño se implementó un esquema digital y mensual, más ágil, que permite sostener el control fiscal sin generar demoras ni sobrecostos en la operatoria.
Con esta decisión, Misiones reduce la presión tributaria dentro de su ámbito y busca facilitar el movimiento de mercaderías. La eliminación de este requisito en rutas también apunta a acortar tiempos logísticos y hacer más eficiente el transporte, lo que repercute de manera directa en la actividad económica.
Pero el planteo no se limita al plano provincial. Desde Misiones se impulsa ahora una discusión más amplia a nivel nacional, centrada en tributos clave como el IVA y el Impuesto a las Ganancias, considerados determinantes en el funcionamiento de la economía.
En ese sentido, la provincia sostiene que cualquier intento de reactivación debe incluir una revisión de estos impuestos, por su impacto directo en los precios, el consumo y la producción. Con medidas propias ya en marcha, Misiones busca instalar el debate y avanzar hacia un esquema impositivo más equilibrado que favorezca la recuperación económica.
Argentina es, desde sus orígenes, un país de profundas asimetrías regionales. La distribución del Producto Bruto Interno (PBI) evidencia fuertes contrastes entre provincias, tanto en la cantidad de riqueza que generan como en la calidad de vida que alcanzan sus habitantes. Este fenómeno histórico, alimentado por patrones económicos, demográficos y políticos, constituye una de las claves para comprender los desafíos del desarrollo nacional.
Las diferencias en la Argentina no son solo de paisajes o de clima. Son desigualdades estructurales que se traducen en niveles muy distintos de ingreso per cápita, de acceso a servicios, y de oportunidades productivas y educativas. Analizar cómo se configura esa desigualdad territorial permite dimensionar los problemas de equidad y los límites de un modelo de país que históricamente se ha concentrado en pocas regiones.
Esas desigualdades no son adjudicables a los proyectos políticos que gobernaron o gobiernan esas provincias o regiones, sino más bien al desacople entre el modelo federal que adoptó la Argentina como organización pero que terminó siendo dominado por el centralismo porteño y la Pampa Húmeda.
Un trabajo de la fundación Fundar releva que más de la mitad del PBI argentino se genera sólo en dos jurisdicciones: la provincia de Buenos Aires (32%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (20%). Lejos, les siguen Córdoba (8%) y Santa Fe (7,8%), que completan el núcleo productivo de la Región Pampeana. En conjunto, esas cuatro provincias explican más de dos tercios de la economía regional.
Si se agrupa el análisis por regiones, la Región Pampeana, que incluye el AMBA, concentra el 72% del PBI nacional. El resto del país queda muy relegado: Patagonia (9,5%), NOA (7,9%), Cuyo (5,6%) y NEA (4,9%).
A lo largo de los últimos 130 años, las desigualdades regionales no se redujeron, sino que se profundizaron. Esto configura un mapa desigual, con regiones que concentran la riqueza y la inversión, mientras otras siguen enfrentando obstáculos estructurales para despegar.
La equidad regional, más allá del discurso, siguen siendo una deuda pendiente del federalismo argentino.
A estas particularidades descriptas a nivel regional, debemos sumarle una característica sui generis que tiene Misiones y que la hace diferente al resto de las provincias argentinas: el 90% de sus fronteras internacionales. A la luz del análisis la historia, esta situación no es comprendida por la Nación, incluso es ignorada. La realidad económica que se vive en las regiones de fronteras como en el caso de Misiones no sigue teorías económicas de libros y su análisis tampoco puede reducirse a planillas de excel confeccionadas por burócratas encerrados en una oficina en Buenos Aires. Hay que conocerla de cerca, y vivirla.
Entender estas características es clave para diseñar políticas que promuevan un desarrollo más equilibrado, inclusivo y sostenible. El país central no nos mira. A esta situación se le suma un condimento adicional: los partidos políticos con anclaje nacional no reflejan con toda claridad esta centralidad de los sujetos de los espacios federales. En el juego político de los partidos nacionales siempre se termina cumpliendo con las agendas de Buenos Aires en detrimento de los verdaderos problemas de los pueblos del interior del país, y vamos a un caso concreto: la desregulación del INYM está produciendo efectos devastadores en los productores de yerba mate que son el eslabón más débil de la cadena productiva de esta economía regional. Sin embargo, los embajadores misioneros de La Libertad Avanza la defienden a capa y espada, aún cuando ven la destrucción frente a sus narices. Con total cinismo y despojados de toda sensibilidad, los referentes libertarios misioneros repiten al unísono que el sector yerbatero “no está en crisis” y que aquellos eslabones de la cadena que enfrentan dificultades “deberán reconvertirse”.
¿Cómo enfrentan las asimetrías de frontera los países en el mundo?
La situación Misiones se repite en otros lugares del mundo, en donde los diferentes gobiernos tomaron medidas para enfrentar esta particularidad y generar condiciones para atenuar los efectos nocivos de esas asimetrías.
Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de ser la frontera española y europea en el norte de África, son territorios en los que la normativa fiscal española ha concedido beneficios fiscales que no existen en otras regiones de España. La normativa especial aplicada en estos territorios incluye una bonificación del 50% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), un tributo directo, personal y progresivo que grava la renta obtenida en un año por residentes. En la Argentina, sería comparable al Impuesto a las Ganancias. Esa bonificación del 50% también se extiende al Impuesto sobre Sociedades para residentes y empresas locales. Pero no son los únicos beneficios fiscales: la normativa sustituye el IVA por el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) con una alícuota considerablemente más reducida que el IVA vigente en toda la península; otorga bonificaciones del 75% sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, y también aplican alícuotas reducidas en impuestos especiales como el de hidrocarburos.
México cuenta con incentivos fiscales para la zona de frontera norte con Estados Unidos y frontera sur con Guatemala. El programa incluye una disminución de entre 8 y 16% del IVA, una reducción del 20 al 30% del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la homologación del precio de los combustibles.
En Uruguay, el gobierno instrumentó a finales de 2025 un nuevo marco normativo destinado a mitigar las desventajas económicas en zonas fronterizas con Brasil y Argentina, donde la diferencia de precios afecta tanto al comercio local como a los consumidores. El nuevo régimen aplicado por Uruguay introduce incentivos fiscales, facilidades aduaneras, exoneraciones del 75% de aportes patronales durante 12 meses, el beneficio del Impuesto Especifico Interno a los combustibles y un sistema de reducción del IVA para comercios y cooperativas ubicados en un radio de hasta 20 o 60 kilómetros de los pasos de frontera, según el caso.
Brasil cuenta, desde 2012, con una sistema aduanero especial diseñado para operar en “ciudades gemelas” de frontera terrestre mediante un régimen de lojas francas (tiendas libres de impuestos). La Ley Federal Nº 12.723 habilitó esta herramienta para 33 “ciudades gemelas” en la frontera terrestre brasileña con Argentina, Paraguay y Uruguay.
Misiones entre un planteo histórico, la indiferencia del país central y la connivencia de sus embajadores.
En Misiones necesitamos una política tributaria nacional, que prevea la desigualdad en las estructuras de costos, el impacto de los tipos de cambio, y las consecuencias comerciales, a partir de la desproporción de la dinámica competitiva generada por las asimetrías, y al mismo tiempo considerar la protección del consumidor local, porque al fin y al cabo, eso impacta en el bolsillo, en la heladera, en la olla o en lo que quieran tomar como punto de referencia.
La Provincia enarbola un reclamo histórico de años ante el país central. Un reclamo que en la oposición, algunos por desconocimiento y otros por obediencia a las órdenes impartidas desde Buenos Aires por sus partidos nacionales, genera un tibio acompañamiento para no decir nulo. Kirchneristas, cambiemitas y ahora libertarios, cuando estuvieron en el poder se dedicaron a ignorar sistemáticamente los pedidos elevados por el Misionerismo. Durante su presidencia, Macri tuvo la posibilidad de reglamentar el artículo 10 de la Ley 24.467 (más conocida como Ley Pyme) que establece beneficios impositivos especiales para las pequeñas y medianas empresas en zonas de frontera, un artículo que en su redacción inicial se elaboró junto a comerciantes de Posadas.
El kirchnerismo también le dio la espalda a Misiones: en el artículo 123, el Presupuesto Nacional de 2021 otorgaba facultades al Poder Ejecutivo para constituir Áreas Aduaneras Especiales. Una iniciativa que había sido respaldada por el entonces presidente Alberto Fernández y que él mismo decidió vetar.
Con Milei al frente del país, la batalla de Misiones continúa. Recientemente, la Provincia volvió a poner sobre la mesa la exigencia de condiciones fiscales diferenciadas para poder competir con Paraguay y Brasil en igualdad de condiciones. La iniciativa busca exenciones impositivas para compensar las asimetrías fronterizas y potenciar el crecimiento económico. Misiones aporta como la octava economía del país, pero a la hora del reparto de la Coparticipación recibe como si fuera la última. En números concretos, Misiones envía 476 mil millones de pesos y la Nación nos devuelve sólo 170 mil millones. Dicho esto, el reclamo es un acto de justicia.
El planteo se vuelve a instalar en la agenda, en un contexto en donde asoma la discusión de la reforma fiscal que impulsa el gobierno de Milei. A diferencia del pasado, la iniciativa impulsada por Encuentro Misionero no se limita a una herramienta puntual como lo fue la Zona Aduanera Especial que, como dijimos, logró ser aprobada en el Congreso y luego fue vetada por Alberto Fernández, en esta oportunidad lo que se propone es un régimen integral que generaría un impacto directo sobre el consumo, la producción, la inversión y el sistema financiero.
El pedido de Misiones es concreto: reducción del IVA a la mitad (pasaría de 21% a 10,5%, el mismo que rige en Paraguay); baja de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35 al 15%; eliminación total del Impuesto a los Créditos y los Débitos (Impuesto al Cheque) y del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC).
Una medida de alto impacto político: Misiones elimina el cobro anticipado de Ingresos Brutos
El gran caballo de batalla para la construcción narrativa de un vasto sector de la oposición, oportunista y miserable por cierto, fue la vulgarmente llamada “aduana paralela”. Un recurso argumentativo que, en términos discursivos, rindió muy bien a los enemigos del modelo de desarrollo y transformación impulsado por el Misionerismo. “Todo sale más caro en Misiones por culpa de la ‘aduana paralela’ ”, lograron instalar en los empresarios más encumbrados, en los asalariados del sector público cuyo aumentos de sueldos dependen de lo que recauda la provincia, en los productores primarios que están excluidos del pago de Ingresos Brutos, en los cuentapropistas que manejan un Uber o pedalean con una mochila de Pedidos Ya y en cuanto sector social se nos ocurra.
Los mismos que se encargaron de instalar el concepto de “aduana paralela”, son los mismos que miran para otro lado cuando se da la discusión en torno al “costo argentino”. Difícilmente un libertario reconozca en público el ancla que significa para el desarrollo productivo tener un IVA del 21%; cargas sociales por encima del sueldo bruto del trabajador que en términos porcentuales representar entre un 18 y 24% más, y un 35% en concepto de Impuesto a las Ganancias. Decimos en público, porque en privado lo reconocen. Es más, acompañado de una sonrisa burlona afirman que “es el precio de la libertad”.
En la apertura de sesiones ordinarias del Parlamento Misionero, el gobernador Passalacqua anunció una medida que retumbó fuertísimo en Buenos Aires y que dejó aturdida a una oposición que vio como se hizo trizas el principal recurso discursivo que tenían para confrontar con el oficialismo. “No habrá más cobro de ningún tipo en los puestos de control de acceso a Misiones, quedando los mismos únicamente para verificación de documentación”, afirmó el mandatario misionero.
En términos concretos, la disposición alcanza a 16.000 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados, es decir el 95% del padrón queda excluído de ese pago a cuenta.
La medida se enmarca dentro de una estrategia más amplia de alivio fiscal. En ese sentido, la Provincia impulsa la ampliación del régimen de proveedores, que corrige superposiciones impositivas para más de 4.900 empresas, y la eliminación de la doble imposición en compras con tarjetas mediante la unificación con el sistema SIRTAC.
En los principales despachos de Buenos Aires toman nota de esta medida de altísimo impacto político. Misiones escuchó el reclamo de la gente y cumplió con su parte, ahora la presión se traslada a la Nación que tiene en sus manos la decisión de darle las herramientas a la provincia para poder competir en igualdad de condiciones con la octava economía mundial (Brasil) y con la economía más emergente de América Latina (Paraguay).
El debate enserio en torno a cuestión impositiva y la presión fiscal nacional está abierto, ahora los misioneros deberán observar con detenimiento quienes realmente buscan el bienestar del pueblo y el desarrollo productivo, y quienes son meros representantes en Misiones de los intereses del poder central.
La baja impositiva más importante del país en 2026 se anunció en Misiones, con la eliminación del pago anticipado de Ingresos Brutos en los controles de acceso a la provincia, mal llamada durante años “aduana paralela”. En otras palabras, se bajan los impuestos, manteniendo un estado activo en rutas, escuelas y hospitales. Pero su efecto más profundo es político: durante años ese esquema fue utilizado como chivo expiatorio por la oposición, sin contemplar el impacto de las políticas nacionales en la caída del consumo, entre otras cosas. Con este cambio, el debate se reordena y la responsabilidad pasa a la Nación, donde se definen impuestos clave como el IVA y Ganancias, dejando en claro que el principal problema no está en la política tributaria local, sino en la nacional.
“El poder está en la gente”, una frase que, desde 2003 guía a Misiones en la construcción de su propio rumbo, vuelve a cobrar fuerza en un contexto nacional adverso que pone a prueba a gobiernos y sociedades. En medio de una fuerte recesión nacional, con caída del consumo y la actividad, la provincia sostiene un modelo propio impulsado por el Frente Encuentro Misionero, basado en orden fiscal, gestión austera y decisiones que priorizan el diálogo. En este escenario, las medidas económicas forman parte de una estrategia de continuidad para sostener la actividad en tiempos críticos.
En ese sentido, la eliminación del pago a cuenta alcanza al 95% de los contribuyentes, unas 16.500 pymes, y desactiva uno de los principales argumentos históricos sobre la presión fiscal provincial. Si aun con menor carga impositiva la economía no se reactiva de manera inmediata, el diagnóstico deja de centrarse en lo tributario local y se traslada hacia factores más profundos: la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y la contracción del crédito en el marco de la recesión nacional.
Ese desplazamiento es clave porque cambia la forma de interpretar la crisis. La discusión deja de girar en torno a una herramienta puntual y pasa a enfocarse en condiciones macroeconómicas que exceden a la provincia. En términos políticos, eso también reordena responsabilidades y obliga a revisar explicaciones que durante años dominaron el debate público.
En paralelo, la medida se integra a una estrategia económica más amplia que busca sostener el consumo interno. Los programas “Ahora” siguen siendo el eje de esa política: el “Ahora Chacra” reintegra el 20% en insumos productivos con topes de hasta $500.000; el “Ahora Verdulería” reduce en un 25% el precio de alimentos esenciales; y el “Ahora Sepelios”, junto con beneficios para viajes estudiantiles, extiende la lógica de contención a consumos sensibles. En este último caso, incluso cuando algunos legisladores nacionales de la oposición intentaron desmerecerlo, para muchas familias representa una ayuda concreta en momentos de fuerte dificultad económica.
A esto se suma una política activa de financiamiento productivo. Las líneas de crédito con tasas subsidiadas del Banco Macro, el fortalecimiento del Fondo de Crédito de Misiones, el apoyo del CFI y los esquemas de garantías para pymes conforman un volumen cercano a los $5.500 millones destinados a inversión y capital de trabajo.
La obra pública acompaña esa estrategia como herramienta anticíclica. Intervenciones en la Ruta Nacional 14 ante la falta de ejecución nacional, mejoras en las rutas 17 y 205, y obras de conectividad productiva refuerzan la infraestructura como soporte de la actividad económica. En paralelo, inversiones en energía, agua potable y saneamiento sostienen condiciones básicas para el desarrollo.
En el plano social, la intervención estatal también se mantiene activa: nuevos hospitales, modernización del sistema de salud, incorporación de tecnología de alta complejidad, meta de mil cirugías oftalmológicas anuales, aumentos a jubilados provinciales y políticas de contención para adultos mayores. El Estado no se retrae, sino que reorganiza sus prioridades.
Cuando el gobernador plantea que la Nación no envía recursos, sino que devuelve lo que corresponde, no formula una consigna aislada. Describe una relación fiscal desigual que condiciona el desarrollo provincial y obliga a redoblar esfuerzos internos. En un contexto donde el Estado nacional reduce su presencia, esa asimetría se vuelve aún más visible.
Sin embargo, lejos de adoptar una postura confrontativa, el oficialismo provincial reafirma su identidad en la llamada “cultura del encuentro”. No es solo un concepto discursivo: es una forma de hacer política basada en el diálogo, la cercanía y la presencia territorial. Frente a modelos que promueven el individualismo o la confrontación permanente, Misiones insiste en una construcción colectiva.
Esa construcción tiene resultados concretos. Los indicadores económicos muestran que, aun en un escenario recesivo, la provincia sostiene niveles de actividad superiores al promedio regional. Crece el número de empresas, se mantiene el empleo privado y el consumo, aunque golpeado, encuentra mecanismos de contención.
En ese contexto, la eliminación de la “aduana paralela” no debe leerse como un gesto aislado, sino como parte de una estrategia integral. Un movimiento que combina audacia para revisar herramientas históricas y prudencia para sostener el equilibrio fiscal, en medio de una crisis cuyo origen no es provincial, pero cuyos efectos impactan de lleno en el territorio.
El desfinanciamiento del Pami, la caída de las coberturas privadas y la recesión nacional empujan a miles de pacientes hacia el sistema público, donde el Parque de la Salud sostiene la atención con alta calidad profesional, aunque cada vez más exigido por la creciente demanda.
El desfinanciamiento de Nación al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, sumado al contexto de recesión nacional y el deterioro de las coberturas médicas privadas, generaron una demanda creciente hacia el sistema de salud pública de Misiones. Así lo advirtió el exdirector del Pami, Rolando Rubleski, en diálogo con LT 17 Radio Provincia de Misiones, donde destacó el rol central que cumple el Parque de la Salud frente a la crisis.
Rubleski señaló que las dificultades en el funcionamiento del Pami y el incumplimiento de contratos generan un traslado masivo de pacientes hacia el ámbito público. “Cuando se vive una situación en la que las obras sociales no están funcionando como deberían, las personas llegan al Parque de la Salud que redobla su esfuerzo para poder responder a este incremento de la demanda que también se ve reflejado en los hospitales de toda la provincia”, explicó.
En ese sentido, remarcó que muchos profesionales perciben solo una parte de sus honorarios, lo que impacta en la atención privada y deriva en una mayor presión sobre los hospitales públicos, y a la grave situación general se suma el recorte en el Pami. “Eso redunda en que, a mayor demanda sea más complejo conseguir turno en lo inmediato para evacuar todas las prestaciones de salud”, recalcó.
Además, dimensionó el peso del Pami en la provincia, “con entre 115 mil y 120 mil afiliados, lo que representa cerca del 10 por ciento de la población, un número significativo dentro del sistema sanitario, y si esas personas, que no pueden ser atendidas con sus médicos de cabecera o especialistas porque la Nación recortó presupuesto y no cumplió con los contratos, encuentran respuesta en el sistema público de Misiones”.
Obras sociales en crisis y mayor demanda de alta complejidad
El exfuncionario advirtió que la problemática no se limita a la atención primaria. Si bien el sistema de médicos de cabecera continúa dando respuestas, las dificultades aparecen cuando los pacientes requieren prácticas más complejas.
“Después tenemos que ver cuando los afiliados del Pami salen de ese primer eslabón y tienen que recurrir a tratamientos de mayor complejidad”, sostuvo, en referencia a cirugías traumatológicas, oncológicas y de otras especialidades, donde tienen que pagar extras que no pueden afrontar.
En este escenario, también se suma la falta de acuerdo entre prestadores y obras sociales por los aranceles, que provoca que cada vez más pacientes deban recurrir al sistema público.
El rol del Parque de la Salud, en medio de la crisis
Frente a este panorama, Rubleski destacó el trabajo del Parque de la Salud como un pilar fundamental para sostener la atención sanitaria en la provincia. “Hoy es un salvavidas para la gente”, afirmó.
“En cuanto a tecnología y capacidad profesional, es muy buena. Es el comentario de toda la gente”. En ese marco, reiteró que el nivel de demanda creció tan rápido que supera la capacidad operativa.
Finalmente, remarcó que el crecimiento de pacientes que se atienden en el sistema público responde “tanto al prestigio del Parque de la Salud como a una cuestión económica, la mayoría de los que tienen obras sociales no pueden afrontar los plus o costos extras”.
Más de un centenar de representantes territoriales, ediles y diputados provinciales convergieron en un diálogo sin precedentes para forjar las bases de una visión política compartida. . En una jornada que redefine la arquitectura institucional de la provincia, este martes 28 de abril se selló el primer Encuentro Misionero Legislativo. El evento no fue una simple reunión administrativa, sino un despliegue de unidad que congregó a 150 ediles de 70 municipios y al cuerpo de diputados, bajo la consigna de amalgamar cada rincón de la tierra colorada en un solo pulso estratégico. . Un punto de inflexión en el territorio El Ingeniero Sebastián Macias, presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, marcó el tono de la jornada dejando explícito su compromiso: “Asistimos a un hito. El fortalecimiento de nuestra política nace hoy, desde el territorio, con seriedad y presencia real. La eficiencia no es opcional; es el resultado de una articulación coherente y audaz” . Los protagonistas coincidieron en que Misiones atraviesa un tiempo bisagra. La premura del presente exige abandonar viejos esquemas, profundizar la presencia en los barrios y convertir las demandas sociales en acciones tangibles y certeras. Este cónclave funcionó como un motor de integración, logrando que la realidad de cada paraje y ciudad se conectara directamente en la agenda legislativa central. La representación fue total, contando con las voces de quienes lideran la transformación en cada punto cardinal:
Herald Feltan (Foro de Concejales de la Zona Sur)
Jonathan Vega (Foro de Concejales del Alto Paraná)
Luisa Fontana (Foro de Concejales del Alto Uruguay)
Eva Jiménez (Red de Concejalas Misioneras) . Ejes estratégicos: El futuro en debate . La jornada no solo se limitó al intercambio político, sino que desplegó una hoja de ruta técnica sobre temas cruciales para el desarrollo regional:
Soberanía Económica: Un análisis profundo liderado por el diputado José Pastori para blindar la estabilidad provincial.
Vanguardia Tecnológica: La irrupción de la Inteligencia Artificial, abordada por la secretaria legislativa Flavia Bojanovich, posicionando a la provincia en la frontera de la innovación.
Protección Ciudadana: Un debate sobre seguridad comunitaria a cargo del subjefe de la Policía, Marcos López Asencio, para garantizar la paz en cada comunidad. . El Palacio Legislativo fue el escenario de una sinergia transformadora. Con este primer encuentro, Misiones no solo coordina esfuerzos; está diseñando una política de cercanía y coraje, donde el trabajo mancomunado entre concejales y diputados se convierte en la herramienta definitiva para elevar la calidad de vida de cada ciudadano. Misiones ha dado un paso firme hacia el mañana: una provincia integrada, participativa y lista para los desafíos de una nueva era.
Las estaciones de servicio de YPF aplicaron este martes un nuevo aumento en los precios de los combustibles en Misiones. La suba se reflejó desde la madrugada en los surtidores de Posadas y otras localidades de la provincia, alcanzando a todas las variedades de naftas y gasoil, sin respeta el congelamiento de tarifas que rige por unas semanas más.
En Posadas, los valores actualizados ubican a la nafta súper en $2.166, mientras que la Infinia nafta trepó a $2.316. En el segmento del gasoil, el diesel 500 pasó a costar $2.202 y la Infinia diesel llegó a $2.446. En el interior de Misiones, los precios presentan leves variaciones, en algunos casos por encima de los registrados en Posadas.
El ajuste se concreta antes de que se cumpla el plazo de 45 días de congelamiento que la petrolera había anunciado a comienzos de abril. Aquella medida estaba sujeta a variables como la evolución de los impuestos y el tipo de cambio, lo que dejaba abierta la posibilidad de modificaciones anticipadas.
Este nuevo incremento se da en un contexto de retracción en el consumo de combustibles en la provincia. De acuerdo a datos recientes, las ventas en Misiones registraron una caída interanual en marzo superior al 10%, reflejando el impacto de los precios en la demanda local.
Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) reveló que de los 7.593 empleos formales perdidos, 7.336 correspondieron a la industria manufacturera. Advierten por cierres de fábricas y un impacto creciente sobre el empleo y la actividad.
Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) reveló que la industria manufacturera concentró el 97% de los puestos de trabajo perdidos en el país durante febrero. De los 7.593 empleos formales que desaparecieron en toda la economía, 7.336 correspondieron al sector. El titular de IPA, Daniel Rosato, precisó que el fenómeno responde a un cambio estructural del modelo económico impulsado por el Gobierno nacional.
Rosato advirtió que dicho esquema beneficia apenas a tres sectores exportadores mientras condena al cierre a las unidades que generan valor nacional. “La Argentina reconvirtió el modelo de país de empleo y desarrollo en uno extractivista y primario”, sentenció el dirigente empresarial.
Un futuro desamparado
La advertencia final de IPA es que este modelo extractivista dejará a más del 75% de la fuerza laboral fuera del sistema de empleo registrado. Sin una industria fuerte que demande mano de obra calificada, Rosato aseguró que no hay otro sector que reemplace esa demanda.
Para la entidad pyme, la estabilidad financiera que presume Nación, lograda a costa del exterminio de las unidades productivas, amenaza con convertir la crisis actual en una depresión estructural permanente.
El Gobierno de Misiones puso en marcha una solución concreta para amortiguar el impacto de las fuertes subas en las facturas de electricidad, generadas tras la reducción del tope de consumo subsidiado dispuesta a nivel nacional. La medida busca dar un respiro inmediato a miles de hogares que vieron dispararse sus boletas en los últimos meses.
La iniciativa consiste en una financiación automática y sin intereses aplicada directamente en la factura. Según explicó Adrián Rivero, representante de la empresa Energía de Misiones, los usuarios verán en sus boletas un ítem denominado “Financiación Gobierno Provincia de Misiones”, que reducirá el monto total a pagar en el vencimiento de mayo.
El importe descontado no se elimina, sino que se distribuye en dos cuotas iguales que serán incorporadas en las facturas de junio y julio. La medida alcanza exclusivamente a usuarios residenciales de la categoría “casa habitación” que ya cuentan con subsidios nacionales, y se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar trámites.
Desde el Gobierno provincial indicaron que el costo fiscal de esta asistencia ronda los 2.800 millones de pesos y beneficiará a unos 173.000 usuarios. La decisión se tomó tras el rechazo del pedido para que marzo fuera considerado un mes de altas temperaturas, lo que habría permitido mantener un tope de consumo subsidiado más alto.
En paralelo, crece la preocupación por el aumento de la morosidad, que pasó del promedio habitual del 8 al 10% a un 15% en febrero. Desde la prestataria recordaron que las facturas vencidas por más de 30 días pueden derivar en cortes del servicio, por lo que instaron a los usuarios a aprovechar este esquema transitorio que busca hacer más llevadero el pago en un contexto económico complejo.
Según el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, los pequeños productores «no son más de cinco mil que van de cinco a diez hectáreas». Además, sostuvo que el consumo interno de yerba “se estabilizó”
Pese al creciente reclamo de los productores yerbateros, el presidente del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), el libertario *Rodrigo Correa, descartó una crisis en el sector y defendió las medidas impulsada por el Gobierno nacional* .
En diálogo con Rivadavia AM630, opinó que «hay un cambio de modelo. La desregulación trajo buenas noticias , como por ejemplo que el frente exportador creció y tuvo récord. El consumo interno se estabilizó sin intervención del Estado». No obstante, el consumo interno está por debajo de los últimos tres años, ya que en 2023 el mercado cerró con 285.430.373 de kilos, el volumen más alto de la historia. En 2025, se vendieron en el mercado interno 266 millones de kilos.
«Hay variables que se están corrigiendo. Venimos de un proceso de intervención estatal mediante la fijación de un precio, ahora es el propio mercado», de esta manera, Correa defendió la desregulación del organismo por parte del Gobierno nacional.
En paralelo, graficó que del 2016 al 2025 «crecieron casi un 40% de las superficies implantadas de yerba mate. Eso denota el oportunismo”. Ante esa expansión, el *Ejecutivo nacional limitó las nuevas plantaciones a cinco hectáreas por productor*, aunque la Justicia frenó esa medida.
Correa en cambio, sin identificar actores puntuales, remarcó que las nuevas plantaciones pertenecen a “nuevos jugadores” atraídos por un negocio con rentabilidad asegurada.
En la misma línea, señaló que «hoy día, los precios se establecen entre privados, la distribución se modificó». A lo que añadió: «El INYM no cuenta con facultades para intervenir en los precios, esa es la realidad, y como representante del Ejecutivo Nacional apoyo esa idea».
«Con las nuevas reglas, que el precio se rige por la demanda de la hoja verde, va a generar que se vaya regularizando el valor», opinó.
Por otra parte, sostuvo que “*los pequeños productores no son más de 5 mil. Cuando decimos pequeños productores* nos referimos a los que van de 5 a 10 hectáreas, y también son los que solamente tienen yerba mate y no tienen otros cultivos».
Entonces, según su opinión, la solución no está en un precio de referencia sino “en aumentar la demanda del producto”, concluyó Correa.
La creciente vulnerabilidad económica en Argentina empieza a reflejarse con fuerza en los mercados laborales locales. Un reciente relevamiento nacional advierte que el 52% de los argentinos no llega a fin de mes, mientras que apenas el 17% logra cubrir sus gastos y ahorrar. En paralelo, cuatro de cada diez personas buscan un segundo empleo para complementar ingresos, una señal clara del deterioro del poder adquisitivo y de la presión sobre los hogares.
Este contexto general encuentra un correlato concreto en Posadas, donde los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares difundidos por el INDEC muestran una reconfiguración del mercado laboral más vinculada a la precarización que a una mejora estructural. Si bien la tasa de empleo creció levemente en el cuarto trimestre de 2025, este avance estuvo impulsado casi exclusivamente por el aumento del trabajo informal.
En términos generales, la capital misionera registró una población de 395.265 personas, con una tasa de actividad del 46,4%. Dentro de ese universo, unas 176.418 personas se encontraban ocupadas y la desocupación descendió al 3,8%. Sin embargo, estos indicadores positivos esconden cambios profundos en la calidad del empleo, que explican por qué cada vez más personas necesitan generar ingresos adicionales.
El segmento asalariado continúa siendo mayoritario, representando el 68,2% de los ocupados. No obstante, al interior de este grupo se observa un deterioro significativo: el empleo formal cayó un 2,1% interanual, mientras que el trabajo informal creció un 7,9%. Actualmente, cuatro de cada diez asalariados en Posadas se encuentran en condiciones de informalidad, reflejando un mercado laboral más inestable y con menor protección.
A la par, el cuentapropismo sigue en expansión y ya alcanza al 26,8% de los trabajadores, consolidándose como una de las principales estrategias de inserción laboral ante la falta de empleo formal. Este fenómeno coincide con la tendencia nacional, donde muchos trabajadores, incluso con empleo, buscan actividades adicionales para sostener sus ingresos.
Uno de los datos más preocupantes es la fuerte caída en la cantidad de empleadores. En el último año, Posadas perdió más de 2.100 patrones, lo que representa una contracción del 21,3% en este segmento. Esta disminución evidencia un debilitamiento del entramado productivo local y limita la generación de empleo genuino, reforzando la dependencia de formas laborales más precarias.
En este escenario, la dinámica observada en Posadas no es un fenómeno aislado, sino parte de un proceso más amplio de fragilidad económica impulsada por las políticas nacionales. La combinación de salarios insuficientes, aumento del empleo informal y caída de empleadores explica por qué cada vez más argentinos —incluidos trabajadores activos y jubilados— se ven obligados a buscar un segundo ingreso. Más que una expansión del empleo, lo que se consolida es un modelo de adaptación frente a la crisis.
